Defensores de derechos humanos

Defensores que impulsan justicia corren grave riesgo en Guatemala

Activistas y operadores de justicia son desprestigiados y criminalizados

Washington, D. C., 27 de marzo de 2012- La reciente apertura de investigaciones y procesos, así como las condenas contra violadores de los derechos humanos en Guatemala, ha aumentado la situación de riesgo de las personas que luchan contra la impunidad en este país. Así lo advirtieron hoy representantes de 11 organizaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 144.º período de sesiones.

Mar, 27/03/2012

 

Washington, D. C., 27 de marzo de 2012- La reciente apertura de investigaciones y procesos, así como las condenas contra violadores de los derechos humanos en Guatemala, ha aumentado la situación de riesgo de las personas que luchan contra la impunidad en este país. Así lo advirtieron hoy representantes de 11 organizaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 144.º período de sesiones.

 

Históricamente, los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala realizan su labor en condiciones de extrema violencia e inseguridad. Las peticionarias denunciaron que a lo largo de 12 años de registro han ocurrido 2521 agresiones en contra de estos activistas. En los ataques ocurridos entre el 2000 y el 2010, se calcula que aproximadamente una cuarta parte fueron en perjuicio de quienes se desempeñan en el sector de la justicia y búsqueda de la verdad.

 

En el 2012, de 29  ataques 21 han sido contra defensores que impulsan la justicia en distintos casos. Durante la audiencia se expuso que, además de estas amenazas, desde finales de 2011 se han activado campañas públicas de desprestigio –e incluso de criminalización– contra defensores y defensoras de los derechos humanos, a propósito de los avances en los casos penales contra perpetradores de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado interno.

 

“El nivel de riesgo a la  seguridad de las y los defensores se acrecienta cuando las autoridades hacen caso omiso de dicho riesgo y contribuyen con su discurso a incrementar el nivel de estigma, rechazo social y asilamiento”, denunciaron las peticionarias.

 

La Comisionada Rosa María Ortiz se mostró particularmente preocupada por la militarización de la seguridad ciudadana y por el mínimo presupuesto (sólo un 2% del PIB) que el Estado destina a temas de seguridad y justicia “con lo que también se puede valorar la voluntad política relacionada a los derechos humanos".

 

Las organizaciones peticionarias instaron al Estado para que, desde sus diferentes entes, promueva el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y a la vez reconozcan la necesidad de juzgar tales crímenes. Asimismo, entre otras medidas, urgieron  la creación de un ‘Programa de protección para defensores de derechos humanos y otras víctimas vulnerables’, una idea que fue respaldada por el Comisionado Orozco; y que además se asegure el adecuado funcionamiento de  una Instancia de Análisis a Ataques a Defensores de Derechos Humanos.

 

 

Organizaciones peticionarias:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)

Fundación Sobrevivientes

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Alianza Sector de Mujeres

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

 

Honduras llamada nuevamente ante CIDH por despido de jueces y magistrada luego del golpe de Estado

Tegucigalpa y San José, 20 de marzo de 2012- El próximo 26 de marzo del 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro del marco de su 144.º período ordinario de sesiones, celebrará otra audiencia pública relacionada con el caso de los jueces despedidos por la Corte Suprema de Honduras, luego del golpe de Estado perpetrado en junio del 2009.

Mar, 20/03/2012

Jueces despedidosTegucigalpa y San José, 20 de marzo de 2012- El próximo 26 de marzo del 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro del marco de su 144.º período ordinario de sesiones, celebrará otra audiencia pública relacionada con el caso de los jueces despedidos por la Corte Suprema de Honduras, luego del golpe de Estado perpetrado en junio del 2009.

Hace un año, en su 141º  período de sesiones, la CIDH realizó una audiencia pública, luego de la cual decidió admitir la petición presentada en contra del Estado de Honduras por el despido de los jueces Guillermo López, Luis Chévez, Ramón Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza, mediante la cual se denuncia la violación de varios derechos humanos, entre los que se encuentran el derecho a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a la libertad de asociación y al derecho a la protección judicial.

