Venezuela

Venezuela fue responsabilizada por la ejecución extrajudicial de Néstor José Uzcátegui y por demorar la justicia en el caso

Audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

San José, 28 de noviembre del 2011- El Estado de Venezuela es responsable por la ejecución extrajudicial de Néstor José Uzcátegui y por la impunidad en la que permanece el crimen a más de diez años de ocurridos los hechos. Esta acusación fue presentada hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las organizaciones denunciantes: el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Lun, 28/11/2011

San José, 28 de noviembre del 2011- El Estado de Venezuela es responsable por la ejecución extrajudicial de Néstor José Uzcátegui y por la impunidad en la que permanece el crimen a más de diez años de ocurridos los hechos. Esta acusación fue presentada hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las organizaciones denunciantes: el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Néstor José Uzcátegui fue asesinado por policías del Estado Falcón, en Venezuela, el 1.° de enero del 2001. Agentes de la fuerza pública irrumpieron en su casa, golpearon brutalmente a varios miembros de la familia y detuvieron arbitrariamente a Luis Uzcátegui, hermano de Néstor José y principal testigo del asesinato.

Durante la audiencia, Luis refirió cómo ha sido frecuentemente hostigado, amenazado y agredido debido a su persistencia en buscar justicia por el asesinato de su hermano. El testigo informó que a más de diez años de ocurridos los hechos, el caso todavía no ha avanzado de la etapa de investigación.

Por otra parte, Giancarlo Guerrero, director del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos de Familiares de Víctimas del Estado Falcón (COPRODEH), informó a la corte sobre un patrón de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes de la policía. El testigo refirió que su organización identificó 260 víctimas de asesinato en estas condiciones entre los años 2000 y 2005. La inmensa mayoría de ellos permanecen impunes.

Durante los alegatos finales, la representación de las víctimas destacó que el asesinato de Néstor José refleja un patrón de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por grupos policiales y parapoliciales en el Estado Falcón en las fechas  cercanas a los hechos. Los denunciantes destacaron que la ejecución extrajudicial en manos de agentes estatales no fue controvertida por el Estado. Tampoco fue contradicho el que los agentes ingresaran al domicilio sin orden de juez competente ni que usaran desproporcionadamente la fuerza letal que ocasionó la muerte de la víctima.

COFAVIC y CEJIL destacaron que la falta de investigación fue un patrón común que propició la repetición de hechos similares. Esta negligencia del Estado se mostró particularmente en un retardo en los procesos y en la falta de las diligencias necesarias para preservar la escena del crimen e identificar y sancionar a los autores según los estándares internacionales.

Durante su declaración, Luis Uzcátegui se refirió a la corte: “Han sido diez años intensos, muy duros. (…) Tal vez (mi familia y yo) podríamos cambiarle el semblante a esta Navidad: tengo la plena convicción de que son imparciales y que darán un veredicto razonable con respecto al caso”.

Se espera que en el segundo semestre del año 2012 la Corte emita su sentencia.

CEJIL participará en doce audiencias y cinco reuniones de trabajo durante el 143er período de sesiones de la Comisión Interamericana

Dos testigos en casos de México y Honduras (Buzos Misquitos) viajarán a Washington D. C. para dar sus testimonios

Washington D. C., 21 de octubre del 2011- Desde el próximo lunes 24 y hasta el viernes 28 de octubre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará –junto a más de 50 organizaciones de la sociedad civil de las Américas– en doce audiencias públicas y cinco reuniones de trabajo privadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D. C., durante su 143er período de sesiones.

143er

Vie, 21/10/2011

Washington D. C., 21 de octubre del 2011- Desde el próximo lunes 24 y hasta el viernes 28 de octubre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará –junto a más de 50 organizaciones de la sociedad civil de las Américas– en doce audiencias públicas y cinco reuniones de trabajo privadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D. C., durante su 143er período de sesiones.

Entre las audiencias públicas destacan dos casos específicos admitidos previamente por dicho órgano: Opario Lemoth Morris y otros (caso Buzos Misquitos) vs. Honduras y Jesús Ángel Gutiérrez Olvera vs. México. Ambas audiencias incluirán la comparecencia de víctimas que viajarán a Washington para dar testimonio.

