Honduras

3:45 – 4:45 Respuesta del poder judicial frente a los delitos y hechos relacionados con el golpe de Estado en Honduras

Mar, 23/03/2010

 

Hoja de Datos

MARTES 23 DE MARZO

3:45 – 4:45 Respuesta del poder judicial frente a los delitos y hechos relacionados con el golpe de Estado en Honduras.


 
Hoja de Datos
MARTES 23 DE MARZO
3:45 – 4:45 Respuesta del poder judicial frente a los delitos y hechos relacionados con el golpe de Estado en Honduras.

Asesinatos de periodistas en Honduras

Comunicado del Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN)

El OISDHHN expresa su más enérgica condena por los asesinatos de tres periodistas en Honduras en la primera quincena de marzo.

Mié, 17/03/2010

17 de marzo 2010

 

El pasado domingo, 14 de marzo, a las 11 de la noche fue asesinado el periodista Nahúm Palacios, quien fue director del Canal 5 de televisión en el Aguán. Según fuentes policiales, los criminales le asestaron casi treinta balazos de AK-47 antes de que llegara a su vivienda en el barrio Los Pinos de Tocoa, mientras conducía su vehículo. La persona que le acompañaba fue gravemente herida.

 

Desde el golpe de Estado el 28 de junio del 2009, Nahúm Palacios había sido víctima de múltiples amenazas y atropellos por parte de los militares de la zona, en particular por el mismo Capitán Tercero de la Base Naval de Castilla, quien además ordenó la detención de cuatro miembros de Televisora del Aguan, Canal 5, tal como fue documentado posteriormente en el informe que entregamos el 7 de agosto del 2009 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

La Comisión Interamericana, por su parte, exigió al Estado hondureño decretar medidas cautelares de protección a favor del periodista Palacios. En su informe del 20 de enero del 2010, la CIDH hizo referencia explícita al caso de Nahúm Palacios y el Canal 5 en los siguientes términos: “En el departamento de Colón, al menos dos canales fueron obligados a cortar su transmisión por varios días. Tal fue lo que sucedió con el Canal La Cumbre y Televisora de Aguán, Canal 5. Nahúm Palacios, director de Canal 5, relató a la CIDH que el 28 de junio ’varios miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron al canal’ y lo ‘obligaron a cortar la transmisión’".

 

Durante los últimos días, Palacios transmitió vasta información sobre el conflicto agrario en el Bajo Aguán, desvirtuando con datos veraces la fuerte campaña en otros medios de comunicación y sectores políticos influyentes que intenta deslegitimar y criminalizar las luchas campesinas por la tierra en la zona.

El 11 de marzo fue asesinado David Meza Montecinos, reportero de Radio El Patio de La Ceiba, corresponsal de Radio América y del Noticiero Abriendo Brecha. Su ejecución ocurrió en similares circunstancias que la de Palacios.

Asimismo, el 2 de marzo hombres que se conducían en motocicleta dispararon en más de cuarenta ocasiones contra Joseph Ochoa, quien viajaba junto a la comunicadora, Karol Cabrera, quién salió herida del ataque.

Las muertes violentas de los periodistas se suman a otras dos acaecidas durante el mes de febrero: el señor Julio Funes Benítez, sindicalista y líder del Frente de Resistencia contra el golpe de Estado en su comunidad, y la señora Claudia Brizuela, hija del dirigente sindical y social Pedro Brizuela.

 

Estos hechos demuestran que la situación de derechos humanos en Honduras no solo sigue siendo grave, sino que las controvertidas elecciones celebradas para consumar el golpe de Estado no han terminado con la impunidad. Adicionalmente, en el caso de Nahúm Palacios, se evidencia que las medidas cautelares para protegerlo no fueron efectivas debido a que el Estado no las ejecutó correctamente por negligencia o complicidad.

 

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Honduras debe adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Todas las personas sin distinción deben estar igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política”.

 

Ante la trascendencia de los hechos denunciados, el Observatorio hace un llamado a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Honduras y a la Dirección Nacional de Investigación Criminal para que de inmediato los investiguen, identifiquen a sus responsables y se haga justicia.

 

La comunidad internacional debe condenar enérgicamente estos hechos y exigir a las autoridades hondureñas acciones concretas que demuestren el compromiso estatal con el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos. El Poder Judicial debe garantizar que las personas cuenten con las garantías judiciales que les permitan conocer la verdad de los hechos, y obtener justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas. Asimismo, Honduras debe implementar las medidas de protección a favor de los beneficiarios de medidas cautelares así como de todas aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo.

