Honduras

San José, 27 de julio de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifiesta su preocupación por las declaraciones del presidente del congreso hondureño y candidato presidencial nacionalista, Porfirio Lobo Sosa, quien sostuvo de manera reiterada, ante la prensa nacional e internacional su intención de instaurar la pena de muerte. Según el parecer de Lobo esta medida le permitirá garantizarle a los hondureños la paz y la seguridad; y señaló además que “en este tipo de crímenes (abominables) simplemente hay que ejecutar a los asesinos para que otros no lo vuelvan a hacer”.

Estas declaraciones contrarían la doctrina y jurisprudencia internacional de derechos humanos que sostienen que la pena de muerte no se restablecerá en los Estados que la han abolido. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Honduras es parte, adopta las disposiciones requeridas para limitar definitivamente la aplicación y ámbito de la pena de muerte, de modo que se vaya reduciendo hasta su supresión final. Incluso el Estado de Honduras, que participó en los trabajos preparatorios de la Convención, propuso junto con otros Estados la proscripción de la pena de muerte de modo absoluto y firmó una declaración que estableció su “firme aspiración de ver desde ahora erradicada del ámbito americano la aplicación de la pena de muerte y nuestro indeclinable propósito de realizar todos los esfuerzos posibles para que, a corto plazo, pueda suscribirse un Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José, Costa Rica- que consagre la definitiva abolición de la pena de muerte y coloque una vez más a América en la vanguardia de la defensa de los derechos fundamentales del hombre”

El precandidato dijo ante la opinión pública que para lograr instaurar la pena de muerte solicitará la denuncia de los tratados de derechos humanos que Honduras ratificó. Esto significaría un retroceso para el país por desconocer el derecho a la vida, y además un desconocimiento de la historia y cultura hondureñas.

CEJIL considera importante destacar que erradicar la impunidad en la que quedan muchos crímenes cometidos en Honduras, sería un remedio más efectivo para lograr una disminución de la criminalidad; la solución entonces no es imponer castigos más duros, como la pena de muerte. Además, la respuesta ante la inseguridad ciudadana no es una sola, es necesaria una propuesta integral que tome en cuenta los problemas sociales que enfrenta la población.

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Victoria Amato Nancy Marín Espinoza
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Washington, D.C. 13 de octubre de 2005

Desde el 14 hasta el 21 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias y reuniones de trabajo, convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de su 123º período ordinario de sesiones. CEJIL informará a la Comisión sobre el estado de los derechos humanos en algunos países y abordará temáticas específicas como: la trata de personas, la situación de las pandillas juveniles, conocidas como maras, en Honduras y El Salvador, la situación de los defensores/as de derechos humanos en la región centroamericana, las violaciones de los derechos de los niños y niñas en Paraguay.

También se expondrá sobre el derecho y el acceso a los servicios de salud de las mujeres, la situación de los derechos humanos de la población indígena y campesina en Bolivia y las condiciones en las que se encuentran las comunidades haitianas y dominico haitianas en República Dominicana. Una audiencia que se espera despierte gran interés es la referida al proceso de desmovilización y a la ley de Justicia y Paz en Colombia.

La preocupante situación que se vive en Venezuela será dada a conocer a la CIDH en cuatro audiencias en las cuales se verán los siguientes temas: situación de la administración de justicia, impunidad y condiciones carcelarias; situación de defensores y defensoras de derechos humanos: libertad de expresión y la impunidad en los casos de ejecuciones de campesinos.

También se tratarán casos específicos por violaciones de derechos humanos dentro de las cuales destacan: el acceso a medicamentos por parte de las personas que viven con el virus del VIH Sida en El Salvador; el caso del asesinato de Monseñor Romero, el cual aún se encuentra en la impunidad, después de 25 años del suceso; la situación del pueblo indígena Sarayaku de Ecuador .

Junto con CEJIL, estarán presentes víctimas y otras organizaciones no gubernamentales, así como delegaciones de los gobiernos del hemisferio. Además de las audiencias mencionadas, CEJIL, junto a sus co-peticionarios, mantendrá reuniones de trabajo sobre una serie de casos pendientes relacionados con México, Argentina, Honduras, Bolivia, El Salvador, Venezuela y Brasil.

