Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Gaceta Nº 16 - La protección de los derechos de las personas refugiadas en el sistema interamericano

Gaceta Nº 16
Tipo de publicación: Gaceta
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2002
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Gaceta Nº 15 - Los desafíos para la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en el sistema interamericano

Gaceta Nº 15
Tipo de publicación: Gaceta
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2002
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Gaceta Nº 14 - Libertad de expresión y democracia

Gaceta Nº 14
Tipo de publicación: Gaceta
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Fecha Publicación: 2001
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Gaceta Nº 13 - Los nuevos reglamentos de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Gaceta Nº 13
Tipo de publicación: Gaceta
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Fecha Publicación: 2001
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CEJIL y Open Society Justice Initiative piden proteger a ciudadanos de República Dominicana ante Comisión Interamericana

Lun, 04/08/2008

Washington, D.C.

El pasado 31 de julio de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la República Dominicana adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de cinco personas dominicanas de ascendencia haitiana quienes han sufrido hostigamientos y amenazas aparentemente relacionadas con el estado público que han alcanzado sus acciones de reclamo de obtención de sus documentos de identidad. La solicitud de protección fue solicitada al organismo internacional el pasado 22 de julio por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Open Society Justice Initiative.

El Estado dominicano les ha negado a los beneficiarios de las referidas medidas su documentación de manera reiterada aduciendo que la Circular 017 de 29 de marzo de 2007 instruye a los oficiales estatales, en el sentido de “abstenerse de expedir, firmar, copiar” las actas de nacimiento expedidas presuntamente en “forma irregular”. Dicha Circular hace alusión específica a “padres extranjeros que no han probado su residencia o status legal en la República Dominicana”.

Es así como al señor Emilio Bueno Oguís quien nació, se crió y educó en la República Dominicana le ha sido negada una copia “in extenso” de su certificado de nacimiento. Este documento es requerido por el consulado estadounidense para obtener su residencia, ya que el señor Emildo contrajo matrimonio con una ciudadana norteamericana.

La Junta Central Electoral (en adelante “JCE”) le negó el certificado, ante lo cual, el señor Bueno acudió ante la Corte Suprema de su país sin que haya obtenido resultado alguno hasta la fecha. Ante esta situación el señor Emildo denunció lo acontecido ante los medios de comunicación.

Emildo Bueno y miembros de su familia, cuyos reclamos han adquirido estado público, sufrieron amenazas y hostigamientos de gravedad. El pasado lunes 14 de julio, la señora Gysselle Baret fue secuestrada en la localidad donde habitaba, al parecer por los mismos sujetos que habían estado vigilando su domicilio varios días antes. Sus captores le hicieron una serie de amenazas dirigidas a intimidarla para que abandonara las causas interpuestas.

La situación de vulnerabilidad por la que atraviesan hoy en día el señor Emildo Bueno y sus familiares, ocasionada por la falta de obtención de sus documentos de identidad, no es ajena a la problemática que vive un amplio sector de la sociedad, en particular aquella de ascendencia haitiana. Al igual que ellos, miles de dominicanos se encuentran afectados por la Circular 017 de 29 de marzo de 2007.

Los representantes de las víctimas consideramos que los actos de agresión sufridos por el señor Bueno y sus familiares pudieran tener relación con las acciones ejercidas en la defensa de sus derechos.

Por lo anterior, el Estado dominicano debe garantizar la integridad física del señor Bueno y sus familiares para que ellos puedan ejercer sus derechos libremente y fuera de toda amenaza contra su vida.

 

Contactos

Francisco Quintana

1 202 319 3000

CEJIL

 

Julia Harrington

1 212 548 0169

Open Society Justice Initiative

Solicitud de acciones para resguardar la autonomía, independencia e imparcialidad del sistema interamericano de protección de los derechos humanos

Jue, 08/11/2007


Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas

Noviembre 8 de 2007.

Dr. José Miguel Insulza

Secretario General de la Organización de Estados Americanos

Señores Miembros de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos

del Consejo Permanente de la

Organización de Estados Americanos

Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos
P r e s e n t e s.

