Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Solicitan protección para ambientalistas hondureños

Vie, 02/06/2006

El pasado 31 de mayo, el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas urgentes de protección para garantizar la vida, la integridad y la libertad personal del sacerdote Andrés Tamayo, así como de Víctor Manuel Ochoa, René Wilfredo Gradis, Elvin Noé Lanza, Macario Zelaya, Pedro Amado Acosta, Heraldo Zúñiga y Santos Efraín Paguada. Todos ellos integrantes del MAO.

 

La solicitud se hizo a raíz de las recientes amenazas de muerte contra los ambientalistas, quienes han denunciado reiteradamente la tala ilegal de los bosques de Honduras, especialmente de Olancho, el departamento más grande del país. Hasta hace poco, y por primera vez en la historia de Honduras, tales denuncias tuvieron eco, pues el pasado 19 de mayo el Presidente Manuel Zelaya declaró una veda forestal inmediata de la tala de árboles en varios municipios de ese departamento y dio un plazo de una semana para que los madereros desmonten su infraestructura y retiren sus equipos.

 

Los explotadores de los bosques hondureños culpan al MAO, de la declaratoria presidencial. Es por esto que, el 29 de mayo, en el municipio de Samalá, decidieron darle un plazo de 48 horas al padre Andrés Tamayo, quien encabeza este movimiento, para que se vaya de la comunidad o de lo contrario, afronte las consecuencias. Estas amenazas fueron públicas e incluso cubiertas por la prensa.

 

Los líderes del MAO han sido amenazados en reiteradas ocasiones por sus actuaciones en defensa del ambiente. No obstante la situación se ha visto agravada por la reciente respuesta dada por el presidente Zelaya ante las persistentes acusaciones de este grupo ambientalista.

 

En reiteradas ocasiones se ha denunciado, nacional e internacionalmente, que en Honduras existe una práctica sistemática de asesinatos de líderes ambientalistas. Desde 1996 han sido asesinados tres integrantes del MAO, Carlos Luna, Carlos Flores y Mauricio Hernández; a la lista deben sumarse los defensores ambientalistas Jeannette Kawas y Carlos Escaleras, entre otros. Todos estos casos han quedado en la impunidad.

 

El Estado hondureño tiene la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a garantizar la integridad y la vida de los integrantes del MAO, así como crear las condiciones necesarias para que puedan continuar con la defensa del medio ambiente. Reconocemos la importancia de la decisión adoptada recientemente por el Presidente Zelaya y consideramos que esta debe ir acompañada por la identificación, procesamiento y sanción de todos los responsables de violación de los derechos de los defensores del medio ambiente.

 

 

Para más información sobre el caso consulte los siguientes enlaces:

 

1. Informe de admisibilidad de la CIDH del caso de Carlos Escaleras

http://www.cidh.org/annualrep/2005sp/honduras59.03sp.htm

 

2. Informe de admisibilidad de la CIDH del caso de Carlos Luna

http://www.cidh.org/annualrep/2004sp/honduras.60.03.htm

 

3. Informe de admisibilidad de la CIDH del caso de Blanca Jeannette Kawas

http://www.cidh.org/annualrep/2005sp/honduras61.03sp.htm

 

4. Reportes sobre la situación de la tala ilegal en Honduras

http://www.ciponline.org/central_america/reports/SPANISH%20FINAL%20NOV%2...

http://www.globalwitness.org/projects/honduras/index_sp.php

CEJIL valora decisión de la Corte Constitucional de Colombia sobre Ley de Justicia y Paz e insiste en su plena aplicación

Dom, 24/05/2009

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su satisfacción por el fallo de la Corte Constitucional colombiana sobre la Ley 975 de 2005, conocida como “Ley de Justicia y Paz”. Como han reconocido ya varias organizaciones de derechos humanos tanto colombianas como internacionales, la sentencia del alto tribunal protege los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. CEJIL considera que corresponde ahora al Estado colombiano, en cumplimiento con su obligación internacional de garantizar efectivamente los derechos de las víctimas reafirmados por la sentencia, dar plena aplicación de la misma a todos los miembros de los grupos armados vinculados al proceso de desmovilización.

 

“La decisión de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz es un avance importante en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano,” dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL. “Ahora Colombia tiene que reconocer que la versión de la ley aprobada por el Congreso fue violatoria de esos derechos, y garantizar que se aplique lo recientemente decidido por la Corte a todos los desmovilizados”.

