Venezuela

Termina audiencia ante la Corte por el caso Oscar Blanco y otros

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y las organizaciones Comité de Familiares de las víctimas de los sucesos de febrero-marzo de 1989 (COFAVIC) y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, participaron en la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer sobre el caso de las desapariciones forzadas de Oscar Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, ocurridas en diciembre de 1999 en el estado costeño de Vargas en Venezuela.

Mié, 29/06/2005

San José, Costa Rica, 29 de junio de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y las organizaciones Comité de Familiares de las víctimas de los sucesos de febrero-marzo de 1989 (COFAVIC) y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, participaron en la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer sobre el caso de las desapariciones forzadas de Oscar Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, ocurridas en diciembre de 1999 en el estado costeño de Vargas en Venezuela. La Corte se encuentra sesionando en su sede en San José Costa Rica.

La demanda de este caso contra Venezuela fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el mes de junio del 2004. Los representantes de las víctimas presentaron, a su vez, su escrito de demanda en octubre del mismo año. Estas demandas no fueron contestadas por el Estado venezolano. La desaparición forzada de Oscar Blanco, José Francisco Rivas y Roberto Javier Hernández, se produjo en el marco de una gran tragedia natural que originó una gran movilización de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado. En ese contexto se dio una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos, cometidas por agentes del Estado con el pretexto de controlar el orden público. Bajo estas circunstancias miembros del ejército entran con gran violencia a la casa de Oscar Blanco y lo detienen sin presentar ninguna orden judicial. Igual sucede con Javier Hernández, quien es sacado de su casa por agentes de la DISIP, herido con arma de fuego y luego detenido, sin orden judicial. José Francisco Rivas fue detenido, sin orden judicial, por miembros del Ejército cuando se encontraba, junto a su madre, en la puerta de la casa en donde se habían refugiado después de perder su vivienda a causa del desastre natural. Después de ser detenidos por miembros del Ejército y de la DISIP, sus familiares no volvieron a tener noticia ni de ellos ni de su paradero. Los recursos de hábeas corpus que se interpusieron a su favor, fueron rechazados por los jueces. Después de casi seis años de haber sido detenidos y desaparecidos, ninguno de los autores de los hechos ha sido sancionado. Oscar, José Francisco y Roberto Javier continúan sin aparecer, y ni sus familiares ni la sociedad venezolana saben la verdad de lo que sucedió.

En la audiencia se escucharon los testimonios de los familiares de las víctimas y las declaraciones del perito Jorge Rosell. Nélida Fernández, madre de José Rivas Fernández, declaró que “toda persona tiene derecho a un entierro, un lugar donde llevarle una flor o una vela.” Los testimonios escuchados dejaron en evidencia el dolor, la impotencia y la zozobra en la que han vivido los familiares desde que desaparecieron las víctimas. Por su parte Rosell, se refirió a la ineficacia del recurso de hábeas corpus en Venezuela para proteger a las víctimas de desaparición forzada de personas. Se refirió igualmente al problema estructural que presenta el sistema judicial venezolano, debido, entre otros factores, a la inestabilidad en sus cargos de la gran mayoría de fiscales y jueces, lo que afecta su independencia e imparcialidad. El perito dijo ante la Corte que los jueces que fallan en contra de los intereses del Estado corren el riesgo de ser destituidos.

Después de las declaraciones de los testigos y de presentados los alegatos orales de la CIDH y de los representantes de las víctimas, el Estado leyó y entregó un escrito en el que expresaba su allanamiento, es decir aceptaba su responsabilidad, pero controvertía, al mismo, tiempo, los hechos y las violaciones alegados tanto por la CIDH como por los representantes de las víctimas. Los representantes de las víctimas y la CIDH dejaron expresa constancia ante la Corte de que el escrito presentado por el Estado no constituía un allanamiento y pidieron a los jueces continuar con el procedimiento. Después de ser interrogada por el Presidente de la Corte, al respecto, la representación del Estado de Venezuela aceptó que se allanaba a todos los hechos y a todas las pretensiones alegados por la CIDH y por los representantes de las víctimas. La Corte dictó resolución reconociendo el allanamiento y la aceptación de responsabilidad internacional del Estado venezolano.