Referencia: Solicitud de acciones para resguardar la autonomía, independencia e imparcialidad del sistema interamericano de protección de los derechos humanos

Apreciables señoras y señores:

Las organizaciones que suscriben la presente, integrantes de la Coalición Internacional de organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, reiteran la valoración que ha hecho siempre, del rol fundamental desempeñado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión) para alcanzar importantes avances en la vigencia de los derechos humanos en el Hemisferio y en la visibilización de los obstáculos que la han postergado o impedido.

Al mismo tiempo, con el propósito de velar por la institucionalidad y el fortalecimiento de un órgano de trascendencia vital para la vigencia de los derechos humanos, se dirige a ustedes en relación a la reciente información hecha pública por dos miembros de la propia Comisión, en el sentido de que por una decisión mayoritaria influida por posibles presiones de diversos actores, se habría revertido una decisión firme tomada meses atrás.

En un comunicado emitido el día 27 de octubre de 2007, los Comisionados Victor Abramovich y Paolo Carozza hicieron público el fundamento de su voto disidente respecto a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión), mediante la cual se habría revocado una decisión acordada por el propio organismo. Los Comisionados disidentes expresaron que :

“Varios comisionados admitieron, ya sea en forma verbal o por escrito, que pretendían evitar una decisión que pudiera enfrentar a la Comisión con ciertos Estados Miembros y con el Secretario General. Si este ha sido en definitiva el fundamento de la resolución, estaríamos frente a un grave retroceso institucional. Pues ello implicaría que han existido presiones no públicas de actores políticos externos a la Comisión, para forzar a revocar la decisión (…)l, y que algunos Comisionados habrían decidido ajustar su posición a esas presiones”.

Independientemente del tema materia de dichas decisiones, es la primera vez que se tiene directo conocimiento de que la Comisión revierte una decisión debido a posibles presiones de parte de actores políticos externos, lo cual es extremamente grave, tanto en el caso de que efectivamente tales presiones hayan existido como el que la Comisión, sin una justificación aceptable desde la perspectiva de su mandato y el principio de mayor protección de los derechos humanos, pudiera estar provocando un quiebre de su propia institucionalidad.

Nos preocupa sobre manera además, que en el ámbito de los órganos políticos de la OEA, algunos Estados, lejos de escuchar el llamado de alerta que hicieron los comisionados disidentes con el voto que emitieron, de hacer un llamamiento a los Estados para que se abstengan de intervenir en las decisiones de la CIDH, y, en general, de buscar el fortalecimiento de la propia CIDH atendiendo las preocupaciones contenidas en el voto disidente, pretendieron descalificar a los comisionados disidentes.

Desde la experiencia como usuarios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, consideramos que hechos como los mencionados podrían afectar gravemente la legitimidad ganada por la Comisión gracias a su trabajo comprometido con la causa de los derechos humanos y al reconocimiento y respaldo que tanto los Estados como las sociedades le han otorgado.

Desde su creación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido un baluarte en la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos. Con la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados de nuestra región, reconociendo el rol de la Comisión, decidieron fortalecer su capacidad de actuar. La Convención Americana y los sucesivos tratados interamericanos de derechos humanos facultan a los órganos de protección del sistema de derechos humanos a actuar con fuerza vinculante en vastos espacios de la vida pública y privada en el continente. Así, desde su establecimiento, la Comisión ha aportado a la reivindicación de derechos individuales y colectivos, a impartir justicia reparando a innumerables víctimas de violaciones a los derechos humanos, al socavamiento de las dictaduras y a la defensa de las democracias.

Esta efectividad de la Comisión Interamericana ha dependido en gran medida de su legitimidad como un órgano independiente, competente y confiable en la tutela de derechos. A su vez, la fiabilidad de la Comisión se sostiene en su autonomía y objetividad, principios que fueron recogidos en su regulación como cuerpo, y en las prácticas del sistema interamericano. Estos principios han sido defendidos en la historia del sistema en diversos momentos críticos donde se ha puesto en jaque la independencia de los órganos. En consecuencia, amplios sectores de la población, las víctimas, el movimiento de derechos humanos, la prensa y los diferentes poderes de los Estados de la región han reconocido su autoridad, no sólo en virtud de sus facultades convencionales sino por la calidad y seriedad de su trabajo, que constituyen expresiones por excelencia de su autonomía e independencia.