De igual manera, CEJIL participará en distintas audiencias regionales sobre temas de preocupación en materia de derechos humanos: defensoras en Mesoamérica; seguridad ciudadana en Guatemala, Honduras y El Salvador; y derechos de la comunidad LGBTTTI en el continente.

En los ámbitos nacionales, CEJIL y sus organizaciones co-peticionarias denunciarán problemáticas relacionadas con los derechos políticos en Nicaragua; con los derechos de las mujeres en Colombia y Nicaragua; y con la Ley María da Penha sobre violencia doméstica en Brasil.  Además, se denunciarán la negación al  derecho a la nacionalidad para dominicanos de ascendencia haitiana, las condiciones de acceso a la información pública en Venezuela,  así como  la situación de violencia enfrentada por los campesinos del Bajo Aguán, en Honduras.

Por otra parte, la CIDH ha convocado oficiosamente a  cinco reuniones de trabajo el 26 de octubre. Estas están relacionadas con el cumplimiento de acuerdos amistosos o  recomendaciones de la CIDH de tres casos claves en el Perú (Mamérita Mestanza, MM y el caso del comunicado conjunto), la problemática del feminicidio en Honduras y una reunión sobre tres casos en El Salvador (el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras; el asesinato de Monseñor Romero; y la Masacre de las Hojas).

Las audiencias se transmitirán en vivo a través de Internet en este vínculo. La agenda de audiencias de CEJIL puede ser consultada en este enlace.

CEJIL recibe el Premio Thomas J. Dodd en justicia internacional y derechos humanos

La ceremonia fue presidida por el ex Senador Christopher J. Dodd

Washington D.C., 3 de octubre de 2011.- El día de hoy, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) fue premiado con el Thomas J. Dodd Prize en Justicia Internacional y Derechos Humanos, en lo que fue la quinta edición de la entrega de este premio. La ceremonia se celebró en la Universidad de Connecticut a las 16 horas (hora del este de EEUU) y fue presidida por Susan Herbst, Presidenta de dicha institución así como por el Senador Christopher J. Dodd.

Lun, 03/10/2011

Washington D.C., 3 de octubre de 2011.- El día de hoy, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) fue premiado con el Thomas J. Dodd Prize en Justicia Internacional y Derechos Humanos, en lo que fue la quinta edición de la entrega de este premio. La ceremonia se celebró en la Universidad de Connecticut a las 16 horas (hora del este de EEUU) y fue presidida por Susan Herbst, Presidenta de dicha institución así como por el Senador Christopher J. Dodd.

 

El Premio Dodd conmemora la distinguida carrera de Thomas J. Dodd, quien fue Abogado Senior durante los Juicios de Nuremberg, Representante ante el Congreso de los Estados Unidos de 1953 a 1957 y Senador del estado de Connecticut de 1959 a 1971. Thomas Dodd dedicó su vida al servicio público y a la lucha contra la violación de los derechos humanos en Estados Unidos y el mundo.

Tras recibir el premio, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, dijo que “La labor de CEJIL forma parte del legado de los juicios de Nurembergy del trabajo de Thomas J. Dodd. Al enfocarnos en las Américas, una región notoria por sus violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho, creemos firmemente en la dignidad para todos, la importancia de honrar a todos los seres humanos y la necesidad de fortalecer y aplicar el Estado de derecho para asegurar los derechos de todos.”

 

Krsticevic concluyó diciendo que, “A nombre de todos en CEJIL, muchas gracias por este gran honor. Este premio nos animará a seguir nuestra lucha por la justicia y la igualdad. Nos dará la esperanza necesaria para crear muchas más historias de éxito en las Américas y nos recuerda la importancia de preservar el legado y los principios de Nuremberg.”

 

Este premio será invertido en el litigio estratégico de CEJIL en el hemisferio, la incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la capacitación de defensores y defensoras de derechos  humanos en la región.

Para más información:

Milli  Legrain

Directora de Comunicación

mlegrain@cejil.org

202 319 3000

CEJIL celebra el establecimiento de una relatoría sobre verdad, justicia y reparación en Naciones Unidas

Nuevo mecanismo coordinará con órganos del Sistema Interamericano

Washington, D.C., 29 de septiembre del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recibe con satisfacción el anuncio de que, el día de hoy, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución por la que crea una Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La resolución fue adoptada por consenso y contó con un amplio respaldo, habiendo sido copatrocinada por más de 75 países de todo el mundo.