 

En el marco de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Justicia y Paz, CEJIL presentó, junto con la Clínica de Derechos Humanos Allard K. Lowenstein de Yale Law School, un escrito amicus curiae (amigo de la corte) ante la Corte Constitucional en diciembre de 2005. CEJIL y la Clínica sostuvieron que la Ley de Justicia y Paz no cumplía con los estándares internacionales—ya incorporados al derecho colombiano mediante el llamado “bloque de constitucionalidad”—en materia de los derechos humanos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

 

En su fallo, la Corte Constitucional colombiana reconoció claramente que la Ley de Justicia y Paz es violatoria de los derechos de las víctimas, y la modificó, mediante la declaratoria de inconstitucionalidad de varias de sus disposiciones y la interpretación de otras en varios aspectos importantes. Respecto al derecho a la verdad, la Corte declaró que la confesión rendida por el desmovilizado debe ser completa y veraz; de no ser así, la persona pierde el beneficio de la rebaja de pena. Respecto al derecho a la justicia, la Corte estableció que los fiscales tendrán más tiempo para investigar los crímenes de los desmovilizados, les otorgó a las víctimas plenas facultades para actuar en todo el proceso penal y les prohibió a los desmovilizados computar como tiempo de privación de la libertad el tiempo que hubieran pasado en “zonas de ubicación.” Además determinó que la aplicación de la rebaja de pena debe ser condicionada también al buen comportamiento del desmovilizado en el futuro. Finalmente, respecto al derecho a la reparación, la Corte decidió que todo el patrimonio de los desmovilizados, y no solamente sus bienes ilícitamente adquiridos, quede a disposición de la justicia para garantizar la reparación a las víctimas. Esta última precisión tiene alcance no sólo para aquellos delitos cometidos de manera individual sino también para los delitos cometidos en grupo.

 

Si bien estas modificaciones constituyen avances significativos para la protección de los derechos de las víctimas, existe actualmente una discusión acerca de la aplicación de la sentencia a aquellas personas que ya se han desmovilizado. Teniendo en cuenta que más de 30.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ya se desmovilizaron y que más de 2.000 de ellos se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, CEJIL considera que aplicar la sentencia de la Corte solamente a aquellos que todavía no se han desmovilizado equivaldría a dejarla casi sin efectos reales para el proceso con las AUC.

 

En este sentido, CEJIL recuerda que Colombia tiene obligaciones internacionales respecto a la protección y garantía de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y que no puede invocar disposiciones de derecho interno para incumplir con estas obligaciones. La Corte Constitucional ha declarado la Ley de Justicia y Paz contraria a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, acogiendo estándares internacionales fundamentales de protección de estos derechos. En esta medida, el Estado colombiano debe abstenerse de tomar decisiones que, en la práctica, anulen la protección que la Corte otorga a las víctimas en su reciente decisión.

CEJIL y WOLA solicitan a Chile asegurar que Fujimori no evada a la justicia

Mié, 24/05/2006

Ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile de conceder a Alberto Fujimori la libertad provisional bajo fianza con prohibición de salir del país, CEJIL y WOLA exhortamos al Estado de Chile a garantizar que esta medida no se convierta en un obstáculo para el proceso de extradición que inició Chile a solicitud del Perú o facilite la evasión de la justicia por parte del ex presidente peruano acusado de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

 

Al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Chile asumió la obligación internacional de asegurar la investigación, juzgamiento y sanción a responsables de graves violaciones de derechos humanos. De manera de cumplir con esta obligación, el Estado chileno debería extraditar al ex presidente peruano o, de lo contrario, proceder a su juzgamiento.

 

Fujimori permaneció detenido en Santiago de Chile desde el 7 de noviembre de 2005, al día siguiente de llegar sorpresivamente a Chile, desde Japón, donde había permanecido durante cinco años, luego de huir del Perú, en medio de un escándalo de corrupción.

 

El 3 de enero de 2006 Perú solicitó a Chile la extradición de Alberto Fujimori. El ex presidente es requerido por la justicia peruana para ser investigado por graves violaciones a los derechos humanos y otros hechos de corrupción cometidos durante su gestión gubernamental. Fujimori debe responder por la masacre de Barrios Altos, ocurrida en 1991, en la que 15 personas fueron ejecutadas y cuatro más -entre ellas un niño- fueron heridas, y por las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, ocurridas en julio de 1992. Ambos casos han sido denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Las organizaciones firmantes reiteramos la responsabilidad internacional que tiene el Estado de Chile de evitar la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.