Ahora bien, la independencia requiere de garantías objetivas y subjetivas de imparcialidad por parte de los miembros del sistema interamericano a la hora de tomar las decisiones que les competen. La imparcialidad objetiva o independencia está relacionada con las condiciones estructurales y de funcionamiento de la Comisión que permiten el desarrollo de un desempeño autónomo de sus facultades; como, por ejemplo, la capacidad para nombrar y remover a sus funcionarios, determinar el uso de su presupuesto, etc. La imparcialidad subjetiva requiere que exista una convicción íntima libre de prejuicios e influencias indebidas. Aquella no exige aislarse del diálogo o la consulta con los diversos actores del sistema—con las víctimas, Estados, los órganos políticos de la OEA, etc.--, sino garantizar la autonomía en la toma de decisiones pese a intereses encontrados o eventuales presiones teniendo como principio rector de la formación de la convicción individual la mejor y mayor tutela de los derechos de los/as habitantes del hemisferio.

Frente a la presente situación, es preciso que se disipen las dudas sobre las motivaciones y hechos que expone la disidencia escrita de los comisionados. En ese sentido el comunicado de prensa hecho público por el Presidente de la Comisión Interamericana, el día 5 de Noviembre del corriente, no resulta suficiente para alcanzar tal fin. También deben fortalecerse a futuro los procedimientos, condiciones y prácticas que permitan decisiones públicas, informadas y autónomas del órgano de protección, para evitar casos como éste. Adicionalmente, los diversos actores del sistema, órganos políticos y Estados de la OEA, deberían traducir en acciones positivas concretas la defensa y respeto por la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana, como lo expresó el Secretario General en la sesión de instalación del 130º período de sesiones de este organismo. De manera que a fin de fortalecer y resguardar la institucionalidad y legitimidad y respaldo a la Comisión, respetuosamente solicitamos:

Acciones inmediatas:

1º. Que en un acto de transparencia y rendición de cuentas, la Comisión no se limite a confirmar o negar interferencia de los Estados en este caso preciso -como ocurriera en el comunicado de prensa emitido por su Presidente, el Dr. Florentin Meléndez-, sino que ofrezca una explicación acerca de las razones que le llevaron a revertir la decisión tomada anteriormente por mayoría respecto del asunto referido en el voto expresado por los comisionados disidentes; y al mismo tiempo, que haga un pronunciamiento público claro y preciso acerca de su independencia, imparcialidad y autonomía.

2º. Que el Secretario General de la Organización haga un pronunciamiento público claro y preciso reafirmando la autonomía de la Comisión y su facultad exclusiva de elegir y remover a quienes desempeñen cargos de mayor responsabilidad como el Secretario ejecutivo y Relatores.

3º. Que se inicie una reflexión mas profunda acerca de cuales son las reformas en las regulaciones y las prácticas del sistema de protección que permitirían consolidar su independencia y autonomía. Este análisis deberá ocurrir en una discusión franca con los actores claves del sistema de protección de derechos humanos (Estados, órganos de protección, beneficiarios, sociedad civil, etc.) sin perder de vista que el objetivo último de un sistema regional de protección consiste en tutelar los derechos humanos de los y las habitantes de la región, y que hacerlos realidad exige una estructura institucional independiente, competente y efectiva.

Otras acciones:

4º. Que la designación de las personas que ocupan cargos de mayor jerarquía dentro de la Comisión, como son el Secretario Ejecutivo o los Relatores, sean elegidos y removidos sólo como producto de un proceso transparente de selección y remoción, cuya decisión final radique exclusivamente en la Comisión.

5º. Que los Estados, órganos políticos y el Secretario general de la Organización de Estados Americanos no intervengan ni ejerzan indebidas injerencias respecto de la tarea que desempeñan los miembros de la Comisión.

Para todos los actores sociales y políticos interesados en que la CIDH continúe siendo un órgano legítimo y confiable a favor de los derechos humanos en el Hemisferio, sin las acciones solicitadas quedará un vacío que pondrá en duda la legitimidad de la Comisión y la credibilidad de los compromiso de los Estados miembros y del Secretario General de la OEA de respeto y protección de los derechos humanos. Esta duda aún es posible resolver.

Nuevamente, esperamos que estas reflexiones aporten al proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.

