Venezuela

CEJIL participó en ocho asuntos que deliberó la Corte Interamericana de Derechos Humanos

LXXXIV Periodo de sesiones ordinarias

En el periodo de sesiones ordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que finalizó el 3 de octubre, CEJIL tomó parte en ocho de los trece asuntos que deliberaron los jueces.

Vie, 25/09/2009

Corte Interamericana de Derechos HumanosEn el último periodo de sesiones ordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se extiendió hasta el 3 de octubre, CEJIL tomó parte en ocho de los trece asuntos que deliberaron los jueces y juezas.

Temas y casos en los que ha participado CEJIL estuvieron presentes en cuatro audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias, el seguimiento a medidas provisionales otorgadas a favor de personas privadas de libertad en Venezuela, el estudio de un caso para dictar sentencia, el análisis de las reformas al reglamento de la Corte y la consideración de una opinión consultiva.

Las audiencias de supervisión de sentencia se refirieron a los casos del “Instituto de Reeducación del Menor” contra Paraguay, Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) contra Venezuela, Molina Theissen contra Guatemala y Trujillo Oroza contra Bolivia. En todos ellos CEJIL ha sido representante o corepresentante de las víctimas.

En estos casos, la Corte escuchó en audiencia privada los argumentos del Estado, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los representantes de las víctimas.

También en sesión privada, la Corte estudió la posibilidad de dictar sentencia acerca de la excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas en el caso de Kenneth Ney Anzualdo Castro contra Perú.

La Corte celebró una audiencia pública para recibir información y observaciones de las partes acerca del cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas a Venezuela en los casos de los centros penitenciarios de La Pica, Uribana y Yare I y II.

Dentro de la segunda etapa del proceso de reflexión acerca de las reformas al reglamento de la Corte Interamericana, la Corte inició la consideración de los comentarios remitidos por CEJIL y otros actores del Sistema Interamericano.

Finalmente, los jueces y juezas también analizaron las observaciones y amicus curiae que enviaron diversos actores del Sistema Interamericano, entre ellos CEJIL, acerca de una opinión consultiva presentada por Argentina, en relación con la figura del juez ad hoc y la igualdad de armas en el proceso ante la Corte, así como respecto de la nacionalidad de los magistrados del Tribunal y el derecho a un juez independiente e imparcial.

 

CEJIL expresa preocupación por proyecto de ley en Venezuela

Vie, 07/07/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa gran preocupación por el proyecto de ley sobre cooperación internacional que se discute en la Asamblea Nacional de Venezuela, el cual puede convertirse en un grave obstáculo para el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en ese país.

 

El pasado 13 de junio la Asamblea Nacional Venezolana aprobó, en primera discusión, el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que establece un régimen jurídico que regulará, entre otros aspectos, el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales locales y de las internacionales que realicen actividades en Venezuela. De acuerdo al texto del proyecto, el Estado venezolano crearía los organismos administrativos y financieros destinados a organizar y supervisar la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, acciones y actividades que se lleven a cabo en materia de cooperación internacional. Dentro de ese marco general, el proyecto prevé la regulación y control de las organizaciones no gubernamentales, y específicamente, de sus objetivos, actividades y fuentes.

 

El capítulo 3 del proyecto se refiere a la participación social en la cooperación internacional y establece, entre otros puntos, que las organizaciones no gubernamentales deben registrarse ante un órgano estatal para lo cual deben cumplir con los requisitos fijados por la ley. CEJIL no desconoce las atribuciones legítimas que tienen los Estados para regular adecuadamente la convivencia de sus sociedades. Sin embargo, llama la atención del Estado venezolano para que, al momento de establecer los requisitos para el registro de organizaciones no gubernamentales y los mecanismos de verificación de cumplimiento de los mismos, no se creen interferencias u obstáculos, ni directos ni indirectos, que impidan o entorpezcan el funcionamiento autónomo de estas organizaciones ni el ejercicio normal de sus actividades.

 

CEJIL considera que los términos en los que fue aprobado el proyecto de ley en su primera discusión podrían afectar negativamente el funcionamiento y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en general. De este modo, se estaría generando en Venezuela un escenario propicio para obstaculizar, a través de vías legislativas e institucionales, el funcionamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos y otras organizaciones sociales. El proyecto prevé, entre otros aspectos de preocupación, una injerencia indebida del Estado en los fines y en las actividades de estas organizaciones, que podría afectar varios de los derechos humanos protegidos en la Convención Americana y en la propia Constitución venezolana, entre ellos, el derecho de asociación.

