Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Se debe actuar ya para preservar los derechos humanos y restablecer la democracia en Honduras

Misión internacional sobre derechos humanos a Honduras
Dom, 19/07/2009

Tegucigalpa, 19 de julio de 2009

Es lamentable que la intransigencia del gobierno de facto dificulte la labor de mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, para lograr acuerdos que permitan superar la crisis institucional provocada por el golpe de estado en Honduras. En estas circunstancias, se agrava la ya deteriorada situación de derechos humanos y crece la preocupación por la inestabilidad democrática.

Las organizaciones y redes de derechos humanos que integramos esta misión instamos a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) a adoptar medidas eficaces que aseguren la protección de los derechos humanos, como premisa urgente y necesaria para restituir el orden constitucional y asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho.

Estas medidas deben estar orientadas a asegurar los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la integridad personal, la libre expresión y la libertad de circulación, dado que en el comienzo de esta misión hemos recibido preocupantes y serias denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos de la población y sobre la ausencia de garantías para la labor de las organizaciones que defienden los derechos humanos.

Es urgente cortar todo tipo de cooperación internacional, vínculos comerciales y apoyo financiero con las instituciones golpistas y los sectores económicos que los apoyan. De igual manera, asegurar la aplicación de la resolución de la OEA para preservar la Carta Democrática Interamericana y enviar señales claras de condena a quienes promueven la violencia, con el fin de de evitar una guerra civil.

En este marco, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge la aprobación de las solicitudes de medidas cautelares que todavía están pendientes y su pronta visita al país. A su vez, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe actuar de manera urgente en esta dirección y la Corte Penal Internacional debe adoptar las medidas preventivas que sean necesarias. Los Estados miembros de la UE y la delegación de la Comisión Europea en Honduras deben aplicar sus directrices sobre los defensores de derechos humanos, que actualmente ejercen su legítima labor sin garantías.

La misión reafirma que preservar la democracia, insistir en caminos de diálogo y asegurar los derechos humanos, deben guiar la solución de la crisis. Los golpes de estado y el uso arbitrario de la fuerza ya no tienen cabida en América Latina.

CIDH ordena proteger a defensores de derechos humanos en Honduras

Mar, 07/07/2009

San José, Costa Rica, 7 de julio de 2009

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a las autoridades hondureñas, el pasado viernes 3 de julio, adoptar “todas las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de defensores de derechos humanos, periodistas, familiares del Presidente Zelaya, y observadores internacionales presentes en Honduras”.

Específicamente, la CIDH dispuso que las autoridades hondureñas de facto deben garantizar la vida y seguridad de 63 personas acerca de las cuales se considera que existe una situación de riesgo a su integridad, su libertad o su vida.

Entre los beneficiados hay líderes sociales, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos que se han manifestado en contra del golpe de Estado en Honduras. CEJIL representa a 18 de ellos y ellas.

Las garantías solicitadas a las autoridades son especialmente necesarias respecto de las personas detenidas y/o con paradero desconocido. “La Comisión solicitó que se informe sobre su paradero y, en caso de detención arbitraria, que se disponga su inmediata libertad”.

La CIDH también pidió información detallada acerca de la represión de manifestaciones pacíficas “como resultado de la cual habría personas desaparecidas, heridas, golpeadas, arrestadas y en las cuales se habría lanzado bombas lacrimógenas.”

Aunque la CIDH fijó un plazo máximo de 48 horas para recibir información de la implementación de las medidas, representantes del gobierno de facto no han contestado la orden internacional.

Las medidas cautelares son una medida preventiva para evitar daños irreparables y son concedidas por la CIDH ante situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos de las personas, sin que sea necesario pronunciarse acerca del mérito del caso. El Estado está obligado a acatarlas.

Solicitan protección ante la CIDH para personal de Radio Progreso en Honduras

Jue, 02/07/2009

San José, 2 de julio de 2009

CEJIL y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Compañía de Jesús (ERIC) solicitaron hace dos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares para garantizar el derecho a la libertad de expresión, a la libertad y a la integridad personales y a la vida del personal de Radio Progreso, emisora ubicada en El Progreso, Yoro, en Honduras.

Radio Progreso es uno de los pocos medios nacionales que transmite en vivo las manifestaciones públicas, la represión del ejército y en general la situación que se vive en Honduras a raíz del golpe de Estado perpetrado el pasado 28 de junio y por eso razón han sido objeto de diversas represalias.

Así, en la mañana del 28 de junio, 25 miembros del ejército hondureño invadieron las instalaciones de la emisora e indicaron a todos los funcionarios que debían apagar los equipos de comunicación y retirarse a sus casas. Cientos de personas que escuchaban la radio se percataron de lo que ocurría y acudieron de inmediato a la emisora para intentar impedir el cierre ilegal. Sin embargo, con el fin de evitar un enfrentamiento, la dirección de la Radio y los trabajadores acataron la ilegal orden militar. Durante todo el domingo la Radio no pudo transmitir.