Jue, 29/09/2011

Morazán, El Salvador. Monumento a las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños. "Ellos no han muerto, están con nosotros, con ustedes, con la humanidad entera".Washington, D.C., 29 de septiembre del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recibe con satisfacción el anuncio de que, el día de hoy, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución por la que crea una Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La resolución fue adoptada por consenso y contó con un amplio respaldo, habiendo sido copatrocinada por más de 75 países de todo el mundo.

CEJIL destaca particularmente el propósito expreso de coordinación entre la relatoría y los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta cooperación podría traducirse en un mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La relatoría tiene un gran reto para impulsar la tarea de que los Estados avancen tanto en la derogación de figuras que garantizan la impunidad, como en propuestas de políticas públicas y leyes que garanticen el derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos.

CEJIL considera que el trabajo de este nuevo mecanismo debería retomar estudios elaborados por las Naciones Unidas en materia de amnistías e impunidad. Su trabajo también podría encontrar una tarea muy importante en defender el derecho de interponer recursos y obtener reparaciones por parte de víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario.

La persona que estará a cargo de la relatoría tendrá un mandato de tres años y deberá reportar anualmente al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Entre algunas de las labores de la Relatoría destacan: a) la prestación de asistencia técnica; b) la sistematización y estudio de información sobre las situaciones nacionales, en particular sobre el marco normativo, las prácticas y experiencias nacionales, tales como las comisiones de verdad y reconciliación y otros mecanismos; c) la identificación, intercambio y promoción de las buenas prácticas y las enseñanzas obtenidas, así como identificar posibles elementos adicionales con miras a recomendar medios de mejorar y reforzar la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y d) formulación de recomendaciones sobre, entre otras cosas, medidas judiciales y no judiciales al elaborar y aplicar estrategias, políticas y medidas para hacer frente a las violaciones manifiestas de los derechos humanos y a las violaciones graves del derecho internacional humanitario.

De manera particularmente relevante se señala que parte del mandato de la nueva relatoría será la realización de “un estudio sobre los medios de abordar las cuestiones inherentes al mandato” que retome información de distintas fuentes. Se aclara que la relatoría deberá “trabajar en estrecha coordinación, evitando las duplicaciones innecesarias, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, con otros procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y con otros actores pertinentes”.

“Sin lugar a dudas, esta decisión contribuye a hacer realidad los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de millones de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sobrevivientes en el mundo entero”, sostuvo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del CEJIL.

Krsticevic agregó que, dada la dimensión del problema, es muy importante para la legitimidad y la eficacia del mecanismo que la resolución de creación haya tenido un amplio respaldo.

“Esperamos que el trabajo de la nueva relatoría permita dar un salto cualitativo en el abordaje de esta temática en varios países de América Latina –como Brasil, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia y México, entre otras naciones– que aún precisan avanzar significativamente en la garantía de estos derechos fundamentales y en la lucha contra la impunidad”, concluyó.

El Estado de Venezuela fue señalado como responsable por las ejecuciones extrajudiciales contra miembros de la familia Barrios

Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

San José, Costa Rica, 30 de junio del 2011. El Estado venezolano es responsable por las ejecuciones extrajudiciales de siete miembros de la familia Barrios cometidas por agentes policiales del Estado de Aragua, y por mantener un patrón de impunidad alrededor de estos crímenes. Esta denuncia fue presentada en una audiencia pública celebrada ayer, miércoles, y hoy, jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sede en Costa Rica. Las víctimas fueron representadas por la organización Justicia y Paz del Estado de Aragua, el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Jue, 30/06/2011

San José, Costa Rica, 30 de junio del 2011. El Estado venezolano es responsable por las ejecuciones extrajudiciales de siete miembros de la familia Barrios cometidas por agentes policiales del Estado de Aragua, y por mantener un patrón de impunidad alrededor de estos crímenes. Esta denuncia fue presentada en una audiencia pública celebrada ayer, miércoles, y hoy, jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sede en Costa Rica. Las víctimas fueron representadas por la organización Justicia y Paz del Estado de Aragua, el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El 28 de agosto de 1998, Benito Barrios fue arrestado arbitrariamente en su casa por agentes policiales y fue hallado asesinado al día siguiente. A lo largo de los últimos 13 años, otros seis miembros de la familia han sido asesinados por fuerzas policiales. La última víctima fue Juan José Barrios, cuyo homicidio ocurrió el 28 de mayo de este año.

