Audiencia Corte IDH: El Estado de Nicaragua reformó ataques y persecución a personas defensoras de derechos humanos

• El Estado debió rendir cuentas ante la Corte Interamericana por la violencia que sufren personas defensoras beneficiarias de medidas de protección. El discurso de la Procuradora General fue más un ataque a quienes defienden derechos humanos.

San José, Costa Rica, 6 de mayo de 2021- Esta mañana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevó a cabo la Audiencia Pública de Medidas Provisionales otorgadas a integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). A la cita acudieron personas beneficiarias de las medidas, sus representantes legales, y la señora Wendy Morales Urbina, Procuradora General de Nicaragua. Aunque se esperaba que el Estado rindiera cuentas sobre las acciones implementadas para garantizar los derechos de las personas defensoras, el discurso de Morales Urbina fue un ejemplo de la estigmatización y la violencia denunciadas.

“La Procuradora, en una tácita aceptación del hostigamiento dijo que la vigilancia policial que mantuvieron frente a las instalaciones del CENIDH, así como la que me sigue a todas partes, se hace para protegernos; pero no mencionó que luego el gobierno nos sacó y usurpó nuestras instalaciones, ni reconoce que es la misma policía la que obstaculiza nuestra labor”, comentó la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIDH. La Dra. Núñez expuso ante la Corte IDH sobre el intenso hostigamiento que recibe por parte de la policía y de personas afines al gobierno, que la vigilan y siguen constantemente, aún en momentos privados, como cuando ejerció su derecho a la salud y acudió a vacunarse. La campaña en su contra no solo implica desprestigio y estigmatización, sino también amenazas de muerte.

De igual manera, el defensor nicaragüense Gonzalo Carrión, presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, se refirió a las descalificaciones que hizo la Procuradora sobre el hecho de que él mismo y varias personas que integraban el CENIDH, se vieron forzados al exilio. “El nuestro no es un caso aislado, cientos de miles de nicaragüenses han tenido que salir del país para resguardar sus vidas, y quienes se han quedado en Nicaragua, como doña Vilma, se encuentran en peligro todos los días”. Carrión mostró a la Corte IDH ejemplos sobre cómo, a pesar de no estar en Nicaragua, se mantiene en su contra una campaña de hostigamiento y amenazas en redes sociales.

La preocupación sobre las acciones y el discurso del Estado también fue compartida por Claudia Paz y Paz, directora del programa de Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, quien recordó que han transcurrido 18 meses desde que la Corte IDH otorgó medidas de protección al CENIDH y a la CPDH, sin que el Estado de Nicaragua haya adoptado acciones para proteger la vida y la integridad de las personas beneficiarias. “Al contrario, la aprobación de leyes como la de Agentes Extranjeros y la de Ciberdelitos, se constituyen en una nueva amenaza que se cierne sobre las personas defensoras. Hoy lamentablemente vimos cono la señora Procuradora no reconoce el derecho a defender derechos y deslegitima y estigmatiza a las personas defensoras, a las que llamó desestabilizadoras”.

La importancia de proteger a las personas defensoras de derechos humanos ya ha sido abordada anteriormente por la Corte IDH, que ha indicado que los Estados deben reconocer los riesgos inherentes a la labor de defensa y los insta a elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación en casos de riesgo, amenazas y agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos. Ha señalado además que uno de los componentes que debe formar parte de los mecanismos de protección y protocolos de investigación, es “la promoción de una cultura de legitimación y protección de la labor de personas defensoras de derechos humanos”.

Las peticionarias esperan que la Corte IDH requiera al Estado que se abstenga de seguir ejecutando acciones que ponen en peligro los derechos de las personas beneficiarias; en particular que asegure un ambiente propicio para la defensa de derechos humanos, modificando la legislación que obstaculiza esta labor y conminando a funcionarios y partidarios a cesar las campañas de hostigamiento en contra las personas defensoras.