 

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó los controles administrativos y financieros arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos como uno de los problemas más comunes que enfrentan los defensores y defensoras de estos derechos en la región. Al respecto, en su informe de situación de defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas, la Comisión señaló que en algunos Estados se ha restringido “de manera arbitraria la financiación internacional de las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, a través de la acción de control que realizan instituciones estatales dedicadas a la cooperación técnica internacional.”

 

La CIDH también reconoce en su informe que “los Estados tienen la facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones, incluyendo las organizaciones de derechos humanos. No obstante el derecho de asociarse libremente sin interferencias prescribe que los Estados deben asegurar que dichos requisitos legales no impedirán, retrasarán o limitarán la creación o funcionamiento de estas organizaciones, so pena de incurrir en responsabilidad internacional.”

 

En consonancia con lo dicho por la CIDH, CEJIL reconoce la autonomía que tiene el Estado venezolano de regular los términos de cooperación internacional. Sin embargo considera importante señalar que el Estado está también obligado a ejercer esta facultad preservando la libertad de asociación de las personas y en un marco de pleno respeto a los derechos humanos y acorde tanto con su Constitución como con sus obligaciones adquiridas en los tratados internacionales que ha firmado y ratificado.

 

CEJIL también señala su profunda preocupación por las expresiones descalificadoras e intimidatorios de algunos congresistas venezolanos a raíz de las críticas manifestadas por representantes de organizaciones no gubernamentales venezolanas al proyecto de ley. El debate público sobre normas de interés público y social, respetuoso de la crítica y las diferencias, propias de una sociedad plural y democrática, debe ser garantizado por todos los órganos del Estado.

 

CEJIL urge al Estado venezolano a ajustar el contenido del actual proyecto de ley a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de manera de garantizar el pleno respeto de todos los derechos, y, de modo particular, del derecho de asociación. Asimismo, solicita al Estado de Venezuela respetar y garantizar a los miembros y representantes de las organizaciones no gubernamentales el libre y pleno ejercicio del derecho de libertad de pensamiento y expresión.

Venezuela reconoció su responsabilidad internacional por violación de derechos humanos en audiencia ante la Corte Interamericana

Sáb, 04/04/2009

El día de hoy se llevó a cabo una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida a una masacre ocurrida en una cárcel venezolana. Se trata éste del cuarto caso venezolano que llega a conocimiento del alto tribunal internacional. La demanda contra el Estado venezolano fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mientras que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) participan del caso en calidad de representantes de las víctimas. Invitada por el gobierno de Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra sesionando en la ciudad de Buenos Aires, en la sede de la Corte Suprema de Justicia de dicha ciudad.

 

El caso Retén de Catia se remonta al año 1992 cuando, durante el intento de golpe de estado contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Peréz, tuvieron lugar una serie de hechos violentos en el centro de detención Retén de Catia, ya desaparecido, que culminó con la ejecución de al menos 63 reclusos por parte de agentes de la Guardia Nacional, de la Policía Metropolitana y custodios del Retén quienes se excedieron en el uso de la fuerza. Después de cuatro años de impunidad, el caso fue presentado a la CIDH. Durante el proceso de solución amistosa Venezuela aceptó su responsabilidad internacional en los hechos. Sin embargo, no cumplió con los compromisos asumidos en el marco de la búsqueda de solución amistosa, lo que motivó que la CIDH, a solicitud de los representantes de las víctimas, emitiera el informe de octubre del año 2004. Este informe concluyó que el Estado venezolano era responsable de la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, todos estos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual ha sido ratificada por Venezuela. Asimismo, en dicho informe la CIDH le ordenó que realice una investigación imparcial y completa de los hechos, que repare a los familiares de las víctimas y que tome medidas preventivas para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

 

Al Venezuela no cumplir las recomendaciones de la Comisión, la CIDH decidió elevar el caso a conocimiento de la Corte Interamericana en febrero de 2005. En su demanda, la CIDH le solicitó a la Corte que declare al Estado venezolano

responsable internacionalmente por la violación de los derechos ya mencionados. Como representantes de las víctimas, CEJIL y COFAVIC pidieron a la Corte que además declare a Venezuela responsable de haber violado el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas, ya que nunca se informó ni se investigó lo sucedido en el Retén.

 

En agosto de 2005 Venezuela contestó que no aceptaba la demanda ni en los hechos ni en el derecho, solicitándole además a la Corte que la rechace argumentando que no habían sido agotados los recursos de jurisdicción interna.

 

Durante la audiencia del día de hoy el Estado venezolano aceptó los hechos y admitió su responsabilidad internacional por todas las violaciones que habían sido señaladas por la CIDH y los representantes de las víctimas. El

Estado aceptó también las reparaciones solicitadas a favor de las víctimas y sus familiares. Se trató de un allanamiento pleno y total sin condiciones, ni reservas. El presidente de la Corte, Sergio García Ramírez, señaló que

éste fue uno de los allanamientos más amplios en la historia del sistema interamericano.