Los representantes de las víctimas expusieron cómo, tras el primer asesinato, las siguientes ejecuciones extrajudiciales tuvieron como motivo el acallamiento de algún testigo relacionado con el crimen de uno de sus familiares.

Además de las ejecuciones extrajudiciales, el caso involucra hostigamiento, amenazas, uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y destrucción de la propiedad privada por parte de agentes del Estado como una forma de amedrentamiento a la familia. Asimismo, se evidenció la falta de diligencia del Estado venezolano para garantizar la seguridad de las víctimas y sus allegados, quienes cuentan con medidas de protección dictadas por la Corte IDH.

Eloísa Barrios, hermana de cuatro de las víctimas y tía de tres, refirió cómo su hijo e hijas han sufrido detenciones arbitrarias, y cómo varias de sus hermanas han debido abandonar el Estado de Aragua ante el sentimiento de desprotección, lo cual ha significado la desintegración familiar.

Francisco Quintana, abogado de CEJIL, expresó preocupación por las declaraciones dadas por el fiscal Néstor Castellanos, quien estuvo a cargo de la investigación de algunos de los casos y declaró en calidad de testigo del Estado. Castellanos señaló que no podía aceptar como una línea de investigación la premisa de que el Estado venezolano ejecutara personas..

Luis Aguilera, representante de Justicia y Paz, afirmó que este caso es "emblemático de la violencia y la impunidad que han padecido centenares de familias en Venezuela a causa de la actuación ilegal de agentes de la policía y de la impunidad institucionalizada".

Entre las reparaciones que debe emprender el Estado, Ariela Peralta, Sudirectora Ejecutiva de CEJIL, solicitó a la Corte que ordene una investigación pronta y exhaustiva de las pesquisas llevadas a cabo en el caso de estas graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo solicitó que se le exija Venezuela la implementación de un registro de detenidos accesible y público como salvaguarda frente a malos tratos y torturas que pudieran cometerse en dependencias policiales. También requirió que se ponga en marcha una política pública de reformas estructurales en los distintos niveles de justicia y de la policía.

Por su parte, Eloísa Barrios concluyó su declaración con una solicitud: "Que se haga justicia y que no caigan más miembros de mi familia".

Corte Interamericana cita a Venezuela por el caso Barrios el próximo 29 de junio

CEJIL y organizaciones venezolanas demandan respuesta por los asesinatos de siete miembros de esta familia

Washington D.C, 22 de junio de 2011. –La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), juzgará el caso Barrios v. Venezuela el 29 y 30 de junio del 2011 en San José, Costa Rica. En la audiencia del caso litigado por la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (CDHJP), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) la Corte determinará la responsabilidad del Estado venezolano por los siete asesinatos cometidos contra miembros de la familia Barrios en los últimos 13 años.

Mié, 22/06/2011

Washington D.C, 22 de junio de 2011. –La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), juzgará el caso Barrios v. Venezuela el 29 y 30 de junio del 2011 en San José, Costa Rica. En la audiencia del caso litigado por la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (CDHJP), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) la Corte determinará la responsabilidad del Estado venezolano por los siete asesinatos cometidos contra miembros de la familia Barrios en los últimos 13 años.

El anuncio de la Corte llega sólo días después del más reciente incidente en el caso: el asesinato de José Juan Barrios el pasado 28 de mayo. Desde el 1998, CEJIL junto con varias organizaciones venezolanas ha exigido al Ministerio Público, Gobernador de Aragua y al Presidente de República que intervengan en el caso para investigar y brindar protección a la familia, llamados que, hasta el día de hoy, han sido ignorados.

En palabras de Francisco Quintana, Subdirector del programa para la región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL : “Las organizaciones representantes de las víctimas exigimos que el Estado de Venezuela actúe, de forma inmediata, por los crímenes cometidos en contra de la familia Barrios y detenga el constante hostigamiento a sus miembros”.

En esta ocasión, el Estado venezolano está obligado a rendir cuentas frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido al incumplimiento de las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la falta de disposición que ha demostrado al momento de investigar los hechos.