Atentamente,

Organizaciones nacionales:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos – México

AGORA- Perú

Ariel Dulitzky, The Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights and Justice, University of Texas – USA

Asociación Civil por la Igualdad y la justicia (ACIJ) – Argentina

Asociación Pro Derechos Humanos – Perú

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas – México

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez – México

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador

Centro de Estudios Legales y Sociales – Argentina

Centro de Iniciativas Democráticas – Panamá

Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Publicas (CIEPP) – Argentina

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – Nicaragua

Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – Colombia

Colectivo Feminista Mercedes Olivera Bustamante – México

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – México

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) - Honduras

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) – Perú y sus miembros:

CDAS CHACHAPOYAS - Comisión Diocesana de Acción Social de Chachapoyas

CJS-CHIMBOTE - Comisión de Justicia Social de Chimbote

CODISPAS HUARAZ - Comisión Diocesana de Servicio Pastoral Social

CDH Apurímac - Centro para el Desarrollo Humano

ANFASEP -Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos, Desaparecidos en Zonas de Emergencia

CDHVS - Comisión de Derechos Humanos de la Vicaría de la Solidaridad

COMISION DIOCESANA DE PASTORAL SOCIAL – CAJAMARCA - Comisión Diocesana de Pastoral Social - Cajamarca

GRUFIDES - GRUPO DE FORMACIÓN E INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

VICARIA DE LA SOLIDARIDAD DE JAEN - Vicaría de la Solidaridad de Jaén

APORVIDHA - Asociación por la Vida y la Dignidad Humana

CODEH-CANAS - Comité de Derechos Humanos de Canas

CODEH-CHUMBIVILCAS - Comité de Derechos Humanos de Chumbivilcas

CODEH-ESPINAR - Comité de Derechos Humanos de Espinar

MCPDHQ - Movimiento Cristiano Pro Derechos Humanos de Quillabamba

VICARIA DE LA PRELATURA DE SICUANI

CITAQ - Asociación Civil Citaq

AJUPRODH - Asociación Jurídica Pro Dignidad Humana de Huánuco

CODHAH - Comisión de Derechos Humanos Alto Huallaga

CODEH PACHITEA - Comité de Derechos Humanos de Pachitea

CODEH ICA - Comisión de Derechos Humanos de Ica

CEIDHU - Centro de Iniciativas para el Desarrollo Humanos

PASDIH - Pastoral de Dignidad Humana* Arzobispado de Huancayo

CODDHT - Comité de Defensa de Derechos Humanos Taurija

CODDEH-SC. - Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Provincia de Sánchez Carrión

CODEH Tayabamba - Comité de Derechos Humanos de Tayabamba

COPREPAS - Comisión Prelatural de Pastoral Social - Huamachuco

SEDYS - Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad

COSDEJ - Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia

Sección Peruana de AMNISTIA INTERNACIONAL

APRODEH - Asociación Pro Derechos Humanos

ASFADEL - Asociación de Familias Desplazadas de Lima

CAAAP - Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica

CAPS - Centro de Atención Psicosocial

CEAPAZ - Centro de Estudios y Acción para la Paz

CEAS - Comisión Episcopal de Acción Social

CEDAL - Centro de Asesoría Laboral del Perú

CENIA - Centro Andino de Investigaciones Antropológico Forense

CODEH EL AGUSTINO - Comisión de Derechos Humanos de El Agustino

CODEH HUACHO - Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Diócesis de Huacho

COFADER - Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Refugiados

COMISEDH - Comisión de Derechos Humanos

CONEP - Concilio Nacional Evangélico

EPAF - Equipo Peruano de Antropología Forense

FEDEPAZ - Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz

GIN - Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño

IDL - Instituto de Defensa Legal

IDS - Instituto de Diálogo y Propuestas

IPEDEHP - Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz

MENADES - Mesa Nacional de Desplazados

OFIP - Oficina de los Derechos Humanos del Periodista

PAZ Y ESPERANZA - Asociación paz y Esperanza Ministerio Diaconal

REDINFA - Red para la Infancia y la Familia- Perú

SER - Asociación Servicios Educativos Rurales

SUYASUN - Asociación Suyasun

CODHP - Comité de Derechos Humanos del Distrito del Putumayo

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL VICARIATO APOSTOLICO DE SAN JOSE DEL AMAZONAS

VICARIATO APOSTOLICO DE IQUITOS - Comisión de Justicia y Paz Derechos Humanos Vicariato de Iquitos