La Corte dictará sentencia en los próximos meses. Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

 

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CEJIL condena declaraciones del ministerio público y fiscal general de Venezuela en contra de Carlos Ayala

Mar, 26/07/2005

Washington, D.C. 25 de julio de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por el reciente comunicado oficial emitido por el Ministerio Público de Venezuela y por las declaraciones en un medio periodístico del Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, en relación al Dr. Carlos Ayala Corao. Preocupa de manera especial a CEJIL el contenido de dicho comunicado, el cual hace serias acusaciones en contra de Ayala, y asimismo las declaraciones periodísticas del Fiscal General, en las que descalifica el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y del Dr. Ayala ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Este tipo de declaraciones no se ajustan a los principios de imparcialidad y objetividad que deben caracterizar la actuación de todo órgano de justicia y afectan el derecho al debido proceso de las personas que están siendo investigadas, colocándolas en una situación de indefensión y extrema vulnerabilidad.

La Fiscalía Sexta del Ministerio Público de Caracas inició en abril pasado un proceso contra el Dr. Ayala, en el cual se lo imputa por el delito de conspiración en el golpe de Estado que tuvo lugar en Venezuela en abril de 2002. Oportunamente CEJIL se pronunció en contra del inicio de este proceso por carecer el mismo de todo fundamento y por estar además plagado de irregularidades, tales como la imposibilidad que ha tenido el Dr. Ayala de conocer los cargos y de presentar pruebas.

En abril pasado, CEJIL expresó que la apertura de dicho proceso penal contra el Dr. Ayala constituía un amedrentamiento contra el trabajo de un académico y jurista de gran trayectoria en el ámbito del derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos que ha abogado por la promoción y la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela y el continente. Asimismo señaló que el proceso penal del Dr. Ayala representaba un gravísimo acto de hostigamiento y amedrentamiento contra la importante labor que vienen realizando él y otras personas y grupos de derechos humanos venezolanos para fortalecer la democracia y garantizar la plena defensa de estos derechos.

En esta oportunidad, CEJIL reitera su posición con respecto al mencionado proceso e insiste en que las declaraciones recientemente realizadas por el Ministerio Público son una muestra más del hostigamiento que el Estado venezolano está ejerciendo contra las personas y organizaciones que acuden y utilizan el sistema interamericano. A este respecto, CEJIL considera oportuno recordar que durante el último período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en marzo pasado, varias organizaciones venezolanas de derechos humanos expresaron a la CIDH su preocupación por las expresiones y acusaciones formuladas por altos funcionarios del gobierno venezolano en contra de su trabajo.

CEJIL hace un llamado a las autoridades venezolanas para que desistan de la persecución penal contra el Dr. Ayala y para que los órganos de justicia así como sus funcionarios desarrollen su labor en un marco de imparcialidad y respeto por las garantías procesales conforme a lo establecido por la Constitución Venezolana y los estándares internacionales en derechos humanos.

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CEJIL participa en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Desde el 14 hasta el 21 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias y reuniones de trabajo, convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de su 123º período ordinario de sesiones.

Jue, 13/10/2005

Washington, D.C. 13 de octubre de 2005

Desde el 14 hasta el 21 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias y reuniones de trabajo, convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de su 123º período ordinario de sesiones. CEJIL informará a la Comisión sobre el estado de los derechos humanos en algunos países y abordará temáticas específicas como: la trata de personas, la situación de las pandillas juveniles, conocidas como maras, en Honduras y El Salvador, la situación de los defensores/as de derechos humanos en la región centroamericana, las violaciones de los derechos de los niños y niñas en Paraguay.

También se expondrá sobre el derecho y el acceso a los servicios de salud de las mujeres, la situación de los derechos humanos de la población indígena y campesina en Bolivia y las condiciones en las que se encuentran las comunidades haitianas y dominico haitianas en República Dominicana. Una audiencia que se espera despierte gran interés es la referida al proceso de desmovilización y a la ley de Justicia y Paz en Colombia.

La preocupante situación que se vive en Venezuela será dada a conocer a la CIDH en cuatro audiencias en las cuales se verán los siguientes temas: situación de la administración de justicia, impunidad y condiciones carcelarias; situación de defensores y defensoras de derechos humanos: libertad de expresión y la impunidad en los casos de ejecuciones de campesinos.

También se tratarán casos específicos por violaciones de derechos humanos dentro de las cuales destacan: el acceso a medicamentos por parte de las personas que viven con el virus del VIH Sida en El Salvador; el caso del asesinato de Monseñor Romero, el cual aún se encuentra en la impunidad, después de 25 años del suceso; la situación del pueblo indígena Sarayaku de Ecuador .