El 29 de agosto de 1998 fue encontrado el cuerpo sin vida de Benito Barrios, de 28 años de edad, en el Estado de Aragua, Venezuela. De acuerdo a los testigos, Benito Barrios fue detenido en su domicilio por personal policial y encontrado días después con dos heridas de arma de fuego que le produjeron la muerte. Su hermano Narciso Barrios fue ejecutado en plena vía pública por un grupo de policías después que defendió a su sobrino quien estaba siendo detenido arbitrariamente.

Hasta la fecha otros cinco miembros de la familia Barrios han sido asesinados en circunstancias muy similares, después de sufrir amenazas y hostigamientos por miembros de la policía de Aragua. El resto de los miembros de la familia siguen siendo hostigados y amedrentados, sin ninguna protección por parte de las autoridades a pesar de tener una orden de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana.

Venezuela: Asesinan a Juan José Barrios

Desde 1998 Seis Asesinatos De Miembros De La Familia Barrios Por Grupos Parapoliciales Siguen En La Impunidad

Caracas, 30 de mayo de 2011. El 28 de mayo fue asesinado Juan José Barrios, el séptimo integrante de una familia que ha sido víctima de diversas ejecuciones extrajudiciales y atentados cometidos con absoluta impunidad por grupos parapoliciales en el estado Aragua desde el año 1998.

Entre 1998 y 2010 fueron asesinados presuntamente por la policía de Aragua seis miembros de la familia Barrios: Benito, Narciso, Luis Alberto, Rigoberto, quien en ese momento contaba con sólo 16 años de edad, Oscar, Wilmer, de 19 años y ahora, en el 2011, Juan José Barrios, hechos que permanecen en la impunidad. También en el 2011 Néstor Caudi Barrios de 24 años de edad sufrió un grave atentado que lo ha dejado con lesiones de carácter permanente.

Mar, 31/05/2011

Caracas, 30 de mayo de 2011. El 28 de mayo fue asesinado Juan José Barrios, el séptimo integrante de una familia que ha sido víctima de diversas ejecuciones extrajudiciales y atentados cometidos con absoluta impunidad por grupos parapoliciales en el estado Aragua desde el año 1998.

Entre 1998 y 2010 fueron asesinados presuntamente por la policía de Aragua seis miembros de la familia Barrios: Benito, Narciso, Luis Alberto, Rigoberto, quien en ese momento contaba con sólo 16 años de edad, Oscar, Wilmer, de 19 años y ahora, en el 2011, Juan José Barrios, hechos que permanecen en la impunidad. También en el 2011 Néstor Caudi Barrios de 24 años de edad sufrió un grave atentado que lo ha dejado con lesiones de carácter permanente.

La denuncia del caso Barrios fue enviada por la Comisión de Justicia y Paz de Aragua, el 16 de marzo de 2004 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Siendo admitida el 25 de febrero de 2005 mediante el informe Nº23/05. La CIDH sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos  el 26 de Julio de 2010. Las audiencias de este caso se celebrarán en la ciudad de San José, Costa Rica a finales del mes de junio.

Desde el 23 de noviembre de 2004, la Corte Interamericana dictó medidas provisionales a favor de los integrantes de la familia Barrios y estas medidas han sido sistemáticamente desatendidas. Siendo lo más grave que, bajo la vigencia de las medidas provisionales, resultaron asesinados cinco de los beneficiarios y uno de los integrantes sufrió un grave atentado contra su vida que aún le mantiene con lesiones. Cabe indicar que Juan Barrios, era beneficiario directo de las medidas provisionales desacatadas por el Estado Venezolano. Uno de los puntos de las resoluciones de las medidas provisionales dictadas por el tribunal interamericano, establecía expresamente "proveer las medidas de custodia permanentes necesarias para brindar seguridad a las viviendas de Maritza Barrios, Juan Barrios y Orismar Carolina Alzul García".

Las organizaciones firmantes y defensores de derechos humanos que suscribimos este comunicado, expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación de indefensión en la que permanecen los miembros de la familia Barrios y exigimos al Estado venezolano, de manera inmediata, sin dilaciones, investigar los hechos y sancionar a los responsables, así como adoptar con carácter de urgencia las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad de los miembros sobrevivientes de la Familia Barrios.