El pueblo Sarayaku en audiencia ante la CIDH

Mar, 14/03/2006

El día de ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) e integrantes del Pueblo Kichwa de Sarayaku, de Ecuador, participaron de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para avanzar en el trámite del caso pendiente ante dicho organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). La audiencia fue solicitada por el Estado ecuatoriano, que presentó cuatro testigos pertenecientes a comunidades vecinas a Sarayaku.

 

En 1996, Ecuador firmó un contrato con una empresa privada para la exploración y explotación petrolera en un bloque de tierra que se encuentra en el territorio del Pueblo Kichwa de Sarayaku. La firma del contrato se hizo sin consultar a la comunidad indígena. En defensa de la propiedad de sus tierras, el pueblo de Sarayaku intentó, sin suerte, impedir la entrada de la compañía a su territorio haciendo sus reclamos ante funcionarios de la empresa y del propio Estado. Las actividades de la petrolera han implicado, entre otras cosas, la tala de bosque, la movilización de tierra, vegetación y materiales, la colocación y detonación de explosivos, y la construcción de helipuertos y campamentos. Todo lo cual ha tenido un gran impacto en la vida comunitaria del Pueblo Sarayaku pues afectó su identidad cultural, su economía y el medio ambiente en que viven.

 

Al presentar el caso ante el sistema interamericano, el Pueblo de Sarayaku, CDES y CEJIL alegaron que al firmar dicho contrato, y al permitir y apoyar el desarrollo de actividades en el territorio de Sarayaku, Ecuador restringió ilegítimamente el derecho de sus habitantes a la propiedad colectiva, afectándose, asimismo, otros derechos económicos, sociales y culturales también consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha sido firmada y ratificada por dicho país.

 

Además, los peticionarios sostuvieron que Ecuador no ha adoptado las medidas necesarias para adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana, ya que no ha establecido un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas respecto de asuntos que afecten sus intereses.

 

Las organizaciones y el Pueblo de Sarayaku le solicitaron a la CIDH que establezca la responsabilidad internacional del Estado por haber violado los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, a las garantías judiciales y protección judicial y a la cultura del Pueblo Sarayaku. Además, le pidieron a la Comisión Interamericana que recomiende al Estado adoptar las medidas adecuadas a fin de reparar los daños producidos a las víctimas y asegurar que no se repitan los hechos. Tras escuchar las peticiones, el Estado de Ecuador presentó una propuesta para solucionar el caso por la vía amistosa, la cual será considerada por las víctimas y sus representantes.

 

Audiencias de Perú ante la CIDH

Lun, 13/03/2006

El 11 de marzo pasado el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participó de cuatro audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sobre diferentes cuestiones relacionadas con derechos humanos en Perú. Los temas tratados fueron el cumplimiento que el Estado peruano le está dando a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la obligación estatal de investigar y juzgar crímenes internacionales, la justicia militar y el problema de la discriminación por orientación sexual. CEJIL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) presentaron información y una serie de peticiones a la CIDH. Representantes del Estado peruano estuvieron presentes en todas las audiencias.
 
En la audiencia de seguimiento a las recomendaciones de la CVR, CEJIL y la CNDDHH le plantearon a la CIDH que el Estado aún tiene pendiente el cumplimiento de algunos de los compromisos asumidos en el área de justicia, reparación a las víctimas y reformas institucionales. Estas recomendaciones forman parte del informe final que la CVR presentó al Estado peruano en agosto de 2003. Se señaló específicamente que en estas áreas no se ha avanzado lo suficiente y que, incluso, en algunas se detectan retrocesos, sobre todo en la lucha contra la impunidad y las reparaciones a las víctimas. Se le pidió a la CIDH que ordene al Estado la investigación completa y efectiva de las amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, víctimas, testigos y operadores de justicia derivadas del avance en los juicios por violación de derechos humanos. Asimismo las organizaciones solicitaron a la Comisión que realice una visita a Perú después del cambio de gobierno por la importancia que tiene la implementación de estas recomendaciones para la conformación de una democracia inclusiva.
 
La segunda audiencia del día trató sobre la obligación de los Estados de investigar y juzgar a responsables de crímenes internacionales. En la misma se le extendió una solicitud a la CIDH para que ésta se pronuncie respecto de la obligación que tienen los Estados miembros de la OEA de garantizar colectivamente la implementación de las decisiones de los órganos del sistema interamericano, y la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de crímenes internacionales, así como de cooperar entre sí para posibilitar el cumplimiento de dicha obligación por parte de los demás Estados.
 