El 29 de junio, con el apoyo masivo de la comunidad de El Progreso, los trabajadores se presentaron a trabajar a las instalaciones de la Radio y lograron que el ejército abandonara el lugar. Este día restablecieron la transmisión.

En la tarde del 30 de junio, el Padre Ismael Moreno, director de la Radio, recibió información de que el ejército procedería nuevamente a cerrar la emisora de manera ilegal. Esta amenaza los obligó a abandonar las instalaciones. Actualmente transmiten desde la clandestinidad. Ante el panorama de represión que se vive en Honduras, los y las trabajadoras de la Radio Progreso corren peligro inminente. Preocupan especialmente los obstáculos que enfrenta Radio Progreso para ejercer la libertad de expresión y la consiguiente afectación que sufre el derecho de la población en general a recibir información acerca de la grave situación que afecta el país.

CEJIL y el ERIC esperan que la intervención de la CIDH contribuya a que se respeten y garanticen los derechos fundamentales del personal de Radio Progreso, de manera que puedan seguir ejerciendo su labor de informar a la sociedad. Asimismo, hacen un llamado a la comunidad internacional para que continúen los distintos esfuerzos que contribuyan a restablecer la institucionalidad democrática en Honduras.

CEJIL denuncia violaciones a los derechos humanos en Honduras

Mié, 01/07/2009

San José, Costa Rica, 1 de julio de 2009

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones a las libertades fundamentales que se están dando en Honduras luego del golpe de Estado perpetrado el pasado domingo.

CEJIL informó a la CIDH los siguientes hechos:

- Actos de persecución contra dirigentes políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y miembros del gabinete del Presidente Zelaya

- El vehículo de un comando militar atropelló al sindicalista Roger Ulises Peña el 29 de junio en la afueras de la compañía telefónica Hondutel y le causó lesiones de gravedad

- Más de 100 personas han sido ilegalmente detenidas, algunas de las cuales fueron trasladadas a postas policiales. Muchas de ellas fueron brutalmente golpeadas por el ejército

- Acciones de reclutamiento forzoso de jóvenes y trabajadores ejecutadas por el ejército hondureño en las fincas bananeras San Lorenzo, San Dimas, Cerrito, Sabana Larga, Trojes, Arenal, Limones 6, Cayo, Olanchito, todas ubicadas en los departamento de Yoro y Colón. En la finca Olanchito está actuando el 15 Batallón, tenemos al menos 5 nombres de jóvenes secuestrados: Melvín Anael Romero, Edwin Noel Mejía, Alexis Nuñez y René Ruíz. El responsable de ese batallón es un Teniente Coronel de apellido Melgar.

- Cierre ilegal de la Radio Progreso el día 28 de junio, y acciones de hostigamiento hacia los trabajadores, que los obliga a trasmitir desde la clandestinidad.

- Fuerzas militares detuvieron arbitrariamente al equipo periodístico de la cadena TeleSur para impedir la transmisión de los enfrentamientos.

A raíz de estas y otras amenazas sufridas por periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y dirigentes políticos, CEJIL solicitó a la Comisión Interamericana medidas de protección.

El alto organismo de la OEA otorgó las medidas inicialmente a favor de la Canciller Patricia Rodas, posteriormente amplió su resolución a favor del periodista Edran Amado López, la defensora de derechos humanos, Bertha Cáceres y del Diputado del Congreso Nacional por el Partido Unificación Democrática, César Ham. Las medidas cautelares se otorgan para que el Estado hondureño les garantice la vida e integridad personal.

Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emplazó al Estado para que presente información sobre la situación de seguridad de otros dirigentes y defensores. El plazo para informar por parte del Estado venció el día de ayer 30 de junio. Hasta el momento, el Estado hondureño no ha cumplido con el pedido de la CIDH.

Las medidas cautelares son una medida preventiva para evitar daños irreparables y son concedidas por la CIDH ante situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos de las personas, sin que sea necesario pronunciarse acerca del mérito del caso. El Estado está obligado a acatarlas.

CIDH emplaza al Estado hondureño para que informe urgentemente sobre la situación de dirigentes y defensores de derechos humanos

Lun, 29/06/2009

San José, Costa Rica, 29 de junio de 2009

El día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó de manera urgente información a las autoridades hondureñas sobre el estado en el que se encuentran los dirigentes políticos, defensores y defensoras de derechos humanos que fueron amenazados con ser detenidos por fuerzas militares hondureñas y que en algunos casos ya fueron detenidos ilegalmente. Asimismo pidió información sobre los familiares del presidente Manuel Zelaya, la cual debe ser entregada el día de mañana. En el caso de la Canciller Patricia Rodas, la CIDH requirió que adopte las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal.

