Centro de Detención Carmichael Road / Bahamas

Bahamas intercepta y detiene arbitrariamente a inmigrantes de Cuba, Haití y otras naciones por períodos de tiempo indefinidos en el Centro de Detención de Carmichael Road, una prisión en Nassau.

El Gobierno niega la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado a los detenidos y los envía de regreso a su país de origen, aunque puede haber buenas razones para que piensen que su vida, seguridad y libertad podrían estar en peligro.

CEJIL llevó a cabo una misión de documentación del centro de detención en julio de 1998 para comprender la situación de quienes solicitan asilo político. En el momento de la visita, había aproximadamente 300 personas detenidas. De este grupo, 120 eran cubanos, 100 eran haitianos y las otras 80 personas pertenecían a otras nacionalidades. Muchas de las víctimas tenían el derecho legítimo de exigir el estatuto de refugiado en las Bahamas, pero no pudieron hacerlo porque el Gobierno no incluyó los procedimientos para que una persona pudiera solicitar y recibir asilo político. Los detenidos tampoco tenían la posibilidad de pedir su libertad mientras esperaban ser reconocidos como refugiados.

Los 38 cubanos con los que CEJIL podría hablar, mencionaron su oposición al Gobierno cubano como razón para escapar de su país. Tenían razones fundamentales para solicitar el estatuto de refugiado, ya que temían ser torturados y asesinados si volvían a Cuba. Muchas de las víctimas entrevistadas fueron metidas juntas con familiares, incluso con niños pequeños. Los ocho haitianos a quienes se les permitió ser entrevistados mencionaron la falta de protección gubernamental como la razón para abandonar su país.

Antes de la misión CEJIL, Bahamas había deportado a más de 100 ciudadanos cubanos, a pesar de que Nicaragua se había ofrecido a acoger a los refugiados.

La imposibilidad de solicitar el estatuto de refugiado, la detención arbitraria y el trato dado a los presos implican violaciones de la Declaración Americana de Derechos Humanos y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo.

El 13 de agosto de 1998, CEJIL y Open Society Institute presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitaron la adopción de medidas cautelares para evitar la deportación de las víctimas a sus países de origen. Al día siguiente, la comisión aprobó las medidas para evitar daños irreparables a las víctimas; sin embargo, las Bahamas continuaron deportando a los cubanos.

El Gobierno ha alegado que existe una preocupación legítima de que un gran número de inmigrantes utilice su territorio como una puerta para ingresar a los Estados Unidos y admitió que no contaba con ninguna legislación que regulara el proceso para recibir refugiados, aunque explicó que hubo procedimientos administrativos.

La comisión aceptó el caso en 2002, con una base en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la cual Bahamas es miembro.