 

 

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia)

Solidaridad Mundial - Bélgica

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José

Simeón Cañas” (IDHUCA-El Salvador)

Südwind Institut (Austria)

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD

 

Para más información contacte:

 

Martin Wolpold-Bosien, wolpold-bosien@fian.org

Marcia Aguiluz, maguiluz@cejil.org

Luis Guillermo Pérez, LuisG.Perez@cifcaeu.org

 

 

Preocupa a CEJIL nombramiento de ex general del Ejército hondureño como gerente de empresa estatal

Ex general debe ser investigado por violaciones a los ddhh cometidas por el Ejército

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, nombró al ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, como nuevo gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), el pasado 8 de marzo. Este nombramiento es un lamentable reconocimiento a una persona que atentó contra el sistema democrático hondureño.

Jue, 11/03/2010

San José, Costa Rica, 11 de marzo de 2010

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, nombró al ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, como nuevo gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), el pasado 8 de marzo.

El ex general participó en la detención y expulsión del ex presidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009. Vásquez Velásquez fue un actor clave en el golpe de Estado hondureño, que después fue sobreseído definitivamente por la Corte Suprema de Justicia, junto con 5 militares más. Este nombramiento es un lamentable reconocimiento a una persona que atentó contra el sistema democrático hondureño.

Romeo Vásquez Velásquez estuvo al mando de las fuerzas armadas cuando fueron cometidas masivas y graves violaciones a los derechos humanos. Desde el 28 de junio varios medios de comunicación fueron allanados de manera ilegal. Adicionalmente, dado que estos hechos no cesaron, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas de protección para garantizar la libertad de expresión de Canal 36, Radio La Catracha, Cholusat Sur y Radio Globo, y ordenó devolver los equipos de trabajo y transmisión que soldados y policías habían decomisado el 26 de septiembre de 2009.

Durante los meses posteriores al golpe de Estado, el Ejército atacó civiles, reprimió manifestaciones y hostigó a defensores de derechos humanos, periodistas, entre otros. Un ejemplo de esas graves violaciones de derechos humanos, es la muerte de Isis Obed Murillo Mencías, de 19 años de edad, quien falleció como consecuencia de una herida de bala en la cabeza en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. Dicha manifestación fue reprimida por las Fuerzas Armadas, quienes dispusieron francotiradores en edificios cercanos.

La CIDH ha señalado en su Informe Honduras: Derechos Humanos y golpe de Estado, que “durante la vigencia del toque de queda, agentes del Ejército intimidaron a la población para que no saliera de sus casas y detuvieron personas sin orden judicial.” En el informe de la CIDH se relatan diversas violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército el cual era dirigido en ese momento por el general Vásquez.

 

La decisión del presidente Lobo de beneficiar al militar con este nombramiento sienta un mal precedente y pone en duda su compromiso con la democracia y con el respeto de los derechos humanos. Romeo Vásquez debe ser investigado por las graves violaciones a los derechos humanos que cometió el Ejército mientras él lo dirigía. Este nombramiento es una carta blanca para la impunidad, y mengua cada vez más las posibilidades de que se identifique, procese y juzgue adecuadamente a los responsables de los hechos ocurridos.

Dado que el nombramiento de Romeo Vásquez depende de manera exclusiva del Ejecutivo, CEJIL exhorta al presidente Porfirio Lobo a revocar tal designación y a abstenerse de realizar este tipo de acciones que premian a quienes ocuparon posiciones de poder cuando ocurrieron violaciones a los derechos humanos. La situación de Honduras es crítica y el mandatario debe dar el ejemplo del compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Desafortunadamente, actos como éste ponen en entredicho tal deber.

 

Comunicados recientes de CEJIL sobre Honduras

Clinton debe promover investigación diligente de violaciones a DD. HH. en Honduras

La impunidad se consolida en Honduras

CEJIL pide condiciones mínimas para el establecimiento de un mecanismo de búsqueda de la verdad en Honduras

CEJIL pide garantías para la protección de los derechos humanos en Honduras

Asesinan a defensor de derechos humanos en Honduras

 

Contacto en Costa Rica

Nancy Marín Espinoza

Difusión y Prensa

Tel: 506-2280-7473/7608

Correo electrónico: nmarin@cejil.org

 

www.cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Clinton debe promover investigación diligente de violaciones a DD. HH. en Honduras

Reunión con líderes centroamericanos

La Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, debería aprovechar su visita a Centroamérica para insistir en que la Comisión de la Verdad de Honduras lleve a cabo una investigación diligente e independiente. La carta a Clinton la firmaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Fondo de Educación del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF).

Jue, 04/03/2010

WASHINGTON D.C. (4 de marzo de 2010): Organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado a la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, a aprovechar su visita a Centroamérica para insistir en que la Comisión de la Verdad de Honduras lleve a cabo una investigación diligente e independiente, que estudie todas las violaciones a los derechos humanos cometidos desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, como un paso en el combate de la impunidad.