Junto con CEJIL, estarán presentes víctimas y otras organizaciones no gubernamentales, así como delegaciones de los gobiernos del hemisferio. Además de las audiencias mencionadas, CEJIL, junto a sus co-peticionarios, mantendrá reuniones de trabajo sobre una serie de casos pendientes relacionados con México, Argentina, Honduras, Bolivia, El Salvador, Venezuela y Brasil.

 

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A continuación se encuentra la lista de las organizaciones (por orden alfabético) que estarán presentes junto a CEJIL en las audiencias y reuniones de trabajo:

Casa Alianza
Capitulo Boliviano de derechos humanos, democracia y desarrollo
Center for Reproductive Rights
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social
Centro de Derechos Humanos de UCAB
Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas
Centro para la acción social en derechos humanos (CALDH)
Colectivo de Abogados "Jose Alvear Restrepo"
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)
Comité de Solidaridad con Presos Políticos
Consorcio Justicia Viva
Corporación Humanas
Corporación Jurídica Libertad
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú
Coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia (CDIA)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC)
Espacio público
Grupo de mujeres de San Cristóbal
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos
Human Rights Watch
Instituto de Defensa Legal
Juntos Avancemos (JHAJA)
Justicia y Paz
Memoria Activa
Observatorio de prisiones de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Red de Encuentro Dominico Haitiano Jaques Viau (REDH Jaques Viau)
Red para la infancia y la adolescencia de El Salvador (RIA)
Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador
Reiniciar
Vicaría de los Derechos Humanos de Caracas

Organizaciones de derechos humanos venezolanas ante la CIDH

Los obstáculos para la administración de justicia, el accionar de cuerpos parapoliciales, el precario estado de las cárceles, los hostigamientos al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos y las intimidaciones a quienes intentan ejercer el derecho a la libertad de expresión en Venezuela fueron planteados hoy por distintas organizaciones venezolanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Vie, 21/10/2005

Washington, D.C. 21 de octubre de 2005

Los obstáculos para la administración de justicia, el accionar de cuerpos parapoliciales, el precario estado de las cárceles, los hostigamientos al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos y las intimidaciones a quienes intentan ejercer el derecho a la libertad de expresión en Venezuela fueron planteados hoy por distintas organizaciones venezolanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En calidad de peticionarios, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cofavic, Provea, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el Observatorio Nacional de Prisiones de Venezuela y el Instituto Prensa y Sociedad fueron recibidos en audiencia en el marco del 123° período ordinario de sesiones que la CIDH está celebrando en su sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.

Las organizaciones venezolanas expresaron a la CIDH su preocupación por la falta de independencia y autonomía de los jueces y fiscales del ministerio público así como el carácter provisorio de la mayoría de los jueces y la aplicación de la justicia militar a civiles y a militares retirados. Los peticionarios le solicitaron a la CIDH que inste al Estado venezolano a respetar los estándares internacionales en materia de administración de justicia de manera de garantizar la imparcialidad y objetividad de quienes tienen a cargo dicha tarea.

La precaria situación de las cárceles venezolanas también fue expuesta ante la CIDH, la cual incluye el hacinamiento de reclusos, la brutalidad policial a la que éstos son sometidos y el retraso en el dictado de sentencias. Entre los aspectos que revisten mayor gravedad, se señaló que en las cárceles venezolanas muere en forma violenta un recluso por día, que la edad carcelaria oscila entre los 18 y 30 años y la mayoría de las penas corresponden a delitos patrimoniales. Las organizaciones venezolanas solicitaron a la CIDH que interfiera para que el Estado implemente una mejora sustancial en las actuales condiciones carcelarias de manera que se respeten plenamente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Asimismo, se informó que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los grupos parapoliciales continúan ocurriendo en Venezuela y al respecto se le solicitó a la CIDH que interceda para que el Estado lleve adelante investigaciones serias y efectivas que permitan la captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables.

CEJIL, Provea, la Vicaría de Caracas y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), informaron también a la CIDH sobre los obstáculos que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en el desempeño de sus tareas, las cuales están directamente relacionadas tanto con la construcción y consolidación de la democracia y el estado de derecho como con la vigilancia y consolidación del respeto a los derechos humanos. Los representantes de las organizaciones venezolanas presentaron información detallada sobre las distintas violaciones que sufren como resultado de su trabajo. Intimidaciones, amenazas, interferencia a sus comunicaciones, campañas de desprestigio, inicio de procesos judiciales, utilización de leyes claramente violatorias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros, fueron algunos de los ejemplos citados.