En cuanto a la justicia militar en Perú, las organizaciones denunciaron la existencia de legislación abiertamente incompatible con los estándares internacionales en materia de competencia, independencia e imparcialidad de los jueces. En concreto se refirieron a la ley de organización, funciones y competencia de la jurisdicción especializada en materia penal militar policial (Ley 28665) y el Código de Justicia Militar Policial (CJMP).
 
Se señaló que la Ley 28665 y el CJMP desconocen el carácter excepcional y restrictivo que debe tener la jurisdicción militar en sociedades democráticas. Según la citada ley los militares en actividad integran la jurisdicción militar. En cuanto al Código, permite que las violaciones de derechos humanos sean juzgadas por tribunales militares ya que tipifica como delitos conductas que afectan bienes jurídicos de carácter común y no militar. En este sentido, se hizo referencia a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que la justicia militar sólo puede aplicarse a militares.
 
La audiencia temática para analizar la situación de discriminación por orientación sexual en Perú fue solicitada por el Estudio para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (DEMUS), el Movimiento Homosexual de Lima (MOHL) y CEJIL. Se informó sobre varias prácticas discriminatorias y violentas contra gays y lesbianas que se dan tanto en el ámbito laboral, como en la vía pública y los comercios. Se le pidió a la CIDH que aplique los estándares de otros sistemas internacionales de protección para los casos que tiene en trámite sobre temas de discriminación sexual. También se le pidió a la CIDH que inste al Estado a tomar medidas positivas para erradicar prácticas socio-culturales y discursos adversos a la libre expresión de identidades, actitudes y prácticas de género y sexuales que no se ajustan a lo heterosexual.
 

ONG´s pidieron pronta visita de la CIDH a Venezuela

Lun, 13/03/2006

Organizaciones venezolanas de derechos humanos expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aspectos preocupantes ligados al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela y solicitaron que la CIDH visite el país de manera pronta. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acompañó la presentación y la solicitud de visita realizada por las organizaciones presentes. Además de CEJIL participaron en la audiencia, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el Servicio Jesuita de Refugiados, COFAVIC, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Espacio Público. La audiencia contó también con la presencia de representantes del Estado venezolano y se llevó a cabo en el marco del 124° período de sesiones que se está celebrando en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.
 
Las organizaciones se refirieron a la tendencia sostenida de parte de distintas autoridades del Estado a la descalificación pública del trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Esta actitud de descrédito, informaron las organizaciones, se refleja tanto al interior del país como en las gestiones realizadas por defensores y defensoras ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Manifestaron asimismo que dicha actitud no sólo afecta el trabajo de protección que realizan estas personas sino que además coloca a las víctimas que éstos protegen en una situación de desprotección.
 
Para ilustrar la situación, CEJIL y las organizaciones venezolanas se refirieron a lo sucedido con las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana para los reclusos del Internado Judicial La Pica. Al respecto, se informó que días antes que tuviera lugar una audiencia pública de dicho tribunal se sucedieron una serie de descalificaciones públicas y permanentes sobre el trabajo realizado por la organización que representó a las víctimas beneficiarias de dichas medidas (el Observatorio Venezolano de Prisiones), llegando a ser algunas de ellas inclusivo agresivas. En la resolución de la Corte que ratificó y amplió las medidas provisionales, dicho tribunal hizo una especial referencia a la obligación del Estado de proteger y respetar el trabajo de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
 
Se hizo mención de otras organizaciones que también han sido víctimas de descalificación y deslegitimación de su trabajo por parte de autoridades estatales. Ellas son COFAVIC, la Comisión de Justicia y Paz de Aragua y el Observatorio Venezolano de Prisiones.
 
Al finalizar sus presentaciones, CEJIL y las organizaciones presentes realizaron una serie de peticiones a la CIDH. En primer lugar le pidieron que inste al Estado venezolano a reconocer la legitimidad del trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos. En materia legislativa, solicitaron que la CIDH dé seguimiento a los anteproyectos y proyectos de ley existentes en Venezuela que puedan afectar, obstaculizar o amenazar la labor que realizan los defensores y las defensoras para que, en caso que sea necesario, pueda hacer las debidas advertencias. Por último pidieron que la CIDH realice una pronta visita al país incorporando en su agenda como tema de suma prioridad todo lo relacionado con la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.
 