 

Después del reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y de escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas y del Padre Arturo Peraza, la CIDH así como CEJIL y COFAVIC denunciaron que en este caso no hubo una política de prevención adecuada de manera de impedir que sucedieran los hechos de violencia, que existió uso excesivo de la fuerza y ejecución extrajudicial a varios internos. Se alegó que las condiciones inhumanas de detención fueron causantes de la violencia y situación de inseguridad. Se hizo referencia también a que no existió investigación oportuna y completa de los hechos y finalmente que hubo denegación de justicia y ausencia de políticas penitenciarias que cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

 

Se espera que la Corte dicte sentencia sobre este caso en los próximos meses. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los Estados, como Venezuela, que han aceptado su jurisdicción.

ONG´s pidieron pronta visita de la CIDH a Venezuela

Lun, 13/03/2006

Organizaciones venezolanas de derechos humanos expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aspectos preocupantes ligados al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela y solicitaron que la CIDH visite el país de manera pronta. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acompañó la presentación y la solicitud de visita realizada por las organizaciones presentes. Además de CEJIL participaron en la audiencia, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el Servicio Jesuita de Refugiados, COFAVIC, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Espacio Público. La audiencia contó también con la presencia de representantes del Estado venezolano y se llevó a cabo en el marco del 124° período de sesiones que se está celebrando en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.
 
Las organizaciones se refirieron a la tendencia sostenida de parte de distintas autoridades del Estado a la descalificación pública del trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Esta actitud de descrédito, informaron las organizaciones, se refleja tanto al interior del país como en las gestiones realizadas por defensores y defensoras ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Manifestaron asimismo que dicha actitud no sólo afecta el trabajo de protección que realizan estas personas sino que además coloca a las víctimas que éstos protegen en una situación de desprotección.
 
Para ilustrar la situación, CEJIL y las organizaciones venezolanas se refirieron a lo sucedido con las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana para los reclusos del Internado Judicial La Pica. Al respecto, se informó que días antes que tuviera lugar una audiencia pública de dicho tribunal se sucedieron una serie de descalificaciones públicas y permanentes sobre el trabajo realizado por la organización que representó a las víctimas beneficiarias de dichas medidas (el Observatorio Venezolano de Prisiones), llegando a ser algunas de ellas inclusivo agresivas. En la resolución de la Corte que ratificó y amplió las medidas provisionales, dicho tribunal hizo una especial referencia a la obligación del Estado de proteger y respetar el trabajo de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
 
Se hizo mención de otras organizaciones que también han sido víctimas de descalificación y deslegitimación de su trabajo por parte de autoridades estatales. Ellas son COFAVIC, la Comisión de Justicia y Paz de Aragua y el Observatorio Venezolano de Prisiones.
 
Al finalizar sus presentaciones, CEJIL y las organizaciones presentes realizaron una serie de peticiones a la CIDH. En primer lugar le pidieron que inste al Estado venezolano a reconocer la legitimidad del trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos. En materia legislativa, solicitaron que la CIDH dé seguimiento a los anteproyectos y proyectos de ley existentes en Venezuela que puedan afectar, obstaculizar o amenazar la labor que realizan los defensores y las defensoras para que, en caso que sea necesario, pueda hacer las debidas advertencias. Por último pidieron que la CIDH realice una pronta visita al país incorporando en su agenda como tema de suma prioridad todo lo relacionado con la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.
 

CEJIL COMPARTE SUS CONSIDERACIONES SOBRE LAS RECIENTES MEDIDAS TOMADAS EN VENEZUELA EN EL CASO DANILO ANDERSON

Venezuela y el derecho a la libertad de expresión

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) desea compartir con la opinión pública algunas consideraciones sobre las recientes medidas adoptadas por las autoridades judiciales venezolanas, a petición de la Fiscalía General de la República, en relación con la publicación, divulgación o exposición de las actas del expediente instruido en relación con el atentado en el que perdió la vida el fiscal Danilo Anderson. De acuerdo con la medida cautelar adoptada por el Juez Sexto de Control de Caracas, a favor del testigo Giovanny Vásquez de Armas, se prohíbe a todos los medios de comunicación social la publicación, divulgación o exposición tanto de dichas actas como de las que hagan referencia a la vida privada del testigo.