En este contexto, los peticionarios señalaron la absoluta desprotección en que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos debido a la negativa del Estado venezolano de acatar las solicitudes de medidas cautelares (de protección) requeridas por la CIDH a favor de defensores y defensoras de derechos humanos. Al respecto, expresaron que este desconocimiento tiene una especial gravedad, la cual se acentúa con el incumplimiento sistemático de las medidas provisionales otorgadas por la Corte, cuando el Estado realiza actuaciones orientadas a desconocer expresamente la competencia del alto tribunal. Se señaló además que es especialmente preocupante cuando las autoridades venezolanas criminalizan la actuación de los defensores y defensoras de derechos humanos ante el sistema interamericano acusándolos de conspiradores o recurriendo a la descalificación pública de su trabajo. Sobre este tema en particular, los peticionarios le solicitaron a la CIDH que preste especial y mayor atención, la cual se comprometió a hacerlo.

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, la Asociación Espacio Público y CEJIL brindaron información detallada sobre los problemas con que se enfrentan quienes intentan ejercer la libertad de expresión en Venezuela. Mencionaron un sustantivo incremento de amenazas, hostigamientos y agresiones cometidos contra periodistas y medios de comunicación en los últimos tres años. Asimismo se hizo referencia al uso creciente del aparato judicial como un medio para intimidar y acallar el trabajo periodístico a través del uso excesivo de la figura de calumnias e injurias. Las organizaciones informaron también sobre los obstáculos con que se enfrentan los medios de comunicación y los periodistas para el ejercicio pleno de su derecho a la expresión tras la aprobación de la controvertida ley de contenido y la reforma del código penal. Informaron que como consecuencia de estas reformas, un número importante de programas de opinión han salido del aire, lo cual repercute negativamente en la posibilidad de llevar adelante desde los medios de comunicación un debate abierto y pluralista sobre el proceso político que está viviendo el país.

Por último, CEJIL y las organizaciones venezolanas que participaron de estas audiencias pidieron que el Relator de la CIDH para Venezuela realice una visita al país lo antes posible de manera tal de evaluar la situación de los derechos humanos y que se incorpore la información brindada en el próximo informe de seguimiento al Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela publicado en el año 2003.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Importantes avances en negociaciones con Estado venezolano ante el sistema interamericano

En el marco del 123° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvieron lugar una reunión de trabajo sobre el caso Jubilados de la Empresa Venezolana de Aviación VIASA y una audiencia sobre la impunidad de ejecución de campesinos

Lun, 24/10/2005

Washington, D.C. 24 de octubre de 2005

En el marco del 123° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvieron lugar una reunión de trabajo sobre el caso Jubilados de la Empresa Venezolana de Aviación VIASA y una audiencia sobre la impunidad de ejecución de campesinos. En calidad de representantes de las víctimas, participaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Provea. En ambos encuentros, en los que además estuvo presente la CIDH y representantes del Estado venezolano, se lograron importantes avances.

En la reunión de trabajo sobre el caso VIASA se hizo seguimiento al acta de compromiso firmada en marzo de este año entre los representantes de las víctimas - CEJIL y Provea - el Estado venezolano y la CIDH con el fin de llegar a una posible solución amistosa de este caso. En 1992 la empresa de aviación venezolana fue privatizada tras lo cual le fueron negados los beneficios laborales a los trabajadores jubilados y a más de 2000 trabajadores. Tras agotar todas las instancias nacionales y bajo la asesoría de Provea y de CEJIL, el caso fue llevado a conocimiento de la CIDH en la OEA en el año 2001 por violación del derecho a la pensión. Durante la reunión, el Estado informó sobre los puntos del acuerdo que ya han sido cumplidos. Informó que efectuó el pago de pensiones adeudadas y de indemnización por daños morales y materiales a 18 jubilados o sus herederos. Con respecto al resto de los compromisos asumidos, se acordó que el Estado haga un reconocimiento público de su responsabilidad internacional y que se establezca un nuevo cronograma de cumplimiento específicamente sobre los puntos relacionados con la adopción de un mecanismo que permita a las víctimas y sus sobrevivientes el cobro a futuro de sus pensiones de jubilación a partir del momento del pago de lo adeudado. Asimismo, el Estado venezolano se comprometió a mantener reuniones mensuales con las partes interesadas de manera de mantenerlas informadas sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