Como consecuencia del golpe de Estado sufrido el día de ayer en Honduras, el ejército ha tomado posesión de algunas oficinas de gobierno, se han movilizado a la capital varios tanques y otros instrumentos militares, y se mantiene una fuerte presencia militar en las calles de Tegucigalpa. Algunos medios de comunicación, como Radio Progreso, canal 8, y canal 36 fueron clausurados por el ejército, con indicaciones de no poder transmitir sobre lo acontecido en el país.

En este contexto, la decisión de la CIDH responde a la solicitud hecha por el Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH), el Bloque Popular de Honduras, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Comité de Familiares Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para proteger a los siguientes defensores y dirigentes: Andrés Pavón Uribe, del Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH); Rafael Alegría, de la Vía Campesina; Luter Castillo Harris, líder garifuna; Carlos H. Reyes y Juan Barahona, del Bloque Popular; César Ham y Marvin Ponce, Diputados del Congreso Nacional por el Partido Unificación Democrática; Sara Elisa Rosales, de la organización Las Lolas y Movimiento Feminista; Bertha Oliva de Nativi del COFADEH y Bertha Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN).

Estas personas manifestaron públicamente, en el ejercicio de su libertad de expresión, su posición a favor de la consulta popular impulsada por el Presidente Zelaya. Luego del golpe de Estado, el ejército ha ordenado su detención. En el caso del defensor Andrés Pavón este informó que su casa estaba rodeada por militares. Varios de los defensores antes mencionados han sufrido hostigamientos y amenazas anteriormente.

Adicionalmente, las organizaciones solicitaron medidas para proteger a Enrique Flores Lanza, Secretario de la Presidencia; Patricia Rodas Baca, Canciller de la República, Mayra Mejía, Secretaria del Trabajo; Milton Jiménez Puerto, Presidente de la Comisión de Banco y Seguros; Miriam Mejh, Instituto de la Juventud; Doris García, Ministra del Instituto Nacional de la Mujer; Marco Tulio Burgos Córdova, Comisionado Nacional del Comité Permanente de Contingencias, así como a favor de los demás Ministros, Vice ministros y miembros del gabinete del gobierno del señor Manuel Zelaya Rosales. Algunos de ellos ya fueron detenidos ilegalmente, y presuntamente trasladados a bases militares. Se desconocen los motivos de su detención y el estado de salud en que se encuentran. Otros miembros de gobierno debieron abandonar sus domicilios debido a la falta de garantía de que su vida e integridad personal va a ser respetada.

Ante la ruptura del orden institucional no existen garantías para que se respeten los derechos fundamentales de las personas. La situación en Honduras es de suma gravedad. En la tarde de ayer se declaró estado de sitio lo cual aumenta el riesgo de que los derechos humanos resulten violentados.

CEJIL espera que se adopten todas las medidas que sean necesarias para que se garantice la libertad e integridad personal y la vida de las personas mencionadas, y que de manera inmediata se restaure el orden constitucional en Honduras que garantice el ejercicio pleno de las libertades fundamentales.

Organizaciones de 17 países y seis organizaciones internacionales piden respeto a la democracia y a los derechos humanos en Honduras

Dom, 28/06/2009

Organizaciones de derechos humanos del continente rechazan el golpe de

Estado en contra del presidente hondureño Manuel Zelaya Rosales. Este acto

desafía la democracia en todo el continente y hace urgente la solidaridad

con el gobierno y el pueblo de esta nación centroamericana.

En este contexto de gran inestabilidad varias organizaciones de derechos

humanos han solicitado el día de hoy a la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos que adopte medidas cautelares para garantizar la

protección a varios líderes políticos, sindicales y defensores de derechos

humanos cuya detención ha sido ordenada por el General Romeo Vásquez

Velásquez, Comandante en Jefe del Ejército. Las medidas de protección

solicitadas también abarcan a los Ministros de Estado de Honduras, algunos

de los cuales ya han sido detenidos.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos que suscribimos esta

declaración condenamos el golpe de Estado en Honduras y demandamos el

respeto a la institucionalidad democrática y garantías plenas para el

retorno del presidente a sus funciones constitucionales y legítimas.

Asimismo, hacemos un llamado urgente para que garanticen que los derechos

humanos de las y los hondureños serán respetados.

Finalmente, instamos al Consejo Permanente y al Secretario General de la

Organización de Estados Americanos a que invoquen la Carta Democrática

Interamericana y utilicen todos los mecanismos a su alcance para el

restablecimiento de la institucionalidad democrática en Honduras.

