Venezuela

El Estado de Venezuela fue señalado como responsable por las ejecuciones extrajudiciales contra miembros de la familia Barrios

Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

San José, Costa Rica, 30 de junio del 2011. El Estado venezolano es responsable por las ejecuciones extrajudiciales de siete miembros de la familia Barrios cometidas por agentes policiales del Estado de Aragua, y por mantener un patrón de impunidad alrededor de estos crímenes. Esta denuncia fue presentada en una audiencia pública celebrada ayer, miércoles, y hoy, jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sede en Costa Rica. Las víctimas fueron representadas por la organización Justicia y Paz del Estado de Aragua, el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Jue, 30/06/2011

San José, Costa Rica, 30 de junio del 2011. El Estado venezolano es responsable por las ejecuciones extrajudiciales de siete miembros de la familia Barrios cometidas por agentes policiales del Estado de Aragua, y por mantener un patrón de impunidad alrededor de estos crímenes. Esta denuncia fue presentada en una audiencia pública celebrada ayer, miércoles, y hoy, jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sede en Costa Rica. Las víctimas fueron representadas por la organización Justicia y Paz del Estado de Aragua, el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El 28 de agosto de 1998, Benito Barrios fue arrestado arbitrariamente en su casa por agentes policiales y fue hallado asesinado al día siguiente. A lo largo de los últimos 13 años, otros seis miembros de la familia han sido asesinados por fuerzas policiales. La última víctima fue Juan José Barrios, cuyo homicidio ocurrió el 28 de mayo de este año.

Los representantes de las víctimas expusieron cómo, tras el primer asesinato, las siguientes ejecuciones extrajudiciales tuvieron como motivo el acallamiento de algún testigo relacionado con el crimen de uno de sus familiares.

Además de las ejecuciones extrajudiciales, el caso involucra hostigamiento, amenazas, uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y destrucción de la propiedad privada por parte de agentes del Estado como una forma de amedrentamiento a la familia. Asimismo, se evidenció la falta de diligencia del Estado venezolano para garantizar la seguridad de las víctimas y sus allegados, quienes cuentan con medidas de protección dictadas por la Corte IDH.

Eloísa Barrios, hermana de cuatro de las víctimas y tía de tres, refirió cómo su hijo e hijas han sufrido detenciones arbitrarias, y cómo varias de sus hermanas han debido abandonar el Estado de Aragua ante el sentimiento de desprotección, lo cual ha significado la desintegración familiar.

Francisco Quintana, abogado de CEJIL, expresó preocupación por las declaraciones dadas por el fiscal Néstor Castellanos, quien estuvo a cargo de la investigación de algunos de los casos y declaró en calidad de testigo del Estado. Castellanos señaló que no podía aceptar como una línea de investigación la premisa de que el Estado venezolano ejecutara personas..

Luis Aguilera, representante de Justicia y Paz, afirmó que este caso es "emblemático de la violencia y la impunidad que han padecido centenares de familias en Venezuela a causa de la actuación ilegal de agentes de la policía y de la impunidad institucionalizada".

Entre las reparaciones que debe emprender el Estado, Ariela Peralta, Sudirectora Ejecutiva de CEJIL, solicitó a la Corte que ordene una investigación pronta y exhaustiva de las pesquisas llevadas a cabo en el caso de estas graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo solicitó que se le exija Venezuela la implementación de un registro de detenidos accesible y público como salvaguarda frente a malos tratos y torturas que pudieran cometerse en dependencias policiales. También requirió que se ponga en marcha una política pública de reformas estructurales en los distintos niveles de justicia y de la policía.

Por su parte, Eloísa Barrios concluyó su declaración con una solicitud: "Que se haga justicia y que no caigan más miembros de mi familia".

Corte Interamericana cita a Venezuela por el caso Barrios el próximo 29 de junio

CEJIL y organizaciones venezolanas demandan respuesta por los asesinatos de siete miembros de esta familia

Washington D.C, 22 de junio de 2011. –La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), juzgará el caso Barrios v. Venezuela el 29 y 30 de junio del 2011 en San José, Costa Rica. En la audiencia del caso litigado por la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (CDHJP), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) la Corte determinará la responsabilidad del Estado venezolano por los siete asesinatos cometidos contra miembros de la familia Barrios en los últimos 13 años.

Mié, 22/06/2011

Washington D.C, 22 de junio de 2011. –La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), juzgará el caso Barrios v. Venezuela el 29 y 30 de junio del 2011 en San José, Costa Rica. En la audiencia del caso litigado por la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (CDHJP), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) la Corte determinará la responsabilidad del Estado venezolano por los siete asesinatos cometidos contra miembros de la familia Barrios en los últimos 13 años.