CEJIL considera muy positivo este paso y espera que el Estado continúe con el cumplimiento de los demás puntos pendientes asumidos por Venezuela en el litigio de este caso ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Por otra parte, el 21 de octubre tuvo lugar una audiencia sobre la situación de impunidad que pesa sobre los asesinatos de aproximadamente cien campesinos ocurridos desde 1998 hasta la fecha perpetrados, al parecer, por sicarios. Durante esta audiencia, que también contó con la presencia de representantes del Estado venezolano, se expresó preocupación por la fallas en la administración de justicia que no han permitido llevar adelante investigaciones eficaces para determinar tanto a los autores materiales como intelectuales de estos crímenes. CEJIL y Provea informaron que ha sido imposible determinar las causas y las dimensiones de este fenómeno debido principalmente a las demoras del Ministerio Público en el inicio de actuaciones judiciales. Los representantes de las víctimas solicitaron a la CIDH que inste al Estado venezolano para que tome medidas preventivas –que no redunden en un recrudecimiento de la militarización- tendientes a garantizar el derecho a la seguridad de la población campesina del país. Asimismo se le solicitó a la CIDH que exhorte al Estado venezolano para que adelante las investigaciones y dé a conocer un diagnóstico claro y preciso de las condiciones que han permitido el asesinato de los campesinos.

Durante la audiencia, el Estado reconoció el número de campesinos asesinados y la gravedad del fenómeno y se comprometió a mantener informada a la CIDH, a tomar en consideración las peticiones de las organizaciones que representan a las víctimas y a mantener reuniones periódicas con ellas en Venezuela.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Venezuela deberá reparar a los familiares de personas desaparecidas

El pasado 9 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia, emitida el 28 de noviembre 2005, a los representantes de las víctimas, en el caso de Oscar Blanco Romero y otros vs. Venezuela. En su sentencia, la Corte ordenó al Estado de Venezuela reparar a las víctimas, Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, y a sus familiares.

Jue, 15/12/2005

San José, Costa Rica, 15 de diciembre de 2005

El pasado 9 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia, emitida el 28 de noviembre 2005, a los representantes de las víctimas, en el caso de Oscar Blanco Romero y otros vs. Venezuela. En su sentencia, la Corte ordenó al Estado de Venezuela reparar a las víctimas, Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, y a sus familiares. Al homologar el allanamiento hecho por el Estado en la audiencia pública del 27 y 28 de junio pasado, la Corte estableció que el Estado venezolano violó, en perjuicio de las víctimas y sus familias, los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la libertad personal y la protección judicial. El alto tribunal también señaló que Venezuela incumplió sus obligaciones establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Las víctimas en este caso fueron desaparecidas de manera forzada en 1999, por miembros del ejército venezolano, en el estado costeño de Vargas, en el marco de una gran tragedia natural que originó una gran movilización de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado de Venezuela. En ese contexto se dio una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos, cometidas por agentes estatales bajo el pretexto de controlar el orden público.

En estas circunstancias, miembros del ejército entraron con gran violencia a la casa de Oscar Blanco y lo detuvieron sin presentar ninguna orden judicial. Igual sucedió con Javier Hernández, quien fue sacado de su casa por agentes de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), herido con arma de fuego y luego detenido, sin orden judicial. José Francisco Rivas fue detenido, sin orden judicial, por miembros del Ejército cuando se encontraba, junto a su madre, en la puerta del lugar en donde se habían refugiado después de perder su vivienda a causa del desastre natural.

Después de ser detenidos por miembros del Ejército y de la DISIP, sus familiares no volvieron a tener noticia ni de ellos, ni de su paradero. Los recursos de hábeas corpus que se interpusieron a su favor, fueron rechazados por los jueces. Después de casi seis años de haber sido detenidos y desaparecidos, ninguno de los autores de los hechos ha sido sancionado. Oscar, José Francisco y Roberto Javier continúan sin aparecer, y ni sus familiares, ni la sociedad venezolana saben la verdad de lo que sucedió. Todos estos hechos fueron informados durante la audiencia ante la Corte, realizada en junio de este año y el Estado aceptó su responsabilidad internacional por los mismos.

