Defensores de derechos humanos

Honduras llamada nuevamente ante CIDH por despido de jueces y magistrada luego del golpe de Estado

Tegucigalpa y San José, 20 de marzo de 2012- El próximo 26 de marzo del 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro del marco de su 144.º período ordinario de sesiones, celebrará otra audiencia pública relacionada con el caso de los jueces despedidos por la Corte Suprema de Honduras, luego del golpe de Estado perpetrado en junio del 2009.

Mar, 20/03/2012

Jueces despedidosTegucigalpa y San José, 20 de marzo de 2012- El próximo 26 de marzo del 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro del marco de su 144.º período ordinario de sesiones, celebrará otra audiencia pública relacionada con el caso de los jueces despedidos por la Corte Suprema de Honduras, luego del golpe de Estado perpetrado en junio del 2009.

Hace un año, en su 141º  período de sesiones, la CIDH realizó una audiencia pública, luego de la cual decidió admitir la petición presentada en contra del Estado de Honduras por el despido de los jueces Guillermo López, Luis Chévez, Ramón Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza, mediante la cual se denuncia la violación de varios derechos humanos, entre los que se encuentran el derecho a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a la libertad de asociación y al derecho a la protección judicial.

En esta oportunidad, el objetivo de la audiencia será proporcionar mayor información sobre el caso y exponer los argumentos sobre el fondo para que la Comisión rinda, en el menor plazo posible, el informe final exponiendo los hechos y las conclusiones del caso, así como las proposiciones y recomendaciones pertinentes.

A esta audiencia ha sido convocado también el Estado hondureño, que nuevamente deberá rendir cuentas ante la CIDH sobre su decisión.

La audiencia se llevará a cabo el día 26 de marzo a las 9:30 a.m. (hora en Centroamérica) en el Salón Rubén Darío del Edificio GSB de la Organización de Estados Americanos (OEA) ubicado en la ciudad de Washington, D.C.

La audiencia podrá observarse a través del siguiente vínculo: http://www.oas.org/en/media_center/webcast.asp

 

Puede acceder a las audiencias en las que participará CEJIL en el 144.o período de sesiones a través de este vínculo.

Honduras ha incumplido la sentencia en el caso del asesinato de la ambientalista Jeannette Kawas

Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió resolución sobre cumplimiento

San José, 12 de marzo de 2012- Honduras no ha cumplido con su obligación de realizar una campaña nacional de sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras. Así lo dio a conocer el pasado jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la resolución sobre el incumplimiento de varios puntos de la sentencia que dictó el 3 de abril de 2009, relacionada con el asesinato de la defensora ambientalista Jeannette Kawas Fernández, ocurrido en 1995.

Lun, 12/03/2012

Jeannette Kawas (1948-1995).San José, 12 de marzo de 2012- Honduras no ha cumplido con su obligación de realizar una campaña nacional de sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras. Así lo dio a conocer el pasado jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la resolución sobre el incumplimiento de varios puntos de la sentencia que dictó el 3 de abril de 2009, relacionada con el asesinato de la defensora ambientalista Jeannette Kawas Fernández, ocurrido en 1995.

La Corte también señaló que el Estado sigue sin avanzar con la identificación y procesamiento de los responsables del asesinato de la defensora. Las autoridades tampoco han investigado la obstaculización a las labores de la justicia que ocurrió luego del asesinato.

La resolución del tribunal interamericano tiene una importancia especial en momentos en que se señala a Honduras como uno de los países de América cuya situación de defensores y defensoras de derechos humanos es más preocupante. En su Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, publicado el martes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca la situación hondureña.  El órgano interamericano plantea un panorama en el que son aún más frecuentes los asesinatos, los hostigamientos y las amenazas en contra de los y las activistas, especialmente luego del golpe de Estado de junio del 2009.

La Corte Interamericana ha ordenado a Honduras presentar un informe “completo y detallado” el próximo 26 de abril sobre las medidas adoptadas para cumplir con su resolución en el caso Kawas.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación, Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) instan al Estado a realizar la campaña de sensibilización en el menor plazo posible, según lo ordenado en la sentencia. Esta acción estatal ayudaría a revertir la estigmatización que ha pesado sobre los defensores y defensoras de derechos humanos, y dignificaría la importante labor que ejercen en Honduras.