Jue, 26/01/2006

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) desea compartir con la opinión pública algunas consideraciones sobre las recientes medidas adoptadas por las autoridades judiciales venezolanas, a petición de la Fiscalía General de la República, en relación con la publicación, divulgación o exposición de las actas del expediente instruido en relación con el atentado en el que perdió la vida el fiscal Danilo Anderson. De acuerdo con la medida cautelar adoptada por el Juez Sexto de Control de Caracas, a favor del testigo Giovanny Vásquez de Armas, se prohíbe a todos los medios de comunicación social la publicación, divulgación o exposición tanto de dichas actas como de las que hagan referencia a la vida privada del testigo.

CEJIL reconoce plenamente la obligación que tiene el Estado de Venezuela, en su calidad de garante de los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción, de adelantar investigaciones serias y eficaces en relación con las violaciones de estos derechos, evitando, de este modo, la impunidad y la repetición de dichas violaciones. En ese sentido, CEJIL reconoce que es un deber de las autoridades judiciales venezolanas actuar con plena imparcialidad y autonomía, y garantizar, a la vez, que estas investigaciones no sean, bajo ninguna circunstancia, obstaculizadas ni entorpecidas.

En el caso particular del fiscal Danilo Anderson, CEJIL manifestó públicamente, en su momento, su abierta condena al atentado del que fue víctima y expresó su confianza en que las autoridades judiciales de Venezuela garantizarían la investigación eficaz de los hechos, el esclarecimiento de lo sucedido y el juicio y sanción de los autores, materiales e intelectuales, del crimen.

Sin embargo, CEJIL observa con preocupación las recientes medidas judiciales que prohíben publicar información relacionada con documentos provenientes de dicha investigación, en el sentido de que la medida puede afectar el pleno y libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

En una sociedad democrática, la garantía del libre y pleno ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión es fundamental para favorecer y fortalecer el control democrático a través de la opinión pública. Y lo es para fomentar, de este modo, la transparencia de las actividades de las autoridades y la responsabilidad de los funcionarios por su gestión pública, así como una mayor participación de las personas en los intereses de su sociedad.

Si bien es cierto que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que las normas internacionales de protección de este derecho en el sistema interamericano prevén la posibilidad de establecer restricciones al ejercicio del mismo, a través de la aplicación de las responsabilidades ulteriores por su ejercicio abusivo, las causales para imponer estas restricciones deben estar expresa, previa y taxativamente fijadas por la ley, deben ser estrictamente necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas y no deben de modo alguno limitar, mas allá de lo estrictamente necesario, el alcance de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo e indirecto de censura previa.

En este sentido, el uso de mecanismos del derecho penal o propios del derecho penal se considera el medio más restrictivo y severo para establecer restricciones al derecho de libertad de expresión, y su uso, además de restringido, debe estar estrictamente ceñido a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, en una sociedad democrática.

Lo anterior significa, como ha sido señalado por los órganos de protección de derechos humanos del sistema interamericano[1][1], que los Estados no pueden impedir ni restringir, más allá de lo legítimamente permitido, el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Las restricciones indebidas a la libertad de expresión pueden darse, por tanto, o por su supresión o por su restricción más allá de lo legítimamente permitido.

La supresión radical de la libertad de expresión se da cuando por medio del poder público se establecen medios para impedir la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias, tales como la censura previa o la prohibición de publicaciones.

Cuando un Estado restringe el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, más allá de lo legítimamente permitido, ya sea de manera directa o indirecta, se produce una violación del derecho. Esta violación no sólo afecta el derecho individual de expresar y difundir información, opiniones o ideas, sino, también, y de manera relevante, el derecho de la sociedad, como un todo, a buscar y recibir información o ideas de cualquier índole, y a poder estar, así, bien informada. La violación del derecho a la libertad de expresión afecta, de este modo, también el ejercicio y fortalecimiento de la democracia.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, CEJIL manifiesta su preocupación por el hecho de que la medida cautelar ordenada por el Juez Sexto de Control de Caracas esté afectando indebidamente el ejercicio libre y pleno del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Manifiesta, también, su preocupación por las investigaciones, penales o de otro carácter, que en cumplimiento de esta medida puedan ser abiertas contra periodistas o medios de comunicación, y que puedan llegar a tener el carácter de una censura previa.

En ese sentido, CEJIL exhorta, respetuosamente, a las autoridades judiciales de Venezuela a evaluar si la medida cautelar ordenada –de prohibición de publicación o difusión de los documentos provenientes del expediente del caso del fiscal Danilo Anderson- responde, estrictamente, a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, en una sociedad democrática. De no ser así, la medida debería ser o levantada o modificada, para garantizar, efectivamente, la debida protección del derecho a la libertad de expresión.

