Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Honduras debe entregar informe a la Corte Interamericana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le comunicó al Estado hondureño, mediante resolución de 30 de septiembre de 2005, que continuará "supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la sentencia" en el caso de Juan Humberto Sánchez y, fijó el 30 de enero de 2006 como fecha máxima para que el Estado le rinda un informe detallado sobre las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas.

Mié, 05/10/2005

San José, Costa Rica, 05 de octubre de 2005

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le comunicó al Estado hondureño, mediante resolución de 30 de septiembre de 2005, que continuará "supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la sentencia" en el caso de Juan Humberto Sánchez y, fijó el 30 de enero de 2006 como fecha máxima para que el Estado le rinda un informe detallado sobre las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas.

La sentencia contra Honduras es de fecha 7 de junio de 2003, y en ella la Corte ordena al Estado indemnizar económicamente a la víctima y a sus familiares; investigar efectivamente los hechos del caso para identificar a los autores materiales e intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente; trasladar los restos mortales de Juan Humberto al lugar de elección de sus familiares; implementar un registro de detenidos que permita controlar la legalidad de las detenciones; reconocer públicamente la responsabilidad en los hechos denunciados; y, publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional partes específicas de la sentencia.

El caso fue presentado ante el sistema interamericano por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH), a raíz de la detención ilegal de Juan Humberto Sánchez por un grupo de militares armados el 11 de julio de 1992 y su posterior asesinato, apareciendo su cuerpo sin vida diez días después. Al día de hoy, no se han investigado los hechos ni se ha sancionado a los responsables.

Tras la sentencia de la Corte Interamericana, el Estado únicamente ha cumplido con el acto público que se realizó el 4 de noviembre de 2004 y que fue presidido por el Presidente Ricardo Maduro, quien pidió perdón a los familiares de Juan Humberto Sánchez y se comprometió a publicar la sentencia según lo ordenado. Lastimosamente, ello no ha ocurrido, como tampoco se han cumplido los otros puntos de la sentencia. Incluso, desde hace más de un año el Estado tiene en su poder los restos de Juan Humberto y no se los ha entregado a sus familiares. En palabras de la Corte Interamericana: ".la Corte observa que han transcurrido más de 13 años desde la ejecución de la víctima, más de dos años desde que la Corte dictara Sentencia y más de un año desde que fue realizada la exhumación de los restos mortales de la víctima, sin que el Estado los haya entregado a sus familiares para su inhumación en el lugar de elección de éstos."

Ante la falta de cumplimiento por parte del Estado, la Corte le recordó que tiene el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal, por lo que debe adoptar todas las providencias necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia.

Es importante recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de acatamiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia. Por lo tanto, CEJIL exhorta al Estado de Honduras a honrar sus compromisos internacionales y a cumplir con el requerimiento de la Corte dentro del plazo fijado.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

Corte Interamericana falla a favor de los derechos de niños y niñas

En el día de hoy culminaron ocho años de litigio internacional tras una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana, a quienes se les fueron negadas de manera discriminatoria sus actas de nacimiento. “

Vie, 07/10/2005

Washington, D.C. 7 de octubre de 2005

En el día de hoy culminaron ocho años de litigio internacional tras una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana, a quienes se les fueron negadas de manera discriminatoria sus actas de nacimiento. “Esta decisión es una victoria para todos los niños y niñas y para el principio de igualdad”, expresó Laurel Fletcher, Directora de la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de California, Berkeley. “En términos de políticas estatales, -agregó- esta resolución impulsará cambios profundamente positivos en la República Dominicana.”

Al referirse al derecho a la nacionalidad, el máximo tribunal de América en materia de derechos humanos determinó que: “el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado […] y [el estatus legal de los padres tampoco] se trasmite a sus hijos.” Además, la Corte Interamericana afirmó que: “la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad.” En el caso en concreto, la Corte Interamericana concluyó que el Estado denegó a las niñas sus actas de nacimiento por motivos discriminatorios, “lo cual, a su vez, les impuso una situación de continua vulnerabilidad.”

Como consecuencia de las violaciones, la Corte Interamericana ordenó al Estado dominicano a adoptar una serie de medidas reparatorias que requieren una reforma sustancial del sistema de registro de nacimientos. Asimismo, el Tribunal ordenó al Estado que abra las puertas de las escuelas a todos los niños y las niñas “independientemente de su ascendencia u origen.” Adicionalmente, dentro de un plazo determinado, el Estado debería llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad y desagravio, publicar la sentencia e indemnizar a las víctimas y sus familias, entre otras medidas.

República Dominicana tiene una clara obligación jurídica de acatar la resolución de la Corte Interamericana. Al haber aceptado la jurisdicción de este Tribunal hace varios años, el Estado reconoció que sus decisiones son vinculantes y el cumplimiento es obligatorio. “Según los tratados firmados por República Dominicana así como la Constitución del país, las autoridades dominicanas de todas las ramas tienen la obligación de cumplir con las órdenes de la Corte Interamericana,” dijo Roxanna Altholz, profesora de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales.