El anuncio de la Corte llega sólo días después del más reciente incidente en el caso: el asesinato de José Juan Barrios el pasado 28 de mayo. Desde el 1998, CEJIL junto con varias organizaciones venezolanas ha exigido al Ministerio Público, Gobernador de Aragua y al Presidente de República que intervengan en el caso para investigar y brindar protección a la familia, llamados que, hasta el día de hoy, han sido ignorados.

En palabras de Francisco Quintana, Subdirector del programa para la región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL : “Las organizaciones representantes de las víctimas exigimos que el Estado de Venezuela actúe, de forma inmediata, por los crímenes cometidos en contra de la familia Barrios y detenga el constante hostigamiento a sus miembros”.

En esta ocasión, el Estado venezolano está obligado a rendir cuentas frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido al incumplimiento de las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la falta de disposición que ha demostrado al momento de investigar los hechos.

El 29 de agosto de 1998 fue encontrado el cuerpo sin vida de Benito Barrios, de 28 años de edad, en el Estado de Aragua, Venezuela. De acuerdo a los testigos, Benito Barrios fue detenido en su domicilio por personal policial y encontrado días después con dos heridas de arma de fuego que le produjeron la muerte. Su hermano Narciso Barrios fue ejecutado en plena vía pública por un grupo de policías después que defendió a su sobrino quien estaba siendo detenido arbitrariamente.

Hasta la fecha otros cinco miembros de la familia Barrios han sido asesinados en circunstancias muy similares, después de sufrir amenazas y hostigamientos por miembros de la policía de Aragua. El resto de los miembros de la familia siguen siendo hostigados y amedrentados, sin ninguna protección por parte de las autoridades a pesar de tener una orden de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana.

Venezuela: Asesinan a Juan José Barrios

Desde 1998 Seis Asesinatos De Miembros De La Familia Barrios Por Grupos Parapoliciales Siguen En La Impunidad

Caracas, 30 de mayo de 2011. El 28 de mayo fue asesinado Juan José Barrios, el séptimo integrante de una familia que ha sido víctima de diversas ejecuciones extrajudiciales y atentados cometidos con absoluta impunidad por grupos parapoliciales en el estado Aragua desde el año 1998.

Entre 1998 y 2010 fueron asesinados presuntamente por la policía de Aragua seis miembros de la familia Barrios: Benito, Narciso, Luis Alberto, Rigoberto, quien en ese momento contaba con sólo 16 años de edad, Oscar, Wilmer, de 19 años y ahora, en el 2011, Juan José Barrios, hechos que permanecen en la impunidad. También en el 2011 Néstor Caudi Barrios de 24 años de edad sufrió un grave atentado que lo ha dejado con lesiones de carácter permanente.

Mar, 31/05/2011

Caracas, 30 de mayo de 2011. El 28 de mayo fue asesinado Juan José Barrios, el séptimo integrante de una familia que ha sido víctima de diversas ejecuciones extrajudiciales y atentados cometidos con absoluta impunidad por grupos parapoliciales en el estado Aragua desde el año 1998.

Entre 1998 y 2010 fueron asesinados presuntamente por la policía de Aragua seis miembros de la familia Barrios: Benito, Narciso, Luis Alberto, Rigoberto, quien en ese momento contaba con sólo 16 años de edad, Oscar, Wilmer, de 19 años y ahora, en el 2011, Juan José Barrios, hechos que permanecen en la impunidad. También en el 2011 Néstor Caudi Barrios de 24 años de edad sufrió un grave atentado que lo ha dejado con lesiones de carácter permanente.

La denuncia del caso Barrios fue enviada por la Comisión de Justicia y Paz de Aragua, el 16 de marzo de 2004 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Siendo admitida el 25 de febrero de 2005 mediante el informe Nº23/05. La CIDH sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos  el 26 de Julio de 2010. Las audiencias de este caso se celebrarán en la ciudad de San José, Costa Rica a finales del mes de junio.

Desde el 23 de noviembre de 2004, la Corte Interamericana dictó medidas provisionales a favor de los integrantes de la familia Barrios y estas medidas han sido sistemáticamente desatendidas. Siendo lo más grave que, bajo la vigencia de las medidas provisionales, resultaron asesinados cinco de los beneficiarios y uno de los integrantes sufrió un grave atentado contra su vida que aún le mantiene con lesiones. Cabe indicar que Juan Barrios, era beneficiario directo de las medidas provisionales desacatadas por el Estado Venezolano. Uno de los puntos de las resoluciones de las medidas provisionales dictadas por el tribunal interamericano, establecía expresamente "proveer las medidas de custodia permanentes necesarias para brindar seguridad a las viviendas de Maritza Barrios, Juan Barrios y Orismar Carolina Alzul García".