Corte Interamericana dicta medidas de protección a favor de privados de libertad venezolanos

Lun, 16/01/2006

La Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió, el 13 de enero, medidas de protección para los privados de libertad del Internado Judicial de Monagas “la Pica”, en Venezuela.

La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones y CEJIL solicitaron el 21 de diciembre de 2005 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pedir a la Corte IDH el otorgamiento de medidas provisionales a favor de las personas internas en “la Pica”, dada la grave situación de violencia y de deterioro de las condiciones carcelarias que se vive en este centro de reclusión.

En atención a esta petición, la CIDH solicitó a la Corte IDH, el 29 de diciembre, medidas provisionales para proteger la vida e integridad personal de los reclusos de “la Pica”, dichas medidas fueron otorgadas el día de hoy, por el presidente de la Corte, el juez Sergio García Ramírez.

La CIDH informó a la Corte que en el 2005 murieron 43 internos, víctimas de actos de violencia en ese centro de detención y otros 25 resultaron heridos. Algunos de los factores que generan esta situación de gravedad y riesgo para los internos son “el hacinamiento, la falta de separación de internos por categorías, las deficientes condiciones sanitarias, físicas y de seguridad a las que se encuentran sometidos los internos, esto sumado a la carencia de personal debidamente calificado y entrenado”, afirmó la Comisión. También señaló que la situación se ve agravada por la falta de control en el ingreso y posesión de armas en el centro penitenciario.

La mayoría de las muertes, dentro del centro penal fueron ocasionadas por heridas de arma de fuego. Familiares de algunos internos fallecidos señalaron a los miembros de la Guardia Nacional y a los vigilantes del Internado como autores de las muertes. Las celdas colectivas están construidas para albergar a 7 personas, pero en cada una se encuentran 15 internos, los cuales no tiene camas, ni cobijas, duermen en el suelo y algunos lo hacen en pedazos de goma de espuma. Los actos de violencia y amenazas entre internos son frecuentes y las autoridades no han adoptado medidas para resolver está situación.

El Estado comunicó a la Corte que está implementando medidas con el objetivo de proteger la vida e integridad física de los privados de libertad. Algunas acciones que llevan a cabo son: la creación de una Comisión Presidencial para Atender la Emergencia Carcelaria, consignación de fondos para mejorar la infraestructura del Internado, ejecución de requisas en busca de armas, mejoras en la alimentación y en los servicios de salid de las internos. También aseguró que se investigan los actos de violencia ocurridos en “La Pica”. Sin embargo el Estado reconoció que la situación del centro penal es crítica.

La Corte decidió que el Estado venezolano debe mantener y profundizar las medidas que ya está adoptando. Además debe adoptar las medidas complementarias necesarias para evitar en forma eficiente y definitiva la violencia en dicho centro penitenciario, para que no muera, ni se afecte la integridad personal de los privados de libertad, ni de ninguna otra persona que se encuentre en el internado. Asismimo, la Corte señaló que el Estado debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas, como las que motivan estas urgentes medidas.

El Estado debe informar a la Corte a más tardar el 23 de enero sobre las medidas provisionales que haya adoptado en cumplimiento de esta resolución del alto tribunal, y cada dos meses deberá informar al alto tribunal, sobre este tema. CEJIL espera que el Estado venezolano lleve a cabo estas acciones a la mayor brevedad posible y que de esta manera honre sus compromisos internacionales en beneficio de los privados de libertad de “La Pica”.

Vale recordar que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

Organizaciones de derechos humanos de la región repudiaron la expulsión de representantes de Human Rights Watch de Venezuela

Vie, 19/09/2008

Las organizaciones de derechos humanos de América Latina, abajo firmantes, repudian la expulsión ordenada por el Gobierno de la República de Venezuela a los representantes de Human Rights Watch José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, director ejecutivo y vicedirector de la División América de la organización.

De acuerdo con un comunicado oficial, firmado en el día de ayer por los ministros de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, y de Interior, Tarek El Aissami, el motivo de la decisión oficial fue haber "violentado la Constitución y las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela, agrediendo a las instituciones venezolanas, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos de nuestro país". La expulsión se ordenó al día siguiente de que Human Rights Watch presentara en Caracas el informe “Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”, en el que se analiza la situación de los derechos fundamentales en dicho país.

Las organizaciones firmantes repudian este proceder del Gobierno Venezolano destinado a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada la reputación de estas instituciones. Los argumentos basados en una concepción absoluta de la soberanía son inadmisibles con el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, ha sido una defensa utilizada por gobiernos autoritarios para evitar la supervisión de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Asimismo, autoridades del Gobierno Venezolano han esgrimido que Human Rights Watch respondería "a intereses vinculados y financiados por las agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América”. Ante ello, es importante señalar que Human Rights Watch no recibe financiamiento gubernamental alguno y que ha tenido un papel de liderazgo en la denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y por su política migratoria, entre otros. El trabajo de Human Rights Watch abarca la mayoría de los países del mundo y ha sido fundamental para evidenciar situaciones de violaciones de derechos en muchos de nuestros países latinoamericanos.