Asimismo, dado el contexto de riesgo que amenaza la vida e integridad personal de numerosos activistas en este país, es apremiante la creación un mecanismo nacional de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, tal como recién lo ha recomendado la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos y como ha sido solicitado por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hechos del caso

El 6 de febrero de 1995, Blanca Jeannette Kawas Fernández fue asesinada mientras se encontraba en su casa de habitación en Tela, departamento de Atlántida, Honduras. Kawas era la presidenta de la Fundación para la Protección de los recursos naturales de las regiones de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE). Ella denunció casos de explotación maderera ilegal, así como los intentos de personas y entidades privadas de apoderarse ilegalmente de la Península de Punta Sal, los daños al Parque Nacional y otras zonas protegidas, y se opuso públicamente a diversos proyectos de desarrollo económico en la zona.

Presentación del Segundo Informe de la CIDH sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas

La Comisión Interamericana publica su segundo informe sobre la situación de los/las defensores/as de derechos humanos en las Américas.

El informe se presentará oficialmente en Washington el 28 de marzo. Lean el informe aquí.

 

Para más información

Mié, 28/03/2012 (Todo el día)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington D.C.

CEJIL denuncia a Venezuela por la violación al derecho a la vida de Joe Castillo, defensor de derechos humanos

Audiencia hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

San José, y Washington D.C - 2 de marzo de 2012. Venezuela no cumplió con su deber de proteger la vida del defensor de derechos humanos Joe Luis Castillo González, asesinado  en agosto de 2003. Joe Castillo fue Coordinador General de la Oficina de Acción Social y de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques. Asistía legalmente a personas que solicitaban asilo y refugio en la zona fronteriza y trabajaba además como defensor de derechos humanos en los conflictos sociales por la tenencia de tierras. El atentado contra su vida tuvo lugar mientras conducía su vehículo, acompañado de  su esposa Yelitze y su hijo Luis César de un año y medio, en  el estado de Zulia, Venezuela.

Así lo denunciaron sus representantes: la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el abogado Carlos Ayala y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en una audiencia pública celebrada hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sede en Costa Rica.

 

Vie, 02/03/2012

San José, y Washington D.C - 2 de marzo de 2012. Venezuela no cumplió con su deber de proteger la vida del defensor de derechos humanos Joe Luis Castillo González, asesinado  en agosto de 2003. Joe Castillo fue Coordinador General de la Oficina de Acción Social y de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques. Asistía legalmente a personas que solicitaban asilo y refugio en la zona fronteriza y trabajaba además como defensor de derechos humanos en los conflictos sociales por la tenencia de tierras. El atentado contra su vida tuvo lugar mientras conducía su vehículo, acompañado de  su esposa Yelitze y su hijo Luis César de un año y medio, en  el estado de Zulia, Venezuela.

Así lo denunciaron sus representantes: la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el abogado Carlos Ayala y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en una audiencia pública celebrada hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sede en Costa Rica.

En la audiencia se expuso además la situación de vulnerabilidad en la que trabajan los defensores de derechos humanos en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. El estado de Zulia es conocido por economías ilegales, pugnas de campesinos e indígenas y una alta presencia de refugiados colombianos, afirmó el perito Michael Reed. “El análisis de contexto es un telón de fondo que no se puede obviar en ninguna investigación” resaltó Reed.

En su testimonio ante la Corte, Yelitze Moreno denunció la total impunidad en la que quedó el caso del asesinato de su esposo.  “No hemos obtenido ninguna respuesta por parte de las autoridades. En una de las visitas que hicimos en la fiscalía nos enteramos que el expediente había sido archivado, y nos enteramos así, verbalmente”.

En los alegatos finales, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL denunció que Venezuela no adoptó medidas de protección adecuadas en estas circunstancias: "Cuando la situación de riesgo es notoria, el Estado está llamado a proteger a quien está en riesgo, sobre todo si se trata de defensores de derechos humanos".