Contacto en Washington:

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A continuación se encuentra la lista de las organizaciones (por orden alfabético) que estarán presentes junto a CEJIL en las audiencias y reuniones de trabajo:

Casa Alianza
Capitulo Boliviano de derechos humanos, democracia y desarrollo
Center for Reproductive Rights
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social
Centro de Derechos Humanos de UCAB
Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas
Centro para la acción social en derechos humanos (CALDH)
Colectivo de Abogados "Jose Alvear Restrepo"
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)
Comité de Solidaridad con Presos Políticos
Consorcio Justicia Viva
Corporación Humanas
Corporación Jurídica Libertad
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú
Coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia (CDIA)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC)
Espacio público
Grupo de mujeres de San Cristóbal
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos
Human Rights Watch
Instituto de Defensa Legal
Juntos Avancemos (JHAJA)
Justicia y Paz
Memoria Activa
Observatorio de prisiones de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Red de Encuentro Dominico Haitiano Jaques Viau (REDH Jaques Viau)
Red para la infancia y la adolescencia de El Salvador (RIA)
Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador
Reiniciar
Vicaría de los Derechos Humanos de Caracas

Washington D.C., 29 de enero de 2010

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hace un llamado a la comunidad internacional de Estados, organismos internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil para que insistan en la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos en Honduras.

Numerosas organizaciones internacionales y de la sociedad civil han documentado los abusos sufridos por la sociedad hondureña. En su informe publicado el pasado 20 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el derrocamiento del Presidente Manuel Zelaya fue un golpe de Estado protagonizado por los militares y constató que como consecuencia de la ruptura del orden democrático ocurrieron muertes, represión y uso desproporcionado de la fuerza contra manifestaciones públicas, millares de detenciones ilegales, declaración arbitraria del estado de excepción, tortura y tratos crueles degradantes e inhumanos, violaciones a los derechos de las mujeres, censura y graves violaciones a la libertad de expresión y a los derechos civiles y políticos.

Para la CIDH, estos hechos fueron favorecidos por la falta de una institucionalidad que respondiera ante las denuncias, así como por la negación de la existencia de esas violaciones por parte de las autoridades de facto y de la Corte Suprema de Justicia.

El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas, en su informe del 22 de diciembre, también reporta haber recibido y constatado abundante información y testimonios acerca de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno de facto. Por ello, es fundamental y urgente avanzar investigaciones adecuadas respecto de estas graves violaciones de derechos humanos.

No obstante, hechos recientes demuestran que los representantes de los poderes del Estado, que se confabularon con el régimen de facto y toleraron el golpe, continúan tomando decisiones para negar los hechos ocurridos y asegurar la impunidad de sus responsables. En este sentido, la reciente resolución del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia,Jorge Rivera Avilés, mediante la cual libera de responsabilidad a los militares que ejecutaron el golpe de Estado, es una muestra más de la politización del órgano judicial y la ausencia de garantías para establecer la verdad y que se haga justicia. A ello se suma la reciente decisión del Congreso Nacional de declarar la amnistía sobre los hechos ocurridos a partir del 28 de junio, la cual, lejos de contribuir a la reconciliación nacional, constituye un impedimento para conocer la verdad y sancionar la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.

CEJIL considera que, hoy más que nunca, se debe mantener un riguroso seguimiento a la situación de los derechos humanos en Honduras y respaldar todos los esfuerzos para el esclarecimiento de la verdad acerca de lo ocurrido tras el derrocamiento del presidente constitucional Manuel Zelaya, así como el procesamiento y sanción de los responsables.

Un mecanismo para establecer la verdad debe, como mínimo, contribuir a esclarecer los hechos, brindar un reconocimiento moral y ético a las víctimas y presentar recomendaciones políticas que garanticen la no repetición de las violaciones de derechos humanos. Para lograr esos fines, el mecanismo que se diseñe debe tener competencia tanto material como territorial para investigar a cabalidad las violaciones a los derechos humanos cometidas así como las causas estructurales que propiciaron el golpe de Estado. Su funcionamiento debe ser transparente, sus conclusiones públicas y los integrantes seleccionados mediante escrutinio público y dotados de reconocida formación, independencia, calidad ética y trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Asimismo debe haber un compromiso público de todos los poderes del Estado para contribuir en las investigaciones y aceptar e implementar las recomendaciones que se establezcan, esto con independencia de las pesquisas y procesos judiciales pertinentes.

El acompañamiento que la comunidad internacional, en especial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, pueda dar en este proceso es indispensable para garantizar que los resultados sean creíbles y que no sea un instrumento para validar falsas verdades y evadir la justicia. Para el restablecimiento de la democracia en Honduras y la recuperación de la confianza en sus instituciones es imprescindible que todos los sectores de la sociedad reconozcan sin ambigüedades los perjuicios causados por el golpe de Estado.