Como organizaciones de la sociedad civil que desarrollamos nuestro trabajo en países en los que los defensores de derechos humanos han sido actores clave para la recuperación y fortalecimiento de las democracias, la búsqueda de justicia y memoria por crímenes de lesa humanidad, y el avance de derechos económicos, sociales y culturales, entre muchos otros logros y desafíos pendientes, rechazamos la represalia sufrida por Human Rights Watch e instamos a las autoridades del Estado venezolano a dar marcha atrás con esta expulsión, y garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad.

Por último, tanto la Asamblea General de la OEA, como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado la importancia de la labor de las defensoras y defensores en el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático. Por ello, las organizaciones firmantes solicitan a todos los países de la región que adopten las medidas a su alcance para asegurar en Venezuela una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos, tal como lo dispone la Carta Democrática Interamericana.

 

ORGANIZACIONES

 

- Acción Solidaria - Venezuela

- Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos - México

- AMICIS (Clínica Jurídica y Social Patagónica) - Argentina

- Asociación ÀGORA (Centro de Estudios para la Promoción y Defensa de los Derechos Fundamentales y Generacionales) - Perú

- Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) A.C - México

- Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) - Perú

- Centro de Asesoría Laboral - Perú

- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica - Venezuela

- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales - Chile

- Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas - México

- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez - México

- Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) - Argentina

- Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." - México

- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Argentina

- Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) - Nicaragua

- Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) - Nicaragua

- Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. - México

- Centro para la Defensa Legal Indígena (CDLI) - Guatemala

- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) - organización regional

- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Colombia

- Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) - Colombia

- Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) - Perú

- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C - México

- Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC) - Venezuela

- Comité de Familiares de Victimas de Violaciones de los Derechos Humanos (CODEFAM) “Marianella García Villas” - El Salvador

- Comité 25 de Noviembre A.C. - México

- Conectas Direitos Humanos - Brasil

- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - México

- Corporación Humanas - Chile

- Espacio Público - Venezuela

- Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) - Guatemala

- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) - organizacional internacional

- FIAN Internacional - organizacional internacional

- Foro de Mujeres del Mercosur (capítulo Paraguay) - Paraguay

- Foro para el Desarrollo Sustentable - México

- Fundación REDVIHDA - Bolivia

- Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) - organización regional

- Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH) - Guatemala

- Global Rights Partners for Justice - organización internacional

- Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C. - México

- Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) - Colombia

- Human Rights First -organización internacional

- Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) - El Salvador

- Karlos Castilla - México

- Movimiento Costarricense de Lucha Contra el VIH - Costa Rica

- Observatorio Venezolano de Prisiones - Venezuela

- Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador - El Salvador

- Oficina Jurídica Para la Mujer - Bolivia

- Oficina Regional de las Américas del Centro Internacional por la Justicia Transicional (ICTJ)

- Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) - Venezuela

- Red de Mujeres contra la Violencia -Nicaragua

- Red Oaxaqueña de Derechos Humanos A.C. - México

- Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. - México

- Sinergia - Venezuela

- Vicaría de Derechos Humanos de Caracas - Venezuela

Inician audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mié, 22/10/2008

Washington D.C.

Hoy inicia el 133° período de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), junto con otras organizaciones de derechos humanos, expondrá ante este organismo diferentes situaciones violatorias a los derechos humanos que marcan la realidad de algunos Estados del hemisferio.

Habrá una audiencia sobre el impacto de la política de seguridad pública en los derechos humanos en México. Este tema es de especial importancia por el incremento desmedido de la utilización de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, lo que ha dado lugar a ejecuciones arbitrarias y otros abusos policiales y militares. También se tratará el tema de los ataques a los operadores de justicia y a los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, ya que la situación es particularmente grave y los actos de violencia han cobrado la vida de varias de estas personas lo cual genera un ambiente de inseguridad permanente.

El día 23, la Comisión tendrá conocimiento sobre la situación de la justicia laboral en El Salvador la cual es de difícil acceso para los/as trabajadores/as debido a los pocos juzgados especializados en esta materia y no se aplica el principio de que frente a la duda se resuelve a favor del trabajador. Además se tratará el tema de la extradición de paramilitares en Colombia y como esto afecta los derechos de las víctimas y como el conflicto armado en dicho país ocasiona discriminación y violencia que contra las mujeres.