“El Estado no aplicó ninguna de las siguientes medidas que pudieron prevenir esta tragedia, medidas como la evaluación de la situación de riesgo de estos grupos vulnerables, la adopción de políticas públicas en patrones sistemáticos de violencia, mecanismos nacionales de protección de defensores de derechos humanos, medidas de sensibilización sobre el trabajo y labor de los defensores…” siguió Krsticevic.

Los representantes solicitaron además una investigación diligente de los hechos para determinar a los responsables. El llamado encontró un eco en las palabras de la esposa de Joe Castillo. Refiriéndose a su hijo dijo: “Preguntaba por qué a su papá lo habían asesinado, una respuesta que todavía no le podemos dar porque no lo sabemos.”

Los representantes de las víctimas solicitaron que la Corte Interamericana establezca estándares para la adopción de políticas públicas que protejan la labor de los/las defensores/as de derechos humanos en Venezuela para que sirvan de guía en el resto del continente.

Se espera que la Corte emita una sentencia en el verano de 2012.

 

Para ver el video de la audiencia pública haga click aquí:

Parte 1

Parte 2

 

Audiencia pública del caso Castillo González y otros Vs. Venezuela

Lea la ficha técnica aquí

Vie, 02/03/2012 - 09:00
Salón de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José

Honduras ha incumplido su obligación de proteger a la defensora de derechos humanos Gladys Lanza

Denuncia en sesión pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

San José, 24 de febrero de 2012- El Estado de Honduras no ha implementado medidas de protección a favor de la defensora de derechos humanos Gladys Lanza Ochoa, las cuales fueron ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 3 de setiembre de 2010. Esta fue la denuncia que la propia defensora presentó ayer, jueves, ante este tribunal en una audiencia pública de supervisión de medidas provisionales celebrada en el marco del 94.º período de sesiones ordinarias. En la audiencia también participaron las organizaciones representantes, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Vie, 24/02/2012

San José, 23 de febrero de 2012. Marcia Aguiluz (CEJIL), Gladys Lanza (Movimiento de Mujeres por la Paz) y Bertha Oliva (COFADEH) esperan el inicio de una sesión ante la Corte IDH en la que se supervisará el cumplimiento de las medidas provisonales a favor de Lanza.San José, 24 de febrero de 2012- El Estado de Honduras no ha implementado medidas de protección a favor de la defensora de derechos humanos Gladys Lanza Ochoa, las cuales fueron ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 3 de setiembre de 2010. Esta fue la denuncia que la propia defensora presentó ayer, jueves, ante este tribunal en una audiencia pública de supervisión de medidas provisionales celebrada en el marco del 94.º período de sesiones ordinarias. En la audiencia también participaron las organizaciones representantes, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Gladys Lanza es coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, organización hondureña con más de 28 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Después del golpe de Estado del 29 de junio del 2009 en Honduras, su organización –al igual que otras defensoras y defensores de derechos humanos– denunció a los perpetradores del golpe y a la cúpula militar hondureña. Desde entonces, la defensora empezó a ser víctima de amenazas y hostigamientos, tales como intimidaciones telefónicas y vía correo electrónico, seguimientos, vigilancia en su casa y en su lugar de trabajo, entre otras.

Hasta la fecha, el Estado ha fallado en investigar diligentemente los hostigamientos; por lo tanto, los responsables siguen en la impunidad. Asimismo, las medidas de protección no han sido ejecutadas apropiadamente por el Estado. La defensora de derechos humanos refirió ante la Corte como ella misma ha debido asumir medidas extremas para velar por su propia seguridad.

Desde abril de 2011, Gladys Lanza ha sido víctima de cinco incidentes que la han mantenido en estado de alerta. En una ocasión lanzaron una bomba lacrimógena al patio de su casa, se han detectado personas sospechosas vigilando las oficinas de Visitación Padilla y, en otra ocasión, sujetos desconocidos allanaron la organización, solo por citar algunos sucesos.