Las organizaciones firmantes y defensores de derechos humanos que suscribimos este comunicado, expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación de indefensión en la que permanecen los miembros de la familia Barrios y exigimos al Estado venezolano, de manera inmediata, sin dilaciones, investigar los hechos y sancionar a los responsables, así como adoptar con carácter de urgencia las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad de los miembros sobrevivientes de la Familia Barrios.

Un hecho demostrativo de este grave esquema de impunidad y de ensañamiento que se ha desarrollado en contra de esta familia es que en un número creciente, los integrantes de la familia Barrios se han visto obligados a desplazarse de sus hogares, dejar sus trabajos y separarse de sus seres queridos por efecto directo de las diversas amenazas y hostigamientos, lo cual ha configurado un d

año irreparable para su integridad personal.

 

Por todo lo precedente, exigimos a las autoridades competentes lo siguiente:

 

  1. Al Ministerio Público, que inicie de manera inmediata una investigación exhaustiva sobre los hechos que dieron origen al asesinato de Juan Barrios y que de un efectivo impulso procesal al resto de las investigaciones que comprenden los diversos ataques que ha recibido la familia Barrios desde 1998 y que ya están bajo su conocimiento sin ningún resultado hasta la fecha.
  2. Al Presidente de la República y al Gobernador del Estado Aragua, que ordenen un mecanismo de protección especial para la familia Barrios, con la previa participación y aquiescencia de los beneficiarios y sus representantes, para evitar que se repita un nuevo atentado contra alguno de los integrantes de la familia Barrios sobreviviente y en acatamiento de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  3. Al Gobernador del Estado Aragua, que ordene la inmediata intervención de la Policía del Estado Aragua y tome todas las medidas conducentes para facilitar las investigaciones que se deriven de las responsabilidades administrativas, civiles y penales en las que puedan haber incurrido los integrantes de este cuerpo policial implicados en las gravísimas violaciones de los derechos humanos en contra de la familia Barrios.

 

LISTADO DE ORGANIZACIONES FIRMANTES

-Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI).

-Acción Solidaria (ACSOL).

-Caritas los Teques.

-Casa de la Mujer Juana Ramírez “La Avanzadora” de Maracay.

-Centro para la Paz y los Derechos Humanos Padre Luis María Olaso UCV.

-Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

-Comité de Familiares y Víctimas de Atropellos Policiales y Militares del estado Anzoátegui (COFIVANZ).

-Comité de Víctimas Bruzual Yaracuy.

-Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara.

-Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos del estado Barinas.

-Comité Pro-defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del Estado Falcón (COPRODEH).

-CONVITE A.C.

-Espacio Público.

-Justicia y Paz Nacional de la Conferencia Episcopal de Venezuela

-Observatorio Venezolano por los DDHH de las Mujeres.

-Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

-Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).

-Vicaría Episcopal de Derechos Humanos (Vicaría).

 

LISTADO DE INDIVIDUOS FIRMANTES

- Dra. Isolda Heredia de Salvatierra, Activista de Derechos Humanos.

-Andrés Cañizales, Profesor universitario.

-Dr. Jesús María Casal, Profesor universitario.

-Dr. Luis Alfonso Herrera, Profesor universitario.

-Miriam Núñez, Activista de Derechos Humanos.

-Raúl Cubas, Activista de Derechos Humanos.

CEJIL condena las amenazas contra la prensa que siguen en el continente americano

Día Mundial de la Libertad de Prensa

Washington, DC y San José- 3 de mayo de 2011. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por la censura e inseguridad que enfrentan muchos comunicadores al ejercer su labor en las Américas. En los últimos meses, CEJIL ha conocido numerosos casos en los cuales la libertad de expresión ha sido gravemente amenazada.

Mar, 03/05/2011

Washington, DC y San José- 3 de mayo de 2011. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por la censura e inseguridad que enfrentan muchos comunicadores al ejercer su labor en las Américas. En los últimos meses, CEJIL ha conocido numerosos casos en los cuales la libertad de expresión ha sido gravemente amenazada.

Uno de los fenómenos más preocupantes es la impunidad en la que se encuentran los ataques contra periodistas en Honduras. Al menos nueve comunicadores fueron asesinados durante el 2010 en ese país, según datos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la gran mayoría de estos crímenes no han sido debidamente investigados ni castigados.