Un hecho demostrativo de este grave esquema de impunidad y de ensañamiento que se ha desarrollado en contra de esta familia es que en un número creciente, los integrantes de la familia Barrios se han visto obligados a desplazarse de sus hogares, dejar sus trabajos y separarse de sus seres queridos por efecto directo de las diversas amenazas y hostigamientos, lo cual ha configurado un d

año irreparable para su integridad personal.

 

Por todo lo precedente, exigimos a las autoridades competentes lo siguiente:

 

  1. Al Ministerio Público, que inicie de manera inmediata una investigación exhaustiva sobre los hechos que dieron origen al asesinato de Juan Barrios y que de un efectivo impulso procesal al resto de las investigaciones que comprenden los diversos ataques que ha recibido la familia Barrios desde 1998 y que ya están bajo su conocimiento sin ningún resultado hasta la fecha.
  2. Al Presidente de la República y al Gobernador del Estado Aragua, que ordenen un mecanismo de protección especial para la familia Barrios, con la previa participación y aquiescencia de los beneficiarios y sus representantes, para evitar que se repita un nuevo atentado contra alguno de los integrantes de la familia Barrios sobreviviente y en acatamiento de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  3. Al Gobernador del Estado Aragua, que ordene la inmediata intervención de la Policía del Estado Aragua y tome todas las medidas conducentes para facilitar las investigaciones que se deriven de las responsabilidades administrativas, civiles y penales en las que puedan haber incurrido los integrantes de este cuerpo policial implicados en las gravísimas violaciones de los derechos humanos en contra de la familia Barrios.

 

LISTADO DE ORGANIZACIONES FIRMANTES

-Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI).

-Acción Solidaria (ACSOL).

-Caritas los Teques.

-Casa de la Mujer Juana Ramírez “La Avanzadora” de Maracay.

-Centro para la Paz y los Derechos Humanos Padre Luis María Olaso UCV.

-Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

-Comité de Familiares y Víctimas de Atropellos Policiales y Militares del estado Anzoátegui (COFIVANZ).

-Comité de Víctimas Bruzual Yaracuy.

-Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara.

-Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos del estado Barinas.

-Comité Pro-defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del Estado Falcón (COPRODEH).

-CONVITE A.C.

-Espacio Público.

-Justicia y Paz Nacional de la Conferencia Episcopal de Venezuela

-Observatorio Venezolano por los DDHH de las Mujeres.

-Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

-Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).

-Vicaría Episcopal de Derechos Humanos (Vicaría).

 

LISTADO DE INDIVIDUOS FIRMANTES

- Dra. Isolda Heredia de Salvatierra, Activista de Derechos Humanos.

-Andrés Cañizales, Profesor universitario.

-Dr. Jesús María Casal, Profesor universitario.

-Dr. Luis Alfonso Herrera, Profesor universitario.

-Miriam Núñez, Activista de Derechos Humanos.

-Raúl Cubas, Activista de Derechos Humanos.

CEJIL condena las amenazas contra la prensa que siguen en el continente americano

Día Mundial de la Libertad de Prensa

Washington, DC y San José- 3 de mayo de 2011. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por la censura e inseguridad que enfrentan muchos comunicadores al ejercer su labor en las Américas. En los últimos meses, CEJIL ha conocido numerosos casos en los cuales la libertad de expresión ha sido gravemente amenazada.

Mar, 03/05/2011

Washington, DC y San José- 3 de mayo de 2011. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por la censura e inseguridad que enfrentan muchos comunicadores al ejercer su labor en las Américas. En los últimos meses, CEJIL ha conocido numerosos casos en los cuales la libertad de expresión ha sido gravemente amenazada.

Uno de los fenómenos más preocupantes es la impunidad en la que se encuentran los ataques contra periodistas en Honduras. Al menos nueve comunicadores fueron asesinados durante el 2010 en ese país, según datos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la gran mayoría de estos crímenes no han sido debidamente investigados ni castigados.

Nahúm Palacios, uno de los periodistas asesinados en ese país, contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no fueron implementadas adecuadamente por el Estado. A lo largo de 2010, la CIDH había otorgado esta medida de protección a 24 personas amenazadas en Honduras por el ejercicio de su libertad de expresión y, recientemente el 18 de abril, la Comisión ordenó esta medida para los comunicadores de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande debido a las agresiones, amenazas e intimidaciones que han enfrentado.