El 27 de octubre se le informará a la CIDH sobre la Ley de Amnistía en Brasil que ha sido un obstáculo para conseguir justicia en el país. En este espacio se discutirá el marco histórico de la ley y las nuevas tentativas de discutir su aplicación en el Poder Judicial. Además se realizará una audiencia sobre el caso de la masacre brasileña de Fazenda Ubá, una de las primeras masacres en la región del sur del estado de Pará y un caso paradigmático que confirma el patrón de violaciones de derechos humanos en contra de trabajadores rurales en esta región del país.

También se expondrá sobre las múltiples dificultades que enfrentan los y las nicaragüenses para ejercer sus derechos políticos y de libre expresión y pensamiento. En este espacio las organizaciones aportaran información actualizada sobre el debilitamiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua.

Las audiencias finalizan el día 28, durante el cual se informará sobre las medidas de protección que Estados Unidos debería implementar para velar por los derechos de los detenidos en Guantánamo. Asimismo se analizarán los argumentos de hecho y de derecho sobre el caso de ciudadano ecuatoriano que fue detenido y torturado en Panamá. Además, en una audiencia binacional, se conocerán las múltiples violaciones a los derechos humanos de las poblaciones indígenas en Honduras y Nicaragua. Estos dos países tienen los más altos niveles de pobreza en Centroamérica y esto afecta especialmente a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Estas personas se encuentran marginadas geográficamente y tienen un acceso insuficiente a los servicios públicos como educación, salud y justicia.

Finalmente habrá varias audiencias que analizarán la situación de los y las defensores y defensoras de derechos humanos, la seguridad ciudadana, la violencia y la libertad de expresión en Venezuela.

CEJIL espera que este período de sesiones contribuya al aseguramiento y protección de los derechos humanos en el hemisferio y que la CIDH dé seguimiento a los compromisos que asuman los Estados convocados.

 

Organizaciones que participan junto con CEJIL en el 133° período de audiencias

Almuk Nani Asla Takanka Consejo de Ancianos

Asistencia Legal para los Derechos Humanos A.C. (Asilegal)

Asociación de Misquitos Hondureños de Buzos Lisiados (AMHBLI)

Casa Alianza-Nicaragua

Casa de la Mujer en Bogotá

Center for Constitutional Rights

Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)

Centro de Investigaciones de la Comunicación

Centro de Investigaciones de la Universidad Católica “Andrés Bello”

Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (PRODH)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria O.P. (CDHFFV)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura (CPTRT)

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ( CMDPDH)

Comité de Familiares Victimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)

Concertación por un Empleo Digno en la Maquila (CEDM)

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Corporación Jurídica Libertad (CJL)

Corporación REINICIAR

Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay (CDIA)

Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires

Espacio Público

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)

Fundación Myrna Mack

Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)

Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES)

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM)

Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH)

Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado

Miskitu Indiang Mairin Asia Takanka (MIMAT)

MINGA

Mujeres que Crean

Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA)

Pastoral Social Caritas- Honduras

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (REDTDT)

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Ruta Pacífica de las Mujeres

Servicio de Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ)

Sisma Mujer

Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos

Vamos Mujer

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

 

Contacto en Washington

Nancy Marín Espinoza

Difusión y Prensa

Tel: 202 319 3000

Correo electrónico: nmarin@cejil.org

 

www.cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Observatorio Latinoamericano de Prisiones denuncia ante la CIDH la situación carcelaria en seis países

Sáb, 03/03/2007


Washington D.C.

El Observatorio Latinoamericano de Prisiones (OLAP), acompañado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunció el día de ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave situación que viven más de 900.000 mil personas privadas de su libertad en América Latina. Las organizaciones presentaron las múltiples violaciones de derechos humanos que viven los detenidos y detenidas en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Venezuela.

El Observatorio se mostró preocupado por la discusión de cuatro proyectos de ley para establecer la pena de muerte en Perú y la posible reapertura del penal Challapalca, el cual fue clausurado por recomendación de la CIDH. Por otro lado, en Guatemala se encuentran 25 personas en el corredor de la muerte, esperando ser ejecutadas. En este mismo país, el 22 de febrero, cuatro ex policías que permanecían detenidos fueron asesinados en la cárcel de máxima seguridad El Boquerón. Asimismo, a principios de este año, en El Salvador fallecieron 21 reclusos en un enfrentamiento en el penal de Apanteos.

Según los peticionarios algunas características que definen el conjunto del sistema penitenciario latinoamericano, tales como: 40% de hacinamiento, retardos procesales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violación de los derechos a la vida, salud y educación.