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos – México

Ação dos Cristão para Abolição da Tortura (ACAT) – Brasil

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz – Colombia

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) – México

Asociación Paz y Esperanza – Perú

Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga – Colombia

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Nicaragua

Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL) – Perú

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –México

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." –

Ecuador

Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) – Bolivia

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) – Panamá

Centro de Investigación de los derechos humanos y socorro jurídico –Panamá

Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" – Colombia

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador

Comisión Colombiana de Juristas – Colombia

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – México

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27

de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC) – Venezuela

Comunidad de Derechos Humanos de Bolivia – Bolivia

Conectas Direitos Humanos – Brasil

Consultoría para los derechos Humanos y el desplazamiento (CODHES) –

Colombia

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) –

Paraguay

Corporación de Interés Público – Chile

Corporación Humanas – Chile

PERU EQUIDAD, Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – organización

internacional

Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo – Brasil

Derechos y Democracia – Canadá

Espacio Público – Venezuela

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) – organización

internacional

Federación Luterana Mundial – organización internacional

Foro de Mujeres del Mercosur – Paraguay

Fundación Cultura Democrática – Colombia

Fundación Ètnica integral de República Dominicana – República Dominicana

Fundaciòn para la Justicia y los Derechos Humanos (FUNDJUDH) – Guatemala

Global Rigths – organización internacional

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas – México

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) – Colombia

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José

Simeón Cañas (IDHUCA) – El Salvador

Instituto de Derechos Humanos Santo Domingo – República Dominicana

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala – Guatemala

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) – Uruguay

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia – México

Justicia Global – Brasil

Mafaldas Libres – México

Movimento Nacional de Direitos Humanos – Brasil

Observatorio Venezolano de Prisiones – Venexuela

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) – Internacional

Oficina Jurídica Para la Mujer de Cochabamba - Bolivia

Praxis: Instituto para la Justicia Social - Perú

Red de Iniciativas contra la guerra y por la paz de Colombia (REDEPAS) -

Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos

de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC) – Internacional

Red Para la Infancia (RIA) –El Salvador

Red por los Derechos de la Infancia en México – México

Servicio de Justicia y Paz América Latina (SERPAJ) – internacional

Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas –

Venezuela

Ana María Vidal Carrasco, Abogada peruana

Gabriela Aspuru Eguíluz de México

Sufre atentado defensora de derechos humanos en Guerrero

Corte Interamericana había ordenado protegerla
Vie, 26/06/2009

San José, Costa Rica, 26 de junio de 2009

Una defensora de derechos humanos mexicana y dos familiares, a quienes el Estado mexicano debía proteger, sufrieron un atentado contra su vida el pasado 24 de junio en la comunidad de Fátima, en Guerrero. Margarita Martín de Las Nieves y sus parientes, todos ellos miembros de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFM), salieron ilesos luego de que un individuo disparó contra ellas.

Margarita es parte de un grupo de 107 defensores de derechos humanos del Estado de Guerrero a favor de quienes la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de protección en abril anterior, debido a múltiples hostigamientos y amenazas. En febrero pasado otros dos miembros de la OPFM, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, habían sido ejecutados extrajudicialmente.

Al otorgar las medidas, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano brindar protección y adoptar todas las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los defensores y defensoras.

El pasado 22 de junio, miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en Chilpancingo, Guerrero, para solicitar la implementación de medidas de seguridad y protección a favor de las y los beneficiarios de la orden emitida por la Corte. En esa reunión se solicitó especialmente implementar medidas de protección para las indígenas Margarita Martín de las Nieves y Guadalupe Castro Morales, viudas de Manuel Ponce y Raúl Lucas, cuyo crimen permanece impune. Estos compromisos debían implementarse el día 23 de junio, pero esto no sucedió.

En la tarde del 24 de junio, Margarita y sus familiares se dirigían en una camioneta desde Ayutla de los Libres a la comunidad de La Cortina, Guerrero, donde habitan los hijos de la beneficiaria. Al pasar por la comunidad de la Fátima, un individuo que se encontraba a un costado de la carretera les disparó varias veces sin lograr hacerles daño. Posteriormente, les siguió para dispararles de cerca. Sin embargo, Margarita y sus dos acompañantes lograron huir en el vehículo.

Este tipo de amenazas y atentados no son los únicos ocurridos desde que se otorgaron las medidas de protección. El abogado defensor de derechos humanos, Rommel Caín Chacán Pale, recibió una llamada telefónica en la que se le amenazaba de muerte, el pasado 5 de junio. Chacan Pale es operador del Monitor Civil de la Policía y Cuerpos de Seguridad Pública en la Montaña de Guerrero y también es beneficiario de las medidas de protección.

Los hechos se suman a una serie de actos intimidatorios, de hostigamiento y agresión en contra de los defensores de derechos humanos en Guerrero, que dieron pie a que la Corte Interamericana solicitara al Estado mexicano protegerlos.

Hasta el momento el Estado mexicano no ha implementado las acciones necesarias para salvaguardar la vida y la integridad de las personas beneficiarias de las medidas otorgadas por la Corte Interamericana.

CEJIL manifiesta su preocupación ante estos nuevos hechos de agresión en contra de una defensora de derechos humanos y ante la negativa del Estado de México de responder adecuadamente a la solicitud de la Corte Interamericana. Esta actitud estatal coloca a los beneficiarios en una situación de inminente riesgo y permite que hechos como los denunciados sigan ocurriendo.

Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades del Estado mexicano para que cumplan con lo ordenado por la Corte Interamericana y protejan la vida e integridad personal de los defensores y defensoras de derechos humanos beneficiarios de medidas provisionales.

Condenan asesinato de activista LGTB en Honduras

Bajada: 

Organizaciones de derechos humanos de Centroamérica denunciaron la muerte de la activista Monserrat Maradiaga (Elder Noe Maradiaga), promotora de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y transgénero (LGBT) de Honduras.

Fecha: 
Sáb, 24/10/2009
Cuerpo: 

El hecho ocurrió el día sábado 10 de octubre a las 12:30 am., en la esquina del Blvd. Morazán, en San Pedro Sula. Testigos afirman que Monserrat, miembro del Colectivo Travesti, Transgénero y Transexual de San Pedro Sula (Colectivo TTT), se encontraba en el borde de la acera con dos personas más. Repentinamente un automóvil apareció a gran velocidad y se dirigió directamente a ellas. Las otras dos personas lograron esquivar el vehículo, pero Monserrat lamentablemente fue atropellada y falleció de manera inmediata. El conductor por su parte se dio a la fuga, a la fecha se desconoce a los autores y el Ministerio Público aún no inicia las investigaciones.

Los actos de violencia contra la población LGBT en Honduras no son aislados, pero después del Golpe de Estado, ocurrido el pasado 28 de junio, se han incrementado. La asociación hondureña LGTB Arcoiris denunció que desde esa fecha se reportan 8 muertes violentas de personas transexuales, incluyendo a Maradiaga. Es evidente que la crisis política agravó la discriminación que sufre la población LGBT y la impunidad de los crímenes contra ella, ya que ninguna de las 8 muertes ocurridas ha sido investigada hasta el momento.

En medio de la crisis esta población se ha convertido en un blanco fácil de la violencia. Otra prueba de ello es que el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) descubrió en San Pedro Sula el uso de celdas clandestinas por parte de la Policía Municipal Sampedrana, para mantener detenidas de manera arbitraria a personas LGBT que realizan comercio sexual.

Sin embargo, hay que reconocer que antes de la crisis política también eran frecuentes los casos de personas pertenecientes a este colectivo que son atacadas de manera salvaje, y quedaron desfiguradas o con lesiones graves. La situación se agrava porque algunos de estos actos son cometidos por agentes estatales y la mayoría de los casos permanecen en la impunidad. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado en varias ocasiones medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de miembros de organizaciones LGBT.                              

Es de vital importancia que el Ministerio Público investigue y sancione a los responsables de estos crímenes de odio. Tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos los Estados tienen la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que esta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares.
 
Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional señaló que “es un deber estatal proteger a los defensores de derechos humanos cuando son objeto de amenazas para evitar atentados a su vida e integridad. Estos crímenes ponen al descubierto la violencia y discriminación a la que son sometidas las personas LGBT en Honduras y la ineficacia del aparato estatal para investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra. Con esta respuesta el mensaje estatal es que la vida de esta población no es valorada y genera un ambiente propicio para que les sigan violando sus derechos porque los responsables no serán sancionados”.

La Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI), el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC), HIVOS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresan su repudio ante una muerte más de una miembro de la comunidad LGBT.

Las agrupaciones solicitan que se investigue de manera seria y efectiva estos graves hechos y a la vez se adopten medidas para garantizar que los derechos de los miembros de la población LGBT sean respetados y que quienes se dedican a su defensa puedan llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad y sin temor a ser víctimas de actos de violencia que pongan en peligro su integridad física y su vida.

Medio de comunicación: 
Sentido G

Alerta urgente a los medios de comunicación y a la comunidad internacional

Detenciones arbitrarias en Honduras

Las organizaciones firmantes alertan de manera urgente a los medios de comunicación y a la comunidad internacional de la detención, procesamiento, encarcelamiento y criminalización de hombres y mujeres que han participado pacíficamente en protestas contra el gobierno de facto de Honduras.

Vie, 02/10/2009

Las organizaciones firmantes alertan de manera urgente a los medios de comunicación y a la comunidad internacional de la detención, procesamiento, encarcelamiento y criminalización de hombres y mujeres que han participado pacíficamente en protestas contra el gobierno de facto de Honduras.

La justicia hondureña acusó ayer por el delito de sedición, daños a la propiedad estatal y hurto de documentos oficiales, a 50 campesinos que no ofrecieron resistencia al ser desalojados y que fueron detenidos el 30 de septiembre, en el Instituto Nacional Agrario (INA), en Tegucigalpa. Ellos tendrán su primera audiencia judicial el día lunes 5 de octubre.