El alto tribunal ordenó, en este mes de diciembre, que el Estado debe llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales efectivos e imparciales sobre las tres desapariciones forzadas, que lleven al esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. Además debe adoptar las medidas necesarias para localizar el paradero de Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, a la mayor brevedad. Asimismo, el Estado debe adoptar, las medidas que sean necesarias para que el recurso de hábeas corpus en Venezuela pueda ser ejercido de manera eficaz en situaciones de desaparición forzada. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales de protección de la persona en relación con la desaparición forzada.

La Corte también requirió a Venezuela implementar, en los cursos de formación y capacitación de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la DISIP, un programa sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, en particular, la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza, como una manera de prevenir que sucedan nuevamente hechos como los de este caso.

Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento a la misma. Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

Este caso fue litigado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de los Sucesos de febrero-marzo de 1989 (COFAVIC) y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Denuncian ante CIDH agresiones a periodistas

Bajada: 

El presidente del Colegio Nacional de Periodista, William Echeverría, indicó que no han conseguido respuestas de la Fiscalía por agresiones a los comunicadores

 

Fecha: 
Mar, 03/11/2009
Cuerpo: 

Caracas, Reporte360- En sesión, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), junto con Espacio Público denunciaron las agresiones cometidas en contra de 12 periodistas de la Cadena Capriles el pasado 13 de agosto, mientras éstos protestaban en rechazo a la aprobación de la nueva Ley de Educación, así lo señaló el diario El Universal y la ONG Espacio Público.

 

La audiencia privada se concentró en discutir sobre el derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela a solicitud de Espacio Público, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica “Andrés Bello”, CNP, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, Asociación Nacional de organizaciones de la Sociedad Civil: SINERGIA, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

El presidente del Colegio de Periodistas, William Echeverría, sostuvo que “no hemos conseguido una respuesta contundente por parte de la Fiscalía. Acudimos al sistema interamericano, para exigir que se haga justicia porque la impunidad genera que se sigan cometiendo excesos contra los comunicadores venezolanos”.

 

Echeverría aseguró que los integrantes de la CIDH mostraron interés, "hicieron varias preguntas para conocer en detalle la agresión”, dijo.

 

Además, agregó que “mostramos las fotografías que demuestran cómo los colegas fueron víctimas de la violencia".

 

Por otro lado, el director de Espacio Público, Carlos Correa, espera que la Comisión pronto publique un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en el país.

 

El incremento de la represión por parte de las autoridades venezolanas fue también tema de discusión en el 137 período de sesiones de la CIDH.

 

De acuerdo a un estudio de Provea, en lo que va de año fueron reprimidas 139 manifestaciones públicas, en las cuales de 60 hubo 461 heridos.

 

Con respecto a este tema, Carlos Correa afirmó “la gente se siente con derecho y se está movilizando, y lo que vemos es que la respuesta del Estado ha aumentado con violencia”.

 

Medio de comunicación: 
Reporte 360

ORGANIZACIONES DENUNCIAN AUMENTO DE REPRESIÓN DE PROTESTAS EN VENEZUELA

Audiencia ante la CIDH

Organizaciones de la sociedad civil expusieron el incremento en la violencia, criminalización y judicialización de las protestas sociales en Venezuela, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este 2 de noviembre en Washington DC.

Lun, 02/11/2009

Washington 2 de noviembre de 2009 En 2008 hubo 1.763 manifestaciones en Venezuela y de ellas 83 fueron reprimidas; en 2009 ha habido 2.893 protestas y en 197 de ellas hubo represión policial, con un saldo de siete muertos. Por participar en esas actividades, 2.240 personas están procesadas judicialmente. Organizaciones de la sociedad civil ilustraron con esas cifras el incremento en la violencia, criminalización y judicialización de las protestas sociales en Venezuela, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 2 de noviembre en Washington DC.
 
El Coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado, detalló los nombres de las siete personas que murieron en las protestas: Dave Ávila Urbina, José González, Douglas Rojas Jiménez, Gabriel Hurtado, Pedro Suárez, José Gregorio Hernández y Yuban Ortega.
Los representantes del Estado explicaron que las detenciones y actuaciones policiales se deben a la necesidad de mantener el orden y aplicar las leyes a quienes provocan desórdenes o cometen actos vandálicos. Venezuela admitió las muertes de los manifestantes pero las atribuyó a “incidentes desafortunados” no achacables al Estado. Según los representantes del Estado, las muertes están en investigación y los sospechosos de cometerlas serán llevados a juicio.
“La gente sale a manifestarse porque tiene demandas y no tiene respuestas y necesita ser escuchada por la autoridad”, dijo Carlos Correa, director ejecutivo de la organización venezolana Espacio Público. Correa cuestionó la promulgación de un conjunto de leyes que restringen el derecho a la manifestación, como reformas al Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa que hacen discrecionales las razones para prohibirlas.
A estas actuaciones del Estado se suma la aplicación de delitos penales como “resistencia a la autoridad”, “obstaculización de vías públicas” o “perturbación del orden público” a grupos de manifestantes. Entre los más criminalizados destacan los trabajadores, dirigentes sindicales, estudiantes, campesinos y activistas sociales. “Queremos que se entienda que pensar distinto o querer mejores condiciones de vida no es un delito”, enfatizó Correa.
La subdirectora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Ariela Peralta, pidió a la CIDH que solicite Estado aplicar la prohibición constitucional de usar armas de fuego y sustancias tóxicas contra protestas sociales, garantizar el derecho a la protesta sin que implique represalias y establecer responsabilidades penales y administrativas para los funcionarios que han usado la fuerza de manera desproporcionada.
Contacto de prensa: Mauricio Herrera. Director de Comunicación. (202) 319-3000 (202) 445-4676. mherrera@cejil.org. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

Denuncian violaciones a los derechos humanos en las cárceles de Venezuela

Bajada: 

Representantes de presos venezolanos denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que en las cárceles de ese país no se garantizan los derechos a la vida y la integridad personal de los reclusos, informaron hoy organismos defensores de los derechos humanos.

Fecha: 
Jue, 01/10/2009
Cuerpo: 

San José, 1 oct (EFE).- Representantes de presos venezolanos denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que en las cárceles de ese país no se garantizan los derechos a la vida y la integridad personal de los reclusos, informaron hoy organismos defensores de los derechos humanos.

El Comité de Familiares y Víctimas (COFAVIC) y el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) afirmaron que Venezuela incumplió el fallo del caso Retén de Catia (2006), donde se obligaba al Estado a mejorar las condiciones de vida en las prisiones.

"La impunidad, el hacinamiento, las violaciones al debido proceso, el trato degradante a los internos y la violencia siguen siendo los principales problemas en las prisiones venezolanas", destacó hoy el CEJIL en un comunicado.

Las denuncias se efectuaron en una audiencia privada celebrada el miércoles en San José, sede de la Corte, donde los portavoces de los afectados pidieron a los jueces reiterar a Venezuela su obligación de adoptar las medidas necesarias para que adecúe las condiciones de las cárceles a los estándares internacionales de derechos humanos.

En esta audiencia, también se analizaron las medidas cautelares dictadas por la Corte en 2006 y 2007 relacionadas a la protección de la vida de los reclusos en los centros de "La Pica", "Yare I", "Yare II", la cárcel de Uribana, "El Rodeo I" y "El Rodeo II".

En 1992 murieron en el internado judicial de Los Flores de Catia (Venezuela) 63 internos por ejecuciones extrajudiciales y hubo 20 desapariciones forzadas, según cifras del Ministerio Público venezolano citadas en el comunicado.

Por este motivo, la CIDH emitió el 5 de julio de 2006 una sentencia en la que afirmó que en ese centro penal se usó una fuerza desproporcionada por parte de los funcionarios, quienes violaron el derecho a la vida, a la integridad personal y a la protección judicial, entre otras garantías.

Asimismo, determinó que el Estado venezolano tenía que identificar y procesar a los responsables de estos crímenes.

Sin embargo, los representantes de los reclusos víctimas de los abusos afirmaron que el caso Retén de Catia sigue "con total impunidad", porqué no se han cumplido ninguno de los puntos de la resolución.

Además, pidieron que "cualquier acción de cumplimiento sea previamente acordada por el Estado con las víctimas y representantes" y solicitaron a Venezuela que realice "un cronograma con los plazos bien establecidos para que el Tribunal pueda vigilar el cumplimiento de la sentencia".

Actualmente, se está haciendo una evaluación de la actual situación en los centros penitenciarios venezolanos y se espera que en los próximos meses la Corte Interamericana se pronuncie.

La CIDH es un órgano de la Organización de Estados Americanos y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros.

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EFE
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