Situación carcelaria en Centroamérica es conocida por la CIDH

Mié, 08/03/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), junto con organizaciones salvadoreñas y hondureñas, expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la problemática que enfrentan los privados de libertad en esos países. Asimismo la Comisión concedió una audiencia para conocer la situación guatemalteca.
 
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Asociación de Jueces Democráticos e Independientes (JDI) informaron sobre las condiciones de hacinamiento que se viven en las cárceles de El Salvador, debido a las políticas de “mano dura”. Según cifras del 2005 se encontraban recluidas doce mil 494 personas, cuando la capacidad total es de siete mil 372 personas. Esto representa un hacinamiento general del 69.48%.
 
La situación penitenciaria se agravó, a pesar de la reforma de la justicia penal, por el uso de la prisión como medida generalizada, como respuesta a la delincuencia común y a aquella cometida por jóvenes miembros de pandillas.
 
Por su parte, el caso hondureño fue expuesto por Casa Alianza, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) y el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), entre otras organizaciones.
 
Las organizaciones denunciaron que las cárceles hondureñas tienen un hacinamiento del 180%, ya que la capacidad es para seis mil 450 personas y se encuentran recluidas once mil 545. La infraestructura de los centros penitenciarios se encuentra totalmente deteriorada y no reúne las condiciones mínimas de seguridad, de acuerdo a los estándares establecidos en la normativa internacional sobre la materia. Los internos no cuentan con acceso a agua potable, ni servicios de salud adecuados, tampoco se cumplen las condiciones mínimas de higiene y muchos deben dormir en el suelo.
 
Las organizaciones resaltaron la grave situación de violencia carcelaria y las muertes en hechos colectivos que han ocurrido en los últimos años, que ascienden a más de 400.
 
Por su parte, el relator para personas privadas de libertad, el comisionado Florentín Meléndez, resaltó que luego de su visita en diciembre de 2004 el Estado de Honduras asumió una serie de compromisos para solucionar algunos de los graves problemas que pudo constatar, por ejemplo el hecho de que hombres y mujeres no estuvieran separados, así como la situación de las personas con enfermedades terminales y mentales que conviven con el resto de la población carcelaria. Sin embargo ninguno de esos compromisos ha sido honrado. Además, el comisionado subrayó la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil participen en los procesos de discusión y búsqueda de soluciones y alternativas para mejorar las condiciones de esta población.
 
Finalmente, el contexto guatemalteco fue expuesto por el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). La situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las cárceles guatemaltecas es cada vez más grave: condiciones de reclusión precarias y tratos degradantes, principalmente por el crecimiento de la población, el deterioro de las condiciones de detención, corrupción de los agentes penitenciarios, el abandono presupuestario por parte del Estado, el aumento de la conflictividad entre grupos rivales y la limpieza social en cárceles. Todo esto provoca un colapso del sistema penitenciario y masivas violaciones a derechos humanos.
 
En Guatemala también predomina el hacinamiento carcelario; si tomamos en cuenta que la sobrepoblación oscila en un 23.65%.
 
Las mujeres son discriminadas por su condición, no gozan del derecho a visita conyugal, y sus condiciones de reclusión son más precarias. Otra violación en su perjuicio es el acoso sexual. Igualmente, se indicó que las personas indígenas son discriminadas, no son informadas de sus derechos en su propio idioma y son objeto de burlas por no poder comunicarse en español.
 
Ante la situación expuesta, los peticionarios solicitaron a la CIDH que elabore un informe regional sobre la situación carcelaria. Además, se pidió que se agilicen los trámites de los casos relativos a la problemática expuesta en estas audiencias.
 

Organizaciones de derechos humanos le piden a la CIDH que cree una relatoría independiente para la mujer

Mié, 08/03/2006

En el día internacional de la mujer, organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fortalezca su trabajo en el área de los derechos de la mujer a través de la creación de una relatoría independiente. El pedido se hizo mediante la presentación de una carta firmada por más de cuarenta organizaciones de toda América. La CIDH se encuentra reunida en su sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.
 