Las personas que fueron puestas en prisión son:

1.-Luis Alberto Alvarado Andino (17 años), originario de Santa Cruz de Guayape

2.-Roberto Reyes López (59 años), originario de Yoro

3.-Ramón Gómez Núñez (54 años), originario de El Progreso, Yoro

4.-Edmundo Flores (58 años), residente en Tocoa, Colón

5.-José Modesto Bautista (49 años), residente en El Progreso, Yoro

6.-Benedicto Emerito Flores Rodríguez (48 años), residente en Morocelí, El Paraíso

7.-Santos Lemus (39 años), residente en Tocoa, Colón

8.-José Antonio Fonseca Martínez (29 años), residente en Morocelí, El Paraíso

9.-Nicolás García Martínez (48 años), residente en la Villa de San Antonio

10.-Adry Laínez Ramírez (25 años), residente en Potrerillos, Cortés

11.-Jesús Portillo Amaya (46 años), residente en Potrerillos, Cortés

12.-Juan Ernesto Cabrera Sarmiento (18 años), residente en Potrerillos, Cortés

13.-José Irene Murillo (69 años), residente Río Bijao, Choloma, Cortés

14.-Carlos Roberto Santos López (25 años), residente San Nicolás, Santa Bárbara

15.-Luis Gustavo López (19 años), residente en Comayagua

16.-José Virgilio Amador Linares (44 años), residente en la Colonia Alemán de Tegucigalpa

17.-Gonzalo Zelaya Ochoa (45 años), residente en el Barrio Las Delicias

18.-Jesús Ramón Cuevas (72 años), residente en Tocoa, Colón

19.-Pedro Alberto Serrano García (20 años), residente en el departamento de Atlántida

20.-Fredy Adán Aguilar Hernández (29 años), residente en Potrerillos, Cortés

21.-Santos Israel Rodríguez (39 años), residente Valle de San Francisco

22.-Genaro Palma (59 años), residente en Tocoa, Colón

23.-Jorge Luis Enamorado (22 años), residente en Tocoa, Colón

24.-José Alejandro Benítez (57 años), residente en Las Flores, Comayagua

25.-Justino Cruz García (57 años), residente en Tocoa, Colón

26.-Fernando Magdiel García Moreno (22 años), residente en la colonia Palermo, El Progreso

27.-Darwing Alexander Padilla Sánchez (23 años), residente colonia Río de Piedras, Cortés

28.-Santos Lemus (39 años), residente Tocoa, Colón

29.-Santanito Pérez Cárcamo (50 años), residente Bonito Oriental, Colón

30.-Carlos Obdulio Portillo (66 años), residente Tocoa, Colón

31.-José Adaliel Colindres Rodríguez (27 años), originario de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán

32.-Venturas Santos Colindres Rodríguez (28 años) residente en la cooperativa Montes de Maraita

33..-Justo Cruz Padilla (41 años), residente Tocoa, Colón

34.-Marcos Nicolás (47 años), residente en Comayagua

35.-José Marcos López (40 años), residente en San Jerónimo, Comayagua

36.-Fausto René Matute Banegas (49 años), residente en El Progreso, Yoro

37.-Ramón Adalberto Díaz (43 años), residente Barrio La Concordia

38.-Osman Obeniel Díaz Mejía (29 años), residente Lomas del Carmen, San Pedro Sula, Cortés

39.-Wilfredo Padilla Santos (47 años), residente en Tocoa, Colón

40.-Demetrio Martínez Ávila (59 años), residente El Chagüite, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán

41.-Gustavo Adolfo Matamoros Ruiz (39 años), residente en Santa Rita de Yoro

42.-Gerson Adolfo Fajardo Chavarría (24 años) residente en San Manuel, Cortés

43.-Leocadio Aguilar Hernández (56 años), residente en Comayagua

44.-Carlos Humberto Rodríguez Andino (50 años), residente en El Zamorano

45.-Pedro Cárcamo (52 años), residente en Tocoa, Colón

46.-Hernán Arturo Raudales Andino (50 años), residente en la colonia Germania

47.-Juan Pablo Herrera Hernández (52 años), residente colonia Israel Norte

48.-Walter Estanislao Osorto Hernández (13 años), residente en el Remolino, Colón

Mujeres

1.-María Sunilda Morales López (42 años), residente en Guaymaca, Francisco Morazán

2.-Juana Ferrufino Maradiaga (42 años), residente El Chagüite, Maraita

3.-Nicolasa López Gonzáles (54 años), residente en la colonia 2 de mayo en Comayagua

4.- María Angelina Gutiérrez Hernández (29 años), residente en la aldea San Nicolás, Villa de San Antonio, Comayagua.