La Secretaria de Estado se reunió el viernes 5 de marzo con líderes Centroamericanos, en Guatemala, incluyendo al nuevo presidente de Honduras, Porfirio Lobo. La carta enviada a Clinton la firmaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Fondo de Educación del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF).

Se espera que comience a trabajar en Honduras una Comisión de la Verdad, coordinada por el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein, a finales de este mes para examinar los acontecimientos que rodearon el golpe. Desde el golpe de Estado, al menos siete personas han muerto y miles se han enfrentado a detenciones ilegal y malos tratos. Una investigación adicional sobre estas violaciones de derechos humanos debe ser examinada por la Comisión de la Verdad y aquellos responsables llevados ante la justicia.

Nosotros, como organizaciones para la protección de los derechos humanos, estamos preocupados de que estas violaciones sean ignoradas. Medidas adoptadas recientemente sugieren que el fortalecimiento de la impunidad sigue siendo una poderosa fuerza opositora a cualquier forma de rendición de cuentas por el golpe de estado y su represor acompañamiento. En enero, el ex líder del golpe, Roberto Micheletti, fue nombrado "diputado vitalicio", excluyéndolo de esta forma de su enjuiciamiento por su papel durante el golpe de Estado. Los oficiales del ejército, acusado de abuso de autoridad por la captura y el exilio forzado del presidente, se les concedió una suspensión de procedimiento y una amnistía general promulgada con términos mal definidos. El 22 de febrero, un juez de primera instancia en Tegucigalpa, sin duda da por terminado el proceso de otros dos oficiales militares que habían secuestrado ilegalmente equipos de radio Globo, una estación de radio local de los medios de comunicación, sobre la base de la nueva Ley de Amnistía.

En este clima, es especialmente urgente que la comunidad internacional apoye el trabajo del Sr. Stein, para que pueda llevar a cabo su investigación independiente. Para garantizar la integridad de su trabajo, los grupos de derechos humanos sostienen que la Comisión de la Verdad no debe ser un sustituto de la acción judicial. Por el contrario, debería ser un primer paso para dar fin a la impunidad que han disfrutado tradicionalmente en Honduras los violadores de derechos humanos

Además, sobre la base de las lecciones aprendidas con anteriores Comisiones de la Verdad, la coalición de derechos humanos pidió a la secretaria Clinton, y a la comunidad internacional, garantizar que se incorporen las siguientes lecciones de anteriores comisiones de la verdad:

1. Función: la labor de la Comisión debe contribuir a establecer los hechos de los acontecimientos que rodearon el golpe de Estado; reconocer cómo se han violado los derechos individuales; y formular recomendaciones que eviten más violaciónes.

2. Competencia: el mandato de la comisión debe definirse claramente, ser lo suficientemente amplio, y debe estar centrado en las víctimas de violaciónes a los derechos humanos. Debe tener la autoridad para determinar los hechos y asignar responsabilidades individuales o institucionales de violaciónes de derechos humanos, así como las debilidades estructurales que permitió que el golpe de Estado tuviera lugar.

3. Prerrogativas: la Comisión debe tener la facultad de acceder a todos los testimonios, documentos y otras pruebas que puedan contribuir a esclarecer los hechos. Las personas o instituciones quienes presuntamente son responsables de violaciones a derechos humanos, deben tener la oportunidad de defender sus acciones.
El trabajo de la Comisión de la Verdad debe ser transparente y ampliamente difundido. Se deben realizar audiencias públicas en las que las víctimas o sus familiares se les anima a declarar. Deben existir condiciones adecuadas para que aquellas personas que deban dar testimonios se sientan seguras tanto psicológicamente como físicamente para hacerlo. También debe haber medidas suficientes para proteger a los testigos. Cuando sea necesario, la Comisión debe ser capaz de tomar testimonio confidencial de los testigos y de las víctimas.

4. Estructura: las víctimas y organizaciones de la sociedad civil deben ser ampliamente consultada en el diseño, implementación y evaluación de la labor de la Comisión de la Verdad a fin de que tenga la legitimidad necesaria. El proceso para la elección de los miembros de la comisión debe ser transparente y consultivo. Criterios para elegir a los miembros deben incluir experiencia, independencia, y altos estándares éticos.

5. Recursos y competencias: La Comisión debe estar plenamente integrada con investigadores expertos que cuenten con conocimiento técnico necesario para cumplir con la tarea. Una vez que los miembros han sido seleccionados, deben tener plena autonomía para nombrar su personal.

Los grupos de derechos humanos sostienen que la Comisión de la Verdad no debe ser un sustituto de la acción judicial. Por el contrario, debe ser un paso para poner fin a la impunidad de los violadores a los derechos humanos que han disfrutado tradicionalmente en Honduras.