En la carta se reconoce el trabajo realizado por la CIDH en defensa y protección de los derechos humanos de la mujer mediante su Relatoría de la Mujer. Sin embargo señala que es necesario fortalecer ese mecanismo de vigilancia a través de la creación de una relatoría independiente y autónoma que cuente con una experta de dedicación exclusiva y elegida mediante concurso público. Finalmente la carta subraya la importancia de que se le garanticen los recursos necesarios que le permitan un efectivo cumplimiento de sus funciones.
 
Se adjunta la lista completa de las organizaciones y personas firmantes.
 
 
Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Argentina
Afro América XXI
AFRODES
Amnistía Internacional
B’nai B’rith International
Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Capítulo Peruano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Carlos Ayala
Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL)
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, México
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, Chiapas, México
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, O.P., México
Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, México
Centro de Derechos Reproductivos, Nueva York
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectivo de Abogados "Jose Alvear Restrepo", Colombia
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela
Corporación Jurídica Libertad, Colombia
Corporación SISMA Mujer, Colombia
Derechos y Democracia, Canadá
El Foro de Mujeres del MERCOSUR, Capítulo Paraguay
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), Perú
Fundación Comité Solidaridad con los Presos Políticos, Colombia
Global Rights – Partners for Justice, Estados Unidos
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH, Medellín, Colombia
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Costa Rica
International Women’s Human Rights Law Clinic, CUNY Law School, New York
Asesorío Jurídica Popular, México
Mesa Nacional para las Migraciones de República Dominicana
Oficina Jurídica para la Mujer, Cochabamba, Bolivia
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Red Alas – Académicas Latinoamericanas
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos,” México
Servicio Jesuita de Refugiados, Venezuela

CEJIL celebra primera condena por desaparición forzada en Guatemala

Justicia histórica

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebra la primera condena en Guatemala por el delito de desaparición forzada. El pasado 31 de agosto el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango condenó a 150 años de prisión al ex comisionado militar Felipe Cusanero por las desapariciones forzadas de seis campesinos de la aldea Choatalum, entre 1982 y 1984.

Jue, 03/09/2009

San José, Costa Rica, 3° de septiembre de 2009

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebra la primera condena en Guatemala por el delito de desaparición forzada. El pasado 31 de agosto el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango condenó a 150 años de prisión al ex comisionado militar Felipe Cusanero por las desapariciones forzadas de seis campesinos de la aldea Choatalum, las cuales iniciaron entre 1982 y 1984.

Esta decisión es un hito histórico y una esperanza para Guatemala, donde miles de violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado continúan en la impunidad. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspiciada por Naciones Unidas (ONU), señaló en su informe emitido en 1999 que durante el conflicto armado guatemalteco murieron más de 200 mil personas y más de 100 mil fueron desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente. La mayoría de estos actos fueron cometidos por miembros del Ejército guatemalteco.

Al reconocer que el delito de desaparición forzada continúa en el tiempo, el órgano de justicia guatemalteco se ajustó a los estándares internacionales en la materia y sentó un precedente ejemplar para el juzgamiento de los responsables de otros casos de desaparición forzada.

La abogada Marcela Martino, de CEJIL, destacó la importancia de la decisión del Tribunal interno de ordenar a la Fiscalía proseguir las investigaciones contra otros responsables de dichas desapariciones, señalando que esta es coincidente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho Tribunal ha establecido que los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los involucrados en graves violaciones de derechos humanos, sean estos autores materiales, intelectuales, partícipes o encubridores y juzgarlos con el fin de evitar la impunidad de estos graves hechos.

CEJIL destaca el coraje de las víctimas y reconoce la valiosa labor de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). Asimismo, se solidariza con las miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, cometidas durante el conflicto armado, que aún esperan justicia. Finalmente, exhorta al Estado guatemalteco a investigar estas violaciones, juzgar a todos los responsables y sancionarlos de la forma debida, para así cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizando el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares.

Contacto en Costa Rica
Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa
Tel: 506-2280-7473/7608
Fax: 506-2280-52
Correo electrónico: nmarin@cejil.org

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Los derechos humanos de las mujeres: Fortaleciendo su promoción y protección internacional

Los derechos humanos de las mujeres

Este volumen documenta el desarrollo de un proyecto regional llevado adelante en conjunto con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos que implementó un proceso especializdo de capacitación para abogadas de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres en America Latina y el Caribe.


Tipo de publicación: Libros e informes
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2004
Su opinión vale mucho y nos permite seguir mejorando nuestras herramientas. Si usted tuvo la oportunidad de utilizar este material lo/a invitamos a completar el formulario de evaluación.
Distribuir contenido