CODEH ILO - Comité de Derechos Humanos de Ilo

CODEH-PASCO - Comité de Derechos Humanos y Desarrollo Humano - Pasco

DIÓCESIS DE CHULUCANAS AREA DE JUSTICIA Y PAZ

DIACONIA PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ - Diaconía para la Justicia y la Paz Arzobispado de Piura y Tumbes

ADLPS - Asociación de Defensa Legal y Promoción Social

CEDEH - Centro de Desarrollo Humano

VICARIA DE LA SOLIDARIDAD DE JULI

VICARIA DE LA SOLIDARIDAD DE LA PRELATURA DE AYAVIRI

CODEH MOYOBAMBA - Comité de Derechos Humanos de Moyobamba

CODEH PUCALLPA - Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa

Corporación Humanas – Chile

Corporación Humanas – Colombia

Corporación Humanas - Ecuador

Fundación Arturo Illia – Argentina

Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos de Guatemala

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de la Casas – México

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH – Colombia

Instituto de Defensa Legal – Perú

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) – EL Salvador

Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba – Bolivia

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas – México y sus miembros:

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, A. C. (ACAT – D.F.)

Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A. C. (Hidalgo)

Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI - Jalisco)

Católicas por el Derecho a Decidir (DF)

Centro de Apoyo al Trabajador (CAT – Puebla)

Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (CEFPRODHAC – Tamaulipas)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Guerrero)

Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Morelos)

Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (CDHFBC – Chiapas))

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (CDHFV – D.F.)

Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Chiapas)

Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardo”, A.C. (Torreón, Coahuila)

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (PRODH – D.F.)

Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Oaxaca)

Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Nuevo León)

Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Oaxaca)

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (Guanajuato)

Centro de Derechos Indígenas A. C. (CEDIAC – Chiapas)

Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca)

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF)

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara – Jalisco)

Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Coahuila)

Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala)

Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A. C. (Guerrero)

Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca)

Ciencia Social Alternativa, A.C. , Kookay. (Yucatán)

Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC - Coahuila)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC – Nuevo León)

Colectivo Educación para la Paz. (CEPAZ – Chiapas)

Comisión de Derechos Humanos “La Voz de los sin voz” (Guerrero)

Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Puebla)

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (COSYDDHAC - Chihuahua)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR - Morelos)

Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (D.F.)

Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Puebla)

Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Oaxaca)

Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI – Chiapas)

Comité de Derechos Humanos Ajusco (D.F.)

Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima)

Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO – Tabasco)

Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB – Tabasco)

Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Chiapas)

Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Veracruz)

Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (CODHOMHAC – Guanajuato)

Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hidalgo, A. C. (Hidalgo)

Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Guerrero)

Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Sinaloa)

Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Yucatán)

Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Guerrero)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC – Jalisco)

Kookay, Ciencia Social Alternativa, A.C.

Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz – ITESO (PIDH – Jalisco)

Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana (Puebla)

Programa Universitario de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana León (Guanajuato)

Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí)

Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México – Morelos)

Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Tabasco)

Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH – D.F.)

REINICIAR Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - Colombia

SISMA-Mujer – Colombia

Organizaciones Regionales:

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Center for Reproductive Rights

Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

Personas:

Andrea Galindo, Consultora

Silvia de los Santos, Operadora de justicia

Organizaciones Internacionales:

Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)

Federación Internacional de los Derechos Humanos

Global Rights

Rights and Democrac

Solicitan protección para docentes bolivianos

Mar, 19/08/2008

Cochabamba, Bolivia

El pasado 15 de agosto de 2008, la Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con carácter de urgencia, la adopción de medidas cautelares a favor de los maestros y maestras de la Federación Departamental de Educación Rural del Trópico de Cochabamba, Bolivia.

Puntualmente se solicitó a la CIDH a que exhorte al Estado boliviano a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal, libertad personal, honra y dignidad, libertad de pensamiento y de expresión y libertad de asociación de los y las educadoras bolivianas, garantías consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos de la cual Bolivia es parte.

Los profesores y profesoras que integran la Federación de Maestros del Trópico de Cochabamba de las zonas de Chapare, Tiraque, Carrasco Tropical, Tacopaya, Pojo y Arque, están siendo víctimas de graves amenazas y agresiones en represalia por su participación en la huelga general convocada semanas atrás por la Central Obrera Boliviana con el fin de reivindicar cambios en el régimen de pensiones. Como consecuencia, los y las afectadas fueron expulsadas de sus viviendas, obligadas a abandonar la zona e impedidas de retomar sus actividades laborales.

La Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), esperan una respuesta favorable de la CIDH que permita garantizar los derechos de las personas afectadas.

 

Contacto en Argentina

Liliana Tojo

Directora Cejil Sur

Tel/Fax: 54-11-4328.1025

Correo electrónico: ltojo@cejil.org.

 

Contacto en Bolivia

Julieta Montaño

Directora de la Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba

Tel/Fax:591-44-4228928

Correo electrónico: julietamontano@gmail.com

 

www.cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

Organizaciones de derechos humanos de la región repudiaron la expulsión de representantes de Human Rights Watch de Venezuela

Vie, 19/09/2008

Las organizaciones de derechos humanos de América Latina, abajo firmantes, repudian la expulsión ordenada por el Gobierno de la República de Venezuela a los representantes de Human Rights Watch José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, director ejecutivo y vicedirector de la División América de la organización.

De acuerdo con un comunicado oficial, firmado en el día de ayer por los ministros de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, y de Interior, Tarek El Aissami, el motivo de la decisión oficial fue haber "violentado la Constitución y las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela, agrediendo a las instituciones venezolanas, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos de nuestro país". La expulsión se ordenó al día siguiente de que Human Rights Watch presentara en Caracas el informe “Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”, en el que se analiza la situación de los derechos fundamentales en dicho país.

Las organizaciones firmantes repudian este proceder del Gobierno Venezolano destinado a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada la reputación de estas instituciones. Los argumentos basados en una concepción absoluta de la soberanía son inadmisibles con el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, ha sido una defensa utilizada por gobiernos autoritarios para evitar la supervisión de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Asimismo, autoridades del Gobierno Venezolano han esgrimido que Human Rights Watch respondería "a intereses vinculados y financiados por las agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América”. Ante ello, es importante señalar que Human Rights Watch no recibe financiamiento gubernamental alguno y que ha tenido un papel de liderazgo en la denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y por su política migratoria, entre otros. El trabajo de Human Rights Watch abarca la mayoría de los países del mundo y ha sido fundamental para evidenciar situaciones de violaciones de derechos en muchos de nuestros países latinoamericanos.

Como organizaciones de la sociedad civil que desarrollamos nuestro trabajo en países en los que los defensores de derechos humanos han sido actores clave para la recuperación y fortalecimiento de las democracias, la búsqueda de justicia y memoria por crímenes de lesa humanidad, y el avance de derechos económicos, sociales y culturales, entre muchos otros logros y desafíos pendientes, rechazamos la represalia sufrida por Human Rights Watch e instamos a las autoridades del Estado venezolano a dar marcha atrás con esta expulsión, y garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad.

Por último, tanto la Asamblea General de la OEA, como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado la importancia de la labor de las defensoras y defensores en el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático. Por ello, las organizaciones firmantes solicitan a todos los países de la región que adopten las medidas a su alcance para asegurar en Venezuela una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos, tal como lo dispone la Carta Democrática Interamericana.

 

ORGANIZACIONES

 

- Acción Solidaria - Venezuela

- Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos - México

- AMICIS (Clínica Jurídica y Social Patagónica) - Argentina

- Asociación ÀGORA (Centro de Estudios para la Promoción y Defensa de los Derechos Fundamentales y Generacionales) - Perú

- Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) A.C - México

- Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) - Perú

- Centro de Asesoría Laboral - Perú

- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica - Venezuela

- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales - Chile

- Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas - México

- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez - México

- Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) - Argentina

- Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." - México

- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Argentina

- Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) - Nicaragua

- Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) - Nicaragua

- Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. - México

- Centro para la Defensa Legal Indígena (CDLI) - Guatemala

- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) - organización regional

- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Colombia

- Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) - Colombia

- Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) - Perú

- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C - México

- Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC) - Venezuela

- Comité de Familiares de Victimas de Violaciones de los Derechos Humanos (CODEFAM) “Marianella García Villas” - El Salvador

- Comité 25 de Noviembre A.C. - México

- Conectas Direitos Humanos - Brasil

- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - México

- Corporación Humanas - Chile

- Espacio Público - Venezuela

- Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) - Guatemala

- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) - organizacional internacional