En esta oportunidad, el objetivo de la audiencia será proporcionar mayor información sobre el caso y exponer los argumentos sobre el fondo para que la Comisión rinda, en el menor plazo posible, el informe final exponiendo los hechos y las conclusiones del caso, así como las proposiciones y recomendaciones pertinentes.

A esta audiencia ha sido convocado también el Estado hondureño, que nuevamente deberá rendir cuentas ante la CIDH sobre su decisión.

La audiencia se llevará a cabo el día 26 de marzo a las 9:30 a.m. (hora en Centroamérica) en el Salón Rubén Darío del Edificio GSB de la Organización de Estados Americanos (OEA) ubicado en la ciudad de Washington, D.C.

La audiencia podrá observarse a través del siguiente vínculo: http://www.oas.org/en/media_center/webcast.asp

 

Puede acceder a las audiencias en las que participará CEJIL en el 144.o período de sesiones a través de este vínculo.

Honduras ha incumplido la sentencia en el caso del asesinato de la ambientalista Jeannette Kawas

Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió resolución sobre cumplimiento

San José, 12 de marzo de 2012- Honduras no ha cumplido con su obligación de realizar una campaña nacional de sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras. Así lo dio a conocer el pasado jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la resolución sobre el incumplimiento de varios puntos de la sentencia que dictó el 3 de abril de 2009, relacionada con el asesinato de la defensora ambientalista Jeannette Kawas Fernández, ocurrido en 1995.

Lun, 12/03/2012

Jeannette Kawas (1948-1995).San José, 12 de marzo de 2012- Honduras no ha cumplido con su obligación de realizar una campaña nacional de sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras. Así lo dio a conocer el pasado jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la resolución sobre el incumplimiento de varios puntos de la sentencia que dictó el 3 de abril de 2009, relacionada con el asesinato de la defensora ambientalista Jeannette Kawas Fernández, ocurrido en 1995.

La Corte también señaló que el Estado sigue sin avanzar con la identificación y procesamiento de los responsables del asesinato de la defensora. Las autoridades tampoco han investigado la obstaculización a las labores de la justicia que ocurrió luego del asesinato.

La resolución del tribunal interamericano tiene una importancia especial en momentos en que se señala a Honduras como uno de los países de América cuya situación de defensores y defensoras de derechos humanos es más preocupante. En su Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, publicado el martes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca la situación hondureña.  El órgano interamericano plantea un panorama en el que son aún más frecuentes los asesinatos, los hostigamientos y las amenazas en contra de los y las activistas, especialmente luego del golpe de Estado de junio del 2009.

La Corte Interamericana ha ordenado a Honduras presentar un informe “completo y detallado” el próximo 26 de abril sobre las medidas adoptadas para cumplir con su resolución en el caso Kawas.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación, Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) instan al Estado a realizar la campaña de sensibilización en el menor plazo posible, según lo ordenado en la sentencia. Esta acción estatal ayudaría a revertir la estigmatización que ha pesado sobre los defensores y defensoras de derechos humanos, y dignificaría la importante labor que ejercen en Honduras.

Asimismo, dado el contexto de riesgo que amenaza la vida e integridad personal de numerosos activistas en este país, es apremiante la creación un mecanismo nacional de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, tal como recién lo ha recomendado la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos y como ha sido solicitado por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hechos del caso

El 6 de febrero de 1995, Blanca Jeannette Kawas Fernández fue asesinada mientras se encontraba en su casa de habitación en Tela, departamento de Atlántida, Honduras. Kawas era la presidenta de la Fundación para la Protección de los recursos naturales de las regiones de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE). Ella denunció casos de explotación maderera ilegal, así como los intentos de personas y entidades privadas de apoderarse ilegalmente de la Península de Punta Sal, los daños al Parque Nacional y otras zonas protegidas, y se opuso públicamente a diversos proyectos de desarrollo económico en la zona.

Presentación del Segundo Informe de la CIDH sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas

La Comisión Interamericana publica su segundo informe sobre la situación de los/las defensores/as de derechos humanos en las Américas.