Nahúm Palacios, uno de los periodistas asesinados en ese país, contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no fueron implementadas adecuadamente por el Estado. A lo largo de 2010, la CIDH había otorgado esta medida de protección a 24 personas amenazadas en Honduras por el ejercicio de su libertad de expresión y, recientemente el 18 de abril, la Comisión ordenó esta medida para los comunicadores de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande debido a las agresiones, amenazas e intimidaciones que han enfrentado.

Por otra parte, CEJIL ha visto con preocupación los hostigamientos que han recibido diversos medios de comunicación y periodistas en Nicaragua. En marzo de este año, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) solicitó ante la CIDH medidas cautelares a favor del periodista Luis Galeano. Este fue amenazado de muerte cuando se anunció que publicaría una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción en el Consejo Superior Electoral de ese país.

En Panamá, CEJIL condenó las acciones estatales que obligaron a abandonar el país por medio de una “repatriación voluntaria” al periodista español Paco Gómez Nadal y a su pareja, Pilar Chato Carral, después de que fuerzas estatales de seguridad los detuvieran irregularmente el pasado 26 de febrero. Nadal es defensor de los derechos de los pueblos indígenas y era columnista del diario local La Prensa, desde donde lanzaba fuertes críticas contra el Gobierno.

Asimismo, en diciembre de 2010, Carlos Correa, Director Ejecutivo de la ONG Espacio Público y defensor de la libertad de expresión en Venezuela fue agredido físicamente cuando se dirigía hacia la Asamblea Nacional para presentar su posición frente a posibles reformas que limitarían la libertad de expresión y opinión en ese país.

CEJIL condena estos hechos, que representan sólo una muestra de las diversas violaciones a la libertad de expresión que sufren los profesionales en el continente e urge a los Estados para que respeten la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la cual son signatarios.

Más información:

Constataciones de la misión internacional sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en julio de 2009.

Testimonio de CEJIL ante el Congreso de Estados Unidos sobre las agresiones a periodistas en Honduras el 16 de junio de 2010.

Venezuela debe responder por atentados a miembros de la familia Barrios

El último de ellos fue baleado a principios de año y su vida corre peligro

 
Washington D.C, 24 de enero de 2011. – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua, representantes de la familia Barrios ante el Sistema Interamericano, condenan enérgicamente el atentado cometido el pasado 2 de enero contra Néstor Caudi Barrios en el cual recibió ocho  impactos de arma de fuego. La agresión se perpetró  en el Estado de Aragua (Venezuela) tras múltiples amenazas de la policía local. El hecho se enmarca en un patrón de violencia e impunidad por fuerzas parapoliciales en ese Estado. Desde 1998, seis miembros de la familia Barrios han sido asesinados.

Lun, 24/01/2011

Washington D.C, 24 de enero de 2011. – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua, representantes de la familia Barrios ante el Sistema Interamericano, condenan enérgicamente el atentado cometido el pasado 2 de enero contra Néstor Caudi Barrios en el cual recibió ocho  impactos de arma de fuego. La agresión se perpetró  en el Estado de Aragua (Venezuela) tras múltiples amenazas de la policía local. El hecho se enmarca en un patrón de violencia e impunidad por fuerzas parapoliciales en ese Estado. Desde 1998, seis miembros de la familia Barrios han sido asesinados.
 
Néstor Caudi Barrios fue testigo presencial de la ejecución extrajudicial por parte de policías del Estado Aragua de su tío Narciso Barrios el 11 de diciembre de 2003 y del atentado mortal que sufrió su hermano Wilmer José Flores Barrios el pasado mes de septiembre de 2010. Desde la muerte de su tío en 2003, Néstor Caudi habría sufrido una campaña de intimidación por parte de funcionarios policiales con el propósito de evitar que declarara en las investigaciones. Néstor Caudi fue detenido de manera arbitraria y amenazado de muerte en diciembre de 2004 y marzo de 2005.
 
La víctima es beneficiaria de medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2004, mediante las cuales el Tribunal ordenó a Venezuela proteger a más de 30 integrantes de la familia Barrios de ataques policiales. La orden de la Corte fue reiterada en varias ocasiones, la última siendo el 25 de noviembre de 2010.
 
El ataque se produjo por la noche en el pueblo de Guanayen cuando dos sujetos vestidos de civil y con cascos a bordo de una motocicleta interceptaron a Néstor Barrios mientras estacionaba su moto frente a la casa de su madre. Los agresores  dispararon ocho veces con una escopeta y un revolver antes de huir.
 