Contactos en Washington D.C.:

 

Vicki Gass, Asociada Senior en Derechos y Desarrollo.

(202) 797-2171/ vgass@wola.org

Washington Office on Latin America (WOLA)

 

Lisa Haugaard, Directora Ejecutiva.

(202) 546-7010/ lisah@lawg.org

Latin America Working Group Education Fund (LAWGEF).

 

Mauricio Herrera, Director de Comunicaciones.

(202) 319-3000/ mherrera@cejil.org

Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Nicaragua debe brindar tratamiento médico a embarazada enferma de cáncer

Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares

Nicaragua debe ofrecer el tratamiento necesario a una mujer enferma de cáncer metastásico y con 10 semanas de embarazo a quien se le habían negado los procedimientos médicos por su condición de embarazada. Así lo requirió al Estado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 27 de febrero, al otorgar medidas cautelares solicitadas por CEJIL y otras organizaciones aliadas.

Mar, 02/03/2010

San José, 2 de marzo de 2010

El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ipas Centroamérica con sede en Nicaragua, Women’s Link Worldwide con sede en Colombia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informamos de la reciente adopción de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Amalia, una joven nicaragüense con 10 semanas de embarazo y con cáncer invasivo metastásico, a quien el Estado de Nicaragua le negó tratamiento médico oportuno y necesario para combatir la  enfermedad por estar embarazada.

La CIDH sentó un precedente histórico acerca de este tipo de casos al solicitarle al Gobierno de Nicaragua:

  1. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que la beneficiaria tenga acceso al tratamiento médico que necesita para tratar su cáncer metastásico;
  2. Adoptar dichas medidas en concertación con la beneficiaria y sus representantes, y
  3. Reservar la identidad de la beneficiaria y su familia, refiriéndose a ella simplemente como “Amalia”.

La CIDH además solicitó al Estado de Nicaragua presentar en un plazo de cinco días información acerca del cumplimiento de las medidas y actualizar esos datos en forma periódica.

Para las organizaciones solicitantes de las medidas cautelares, la penalización del aborto terapéutico expone a todas las mujeres, y de manera más grave a las mujeres pobres del país, a la retardación en la atención médica o negación de los servicios de salud comprometiendo sus derechos humanos a la vida y a la salud, como lo sucedido en el caso de “Amalia”.

El Estado ha expresado en diversas oportunidades que la aplicación de los Protocolos de Atención de Emergencias Obstétricas del MINSA contemplan las respuestas adecuadas y oportunas a estas situaciones; sin embargo, en este caso quedó en evidencia el temor del personal de salud a ser señalados, acusados y juzgados por cumplir con su deber médico de aplicar el tratamiento a “Amalia”, si de ello se derivaba una lesión o daño al que está por nacer y por ende incurrir en un delito.

Esta decisión de los funcionarios de salud se enmarca en la legislación vigente en Nicaragua desde finales del año 2006 que penaliza el aborto terapéutico, violentando de ese modo el derecho de las mujeres a la protección de su salud y de su integridad personal. En casos como el que fuera denunciado, la falta de acceso al aborto terapéutico expone a las mujeres a la pérdida de su vida al no brindárseles el tratamiento médico adecuado para su enfermedad, por proteger las consecuencias del mismo para el feto.

Al respecto, la Relatoría de los Derechos de la Mujer de la CIDH había externado su preocupación en una carta dirigida al Estado nicaragüense que “la negación del aborto terapéutico presenta una obstáculo al trabajo de los profesionales de salud, cuya labor es la de proteger la vida y prestar un tratamiento adecuado a sus pacientes”. Otros órganos de protección internacional -como el Comité contra la Tortura, el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han instado de igual manera al Estado nicaragüense a incorporar de nueva cuenta el aborto terapéutico.

Si bien es cierto que, según las últimas informaciones periodísticas, el Ministerio de Salud, finalmente decidió aplicar el tratamiento de quimioterapia a “Amalia”, no obstante siguen siendo responsabilidad del Estado las consecuencias negativas que pudieran resultar del retardo de la atención médica, así como por no haber propuesto la interrupción del embarazo, como parte del tratamiento para combatir el cáncer y prolongar su vida.

Las organizaciones solicitantes recordamos el carácter obligatorio de las decisiones de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y reiteramos la urgente necesidad de que se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida, la salud y la integridad personal de Amalia.

Con el objetivo de prevenir situaciones como la de “Amalia”, hacemos un llamado nuevamente a la Corte Suprema de Justicia, Asamblea Nacional y al Presidente de la República Daniel Ortega Saavedra a que cumpla con las recomendaciones de los órganos de tratados de las Naciones Unidas y adecue la legislación en materia de aborto de conformidad con las disposiciones de los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos y que se prevean excepciones a dicha norma frente a casos de peligro para la vida y la salud de las mujeres, casos de malformaciones congénitas incompatibles con la vida humana y casos de violación o incesto.