- FIAN Internacional - organizacional internacional

- Foro de Mujeres del Mercosur (capítulo Paraguay) - Paraguay

- Foro para el Desarrollo Sustentable - México

- Fundación REDVIHDA - Bolivia

- Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) - organización regional

- Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH) - Guatemala

- Global Rights Partners for Justice - organización internacional

- Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C. - México

- Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) - Colombia

- Human Rights First -organización internacional

- Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) - El Salvador

- Karlos Castilla - México

- Movimiento Costarricense de Lucha Contra el VIH - Costa Rica

- Observatorio Venezolano de Prisiones - Venezuela

- Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador - El Salvador

- Oficina Jurídica Para la Mujer - Bolivia

- Oficina Regional de las Américas del Centro Internacional por la Justicia Transicional (ICTJ)

- Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) - Venezuela

- Red de Mujeres contra la Violencia -Nicaragua

- Red Oaxaqueña de Derechos Humanos A.C. - México

- Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. - México

- Sinergia - Venezuela

- Vicaría de Derechos Humanos de Caracas - Venezuela

Políticas de seguridad mexicanas vulneran los derechos humanos

Mié, 22/10/2008

 

Washington D.C.

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la política de seguridad pública en México violenta los derechos humanos de la población. En el marco de esta problemática el Estado se justifica en la llamada “guerra” contra el crimen organizado.

Durante el 133° período de sesiones de la CIDH, las mencionadas organizaciones que trabajan en la promoción y vigilancia de los derechos humanos, informaron sobre el impacto negativo de las políticas de seguridad pública sobre los derechos humanos en México, frente a autoridades estatales, y entregaron un informe detallado al respecto.

Asimismo manifestaron que la actual administración de Felipe Calderón implementa una estrategia de seguridad pública en la cual participan las fuerzas armadas del Ejército. Esto a pesar de los múltiples señalamientos del Sistema Interamericano al respecto que “ los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos”.

En la audiencia se detalló que la lucha contra la delincuencia organizada por parte del Estado mexicano ha implicado iniciativas y reformas legislativas regresivas, reaccionarias, olvidando la prevención en materia de seguridad pública. Incluso se ha llevado al debate público la pena de muerte y la prisión vitalicia soslayando conceptos fundamentales como el de seguridad humana.

La militarización de la seguridad pública ha provocado torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales por parte de elementos militares. Sin embargo, el despliegue de más de 45 mil efectivos militares en las tareas de seguridad pública no ha logrado frenar los índices de violencia que continúan en ascenso.

La participación del Ejército en tareas de seguridad pública contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y el Artículo 129 constitucional mexicano que establece: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Un indicador del aumento en las violaciones a los derechos humanos a partir de la creciente participación de los militares en tareas de seguridad policiales es el incremento en el número de quejas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En lo que va del sexenio de Calderón esta entidad ha registrado más de 983 quejas y las cifras indican que el fenómeno va en crecimiento. Asimismo los casos documentados por las organizaciones de derechos humanos mexicanas indican que los grupos en situación de vulnerabilidad como: niños, niñas y adolescentes, indígenas, mujeres y personas migrantes son especialmente afectados.

Los y las periodistas que cubren los temas relacionados con seguridad y narcotráfico también se han visto afectados lo cual se refleja en las reiteradas amenazas, hostigamientos y ataques en su contra. Por ejemplo en Chihuahua, desde que inició el operativo para frenar la delincuencia organizada los periodistas han sido amedrentados por elementos militares. Es así como se da el caso de Emilio Gutiérrez Soto en Chihuahua quien se vio obligado a huir de México y solicitar asilo.

Las organizaciones de la sociedad civil preocupadas por este contexto solicitaron a la CIDH que visite México para constatar esta situación, que se pronuncie al respecto y que exhorte al Estado mexicano a rendirle cuentas y que cumpla con sus obligaciones internacionales en aras de la protección a los derechos humanos en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada.

 

Organizaciones peticionarias ante la CIDH:

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (PRODH)

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. (CDHFFV)

Asistencia Legal para los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (RedTDT)

 

Contacto en Washington

CEJIL

Nancy Marín Espinoza

Difusión y Prensa

Tel: 202 3193000

Correo electrónico: nmarin@cejil.org

 

www.cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Inician audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mié, 22/10/2008

Washington D.C.

Hoy inicia el 133° período de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), junto con otras organizaciones de derechos humanos, expondrá ante este organismo diferentes situaciones violatorias a los derechos humanos que marcan la realidad de algunos Estados del hemisferio.