La agresión se realiza apenas cuatro meses después del asesinato de su hermano Wilmer José Flores Barrios. Fue también precedida de la ejecución extrajudicial de su primo Oscar (2009), su hermano Rigoberto (2005), y sus tíos Luis (2004), Narciso (2003) y Benito (1998), todos ellos de apellido Barrios.
 
En la investigación de los crímenes cometidos en contra de al menos cuatro integrantes de la familia Barrios ha quedado en evidencia la participación de funcionarios de la policía adscritos a las Comisarías del pueblo de Guanayen y de Barbacoa, en el Estado Aragua. Sin embargo, los funcionarios sospechosos de participar en los crímenes continúan trabajando en esas dependencias, lo cual agrava e incrementa la situación de vulnerabilidad y riesgo en la cual se encuentran las víctimas.
 
El caso de la familia Barrios, litigado por CEJIL y Justicia y Paz, se encuentra actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los representantes de la familia ante esta instancia remitieron todos sus argumentos legales escritos en el mes de febrero, por lo que Venezuela deberá dar respuesta al Tribunal en el lapso de dos meses, una vez que estos le sean notificados. Se espera una audiencia pública sobre este caso ante la Corte IDH en el transcurso del 2011.
 
Para más información:
Milli Legrain
Coordinadora de Comunicación - CEJIL
mlegrain@cejil.org
+1 202 319 3000

CEJIL repudia la agresión a Carlos Correa, defensor de la libertad de expresión en Venezuela

El director ejecutivo de Espacio Público es agredido y amenazado

Washington, D.C., 16 de diciembre de 2010- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) repudia enérgicamente la agresión física y amenazas perpetradas la mañana de este jueves 16 de diciembre de 2010 en contra de Carlos Correa, Director Ejecutivo de Espacio Público, organización no gubernamental que defiende los derechos de libertad de expresión en Venezuela.

Jue, 16/12/2010

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) repudia enérgicamente la agresión física y amenazas perpetradas la mañana de este jueves 16 de diciembre de 2010 en contra de Carlos Correa, Director Ejecutivo de Espacio Público, organización no gubernamental que defiende los derechos de libertad de expresión en Venezuela.
Los actos de agresión ocurrieron en las afueras del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, cuando la Alianza para la Libertad de Expresión, integrada entre otras personas por el señor Correa, se dirigía a presentar ante dicho cuerpo legislativo su posición frente a posibles reformas que limitarían la libertad de expresión y opinión en ese país.
Al respecto, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que estas medidas “implican un muy grave retroceso” y “restringen aún más los espacios de debate público sobre la actuación de las autoridades venezolanas y favorecen a la cada vez más poderosa voz del Estado y las autoridades de gobierno”.
Después de que la Alianza para la Libertad de Expresión entregó al diputado Juan José Molina su documento y sus integrantes realizaran declaraciones a la prensa, personas desconocidas desde un camión de carga lanzaron hacia el grupo un objeto contundente que golpeó en la cabeza a Carlos Correa.  A continuación, un individuo que minutos antes conversaba con el personal civil de seguridad de la Asamblea Nacional profirió amenazas de muerte en su contra.
Las graves agresiones y actos de intimidación ocurridos el día de hoy ponen de manifiesto una vez más, la situación de vulnerabilidad en que los defensores de derechos humanos realizan sus labores en Venezuela. Los defensores y defensoras de derechos humanos cumplen una labor crucial, que toda sociedad democrática debe proteger, valorar y defender. Asimismo, la normativa internacional de los derechos humanos exige que los Estados garanticen la difusión de ideas y fomenten el respeto por la diversidad de opinión.
 
Por ello, CEJIL hace un llamado urgente al Estado venezolano para que garantice la vida y seguridad del señor Correa, así como de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Las autoridades venezolanas deben iniciar una exhaustiva investigación de estos hechos, identificar a los responsables e imputar las sanciones correspondientes, con el fin de prevenir que actos como estos puedan repetirse en el futuro.
 
Asimismo requerimos al gobierno que fomente un espacio de tolerancia y respeto al ejercicio de la libertad de expresión, garantizando la libre propagación de ideas de los distintos sectores de la sociedad y prohibiendo todo acto que amenace con lesionar la vida y seguridad de los defensores y defensoras en el país.
 
 
 
Enlaces relevantes
Comunicado CIDH No. 122/10. CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN ANTE PROYECTOS DE LEY EN VENEZUELA QUE PUEDEN AFECTAR LA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/122-10sp.htm
 
 
Milli Legrain, Coordinadora de Comunicación, Washington D.C (1) 202 319 3000, mlegrain@cejil.org, www.cejil.org

Coalición condena hostigamientos a organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela

Pronunciamiento

La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas envió hoy, 12 de agosto de 2010, un pronunciamiento a miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Defensoría del Pueblo de Venezuela en el que condena los hostigamientos a organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela.