CEJIL abogará por el respeto y la garantía de los derechos humanos para todas las personas que habitan en Honduras. Sin ello, no es posible afirmar que la democracia ha sido restituida en este país.

Contacto de prensa en Washington D.C.

Mauricio Herrera Ulloa

mherrera@cejil.org

Tel: (202) 319-3000

(202) 445-4676

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

Comunicado del Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN)

15 de diciembre de 2009

El OISDHHN expresa su más enérgica condena por el asesinato del Defensor de Derechos Humanos Walter Tróchez, la noche del 14 de diciembre, cuando una persona desconocida le disparó en el pecho mientras caminaba en el centro de Tegucigalpa.

Walter Tróchez fue un reconocido defensor de los derechos de las personas que viven con VIH y de la comunidad LGBT. Era miembro del Movimiento Ser Humano y colaborador activo del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH). Desde el 28 de junio, fecha que ocurrió el golpe de Estado en Honduras, Walter se unió al Frente de Resistencia y fue un férreo opositor de todas las arbitrariedades cometidas por el gobierno de facto.

El día 20 de julio Walter Tróchez había sido detenido arbitrariamente por participar en un plantón frente al Congreso de la República. Durante su detención fue golpeado varias veces con toletes y se le denigró por su orientación sexual.

Adicionalmente, Walter era uno de los testigos que afirmó haber visto a agentes policiales capturar al joven Pedro Magdiel Muñoz Salvador en la zona de Arauca, El Paraíso. Pedro encontró la muerte el 25 de julio durante la movilización que convocó el Presidente Zelaya hacia la frontera con Nicaragua.

El pasado 11 de diciembre, el Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras denunció el secuestro de Walter Tróchez el 4 de diciembre. Ese día había sido secuestrado y golpeado con un arma y con puños por cuatro hombres desconocidos que usaban pasamontañas pero afortunadamente logró escapar después de varias horas de cautiverio. Durante su captura, los atacantes le reclamaron su participación en el Frente de Resistencia y lo amenazaron de muerte.

El señor Tróchez denunció lo sucedido desde el día 5 de diciembre ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal y el Ministerio Público; no obstante, ninguno de estos órganos tomó acciones para protegerlo.

Estos hechos demuestran la indefensión y el grave riesgo en que se encuentran los defensores de derechos humanos y las personas que se oponen al actual gobierno de facto. Asimismo, evidencian que nuevamente las instituciones responsables de garantizar los derechos fundamentales han fallado en su deber.

El Observatorio hace un llamado a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Honduras y a la Dirección Nacional de Investigación Criminal para que en forma inmediata investiguen estos hechos, identifiquen a los responsables y se haga justicia.

Con la muerte de Walter ascienden a 14 las personas que han sido asesinadas en condiciones sospechosas y presuntamente vinculadas al actual contexto político. A estas se suman además las 9 muertes de personas fallecidas en manifestaciones públicas en contra del golpe de Estado. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos debe dirigir todos sus esfuerzos a investigar estos asesinatos y esclarecer los hechos, sin dilaciones ni pretextos.

Al respecto recordamos que la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la investigación de graves violaciones a los derechos humanos debe estar dirigida hacia la condena de todos los involucrados en el crimen, sean estos autores materiales, intelectuales, partícipes o encubridores. Solo de esta manera podrá prevenirse la repetición de este tipo de hechos.

El OISDHHN hace un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante ante las graves violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en Honduras.

De igual manera, el Observatorio urge a la Unión Europea aplicar las directrices para dar protección a los defensores de Derechos Humanos en Honduras, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que continúe otorgando medidas cautelares y fiscalice la implementación efectiva de las que ya fueron otorgadas.

Se reitera el llamado a la Corte Penal Internacional para que desarrolle la acción preventiva que debe cumplir con una acción decidida y oportuna de la Fiscalía que haga conocer públicamente que está monitoreando la situación en Honduras y que está dando seguimiento a las comunicaciones que le han sido presentadas.

Finalmente se solicita las autoridades estatales hondureñas que procedan a implementar, en forma inmediata, todas las medidas de protección que sean necesarias para que los y las defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor en condiciones seguras.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España)

Solidaridad Mundial - Bélgica

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José

Simeón Cañas” (IDHUCA-El Salvador)

Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos – Costa Rica

Asociación Arco Iris - Honduras

Para más información contacte:

Martin Wolpold-Bosien, wolpold-bosien@fian.org

Marcia Aguiluz, maguiluz@cejil.org

Luis Guillermo Pérez, LuisG.Perez@cifcaeu.org