5.-Tomasa Gómez (38 años), residente en Santa Ana Yuguare

6.- María Elizabeth Benítez Granado (39 años), residente en la aldea San Nicolás, Villa de San Antonio

Los siguientes niños están recluidos en el Centro de Internamiento del Instituto Nacional de la Familia de Honduras (INFAH):

1.- Luis Alberto Alvarado Andino (17)

2.- Walter Estanislao Osorto Hernández (13) 

Las siguientes personas fueron dejadas en libertad con medidas sustitutivas a la prisión:

Las mujeres: 

1.- María Sunilda Morales López (42)

2- Juana Ferrufino Maradiaga (42)

3.- Nicolasa lópez Gonzáles (29)

4.- María Angelina gutiérrez Hernández (38)

5.- Tomasa Gómez (38)

6.- María Elizabeth Benítez Granados (39)

Adultos mayores:

1.-José Irene Murillo (69)

2.- Jesús Ramos Cuevas (72)

3.- Carlos Obdulio Portillo (66)

Todos ellos fueron arrestados al amparo del decreto ejecutivo PCM-M016-2009 que desde el 26 de septiembre suspendió las garantías constitucionales por 45 días.

El grupo de campesinos y campesinas tomaron las instalaciones del INA después del golpe de Estado del 28 de junio, para resguardar los documentos agrarios de los cuales ellos son beneficiados, al considerar que podrían estar en peligro en manos de las autoridades del gobierno de facto.

También fue confirmada la prisión preventiva contra la maestra AGUSTINA FLORES LÓPEZ, de 50 años de edad, acusada de los delitos de sedición y daños al Estado. Ella permanece detenida en la cárcel de mujeres de Támara.  Agustina Flores fue golpeada por la policía y el ejército en el desalojo ocurrido frente a la embajada de Brasil, el 22 de septiembre.

A pesar de estar esposada, ella fue agredida con toletes y puñetazos, llevada al estadio Chochi Sossa y después trasladada a la Dirección de Investigación Criminal de Comayaguela.

El médico Juan Ángel Almendarez Bonilla certificó el 25 de septiembre las lesiones y traumas que ella había sufrido en su cara, cuello, espalda, brazos y piernas, así como la suspensión de medicamentos esenciales para su salud, las malas condiciones físicas en las que se encontraba y la necesidad de que fuera tratada por un médico especialista con urgencia. 

Junto con ella también fue ordenado auto de prisión contra el turista español ANTONIO PORTA ALVAREZ, de 50 años  y el hondureño SANTOS REYNALDO GARCÍA MONCADA, de 24 años.

En el caso de Agustina Flores, la jueza que analizó su caso cuestionó que la acusada fuera seguidora del presidente Manuel Zelaya y justificó los golpes recibidos por una supuesta resistencia a la autoridad.

Aunque un video muestra la golpiza que una policía le propina a Agustina Flores, la fiscalía presentó como testigo a la oficial responsable de la agresión, quien alegó que la acusada se había golpeado a sí misma. El video puede ser visto en la siguiente dirección electrónica: http://www.youtube.com/watch?v=nr-6NZ48Y_w

Con estos casos  aumenta a 93 el número de personas acusadas por participar en protestas contra el golpe de Estado.

Las organizaciones firmantes hacemos un LLAMADO URGENTE PARA QUE:

  1. El Ministerio Público de Honduras cese la persecución penal de los manifestantes que están en contra del golpe de Estado.
  2. Los jueces y juezas hondureñas ordenen la inmediata liberación de las personas detenidas y el cese de la criminalización de la protesta social.
  3. El Ministerio Público investigue y deduzca responsabilidad penal a quienes han realizado actos de tortura, trato cruel e inhumano y detenciones arbitrarias contra las personas que manifiestan objeción de conciencia al gobierno de facto; para lo cual es fundamental como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la Fiscalía de Derechos Humanos tenga la posibilidad de asumir sus funciones con independencia.
  4. Los Estados pidan cuentas sobre las condiciones de detención y procesos seguidos contra las personas denunciadas en el presente documento.
  5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicite información sobre la situación jurídica y personal de las personas detenidas y procesadas.
  6. La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicite información e incluya en el informe solicitado por el Consejo de Derechos Humanos la situación de estas personas.
  7. Al Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, para que haga público el informe de los resultados de su visita a Honduras.
  8. Al grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas para que realice una visita urgente a Honduras y verifique la situación jurídica de las personas detenidas y procesadas.
  9. Al Fiscal General de la Corte Penal Internacional, que monitoree la situación en Honduras y, que inicie investigaciones de las posibles responsabilidades penales sobre crímenes de su competencia, como el de persecución política.
  10. A todas las personas que creen que es posible obtener la paz a través del diálogo y la justicia, para que envíen faxes a favor de las personas detenidas al siguiente número: (504) 269-3070, dirigidos al Abogado JORGE RIVERA AVILEZ, PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, para confirmar si se recibieron los envíos hacerlo al Tel. (504) 269-3107.

Las organizaciones firmantes responsabilizan a las autoridades del gobierno de facto por cualquier maltrato que estas personas sufran durante su permanencia en la prisión, así como por las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en su contra. 