Lea el pronunciamiento aquí.

Jue, 12/08/2010

 

La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas envió hoy, 12 de agosto de 2010, un pronunciamiento a miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Defensoría del Pueblo de Venezuela.

En el pronunciamiento, la Coalición expresa su rechazo a la campaña pública de desprestigio del trabajo de las organizaciones y defensores/as venezolanas/os de derechos humanos y exige el cese de la investigación solicitada ante la Fiscalía General de la República así como  la campaña sistemática, a través de medios estatales, de descalificación a Espacio Público y al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

 

Lea el pronunciamiento aquí.

 

Firmantes del pronunciamiento:

 

Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Bolivia

Oficina Jurídica Para la Mujer

Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Ecuador

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de Quito

El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)

México

Abogadas y abogados para la Justicia y los Derechos Humanos A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Grupo de Mujeres de San Cristobal de Las Casas, A. C

Paraguay

Capítulo Paraguay  Foro de Mujeres del Mercosur

Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Venezuela

Acción Solidaria en VIH/Sida (ACSOL)

Observatorio Venezolano de Prisiones

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas

 

Organizaciones regionales e internacionales

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Global Rights

PIDHDD - Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo

Amnistía Internacional –organización observadora de la Coalición

 

Organizaciones que se adhieren al comunicado de la Coalición

Capítulo Argentina del Foro de Mujeres del Mercosur – Argentina 

Centro de Derechos Humanos y Ambiente de Argentina (CEDHA) - Argentina

Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." A.C.  – México

Centro de Investigación y Promoción Social A.C. (CIPROSOC) - México

AGORA -Centro de Estudios de Estudios para la Promoción y Defensa de los Derechos Fundamentales y Generacionales de Perú - Perú

Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) – Venezuela

Caritas de Venezuela - Venezuela

Caritas de Los Teques - Venezuela

Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara - Venezuela

Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui – Venezuela

Servicio Jesuita de Refugiados - Venezuela

 

El Sistema Interamericano ha demostrado ser efectivo y fructífero

Pronunciamiento de organizaciones de DD. HH. ante reacción de Venezuela

Organizaciones de la sociedad civil del continente subrayan el papel trascendental que ha desempeñado el Sistema Interamericano en la protección de los derechos humanos y la consolidación de la democracia en el continente, y manifiestan su preocupación por la reacción de Venezuela ante el informe de la CIDH divulgado el 24 de febrero.

Jue, 04/03/2010


(4 de marzo de 2010)- Las organizaciones abajo firmantes subrayamos el papel trascendental que ha desempeñado el Sistema Interamericano en la protección de los derechos humanos y la consolidación de la democracia en el continente, y manifestamos nuestra más profunda preocupación por las declaraciones del Estado venezolano en reacción a la publicación del Informe sobre Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, divulgado el pasado 24 de febrero de 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, descalificó el informe de la CIDH, insultó a su Secretario Ejecutivo, Santiago Cantón, y amenazó con retirar a Venezuela de ese órgano de la OEA. Las afirmaciones son inquietantes porque no rebaten los hechos expuestos en el documento, descalifican el trabajo de supervisión internacional y minan la fortaleza de un sistema que ha sido vital para defender, promover y elevar los estándares de protección de los derechos humanos.

Uno de los grandes desarrollos en la protección internacional de los derechos humanos alcanzados en la segunda mitad del siglo pasado tanto a escala global como regional fue la incorporación, en tratados de la materia, de órganos competentes para la supervisión del cumplimiento de las disposiciones ─ como la CIDH ─ con el fin de establecer la responsabilidad internacional de los Estados Parte. Estos órganos, en su mayor parte, emiten recomendaciones con base en informes y, algunas veces, pueden resolver casos individuales al emitir resoluciones.

 

Nuestro continente fue pionero en la protección de los derechos humanos con la promulgación, en 1948, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Desde 1959, la CIDH utilizó la Declaración como vara para evaluar la situación de derechos humanos de los Estados de la región. Asimismo, desarrolló una importante labor debido al compromiso de sus miembros que, paso a paso, expandieron las facultades de dicho órgano hasta incluir no sólo la emisión de recomendaciones sino también la realización de visitas in loco, la elaboración de informes sobre la situación de los derechos humanos y el procesamiento de peticiones individuales, entre otros. En una primera etapa, las funciones de carácter no contencioso ─ como la emisión de informes ─ fueron de la mayor relevancia en el trabajo de la Comisión.

La adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, que entró en vigor en 1978, añadió facultades a la CIDH y creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El papel de Venezuela fue protagónico en ese momento al presidir la Primera Comisión encargada de comenzar los debates y establecer que los Estados Partes en la Convención se comprometían “a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación”.

La CIDH fue clave en el cuestionamiento, documentación y denuncia de los abusos cometidos por gobiernos dictatoriales en las décadas de los años setentas y ochentas. Más recientemente, la CIDH ha sido fundamental en el desarrollo de estándares de derechos humanos. Así, el sistema de protección regional pasó de cuestionar los abusos producidos en el ámbito de gobiernos de corte dictatorial a advertir las fallas estructurales y aún los abusos aislados que ocurren en democracia.

Si bien el Sistema Interamericano no es el único factor determinante para lograr dichos cambios, ha sido un elemento catalizador para la efectiva protección de los derechos humanos en la región.

Por estas razones, la actitud del Estado de Venezuela frente al informe emitido por la CIDH erosiona la fortaleza y efectividad de un sistema que históricamente ha mostrado ser fructífero y muestra indolencia por necesidades legítimas de sus propios ciudadanos y ciudadanas. Las organizaciones abajo firmantes hacen un vehemente llamado para que la CIDH y el Estado de Venezuela inicien un diálogo que permita superar la tensión actual y examinar el fondo de las conclusiones y recomendaciones del informe emitido.

 

 

BRASIL

Conectas Direitos Humanos

ECUADOR

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

El SALVADOR

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)

MÉXICO

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

PANAMÁ

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)

PARAGUAY

Foro de Mujeres del Mercosur

PERÚ

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú EQUIDAD

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

URUGUAY

 

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

VENEZUELA

Acción Solidaria VIH/SIDA

Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Centro de Derechos Humanos de la UCAB

Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC)

Espacio Público

Observatorio Venezolano de Prisiones

Sinergia

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

 

ORGANIZACIONES REGIONALES

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Corte Interamericana ordena a Venezuela mantener protección a familia hostigada por policías

Deben brindar protección a la familia Barrios

La ejecución de un joven beneficiario de medidas de protección internacionales, en noviembre pasado, fue la evidencia más clara del incumplimiento del Estado de Venezuela a una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para proteger a una familia que ha sido diezmada por agresiones y ataques de presuntos agentes policiales.

Mar, 23/02/2010

Washington D.C., 23 de febrero de 2010.

La ejecución de un joven beneficiario de medidas de protección internacionales, en noviembre pasado, fue la evidencia más clara del incumplimiento del Estado de Venezuela a una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para proteger a una familia que ha sido diezmada por agresiones y ataques de presuntos agentes policiales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió el 4 de febrero pasado mantener las medidas provisionales para proteger a unos 30 integrantes de la familia Barrios. Así lo notífico la Corte IDH el pasado 18 de febrero al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y a la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión del Estado Aragua), representantes de las víctimas.

Las medidas, vigentes desde 2004, obligan al Estado a proteger la integridad física de los beneficiarios, pero aún así cinco miembros de la familia han sido ejecutados desde entonces por presuntos policías.

El pasado 28 de enero la Corte IDH convocó a las partes a una audiencia pública que se llevó a cabo en la sede del Tribunal, en San José, Costa Rica. En la audiencia, la Corte IDH constató que los beneficiarios continuaron siendo objeto de actos de hostigamiento, amedrentamiento y otras situaciones que ponen en riesgo o han afectado su vida e integridad personal. Por esa razón el Tribunal reiteró a Venezuela su obligación de adoptar, “en forma inmediata y efectiva, todas las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de los derechos a la vida y a la integridad personal de los miembros de la familia Barrios”.

El Tribunal también señaló que, durante el trámite de las presentes medidas provisionales, el Estado no ha informado de manera actualizada y detallada acerca de la implementación y efectividad de las mismas a favor de los beneficiarios.

Para CEJIL y la Comisión de Aragua es fundamental que el Estado garantice que la familia Barrios pueda vivir una vida normal, sin peligro de amenazas, y que todas aquellas personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares tengan las garantías suficientes de que podrán retornar lo más pronto posible. Estos reclamos fueron recogidos en su integridad por la Corte en su Resolución sobre el cumplimiento de las medidas de protección.

El Estado deberá responder al Tribunal sobre las acciones que debe tomar para cumplir por lo ordenado por la Corte a más tardar el próximo 18 de marzo de 2010.