Contacto en San José

Marcia Aguiluz

Abogada

Tel (506) 2280-7473

maguiluz@cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros mecanismos de protección internacional.

Comunidades homosexuales hondureñas reciben reconocimiento del estado y personería jurídica

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, celebra el logro obtenido por las organizaciones homosexuales hondureñas, a las cuales y gracias a las denuncias nacionales e internacionales y a acciones conjuntas realizadas con CEJIL durante las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizadas en el mes de marzo del presente año en la ciudad de Washington D.C., obtuvieron el reconocimiento legal por parte del Estado hondureño y por ende, su personería jurídica.

Jue, 30/09/2004

Tegucigalpa, Honduras, 30 de septiembre de 2004

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, celebra el logro obtenido por las organizaciones homosexuales hondureñas, a las cuales y gracias a las denuncias nacionales e internacionales y a acciones conjuntas realizadas con CEJIL durante las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizadas en el mes de marzo del presente año en la ciudad de Washington D.C., obtuvieron el reconocimiento legal por parte del Estado hondureño y por ende, su personería jurídica.

En la audiencia ante la CIDH, CEJIL y la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral, que forma parte de la Coalición de Organizaciones Gay, Lésbicas de Honduras (COGAYLESH), se presentó la solicitud de personería jurídica directamente a los representantes del Estado hondureño y se entregó un completo informe de las violaciones a los derechos humanos, especialmente al derecho de libre asociación, igualdad y falta de investigación del Estado en los asesinatos a miembros de este sector de la población.

La comunidad homosexual en Honduras ha sido blanco de constantes señalamientos, razón por la cual, después de varios años de intentos infructuosos en la consecución de la personería jurídica, no era otorgada debido a la negativa del Estado en el reconocimiento de su actividad, aduciendo a que su trabajo atentaba contra la moral y las buenas costumbres del pueblo hondureño. Esta discriminación se presentaba a pesar que reconocidas organizaciones de derechos como Amnistía Internacional y al último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, denunciaron la persecución de la cual es victima este sector y documentaron que desde 1991 hasta el 2003, las cifras de gays y transexuales asesinados superaba los 200 casos.

Después de cinco meses de demora y gracias a reuniones sostenidas por CEJIL con el Gobierno en la capital hondureña, en donde nuevamente se planteó la urgencia del reconocimiento del estatus legal, el 27 de agosto del presente año fue otorgada la personería jurídica.

CEJIL resalta la acertada decisión del Estado hondureño en este importante caso que permite el desarrollo de las actividades de esta comunidad y es un paso en la aplicación de Tratados Internaciones como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

CEJIL estará vigilante del respeto que el Estado y la propia comunidad hondureña brinden hacia la comunidad homosexual y monitorearemos la debida investigación de todo tipo de agresión o atropello que genere esta situación de otorgamiento de personería jurídica.

 

Contacto en Costa Rica:
Edilma Granados Ramírez
Difusión y Prensa
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Tel: 506-280 7608 Ext. 19
www.cejil.org
egranados@cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

La impunidad se consolida en Honduras

Cartas de CEJIL a órganos de la OEA y la ONU

Las autoridades hondureñas han dado varios pasos alarmantes para evitar rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Así lo advirtió CEJIL en cartas enviadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Comité contra la Tortura y a otras relatorías especiales de las Naciones Unidas.

Vie, 26/02/2010

Washington D.C. 26 de febrero de 2010

Las autoridades hondureñas han dado varios pasos alarmantes para evitar rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Así lo advirtió el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional  (CEJIL) en cartas enviadas hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Comité contra la Tortura y a otras relatorías especiales de las Naciones Unidas.

 El 13 de enero, el Congreso hondureño nombró diputado vitalicio al ex líder del gobierno de facto, Roberto Micheletti, lo cual lo protege de acusaciones penales por su papel durante el golpe.  El 26 de enero, la Corte Suprema declaró el sobreseimiento definitivo de seis oficiales militares de alto rango que apoyaron el golpe, ya que consideró que su actuación fue para defender la democracia y la paz en Honduras. El mismo día, el Congreso aprobó un decreto de amnistía para los crímenes relacionados con el golpe; sus términos son ambiguos y por ello su implementación podría abarcar serias violaciones a los derechos humanos. 

Estas tres decisiones cuestionan el cumplimiento del Estado de Honduras de sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos.