El informe se presentará oficialmente en Washington el 28 de marzo. Lean el informe aquí.

 

Para más información

Mié, 28/03/2012 (Todo el día)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington D.C.

CEJIL denuncia a Venezuela por la violación al derecho a la vida de Joe Castillo, defensor de derechos humanos

Audiencia hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

San José, y Washington D.C - 2 de marzo de 2012. Venezuela no cumplió con su deber de proteger la vida del defensor de derechos humanos Joe Luis Castillo González, asesinado  en agosto de 2003. Joe Castillo fue Coordinador General de la Oficina de Acción Social y de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques. Asistía legalmente a personas que solicitaban asilo y refugio en la zona fronteriza y trabajaba además como defensor de derechos humanos en los conflictos sociales por la tenencia de tierras. El atentado contra su vida tuvo lugar mientras conducía su vehículo, acompañado de  su esposa Yelitze y su hijo Luis César de un año y medio, en  el estado de Zulia, Venezuela.

Así lo denunciaron sus representantes: la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el abogado Carlos Ayala y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en una audiencia pública celebrada hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sede en Costa Rica.

 

Vie, 02/03/2012

San José, y Washington D.C - 2 de marzo de 2012. Venezuela no cumplió con su deber de proteger la vida del defensor de derechos humanos Joe Luis Castillo González, asesinado  en agosto de 2003. Joe Castillo fue Coordinador General de la Oficina de Acción Social y de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques. Asistía legalmente a personas que solicitaban asilo y refugio en la zona fronteriza y trabajaba además como defensor de derechos humanos en los conflictos sociales por la tenencia de tierras. El atentado contra su vida tuvo lugar mientras conducía su vehículo, acompañado de  su esposa Yelitze y su hijo Luis César de un año y medio, en  el estado de Zulia, Venezuela.

Así lo denunciaron sus representantes: la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el abogado Carlos Ayala y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en una audiencia pública celebrada hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sede en Costa Rica.

En la audiencia se expuso además la situación de vulnerabilidad en la que trabajan los defensores de derechos humanos en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. El estado de Zulia es conocido por economías ilegales, pugnas de campesinos e indígenas y una alta presencia de refugiados colombianos, afirmó el perito Michael Reed. “El análisis de contexto es un telón de fondo que no se puede obviar en ninguna investigación” resaltó Reed.

En su testimonio ante la Corte, Yelitze Moreno denunció la total impunidad en la que quedó el caso del asesinato de su esposo.  “No hemos obtenido ninguna respuesta por parte de las autoridades. En una de las visitas que hicimos en la fiscalía nos enteramos que el expediente había sido archivado, y nos enteramos así, verbalmente”.

En los alegatos finales, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL denunció que Venezuela no adoptó medidas de protección adecuadas en estas circunstancias: "Cuando la situación de riesgo es notoria, el Estado está llamado a proteger a quien está en riesgo, sobre todo si se trata de defensores de derechos humanos".

“El Estado no aplicó ninguna de las siguientes medidas que pudieron prevenir esta tragedia, medidas como la evaluación de la situación de riesgo de estos grupos vulnerables, la adopción de políticas públicas en patrones sistemáticos de violencia, mecanismos nacionales de protección de defensores de derechos humanos, medidas de sensibilización sobre el trabajo y labor de los defensores…” siguió Krsticevic.

Los representantes solicitaron además una investigación diligente de los hechos para determinar a los responsables. El llamado encontró un eco en las palabras de la esposa de Joe Castillo. Refiriéndose a su hijo dijo: “Preguntaba por qué a su papá lo habían asesinado, una respuesta que todavía no le podemos dar porque no lo sabemos.”

Los representantes de las víctimas solicitaron que la Corte Interamericana establezca estándares para la adopción de políticas públicas que protejan la labor de los/las defensores/as de derechos humanos en Venezuela para que sirvan de guía en el resto del continente.

Se espera que la Corte emita una sentencia en el verano de 2012.

 

Para ver el video de la audiencia pública haga click aquí:

Parte 1

Parte 2

 

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