Por otra parte, CEJIL ha visto con preocupación los hostigamientos que han recibido diversos medios de comunicación y periodistas en Nicaragua. En marzo de este año, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) solicitó ante la CIDH medidas cautelares a favor del periodista Luis Galeano. Este fue amenazado de muerte cuando se anunció que publicaría una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción en el Consejo Superior Electoral de ese país.

En Panamá, CEJIL condenó las acciones estatales que obligaron a abandonar el país por medio de una “repatriación voluntaria” al periodista español Paco Gómez Nadal y a su pareja, Pilar Chato Carral, después de que fuerzas estatales de seguridad los detuvieran irregularmente el pasado 26 de febrero. Nadal es defensor de los derechos de los pueblos indígenas y era columnista del diario local La Prensa, desde donde lanzaba fuertes críticas contra el Gobierno.

Asimismo, en diciembre de 2010, Carlos Correa, Director Ejecutivo de la ONG Espacio Público y defensor de la libertad de expresión en Venezuela fue agredido físicamente cuando se dirigía hacia la Asamblea Nacional para presentar su posición frente a posibles reformas que limitarían la libertad de expresión y opinión en ese país.

CEJIL condena estos hechos, que representan sólo una muestra de las diversas violaciones a la libertad de expresión que sufren los profesionales en el continente e urge a los Estados para que respeten la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la cual son signatarios.

Más información:

Constataciones de la misión internacional sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en julio de 2009.

Testimonio de CEJIL ante el Congreso de Estados Unidos sobre las agresiones a periodistas en Honduras el 16 de junio de 2010.

Venezuela debe responder por atentados a miembros de la familia Barrios

El último de ellos fue baleado a principios de año y su vida corre peligro

 
Washington D.C, 24 de enero de 2011. – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua, representantes de la familia Barrios ante el Sistema Interamericano, condenan enérgicamente el atentado cometido el pasado 2 de enero contra Néstor Caudi Barrios en el cual recibió ocho  impactos de arma de fuego. La agresión se perpetró  en el Estado de Aragua (Venezuela) tras múltiples amenazas de la policía local. El hecho se enmarca en un patrón de violencia e impunidad por fuerzas parapoliciales en ese Estado. Desde 1998, seis miembros de la familia Barrios han sido asesinados.

Lun, 24/01/2011

Washington D.C, 24 de enero de 2011. – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua, representantes de la familia Barrios ante el Sistema Interamericano, condenan enérgicamente el atentado cometido el pasado 2 de enero contra Néstor Caudi Barrios en el cual recibió ocho  impactos de arma de fuego. La agresión se perpetró  en el Estado de Aragua (Venezuela) tras múltiples amenazas de la policía local. El hecho se enmarca en un patrón de violencia e impunidad por fuerzas parapoliciales en ese Estado. Desde 1998, seis miembros de la familia Barrios han sido asesinados.
 
Néstor Caudi Barrios fue testigo presencial de la ejecución extrajudicial por parte de policías del Estado Aragua de su tío Narciso Barrios el 11 de diciembre de 2003 y del atentado mortal que sufrió su hermano Wilmer José Flores Barrios el pasado mes de septiembre de 2010. Desde la muerte de su tío en 2003, Néstor Caudi habría sufrido una campaña de intimidación por parte de funcionarios policiales con el propósito de evitar que declarara en las investigaciones. Néstor Caudi fue detenido de manera arbitraria y amenazado de muerte en diciembre de 2004 y marzo de 2005.
 
La víctima es beneficiaria de medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2004, mediante las cuales el Tribunal ordenó a Venezuela proteger a más de 30 integrantes de la familia Barrios de ataques policiales. La orden de la Corte fue reiterada en varias ocasiones, la última siendo el 25 de noviembre de 2010.
 
El ataque se produjo por la noche en el pueblo de Guanayen cuando dos sujetos vestidos de civil y con cascos a bordo de una motocicleta interceptaron a Néstor Barrios mientras estacionaba su moto frente a la casa de su madre. Los agresores  dispararon ocho veces con una escopeta y un revolver antes de huir.
 
La agresión se realiza apenas cuatro meses después del asesinato de su hermano Wilmer José Flores Barrios. Fue también precedida de la ejecución extrajudicial de su primo Oscar (2009), su hermano Rigoberto (2005), y sus tíos Luis (2004), Narciso (2003) y Benito (1998), todos ellos de apellido Barrios.
 