Durante el litigio ante el sistema interamericano, las víctimas fueron representadas por la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho Boalt Hall de la Universidad de California, Berkeley; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); y el Movimiento de Mujeres de Ascendencia Haitiana (MUDHA). “Finalmente, las víctimas tienen una respuesta objetiva y definitiva sobre el alcance de los derechos de niños y niñas nacidos en la República Dominicana de ascendencia haitiana,” dijo Sonia Pierre, Coordinadora General de MUDHA. “La decisión interamericana brinda una oportunidad al Estado de República Dominicana para que éste abra una nuevo capítulo en su política que se caracterice por el respeto a los derechos humanos.”

La decisión de la Corte Interamericana ha sido emitida durante un período de creciente tensión y violencia en la República Dominicana, que se ha manifestado en ataques y agresiones contra comunidades haitianas y dominico-haitianas. En la estela de esta histórica decisión, la comunidad internacional estará atenta a las medidas tomadas por el Estado para proteger estas poblaciones y cumplir con la sentencia. “Nuestra esperanza es que el Estado rechace rotundamente los actos de violencia, cumpla cabalmente con la decisión de la Corte y que de esa manera se afiance el estado de derecho en el país” señaló David Baluarte, abogado de CEJIL.

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Corte Interamericana ordena a Mexico acatar su resolución

El pasado 7 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
notificó al Estado mexicano que debe continuar "implementando las medidas de
seguridad que fueron implementadas a favor del señor Leonel Rivero Rodríguez
y de la señora Bárbara Zamora López hasta hace unos días", con ocasión de
las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal.

Lun, 10/10/2005

San José, Costa Rica, 10 de octubre de 2005

 

El pasado 7 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

notificó al Estado mexicano que debe continuar "implementando las medidas de

seguridad que fueron implementadas a favor del señor Leonel Rivero Rodríguez

y de la señora Bárbara Zamora López hasta hace unos días", con ocasión de

las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal.

 

El pronunciamiento de la Corte obedece a la decisión unilateral y

arbitraria del Estado mexicano de modificar las medidas de protección que

había consensuado con los beneficiarios, pese a que el Estado no ha

investigado los actos de intimidación que ameritaron que la Corte ordenara

tales medidas.

 

Tanto el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),

representante de las personas beneficiarias de las medidas provisionales, como

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pronunciaron contra la

actitud estatal. La Comisión expresamente consideró que "la actuación

unilateral del Estado constituye desacato de lo ordenado por la Corte.

Adicional y subsidiariamente, estima que la decisión referida no tiene

fundamento". Además, señaló que dicha decisión "es jurídicamente

improcedente" y constituye "un desafío a la competencia del Tribunal".

 

 

Por su parte, CEJIL indicó que la falta de resultados en las

investigaciones por la muerte de Digna Ochoa y las amenazas sufridas por Pilar

Noriega, Bárbara Zamora y Leonel Rivero no pueden demostrar que estas personas

se encuentran libres de riesgo; por el contrario, ese riesgo no ha cesado, y

recordaron una serie de situaciones que así lo evidencian.

 

De acuerdo al pronunciamiento de la Corte Interamericana, mientras

resuelve la petición estatal de levantar las medidas provisionales, el Estado

está en la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida

y la integridad personal de las personas beneficiarias , para lo cual debe

darles participación en la planificación e implementación de las mismas.

CEJIL hace un llamado al Estado mexicano para que cumpla de buena fe sus

compromisos internacionales y que acate integramente la decisión de la Corte,

restituyendo a la brevedad las medidas de seguridad que removió. Igualmente,

exhorta al Estado para que investigue de manera exhaustiva, imparcial y

diligente los hechos que ponen en riesgo la integridad personal de los

beneficiarios de las medidas provisionales, ya que, de acuerdo con la propia

Corte, la investigación es la mejor garantía de prevención.

 

 

Vale recordar que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la

Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

 

 

Para más información, ver:

 

Resolución de 30 de noviembre de 2001:

http://www.corteidh.or.cr/serieepdf/projuarez_se_01.pdf

 

Resolución de 20 de abril de 2004:

http://www.corteidh.or.cr/serieepdf/projuarez_se_02.pdf

 

Resolución de 29 de junio de 2005:

http://www.corteidh.or.cr/serieepdf/noriega_se_01.pdf

 

 

 

 

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una

organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio

americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación

de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la

Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema

interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección

internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro

con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos

Humanos.

 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la masacre de Mapiripán

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre de Mapiripán. En 1997 miembros de las fuerzas paramilitares colombianas torturaron cruelmente, ejecutaron y desaparecieron a 49 inocentes campesinos de Mapiripán, Meta.