En la audiencia, OLAP solicitó a la CIDH que emitiera un pronunciamiento para la abolición de la pena de muerte en la región y que realizará visitas in loco para verificar la situación carcelaria en cada país. Además, pidió que en cada período de sesiones se analice la problemática carcelaria de la región. También, instó a la Comisión a elaborar un informe especializado sobre la violación de los derechos de las personas privadas de libertad que incorpore temas como: género, salud, hacinamiento, retardos procesales, personal calificado e infraestructura. Asimismo requirió a la CIDH que inste a los Estados miembros el cese definitivo de actos de descalificación pública, hostigamiento, judicialización y amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos de personas privadas de libertad.

 

El Presidente de la CIDH, Florentín Meléndez, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, reconoció la importancia de la creación del OLAP. Respecto de las peticiones expresó que la CIDH se sujeta a las reglas del sistema Interamericano en términos de la pena de muerte y espera que los Estados se pronuncien hasta llegar a la abolición absoluta de la pena de muerte.

La misión de OLAP es “transformar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad en América Latina, para garantizar con dignidad humana el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los respectivos Estados, en la búsqueda permanente de alternativas para una sociedad sin cárceles y sin pena de muerte”.Esta nueva organización, creada en Noviembre de 2006 en la Isla de Margarita, Venezuela, como respuesta de organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, a la grave situación en la que viven casi 900.000 personas en las cárceles de la región.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

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Nancy Marín Espinoza

 

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CEJIL condena el reciente fallo del TSJ de Venezuela que desconoce la autoridad y el valor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Vie, 16/01/2009

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su más enérgico rechazo a la decisión dada a conocer esta semana y adoptada el pasado 18 de diciembre, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso Caso Apitz Barbera y otros.

La decisión del TSJ declaró la sentencia de la Corte Interamericana “inejecutable” y solicitó al Ejecutivo Nacional “proceda a denunciar” la Convención Americana sobre Derechos Humanos “ante la evidente usurpación de funciones en que había incurrido” el Tribunal Interamericano. CEJIL llama la atención de que la sentencia del TSJ hace uso de una jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar del Perú adoptada en 1999 en relación con el caso Castillo Pertuzzi y otros, la cual fue emitida dentro del contexto de erosión de garantías del gobierno autoritario de Alberto Fujimori. El TSJ venezolano apela a dicha sentencia, entre otros elementos, para respaldar su posición y tratar de justificar la aplicación de “un estándar mínimo de adecuación del fallo al orden constitucional interno”.

La decisión del TSJ pone en evidencia el desconocimiento de las obligaciones internacionales que el Estado venezolano ha asumido al momento de ratificar un tratado fundamental en materia de derechos humanos como es la Convención Americana. El derecho internacional basa su funcionamiento en un marco normativo y consuetudinario a través del cual se afirma que las obligaciones asumidas en los tratados deben ser cumplidas. Adicionalmente, los tratados internacionales deben ser cumplidos de buena fe, y de conformidad con el objeto y fin que persiguen, en este caso la protección de los derechos humanos. Además, el derecho internacional contemporáneo prohíbe invocar normas de derecho interno como justificación del incumplimiento de obligaciones asumidas en el plano internacional.

En este sentido, la Convención Americana establece de manera expresa que las decisiones emitidas por la Corte Interamericana tienen un carácter definitivo, inapelable y vinculante. CEJIL considera que la decisión adoptada por el TSJ venezolano, en caso de que limite el cumplimiento definitivo del fallo interamericano, pondría en desacato a ese país frente a la máxima autoridad en derechos humanos en el continente.

Ante esta situación, CEJIL no puede dejar de expresar su preocupación por la solicitud formulada por el TSJ al Poder Ejecutivo relativo a la denuncia de la Convención Americana. Una acción de esta magnitud significaría un retroceso para la tutela de los derechos humanos de todas aquellas personas que se encuentran en territorio venezolano.

Es preciso aclarar que la decisión del TSJ no tiene fundamento jurídico en el plano internacional y mucho menos afecta la situación del caso específico ante la Corte Interamericana. Aun en el caso de proceder una denuncia de dicho tratado, el mismo establece que dicho acto no surtiría efectos sino hasta después de un año de haberse realizado. Por lo que, en el Caso Apitz, el Estado venezolano continuará con la obligación de cumplir con lo ordenado por el Tribunal Interamericano.

CEJIL hace un llamamiento al Estado Venezolano para que lleve a cabo todos aquellos pasos que sean necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, y de todas aquellas obligaciones que emanan de la Convención Americana y vinculan a la República de Venezuela. Asimismo, solicita a los Estados de la OEA que, en su capacidad de garantes colectivos de la Convención, tomen las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano en la región y salvaguardar, de esta forma la integridad del mecanismo de protección regional de los derechos humanos.

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