Washington D.C.
El pasado 27 de octubre, el Estado nicaragüense fue acusado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar los derechos políticos y la libertad de expresión, y por las pésimas condiciones carcelarias en las que se encuentran las personas privadas de libertad en la Costa Atlántica. Estos temas se abordaron en dos audiencias solicitadas por el Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
En la primera audiencia referida a la libertad de expresión y a los derechos políticos las organizaciones enfatizaron la persecución política emprendida por las instituciones del Estado contra organizaciones de derechos humanos y la utilización del sistema de justicia como mecanismo de intimidación contra periodistas, organizaciones y movimientos de la sociedad civil y sus dirigentes.
Citaron los casos del periodista Carlos Fernando Chamorro, del sacerdote Ernesto Cardenal, de Sofía Montenegro y de 9 mujeres que representan organizaciones feministas, señalando que todas ellas enfrentan procesos de investigación por parte del órgano judicial sin que se les haya informado sobre los delitos que se les imputan.
También indicaron que autoridades estatales descalifican públicamente a defensores y defensoras de derechos humanos, utilizando en algunos casos a los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) para amenazarlos y agredirlos. Al respecto se destacaron los ataques que sufrieron miembros del CENIDH.
Se refirieron además a la falta de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública toda vez que los funcionarios públicos conceden entrevistas e información únicamente a los medios de comunicación afines al gobierno. Incluso a algunos periodistas se les prohíbe asistir a actividades donde está presente el Presidente Ortega.
Sobre las restricciones a la participación política y exclusión de partidos políticos, las organizaciones recordaron que Nicaragua fue condenada en el año 2005 por la Corte Interamericana en el caso Yatama por violar estos derechos. Desafortunadamente, indicaron, el Estado continúa en mora en el cumplimiento de esta sentencia lo que ha provocado que las violaciones se repitan. Así, el Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica del Partido Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y del Partido Conservador (PC), negándoles la posibilidad de participar en las elecciones municipales que se realizaran el próximo 9 de noviembre, en las cuales el Estado no ha aceptado observación electoral.
Al respecto, el representante del Estado, el Procurador General de la Nación, manifestó que apoyaba la reforma a la Ley Electoral.
La CIDH recordó al Estado la importancia de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos y le solicitó información sobre los hechos que se le imputaban al periodista Carlos Francisco Chamorro. Asimismo, le reiteró su interés por visitar oficialmente para verificar la situación de los derechos humanos.
En la audiencia sobre las personas privadas de libertad en la costa atlántica nicaragüense se denunció el hacinamiento, las condiciones insalubres y la falta de agua potable y electricidad, entre otros. Tales son las condiciones de vida de los presos que los centros penitenciarios se asimilaron a “bodegas humanas”, término ratificado por el Estado durante la audiencia.
La mayor parte de las personas que se encuentran en estas cárceles son afro descendientes e indígenas, quienes sufren discriminación por no considerarse su cultura ni etnia y por ser trasladados a centros penitenciarios fuera de la Costa Atlántica donde no existen traductores y donde sus familiares por razones económicas y distancia no pueden visitarlos.
Existen detenidos con prisión preventiva que llevan hasta siete meses en detención sin que se les hubiere realizado juicio oral y público y sin que se les hubiere aplicado una medida alterna a la prisión. Tampoco existe separación entre procesados y condenados. No gozan de visitas conyugales y las visitas familiares son reducidas.
El Estado reconoció las violaciones a los derechos humanos que se cometen en contra de estas personas y manifestó su voluntad y compromiso para mejorarlas. Ante este compromiso los peticionarios pidieron a la CIDH monitorear la situación expuesta.
CEJIL y CENIDH esperan que el Estado nicaragüense invite a la CIDH a visitar el país para que pueda constatar tanto las condiciones carcelarias como la situación general de derechos humanos.
Para escuchar la audiencias sobre derechos políticos y libertad de expresión puede visitar el sigiuiente link: http://www.cidh.org/Audiencias/133/A21DerechosPoliticosNicaragua.mp3
Para escuchar la audiencia sobre las condiciones carcelarias en la Costa Atlántica nicaragüense haga click aquí:
http://www.cidh.org/Audiencias/133/A22PPLNicaragua.mp3
Contacto en Washington
Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa
Tel: 202 319 3000
Correo electrónico: nmarin@cejil.org
www.cejil.org
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.