La desprotección de Lanza no es un hecho aislado. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, visitó Honduras entre el 7 y el 14 de febrero pasado. Tras su visita refirió la desprotección en la cual deben ejercer sus labores estos activistas, a pesar de que muchos de ellos son beneficiarios de medidas de protección otorgadas por la Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Como una medida crucial para superar la desconfianza de los defensores de derechos humanos en contra de las autoridades, se deberá crear e implementar con carácter de urgencia, un programa de protección para defensores de derechos humanos que cuente con recursos necesarios”, recomendó la relatora.

En el cierre de su exposición ante la Corte, Lanza manifestó: “Quiero recuperar mi vida, mi seguridad pero, sobre todo, a mi familia”. Asimismo concluyó afirmando que la mejor protección que puede obtener por parte del Estado es la investigación de los hechos de hostigamiento que ha sufrido y el posterior juzgamiento de los responsables.

CEJIL saluda la visita a Honduras de la relatora especial de la ONU sobre la situación de defensores de derechos humanos

Violencia y hostigamientos cometidos luego del golpe de Estado le dan especial relevancia a la supervisión internacional

San José, 6 de febrero de 2012. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recibe con beneplácito la visita a Honduras de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, cuyo recorrido comienza oficialmente hoy.

Lun, 06/02/2012

San José, 6 de febrero de 2012. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recibe con beneplácito la visita a Honduras de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, cuyo recorrido comienza oficialmente hoy.

La situación de riesgo que enfrentan los y las activistas de derechos humanos, ya preocupante antes de que ocurriera el golpe de Estado del 28 junio de 2009, ha empeorado desde entonces.

Dicha situación es conocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que ha otorgado medidas de protección para garantizar los derechos de decenas de defensores y defensoras en Honduras. CEJIL –junto con organizaciones hondureñas– que representa a más de 60 beneficiarios de medidas cautelares, ha visto con preocupación que el Estado no ha brindado una respuesta efectiva para respetar y garantizar los derechos de estas personas.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Gladys Lanza Ochoa, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. La defensora de derechos humanos sufrió hostigamientos y amenazas por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres y la crítica abierta a las estructuras militares de su país. Dado que el Estado no adoptó las medidas cautelares correspondientes y en virtud de la situación de riesgo en que se encontraba, en septiembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas provisionales que se mantienen hasta la fecha. No obstante, en este caso, así como en la gran mayoría de casos, el Estado hondureño no ha sido capaz de protegerla efectivamente ni tampoco se han realizado investigaciones para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las amenazas.

CEJIL en conjunto con la Asociación de Jueces por la Democracias (AJD) también denunció ante la CIDH hostigamientos emprendidos desde el propio Estado. Tal fue el caso de cuatro jueces quienes fueron despedidos arbitrariamente por ejercer su derecho a manifestarse en contra del golpe.  Hasta la fecha, el Estado sigue sin reparar las violaciones sufridas por los jueces, Adán Guillermo López Lone, Luis Antonio Chévez de la Rocha y Ramón Barrios, ni  las de la magistrada Tirza Flores Lanza. La CIDH admitió el caso en marzo de 2010 y actualmente se encuentra analizando el fondo de las violaciones denunciadas.

Asimismo, CEJIL ha identificado que los defensores ambientalistas se encuentran en una situación de mayor riesgo en Honduras. Actualmente está siendo conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso del asesinato del ambientalista Carlos Luna.  Ya en el año 2009, dicho tribunal había dictado sentencia contra Honduras en el caso de la defensora Jeannette Kawas, ordenando, entre otras cosas, la realización de una campaña de sensibilización sobre la importante labor que realizan los defensores ambientalistas en el país. El Estado hondureño sigue sin cumplir esta medida de reparación.

CEJIL reitera su complacencia por la visita de la Relatora, y espera que en su informe pueda retomar numerosas recomendaciones y decisiones que han sido emitidas por los órganos regionales de protección, de manera que se exija su cumplimiento y, en particular, se recomiende la creación de un mecanismo nacional de protección para defensoras y defensores de derechos humanos, a fin de que cualquiera de ellos pueda demandar protección del Estado sin que medie una intervención internacional.

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