Venezuela

San José, Costa Rica, 15 de diciembre de 2005

El pasado 9 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia, emitida el 28 de noviembre 2005, a los representantes de las víctimas, en el caso de Oscar Blanco Romero y otros vs. Venezuela. En su sentencia, la Corte ordenó al Estado de Venezuela reparar a las víctimas, Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, y a sus familiares. Al homologar el allanamiento hecho por el Estado en la audiencia pública del 27 y 28 de junio pasado, la Corte estableció que el Estado venezolano violó, en perjuicio de las víctimas y sus familias, los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la libertad personal y la protección judicial. El alto tribunal también señaló que Venezuela incumplió sus obligaciones establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Las víctimas en este caso fueron desaparecidas de manera forzada en 1999, por miembros del ejército venezolano, en el estado costeño de Vargas, en el marco de una gran tragedia natural que originó una gran movilización de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado de Venezuela. En ese contexto se dio una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos, cometidas por agentes estatales bajo el pretexto de controlar el orden público.

En estas circunstancias, miembros del ejército entraron con gran violencia a la casa de Oscar Blanco y lo detuvieron sin presentar ninguna orden judicial. Igual sucedió con Javier Hernández, quien fue sacado de su casa por agentes de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), herido con arma de fuego y luego detenido, sin orden judicial. José Francisco Rivas fue detenido, sin orden judicial, por miembros del Ejército cuando se encontraba, junto a su madre, en la puerta del lugar en donde se habían refugiado después de perder su vivienda a causa del desastre natural.

Después de ser detenidos por miembros del Ejército y de la DISIP, sus familiares no volvieron a tener noticia ni de ellos, ni de su paradero. Los recursos de hábeas corpus que se interpusieron a su favor, fueron rechazados por los jueces. Después de casi seis años de haber sido detenidos y desaparecidos, ninguno de los autores de los hechos ha sido sancionado. Oscar, José Francisco y Roberto Javier continúan sin aparecer, y ni sus familiares, ni la sociedad venezolana saben la verdad de lo que sucedió. Todos estos hechos fueron informados durante la audiencia ante la Corte, realizada en junio de este año y el Estado aceptó su responsabilidad internacional por los mismos.

El alto tribunal ordenó, en este mes de diciembre, que el Estado debe llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales efectivos e imparciales sobre las tres desapariciones forzadas, que lleven al esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. Además debe adoptar las medidas necesarias para localizar el paradero de Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, a la mayor brevedad. Asimismo, el Estado debe adoptar, las medidas que sean necesarias para que el recurso de hábeas corpus en Venezuela pueda ser ejercido de manera eficaz en situaciones de desaparición forzada. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales de protección de la persona en relación con la desaparición forzada.

La Corte también requirió a Venezuela implementar, en los cursos de formación y capacitación de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la DISIP, un programa sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, en particular, la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza, como una manera de prevenir que sucedan nuevamente hechos como los de este caso.

Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento a la misma. Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

Este caso fue litigado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de los Sucesos de febrero-marzo de 1989 (COFAVIC) y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.

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Nancy Marín Espinoza

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Washington 2 de noviembre de 2009 En 2008 hubo 1.763 manifestaciones en Venezuela y de ellas 83 fueron reprimidas; en 2009 ha habido 2.893 protestas y en 197 de ellas hubo represión policial, con un saldo de siete muertos. Por participar en esas actividades, 2.240 personas están procesadas judicialmente. Organizaciones de la sociedad civil ilustraron con esas cifras el incremento en la violencia, criminalización y judicialización de las protestas sociales en Venezuela, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 2 de noviembre en Washington DC.
 
El Coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado, detalló los nombres de las siete personas que murieron en las protestas: Dave Ávila Urbina, José González, Douglas Rojas Jiménez, Gabriel Hurtado, Pedro Suárez, José Gregorio Hernández y Yuban Ortega.
Los representantes del Estado explicaron que las detenciones y actuaciones policiales se deben a la necesidad de mantener el orden y aplicar las leyes a quienes provocan desórdenes o cometen actos vandálicos. Venezuela admitió las muertes de los manifestantes pero las atribuyó a “incidentes desafortunados” no achacables al Estado. Según los representantes del Estado, las muertes están en investigación y los sospechosos de cometerlas serán llevados a juicio.
“La gente sale a manifestarse porque tiene demandas y no tiene respuestas y necesita ser escuchada por la autoridad”, dijo Carlos Correa, director ejecutivo de la organización venezolana Espacio Público. Correa cuestionó la promulgación de un conjunto de leyes que restringen el derecho a la manifestación, como reformas al Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa que hacen discrecionales las razones para prohibirlas.
A estas actuaciones del Estado se suma la aplicación de delitos penales como “resistencia a la autoridad”, “obstaculización de vías públicas” o “perturbación del orden público” a grupos de manifestantes. Entre los más criminalizados destacan los trabajadores, dirigentes sindicales, estudiantes, campesinos y activistas sociales. “Queremos que se entienda que pensar distinto o querer mejores condiciones de vida no es un delito”, enfatizó Correa.
La subdirectora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Ariela Peralta, pidió a la CIDH que solicite Estado aplicar la prohibición constitucional de usar armas de fuego y sustancias tóxicas contra protestas sociales, garantizar el derecho a la protesta sin que implique represalias y establecer responsabilidades penales y administrativas para los funcionarios que han usado la fuerza de manera desproporcionada.
Contacto de prensa: Mauricio Herrera. Director de Comunicación. (202) 319-3000 (202) 445-4676. mherrera@cejil.org. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

Caracas, 30 de septiembre de 2009

La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó el 30 de septiembre una audiencia privada en la cual escuchó los argumentos del Estado venezolano y de los representantes de las víctimas sobre el cumplimiento de la sentencia de fondo, reparaciones y costas del caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), dictada el 5 de julio de 2006. En esta audiencia comparecieron por parte de los representantes de las víctimas: Liliana Ortega y el Carlos Ayala Corao ambos por COFAVIC y Francisco Quintana, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Los representantes de las víctimas solicitaron a la Corte Interamericana que:

1.- Establezca mediante una Resolución el grave incumplimiento en el que ha incurrido el

Estado en relación con el fallo del Caso Retén de Catia.

2.- Reitere al Estado su obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para dar efecto y acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la Sentencia de reparaciones y costas de 29 de agosto de 2002, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

3.- Dé aplicación al artículo 65 de la CADH y ponga en conocimiento de las Asamblea

General de la OEA el incumplimiento sistemático que ha hecho Venezuela a sus fallos.

4.- Que cualquier acción de cumplimiento sea previamente acordada por el Estado con las víctimas y sus representantes.

5.- Solicite al Estado un cronograma con plazos bien establecidos para que el Tribunal pueda monitorear el cumplimiento de la sentencia.

Los sucesos del Retén de Catia permanecen en absoluta impunidad, pues el Estado venezolano no ha dado cumplimiento efectivo a ninguno de los puntos resolutivos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los hechos ocurridos en el Internado Judicial Las Flores de Catia en el año 1992 perdieron la vida aproximadamente 63 internos por presuntas ejecuciones extrajudiciales y se registraron 20 desapariciones forzadas de personas, según cifras del Ministerio Público, luego de que cuerpos de seguridad del Estado dispararan indiscriminadamente contra la población penal.

El 5 de julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la cual determinó que en estos acontecimientos hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado y que se violaron los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

En esta decisión la Corte determinó que el Estado venezolano debe investigar, identificar y procesar a las personas responsables de estos hechos; adoptar medidas necesarias para adecuar las condiciones de las cárceles a los estándares internacionales de derechos humanos; capacitar a los cuerpos de seguridad, entre ellos agentes policiales y penitenciarios en el tema de derechos humanos y estándares internacionales en el trato a personas privadas de libertad; así como la indemnizar y brindar garantías de no repetición de estos hechos, entre otras medidas que no se han cumplido dentro de los plazos establecidos por la Corte Interamericana.

El Estado venezolano reconoció los hechos del Retén de Catia y se allanó, en una audiencia pública ante la Corte Interamericana realizada el 4 de abril de 2006 en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo tres años después el Estado no ha cumplido ningún punto de lo dispuesto en el dictamen del tribunal interamericano.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contiene una serie de requerimientos al Estado venezolano,, que de ser aplicados, la situación carcelaria mejoraría, pues la misma se ha agravado desde los hechos del Retén de Catia. La impunidad, el hacinamiento, las violaciones al debido proceso, el trato degradante a los internos y la violencia siguen siendo los principales problemas en las prisiones venezolanas.

El Estado permanece en mora con todas las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana, en las dos primeras (Caracazo y el Amparo) ha cumplido parcialmente y en las sucesivas no hay ningún punto de los dictámenes que haya sido honrado por el Estado. En todas prevalece la impunidad, nadie ha sido condenado por estos gravísimos crímenes ni en El Amparo ni en los más recientes como las desapariciones forzadas de Vargas.