Habrá una audiencia sobre el impacto de la política de seguridad pública en los derechos humanos en México. Este tema es de especial importancia por el incremento desmedido de la utilización de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, lo que ha dado lugar a ejecuciones arbitrarias y otros abusos policiales y militares. También se tratará el tema de los ataques a los operadores de justicia y a los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, ya que la situación es particularmente grave y los actos de violencia han cobrado la vida de varias de estas personas lo cual genera un ambiente de inseguridad permanente.

El día 23, la Comisión tendrá conocimiento sobre la situación de la justicia laboral en El Salvador la cual es de difícil acceso para los/as trabajadores/as debido a los pocos juzgados especializados en esta materia y no se aplica el principio de que frente a la duda se resuelve a favor del trabajador. Además se tratará el tema de la extradición de paramilitares en Colombia y como esto afecta los derechos de las víctimas y como el conflicto armado en dicho país ocasiona discriminación y violencia que contra las mujeres.

El 27 de octubre se le informará a la CIDH sobre la Ley de Amnistía en Brasil que ha sido un obstáculo para conseguir justicia en el país. En este espacio se discutirá el marco histórico de la ley y las nuevas tentativas de discutir su aplicación en el Poder Judicial. Además se realizará una audiencia sobre el caso de la masacre brasileña de Fazenda Ubá, una de las primeras masacres en la región del sur del estado de Pará y un caso paradigmático que confirma el patrón de violaciones de derechos humanos en contra de trabajadores rurales en esta región del país.

También se expondrá sobre las múltiples dificultades que enfrentan los y las nicaragüenses para ejercer sus derechos políticos y de libre expresión y pensamiento. En este espacio las organizaciones aportaran información actualizada sobre el debilitamiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua.

Las audiencias finalizan el día 28, durante el cual se informará sobre las medidas de protección que Estados Unidos debería implementar para velar por los derechos de los detenidos en Guantánamo. Asimismo se analizarán los argumentos de hecho y de derecho sobre el caso de ciudadano ecuatoriano que fue detenido y torturado en Panamá. Además, en una audiencia binacional, se conocerán las múltiples violaciones a los derechos humanos de las poblaciones indígenas en Honduras y Nicaragua. Estos dos países tienen los más altos niveles de pobreza en Centroamérica y esto afecta especialmente a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Estas personas se encuentran marginadas geográficamente y tienen un acceso insuficiente a los servicios públicos como educación, salud y justicia.

Finalmente habrá varias audiencias que analizarán la situación de los y las defensores y defensoras de derechos humanos, la seguridad ciudadana, la violencia y la libertad de expresión en Venezuela.

CEJIL espera que este período de sesiones contribuya al aseguramiento y protección de los derechos humanos en el hemisferio y que la CIDH dé seguimiento a los compromisos que asuman los Estados convocados.

 

Organizaciones que participan junto con CEJIL en el 133° período de audiencias

Almuk Nani Asla Takanka Consejo de Ancianos

Asistencia Legal para los Derechos Humanos A.C. (Asilegal)

Asociación de Misquitos Hondureños de Buzos Lisiados (AMHBLI)

Casa Alianza-Nicaragua

Casa de la Mujer en Bogotá

Center for Constitutional Rights

Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)

Centro de Investigaciones de la Comunicación

Centro de Investigaciones de la Universidad Católica “Andrés Bello”

Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (PRODH)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria O.P. (CDHFFV)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura (CPTRT)

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ( CMDPDH)

Comité de Familiares Victimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)

Concertación por un Empleo Digno en la Maquila (CEDM)

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Corporación Jurídica Libertad (CJL)

Corporación REINICIAR

Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay (CDIA)

Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires

Espacio Público

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)

Fundación Myrna Mack

Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)

Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES)

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM)

Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH)

Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado

Miskitu Indiang Mairin Asia Takanka (MIMAT)

MINGA

Mujeres que Crean

Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA)

Pastoral Social Caritas- Honduras

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (REDTDT)

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Ruta Pacífica de las Mujeres

Servicio de Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ)

Sisma Mujer

Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos

Vamos Mujer

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

 

Contacto en Washington

Nancy Marín Espinoza

Difusión y Prensa

Tel: 202 319 3000

Correo electrónico: nmarin@cejil.org

 

www.cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

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