El otorgamiento de una diputación vitalicia a Roberto Micheletti viola tanto las leyes nacionales como internacionales: la Constitución de Honduras no contempla esta figura y la CIDH ha establecido que este tipo de decisiones viola tanto los derechos políticos como la igualdad ante la ley, garantizados en la Convención Americana. Las resoluciones de la CIDH acerca de este tema se produjeron en 1999 en respuesta a una estipulación similar en la Constitución de Chile que beneficiaba al general Augusto Pinochet[1].

Por otra parte, el absurdo fallo de la Corte Suprema, que consideró necesario el derrocamiento del presidente constitucional para preservar la democracia, es consistente con el evidente apoyo político que ese alto tribunal brindó al golpe de Estado; así lo señaló la CIDH en su informe acerca del golpe divulgado en enero pasado[2].

De manera reiterada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben “… garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables […] surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad.”[3]

A la vez, el deber estatal de investigar y sancionar serias violaciones a los derechos humanos, limitándose el alcance de las leyes de amnistía, ha sido reafirmado por el Comité de  Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura  de las Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales de protección vinculantes para Honduras.

Después del derrocamiento del presidente constitucional, Manuel Zelaya, las fuerzas de seguridad de Honduras cometieron extensas violaciones a los derechos humanos, que incluyeron al menos siete muertes de manifestantes pacíficos opuestos al golpe, miles de detenciones ilegales y arbitrarias y numerosos casos de maltratos, torturas e incluso abusos sexuales, así como censura, restricciones y hostigamiento a la prensa independiente.

Las decisiones recientes del Gobierno hondureño no solo podrían limitar el derecho de las víctimas a una reparación efectiva, sino que también podrían impedir a la sociedad hondureña el reconocimiento oficial de las violaciones ocurridas y el establecimiento de las responsabilidades a quienes corresponda. Ambas acciones son imprescindibles para evitar que los hechos se repitan.

En las cartas enviadas hoy, la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, pidió a  diversos órganos regionales y de las Naciones Unidas solicitar información al Estado de Honduras acerca de las decisiones tomadas; hacer recomendaciones para revertir dichas decisiones y garantizar que todas las violaciones ocurridas desde el golpe de Estado sean efectivamente investigadas y sancionadas, de acuerdo con el marco internacional de protección de los derechos humanos que es de acatamiento obligatorio para Honduras. CEJIL también solicitó que los órganos de protección proogramen visitas a Honduras para que investiguen las acciones del Estado y presionen por cambios.

CEJIL hace un llamado a la comunidad internacional para que se pida al Estado hondureño el total cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de la protección a los derechos humanos y, específicamente, se eliminen todos los obstáculos para investigar y sancionar a los responsables de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos desde el golpe del 28 de junio.  Una genuina reconciliación solo es posible con el establecimiento de la verdad y la justicia.

Así, como un paso necesario para reconstruir la democracia, los distintos poderes del Estado hondureño deben asegurar que todas las violaciones a los derechos humanos sean efectivamente investigadas y sancionadas. Si Honduras falla en esta tarea, los órganos internacionales de protección a los derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos deberán tomar las acciones apropiadas de acuerdo con sus mandatos y competencias.

CEJIL escribió a la CIDH, al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre  Detenciones Arbitrarias, al presidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y a los relatores especiales de las Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados, sobre tortura y otros tratos crueles degradantes e inhumanos y sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

 

Contacto de Prensa en Washington D.C.:

Mauricio Herrera. Director de Comunicación: (202) 319-3000

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los

Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

 


[1] CIDH. Informe 137/99. Caso 11.863. Andrés Aylwin Azócar y Otros (Chile). 22 de diciembre de 1999, párr. 110, 114, y 115

[2] CIDH. Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado. 30 de diciembre de 2009, párr. 232

[3] Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009 Serie C No. 211, párr. 129. En el mismo sentido, ver, inter alia, Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117, párr. 130; Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41.

CEJIL pide condiciones mínimas para el establecimiento de un mecanismo de búsqueda de la verdad en Honduras

Hondureños tienen derecho a saber la verdad

CEJIL considera que deben generarse algunas condiciones mínimas para iniciar un proceso de búsqueda de la verdad real en Honduras que incluya principalmente la investigación de las miles de violaciones de derechos humanos que fueron constatadas por diversos órganos en particular por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mar, 16/02/2010

Washington D.C., 16 de febrero de 2010

Ante los apresurados pasos por establecer una Comisión de la Verdad en Honduras y cumplir, según el criterio de las autoridades estatales, con el Acuerdo Guaymuras/San José, CEJIL considera que deben generarse algunas condiciones mínimas para iniciar un proceso de búsqueda de la verdad real en este país que incluya principalmente la investigación de las miles de violaciones de derechos humanos que fueron constatadas por diversos órganos en particular por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Dado que han existido más de 30 comisiones de la verdad en el mundo, es posible identificar las buenas prácticas y principios básicos para la conformación de una instancia que pueda responder a las expectativas de la sociedad y de las víctimas.