Hoy día sigue existiendo un trato inhumano y degradante generalizado contra la población penitenciaria. Las cárceles de Yare, Uribana, La Pica, El Rodea, el Rodeo, Tocorón, Los Llanos, La Planta y Tocuyito son réplicas de la violencia, la insalubridad, el hacinamiento y las graves carencias que vivieron las personas privadas de libertad en el Retén de Catia hace diecisiete años.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa gran preocupación por el proyecto de ley sobre cooperación internacional que se discute en la Asamblea Nacional de Venezuela, el cual puede convertirse en un grave obstáculo para el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en ese país.

El pasado 13 de junio la Asamblea Nacional Venezolana aprobó, en primera discusión, el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que establece un régimen jurídico que regulará, entre otros aspectos, el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales locales y de las internacionales que realicen actividades en Venezuela. De acuerdo al texto del proyecto, el Estado venezolano crearía los organismos administrativos y financieros destinados a organizar y supervisar la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, acciones y actividades que se lleven a cabo en materia de cooperación internacional. Dentro de ese marco general, el proyecto prevé la regulación y control de las organizaciones no gubernamentales, y específicamente, de sus objetivos, actividades y fuentes.

El capítulo 3 del proyecto se refiere a la participación social en la cooperación internacional y establece, entre otros puntos, que las organizaciones no gubernamentales deben registrarse ante un órgano estatal para lo cual deben cumplir con los requisitos fijados por la ley. CEJIL no desconoce las atribuciones legítimas que tienen los Estados para regular adecuadamente la convivencia de sus sociedades. Sin embargo, llama la atención del Estado venezolano para que, al momento de establecer los requisitos para el registro de organizaciones no gubernamentales y los mecanismos de verificación de cumplimiento de los mismos, no se creen interferencias u obstáculos, ni directos ni indirectos, que impidan o entorpezcan el funcionamiento autónomo de estas organizaciones ni el ejercicio normal de sus actividades.

CEJIL considera que los términos en los que fue aprobado el proyecto de ley en su primera discusión podrían afectar negativamente el funcionamiento y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en general. De este modo, se estaría generando en Venezuela un escenario propicio para obstaculizar, a través de vías legislativas e institucionales, el funcionamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos y otras organizaciones sociales. El proyecto prevé, entre otros aspectos de preocupación, una injerencia indebida del Estado en los fines y en las actividades de estas organizaciones, que podría afectar varios de los derechos humanos protegidos en la Convención Americana y en la propia Constitución venezolana, entre ellos, el derecho de asociación.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó los controles administrativos y financieros arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos como uno de los problemas más comunes que enfrentan los defensores y defensoras de estos derechos en la región. Al respecto, en su informe de situación de defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas, la Comisión señaló que en algunos Estados se ha restringido “de manera arbitraria la financiación internacional de las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, a través de la acción de control que realizan instituciones estatales dedicadas a la cooperación técnica internacional.”

La CIDH también reconoce en su informe que “los Estados tienen la facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones, incluyendo las organizaciones de derechos humanos. No obstante el derecho de asociarse libremente sin interferencias prescribe que los Estados deben asegurar que dichos requisitos legales no impedirán, retrasarán o limitarán la creación o funcionamiento de estas organizaciones, so pena de incurrir en responsabilidad internacional.”

En consonancia con lo dicho por la CIDH, CEJIL reconoce la autonomía que tiene el Estado venezolano de regular los términos de cooperación internacional. Sin embargo considera importante señalar que el Estado está también obligado a ejercer esta facultad preservando la libertad de asociación de las personas y en un marco de pleno respeto a los derechos humanos y acorde tanto con su Constitución como con sus obligaciones adquiridas en los tratados internacionales que ha firmado y ratificado.

CEJIL también señala su profunda preocupación por las expresiones descalificadoras e intimidatorios de algunos congresistas venezolanos a raíz de las críticas manifestadas por representantes de organizaciones no gubernamentales venezolanas al proyecto de ley. El debate público sobre normas de interés público y social, respetuoso de la crítica y las diferencias, propias de una sociedad plural y democrática, debe ser garantizado por todos los órganos del Estado.

CEJIL urge al Estado venezolano a ajustar el contenido del actual proyecto de ley a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de manera de garantizar el pleno respeto de todos los derechos, y, de modo particular, del derecho de asociación. Asimismo, solicita al Estado de Venezuela respetar y garantizar a los miembros y representantes de las organizaciones no gubernamentales el libre y pleno ejercicio del derecho de libertad de pensamiento y expresión.