En la investigación de los crímenes cometidos en contra de al menos cuatro integrantes de la familia Barrios ha quedado en evidencia la participación de funcionarios de la policía adscritos a las Comisarías del pueblo de Guanayen y de Barbacoa, en el Estado Aragua. Sin embargo, los funcionarios sospechosos de participar en los crímenes continúan trabajando en esas dependencias, lo cual agrava e incrementa la situación de vulnerabilidad y riesgo en la cual se encuentran las víctimas.
 
El caso de la familia Barrios, litigado por CEJIL y Justicia y Paz, se encuentra actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los representantes de la familia ante esta instancia remitieron todos sus argumentos legales escritos en el mes de febrero, por lo que Venezuela deberá dar respuesta al Tribunal en el lapso de dos meses, una vez que estos le sean notificados. Se espera una audiencia pública sobre este caso ante la Corte IDH en el transcurso del 2011.
 
Para más información:
Milli Legrain
Coordinadora de Comunicación - CEJIL
mlegrain@cejil.org
+1 202 319 3000

CEJIL repudia la agresión a Carlos Correa, defensor de la libertad de expresión en Venezuela

El director ejecutivo de Espacio Público es agredido y amenazado

Washington, D.C., 16 de diciembre de 2010- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) repudia enérgicamente la agresión física y amenazas perpetradas la mañana de este jueves 16 de diciembre de 2010 en contra de Carlos Correa, Director Ejecutivo de Espacio Público, organización no gubernamental que defiende los derechos de libertad de expresión en Venezuela.

Jue, 16/12/2010

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) repudia enérgicamente la agresión física y amenazas perpetradas la mañana de este jueves 16 de diciembre de 2010 en contra de Carlos Correa, Director Ejecutivo de Espacio Público, organización no gubernamental que defiende los derechos de libertad de expresión en Venezuela.
Los actos de agresión ocurrieron en las afueras del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, cuando la Alianza para la Libertad de Expresión, integrada entre otras personas por el señor Correa, se dirigía a presentar ante dicho cuerpo legislativo su posición frente a posibles reformas que limitarían la libertad de expresión y opinión en ese país.
Al respecto, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que estas medidas “implican un muy grave retroceso” y “restringen aún más los espacios de debate público sobre la actuación de las autoridades venezolanas y favorecen a la cada vez más poderosa voz del Estado y las autoridades de gobierno”.
Después de que la Alianza para la Libertad de Expresión entregó al diputado Juan José Molina su documento y sus integrantes realizaran declaraciones a la prensa, personas desconocidas desde un camión de carga lanzaron hacia el grupo un objeto contundente que golpeó en la cabeza a Carlos Correa.  A continuación, un individuo que minutos antes conversaba con el personal civil de seguridad de la Asamblea Nacional profirió amenazas de muerte en su contra.
Las graves agresiones y actos de intimidación ocurridos el día de hoy ponen de manifiesto una vez más, la situación de vulnerabilidad en que los defensores de derechos humanos realizan sus labores en Venezuela. Los defensores y defensoras de derechos humanos cumplen una labor crucial, que toda sociedad democrática debe proteger, valorar y defender. Asimismo, la normativa internacional de los derechos humanos exige que los Estados garanticen la difusión de ideas y fomenten el respeto por la diversidad de opinión.
 
Por ello, CEJIL hace un llamado urgente al Estado venezolano para que garantice la vida y seguridad del señor Correa, así como de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Las autoridades venezolanas deben iniciar una exhaustiva investigación de estos hechos, identificar a los responsables e imputar las sanciones correspondientes, con el fin de prevenir que actos como estos puedan repetirse en el futuro.
 
Asimismo requerimos al gobierno que fomente un espacio de tolerancia y respeto al ejercicio de la libertad de expresión, garantizando la libre propagación de ideas de los distintos sectores de la sociedad y prohibiendo todo acto que amenace con lesionar la vida y seguridad de los defensores y defensoras en el país.
 
 
 
Enlaces relevantes
Comunicado CIDH No. 122/10. CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN ANTE PROYECTOS DE LEY EN VENEZUELA QUE PUEDEN AFECTAR LA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/122-10sp.htm
 
 
Milli Legrain, Coordinadora de Comunicación, Washington D.C (1) 202 319 3000, mlegrain@cejil.org, www.cejil.org

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