 

En tal sentido, la Comisión de la Verdad debe ser autónoma, independiente, y profesional; no debe tener restricciones para avanzar sus tareas; contar con los medios humanos, económicos y jurídicos para llevar a cabo con éxito su mandato; y sus hallazgos deben tener algunas consecuencias al interior de Honduras (por ejemplo, el establecimiento de medidas de reparación adecuada, la expresa voluntad política de adelantar reformas estructurales para prevenir la repetición de los hechos, y el inicio de investigaciones que tiendan a sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos).

 

Entre otras funciones, el trabajo de una Comisión de Verdad debe contribuir para: i) el esclarecimiento de los hechos; ii) el reconocimiento moral y ético de las víctimas de violaciones de derechos humanos; y iii) la presentación de recomendaciones políticas que garanticen la no repetición de las violaciones de derechos humanos.

 

Por su trascendencia, y la importancia de la legitimación de la herramienta y del proceso mismo, el diseño, establecimiento, implementación y posterior evaluación se debería hacer en amplias consultas con la sociedad civil organizada y las víctimas. Para tales procesos, es fundamental contar con el tiempo adecuado con el fin de que se garantice un trabajo a conciencia, que retome todos los factores necesarios para que tal Comisión lleve a cabo de la mejor manera sus funciones.

 

Finalmente, el Estado debe analizar las conclusiones y recomendaciones de los informes de la Comisión de la Verdad y responder formalmente a ellas. En tal sentido, debe prever mecanismos que puedan implementar tales recomendaciones. Para tales efectos, es recomendable la creación de una institución de seguimiento a la implementación de los trabajos de la Comisión de la Verdad, a fin de atender las necesidades de las víctimas y para poder dar respuesta a cualquier cuestión pendiente en relación con este tema.

 

En el caso de Honduras, este reto es importante en virtud de que muchos de los funcionarios involucrados en el golpe de Estado aún se encuentran en funciones, o bien, forman parte de los grupos de poder involucrados en la toma de decisiones, situación que podría impedir que las recomendaciones de una Comisión de la Verdad se hagan realidad.

 

CEJIL considera que en caso de que los anteriores requisitos mínimos no fueran cumplidos, el establecimiento, funcionamiento y resultados de una Comisión de la Verdad estarían seriamente comprometidos y con ello el camino hacia una verdadera reconciliación en Honduras.

CEJIL hace un llamado a los distintos actores sociales que hoy se encuentran impulsando una Comisión de la Verdad en Honduras, para que tomen en cuenta el sentir de una gran parte de la población hondureña, particularmente de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y se aseguren de que cualquier mecanismo creado tenga como eje central la protección y reparación de quienes han sufrido en carne propia las consecuencias del golpe de Estado. De igual manera, insta a la comunidad internacional a dar seguimiento puntual a este proceso que podría ser histórico si se lleva a cado de manera adecuada.

 

Contacto de prensa en Washington D.C.

 

Mauricio Herrera Ulloa

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

El Relator de la CIDH para la Niñez evaluará la situación de las Maras en Centroamérica

Sergio Paulo Pinheiro, el Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la niñez, recibió hoy a organizaciones de derechos humanos preocupadas por las violaciones a los derechos humanos en Honduras y El Salvador con motivo de las políticas implementadas por ambos gobiernos destinadas a enfrentar la problemática de las maras “pandillas juveniles” en la región.

Mar, 26/10/2004

Washington, D.C. 26 de octubre de 2004

Sergio Paulo Pinheiro, el Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la niñez, recibió hoy a organizaciones de derechos humanos preocupadas por las violaciones a los derechos humanos en Honduras y El Salvador con motivo de las políticas implementadas por ambos gobiernos destinadas a enfrentar la problemática de las maras “pandillas juveniles” en la región. La reunión tuvo lugar en el marco del 121º período ordinario de sesiones de la CIDH. Además del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), participaron Casa Alianza Honduras y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús de Honduras, y la Red por la Infancia y Adolescencia (RIA) de El Salvador.

Esta reunión tuvo como objetivo dar nuevos aportes sobre esta problemática al Relator de la CIDH para la Niñez, quien viajará próximamente a Centroamérica para evaluar la situación. Con respecto a El Salvador, se mencionaron las negativas consecuencias del “Plan Mano Dura” y el “Plan Súper Mano Dura” sobre los adolescentes y jóvenes miembros de estas pandillas. Se hizo referencia a las reformas legislativas realizadas en este tema, las cuales además de ser inconstitucionales, vulneran los principios de la Convención de los Derechos del Niño. Las organizaciones manifestaron su preocupación por las condiciones en que se encuentran los centros de resguardo e internamiento de jóvenes y la detención de jóvenes en celdas de la Policía Nacional Civil.