Observatorio Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Alianza Social Continental Centroamérica y Enlazando Alternativa

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Federación de Derechos Humanos de España

Suedwind - Austria

IBIS - Dinamarca

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España)

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)

Solidaridad Mundial - Bélgica

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas” (IDHUCA-El Salvador)

Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH - Honduras)

Centro para la investigación y promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH - Honduras)

Centro de Derechos de Mujeres (CDM-Honduras)

FIAN Honduras

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH-Perú)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú)

El Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD

Para más información contacte:

Martin Wolpold-Bosien, wolpold-bosien@fian.org

Marcia Aguiluz, maguiluz@cejil.org

Luis Guillermo Pérez, LuisG.Perez@cifcaeu.org 

“NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL, SI A LA LIBERTAD Y A LA JUSTICIA”

Condenan asesinato de activista LGBT en Honduras

Organizaciones de derechos humanos de Centroamérica denunciaron la muerte de la activista Monserrat Maradiaga (Elder Noe Maradiaga), promotora de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y transgénero (LGBT) de Honduras.

Mié, 21/10/2009

San José, Costa Rica, 21 de octubre de 2009

Organizaciones de derechos humanos de Centroamérica denunciaron la muerte de la activista Monserrat Maradiaga (Elder Noe Maradiaga), promotora de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y transgénero (LGBT) de Honduras.

El hecho ocurrió el día sábado 10 de octubre a las 12:30 am., en la esquina del Blvd. Morazán, en San Pedro Sula. Testigos afirman que Monserrat, miembro del Colectivo Travesti, Transgénero y Transexual de San Pedro Sula (Colectivo TTT), se encontraba en el borde de la acera con dos personas más. Repentinamente un automóvil apareció a gran velocidad y se dirigió directamente a ellas. Las otras dos personas lograron esquivar el vehículo, pero Monserrat lamentablemente fue atropellada y falleció de manera inmediata. El conductor por su parte se dio a la fuga, a la fecha se desconoce a los autores y el Ministerio Público aún no inicia las investigaciones.

Los actos de violencia contra la población LGBT en Honduras no son aislados, pero después del Golpe de Estado, ocurrido el pasado 28 de junio, se han incrementado. La asociación hondureña LGTB Arcoiris denunció que desde esa fecha se reportan 8 muertes violentas de personas transexuales, incluyendo a Maradiaga. Es evidente que la crisis política agravó la discriminación que sufre la población LGBT y la impunidad de los crímenes contra ella, ya que ninguna de las 8 muertes ocurridas ha sido investigada hasta el momento.

En medio de la crisis esta población se ha convertido en un blanco fácil de la violencia. Otra prueba de ello es que el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) descubrió en San Pedro Sula el uso de celdas clandestinas por parte de la Policía Municipal Sampedrana, para mantener detenidas de manera arbitraria a personas LGBT que realizan comercio sexual.

Sin embargo, hay que reconocer que antes de la crisis política también eran frecuentes los casos de personas pertenecientes a este colectivo que son atacadas de manera salvaje, y quedaron desfiguradas o con lesiones graves. La situación se agrava porque algunos de estos actos son cometidos por agentes estatales y la mayoría de los casos permanecen en la impunidad. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado en varias ocasiones medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de miembros de organizaciones LGBT.

Es de vital importancia que el Ministerio Público investigue y sancione a los responsables de estos crímenes de odio. Tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos los Estados tienen la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que esta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares.

Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional señaló que “es un deber estatal proteger a los defensores de derechos humanos cuando son objeto de amenazas para evitar atentados a su vida e integridad. Estos crímenes ponen al descubierto la violencia y discriminación a la que son sometidas las personas LGBT en Honduras y la ineficacia del aparato estatal para investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra. Con esta respuesta el mensaje estatal es que la vida de esta población no es valorada y genera un ambiente propicio para que les sigan violando sus derechos porque los responsables no serán sancionados”.

La Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI), el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC), HIVOS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresan su repudio ante una muerte más de una miembro de la comunidad LGBT.

Las agrupaciones solicitan que se investigue de manera seria y efectiva estos graves hechos y a la vez se adopten medidas para garantizar que los derechos de los miembros de la población LGBT sean respetados y que quienes se dedican a su defensa puedan llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad y sin temor a ser víctimas de actos de violencia que pongan en peligro su integridad física y su vida.

Para más información puede comunicarse a:

Asociación LGBT Arcoiris

Tel: (504) 206 24 08 / 208 2834

CIPRODEH

Tel: (504) 2325818/ 232-3572

CENIDH:

Tel: (505) 222-2563

CEPRESI

Tel: (505) 2678227 / 2700988

CEJIL

Tel: (506) 2280-7473

CIPAC

Tel: (506) 2280-7821

HIVOS

Tel: (506) 2231-0848

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

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