CEJIL y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua, como representantes de la familia Barrios, saludan la Resolución emitida por la Corte Interamericana, e instan al gobierno del Estado de Venezuela a darle pleno cumplimiento.

La familia Barrios, residente en el Estado Aragua, ha sido víctima de intimidación y acoso desde que varios de sus integrantes denunciaron la muerte de Narciso Barrios, ocurrida el 11 de diciembre de 2004 a manos de presuntos policías.

En la investigación de los hechos cometidos en contra de integrantes de la familia Barrios ha quedado en evidencia la participación de funcionarios de la Policía adscritos a las Comisarías del pueblo de Guanayen y de Barbacoa, en el Estado Aragua; sin embargo, los funcionarios sospechosos de participar en los crímenes continúan trabajando en esas dependencias, lo cual agrava e incrementa la situación de vulnerabilidad y riesgo en la cual se encuentran las víctimas.

 

Contacto de prensa:

Mauricio Herrera.

Director de Comunicación.

(202) 319-3000 (202) 445-4676.

mherrera@cejil.org.

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

Corte Interamericana ordena a Venezuela investigar de inmediato masacre de El Amparo

Crimen cometido por el Ejército contra pescadores

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela, el 4 de febrero, acatar de manera “pronta y total” con una sentencia promulgada en 1995 acerca de la ejecución de 14 pescadores ocurrida en 1988 en un operativo militar en el río Arauca, estado Apure, conocida como la masacre de El Amparo.

Vie, 19/02/2010


 
 
Washington D.C, 19 de febrero de 2010.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela, el 4 de febrero, acatar de manera “pronta y total” con una sentencia promulgada en 1995 acerca de la ejecución de 14 pescadores ocurrida en 1988 en un operativo militar en el río Arauca, estado Apure, conocida como la masacre de El Amparo.
La decisión implica que el Estado Venezolano debe hacer todo lo necesario para investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables, para lo cual deberá presentar a  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un cronograma con información “puntual, clara y exhaustiva” a más tardar el próximo 25 de junio.
“El Tribunal considera que el Estado no ha cumplido con lo ordenado en la sentencia y, asimismo, no ha cumplido con su deber de remitir información clara y específica al respecto” consideró la Corte IDH en su Resolución, notificada el 16 de febrero.
Para la Corte IDH las violaciones a los derechos humanos en el caso de la masacre de El Amparo “se mantienen en la impunidad” a 21 años de ocurridos los hechos. “El cumplimiento de las órdenes de reparación de esta Corte no es una concesión del Estado hacia las víctimas, es un derecho de éstas que debe ser satisfecho de manera pronta y respetuosa”, señala la Resolución.
En 1995, Venezuela ya había aceptado ante la Corte IDH su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos de las 14  víctimas asesinadas y dos sobrevivientes.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), en representación de las víctimas, participaron en una audiencia privada ante la Corte IDH el pasado 29 de enero  en la cual los representantes del Estado de Venezuela admitieron el atraso injustificado en la investigación de la masacre.
“Indudablemente que eso es una deuda histórica que tiene el Estado venezolano y tiene que saldarla”, aseguraron los representantes venezolanos, citados en la Resolución.
En la audiencia del 29 de enero, Venezuela afirmó que los responsables del crimen están plenamente identificados y que las investigaciones “no serían difíciles, porque ya algunas de las pruebas se encontraban en la jurisdicción militar”.
PROVEA y CEJIL instan a Venezuela a honrar sus compromisos internacionales y a realizar acciones concretas, planeadas y coordinadas para avanzar con las investigaciones. Un primer paso en esta dirección será la entrega del cronograma que la Corte solicitó a Venezuela.
Según la sentencia de la Corte IDH, del 18 de enero de 1995, la masacre ocurrió el 29 de octubre de 1988 cuando 16 pescadores del pueblo de El Amparo iban en una embarcación a participar en un paseo de pesca a través del río Arauca. Soldados del ejército venezolano que en ese momento efectuaban un operativo militar dispararon contra los pescadores.  El Ejército reportó un enfrentamiento con guerrilleros colombianos en el cual habían muerto 14 insurgentes y otros dos habían escapado.
Los dos pescadores sobrevivientes se entregaron al día siguiente a la Policía. El Ejército intento capturarlos por la fuerza pero policías y numerosos civiles se instalaron frente al puesto policial e impidieron la detención.
 
Contacto de prensa en Washington D.C.
Mauricio Herrera Ulloa
mherrera@cejil.org
Tel: (202) 319-3000
(202) 445-4676
 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
 

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