En lo que respecta a Honduras CEJIL, Casa Alianza y el ERIC le pidieron al Relator que visite la ciudad de San Pedro Sula ya que es allí en donde se concentran la mayor cantidad de maras, la violencia carcelaria y el superior número de ejecuciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Asimismo le solicitaron expresamente que visite el Centro de Internamiento El Carmen y el Centro Penal de San Pedro Sula en donde murieron quemados 107 jóvenes miembros de maras el año pasado.

De manera general, las organizaciones de Honduras y El Salvador le solicitaron al Relator que visite todos los centros de resguardo e internamiento para niños, niñas y adolescentes; que se entreviste con miembros de las maras, con organizaciones de derechos humanos que trabajan el tema y con las autoridades involucradas en esta problemática. Por último, expresaron su interés por la elaboración de un informe especial sobre el tema de maras en la región, en el cual se recomiende a los Estados que se asignen los recursos humanos, económicos y técnicos suficientes para un abordaje integral de los jóvenes pertenecientes a maras y que cese toda política represiva contra niños, niñas y adolescentes.

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Presidente Maduro pide perdón a familiares de Juan Humberto Sánchez y de Dixie Miguel Urbina, asesinados en Honduras

El 5 de noviembre de este año, en un acto público realizado en la Casa Presidencial y en su calidad de Jefe de Estado, el Presidente hondureño Ricardo Maduro pidió perdón a los familiares de Juan Humberto Sánchez y de Dixie Miguel Urbina, quienes fueron asesinados por agentes del Estado y cuyos casos fueron presentados al sistema interamericano por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras COFADEH

Mié, 10/11/2004

San José, Costa Rica, 10 de noviembre de 2004

El 5 de noviembre de este año, en un acto público realizado en la Casa Presidencial y en su calidad de Jefe de Estado, el Presidente hondureño Ricardo Maduro pidió perdón a los familiares de Juan Humberto Sánchez y de Dixie Miguel Urbina, quienes fueron asesinados por agentes del Estado y cuyos casos fueron presentados al sistema interamericano por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras COFADEH.

El perdón a los familiares de Juan Humberto Sánchez obedece a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Honduras, emitida el 4 de julio de 2003.
Sánchez era ciudadano hondureño, pero trabajaba como operador de “Radio Venceremos” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. Luego de la amnistía decretada en el gobierno del Presidente Rafael Callejas, regresó a su país en donde fue detenido ilegalmente por el Ejército de Honduras el 11 de julio de 1992. Su fue encontrado el 22 de julio del mismo año en las riberas del Rio Negro (límites de Honduras y El Salvador), con un disparo en la frente y señales de tortura. Este reconocimiento presidencial es el segundo paso en el cumplimiento de la sentencia emitida por el máximo órgano de justicia interamericano: el primero se realizó el pasado 25 de agosto del presente año, cuando el Estado exhumó los restos de Sánchez.

El joven Dixie Miguel Urbina fue detenido por agentes policiales el 22 de octubre de 1995 y posteriormente desaparecido a pesar de la inmediata denuncia de su detención y de los recursos internos interpuestos por sus familiares para encontrarlo. Sin embargo, ante la falta de investigación, CEJIL y COFADEH presentaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, la que finalizó con un acuerdo de solución amistosa entre el gobierno y los peticionarios, y uno de los compromisos del Estado fue pedir perdón públicamente a los familiares.

En el acto público, el Presidente hondureño expresó: “la tarea que hoy me toca llevar a cabo, es quizá una de las más penosas de mi gestión como Presidente de la República: reconocer que en administraciones anteriores de mi país se cometieron abusos y graves violaciones a los derechos de las personas”. En su discurso también afirmó que “la construcción de una democracia puede exigir grandes sacrificios, pero ésta nunca debe hacerse violentando las libertades e infringiendo nuestros derechos”. Ricardo Maduro es el primer mandatario en Honduras que realiza un acto de esta naturaleza.

En el caso de Juan Humberto Sánchez, queda pendiente que el Estado implemente un registro de detenidos para evitar detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas, la investigación para enjuiciar a los autores intelectuales y materiales del asesinato, y las reparaciones económicas ordenadas por la Corte a favor de los familiares.

Respecto al caso del joven Dixie Miguel Urbina, el Estado debe publicar el acuerdo de solución amistosa en un diario hondureño, reparar económicamente a sus familiares y construir una obra con el nombre del joven que mantenga viva su memoria en el pueblo hondureño. El acto de disculpas públicas realizado por el Presidente de Honduras, es apenas el primero realizado dentro del marco de los acuerdos de solución amistosa del caso.

 

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