México, D. F. a 10 de febrero de 2011.- En conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Centro ProDH, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), JASS, Servicios y Asesorías para la Paz, Association for Women's Rights in Development (AWID), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIl) denunciaron la nula voluntad del Estado mexicano para cumplir con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
En los dos fallos, puntualizaron, el Tribunal Interamericano determinó la responsabilidad internacional de México por la violación sexual de ambas mujeres indígenas Me’phaa, cometida por soldados del Ejército mexicano en el 2002. La Corte estableció también, que dichas violaciones constituyeron actos de tortura y que las investigaciones, al ser conducidas en el fuero militar, estuvieron viciadas por la falta de imparcialidad del ministerio público castrense. En tal virtud, manifestaron, dicho Tribunal ordenó al Estado que investigue las violaciones en el fuero civil, que reconozca públicamente su responsabilidad, y que adopte medidas para que hechos tan graves no vuelvan a repetirse.
No obstante, las organizaciones señalaron que habiendo transcurrido más de cuatro meses desde que las sentencias fueron dictadas, México no ha mostrado con hechos concretos que pretenda cumplir las sentencias, como es su obligación. La coordinación del cumplimiento de las sentencias a cargo del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, y de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no muestra ningún avance.
Así, destacaron que las investigaciones permanecen en el fuero militar aún cuando la Corte IDH señaló expresamente que se trata de una instancia incompetente para investigar violaciones a los derechos humanos y, señaladamente, la violación sexual de una civil cometida por elementos castrenses. La remisión de los expedientes al fuero civil, siendo una medida elemental de cumplimiento inmediato, no se ha materializado, lo que muestra la creciente debilidad de las autoridades civiles frente a sus pares militares.
Por otro lado, las organizaciones denunciaron que la instalación formal de las mesas de trabajo para el cumplimiento de los fallos ha sido pospuesta desde noviembre del año pasado. La más reciente cancelación se dio el pasado 8 de febrero, cuando SEGOB canceló de última hora el acto solemne de instalación de las mesas, al no poder garantizar la presencia de los representantes de las instituciones involucradas en el cumplimiento. Dicha cancelación, expresaron, es muestra tanto del desdén frente al proceso de cumplimiento como de incapacidad operativa por parte de la autoridad responsable de coordinar los trabajos encaminados al cumplimiento de las sentencias. En ese sentido, destacaron que lo más preocupante de la cancelación es que denota una total falta de respeto a las víctimas, quienes por más de ocho años no han cejado en su búsqueda de justicia a pesar de los riesgos que implica.
Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú no participaron en la conferencia de prensa, ya que la falta de avances en el cumplimiento de las sentencias perpetúa la situación de peligro que ambas enfrentan. En reconocimiento de la gravedad de este riesgo, la Corte Interamericana ha concedido medidas provisionales de protección a favor de ambas mujeres, sus familias y sus organizaciones.
Frente a este escenario, recordando el rezago considerable que arrastra México en cuanto al acatamiento de las sentencias provenientes de la Corte IDH, las organizaciones anunciaron nuevas acciones para exigir que el Estado mexicano cumpla las sentencias dictadas en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Para iniciar dicha campaña, dieron a conocer la publicación de una carta suscrita por un grupo de mujeres galardonadas con el Premio Nóbel, reconocidas mundialmente por su compromiso con los derechos de las mujeres, entre las que se encuentran Jody Williams, Mairead Maguire, Wangari Maathai, Rigoberta Menchu Tum y Betty Williams
La carta suscrita por otras personalidades como Marta Lamas, Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Julieta Egurrola, Las Reinas Chulas (Ana Francis Mor, Marisol Gasé, Cecilia Sotres, Nora Huerta), Raúl Vera, Adolfo Gilly, Luis Villoro, Bruno Bichir, Daniel Giménez Cacho, Miguel Ángel Granados Chapa, Los de Abajo, Vanessa Bauche, Rosario Ibarra de Piedra, Ricardo Rocha, Carlos Fazio, Gilberto López y Rivas, Gral. Francisco Gallardo, Giovana Caváosla, Zacarías Teresa, Cecilia Pérez y Francesca Guillén exige al Gobierno Federal el pronto cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte IDH y transmite la preocupación por la permanencia en el fuero militar de las investigaciones y por la postergación de la instalación de las mesas de trabajo.
La carta pública, además de implicar un firme posicionamiento de solidaridad para Inés y Valentina por parte de activistas de 80 organizaciones provenientes de América Latina, Asia y Europa, muestra que el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte IDH en ambos casos es objeto de atención internacional.
Finalmente, las organizaciones convocantes reiteraron que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, además de permitir que ambas mujeres Me’phaa accedan finalmente a la justicia, permitirá atender algunos de los puntos nodales de la agenda de derechos humanos en México como la violencia contra las mujeres indígenas, la ausencia de controles civiles sobre las fuerzas armadas y el incremento de los riesgos que se ciernen sobre las víctimas y organizaciones que denuncian los abusos de poder. En ese sentido, denunciaron que continuarán buscando por todos los medios el acatamiento de los fallos.
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Ciudad de Guatemala y San José, 7 de mayo de 2012- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, conocerá el caso del femicidio de la niña María Isabel Véliz Franco, ocurrido en 2001, tras serle remitido el pasado 3 de mayo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde su sede en Washington D. C.