Mié, 12/10/2005

Washington, D.C. 12 de octubre de 2005

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre de Mapiripán. En 1997 miembros de las fuerzas paramilitares colombianas torturaron cruelmente, ejecutaron y desaparecieron a 49 inocentes campesinos de Mapiripán, Meta. La masacre ha permanecido en absoluta impunidad por largos diez años ya que casi todos los autores de la misma permanecen libres. Los familiares de las víctimas han sido testigos directos de esta situación y se han visto obligados a desplazarse de manera forzada de sus residencias por temor a represalias. Al no encontrar justicia en el fuero interno, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia, en calidad de representantes de las víctimas y sus familiares, llevaron el caso a las instancias internacionales, cuyo litigio se extendió por más de ocho años.

De acuerdo al texto de la sentencia, la Corte Interamericana estableció que: "las autoridades pecaron por acción y omisión y no adoptaron las medidas necesarias para evitar la consumación de los hechos." La Corte se refirió, además, a la existencia de un vínculo entre las fuerzas militares colombianas y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para la creación, el mantenimiento y la operación de los grupos paramilitares.

En claro incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la Corte determinó que Colombia violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la circulación y residencia, tanto de las víctimas como de sus familiares, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como resultado de estas violaciones, el tribunal decretó que el Estado debe activar y completar la investigación de la masacre con el fin de determinar la responsabilidad intelectual y material de los autores de la masacre así como de las personas que, por acción u omisión, permitieron que ésta sucediera.

“Esta sentencia llega en un momento importantísimo para la construcción de la verdad y la memoria sobre lo ocurrido en el conflicto armado en Colombia. La Corte hace expresa mención a la Ley de Justicia y Paz reafirmando que ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos”, expresó Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL. La referencia a esta ley es particularmente oportuna en el marco del proceso de desmovilización de las AUC, el cual ha venido siendo cuestionado tanto por CEJIL como por reconocidas organizaciones de derechos humanos en Colombia, ya que el mismo carece de un marco normativo apropiado para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas que se ha cobrado el conflicto armado. En su sentencia, la Corte dice: “Son inaceptables las disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos.”

En otro de los puntos destacados de su sentencia, la Corte reconoce las difíciles circunstancias por las que atraviesa Colombia como resultado del conflicto armado pero insiste en que las condiciones de un país, sin importar cuán difíciles sean, no liberan a un Estado que ha firmado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos de sus obligaciones internacionales de investigar, juzgar y sancionar a los violadores de derechos humanos.

CEJIL recuerda que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

 

 

 

 

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Mujeres latinoamericanas deben acceder a su salud sexual y reproductiva

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch, Center for Reproductive Rights, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Vivo positivo expresaron su preocupación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las dificultades que enfrentan las
mujeres de América Latina para acceder al disfrute de los derechos vinculados con su salud sexual y reproductiva, en el marco del 123º período ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la OEA en Washington.

Vie, 14/10/2005

Washington, D.C. 14 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights
Watch, Center for Reproductive Rights, Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE) y Vivo positivo expresaron su preocupación ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por las dificultades que enfrentan las
mujeres de América Latina para acceder al disfrute de los derechos
vinculados con su salud sexual y reproductiva, en el marco del 123º período
ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la OEA en
Washington.

Durante la audiencia se habló del derecho a la maternidad voluntaria y
segura. Y se resaltó el hecho de que no hay voluntad política para abordar
estos temas. Se mencionó que en Brasil la mortalidad materna es uno de los
problemas de salud más serios que enfrenta la población femenina. También
los peticionarios expusieron el caso de Costa Rica, en donde la
fertilización in vitro no es permitida y mencionaron que esto viola los
derechos humanos de los y las ciudadanas de este país. La situación
mexicana también fue expuesta y según Pedro Morales, consultor legal del
GIRE, ?los servicios de planificación familiar? tienen serias deficiencias
en la consejería y en el respeto del consentimiento informado, sobre todo
cuando tales servicios son otorgados a mujeres en situación de pobreza o
marginación social. Además a pesar de que la anticoncepción de emergencia
fue incorporada a la Norma Oficial Mexicana, no fue sino un año después
cuando fue incluida en una cuadro básico y catálogo de medicamentos que
permitía su distribución?.

Varios de los peticionarios manifestaron que aún y cuando la legislación de
algunos países permite el aborto en algunas situaciones, como la violación,
o cuando corre riesgo la vida de la madre, en la práctica los organismos
judiciales dilatan la ejecución del mismo o las instituciones médicas no
quieren practicarlo. Con lo cual las mujeres deben recurrir a practicarse
abortos clandestinos en los cuales se exponen a una mala praxis, que
posteriormente no puede ser llevada ante la justicia y queda en la
impunidad.

Por su parte Vasili Deliyanis, de la organización Vivo Positivo informó
sobre las esterilizaciones forzadas de las que han sido víctimas mujeres que
viven con VIH Sida, las cuales ni siquiera se han percatado del momento en
que fueron esterilizadas, ni les fue informado. De esta manera se les ven
violentados sus derechos humanos. Ante esta difícil situación que enfrentan
las mujeres de toda América Latina, en la cual resultan más afectadas las de
áreas rurales, las de escasos recursos y las adolescentes, se le pidió a la
Comisión que vele por el derecho de estas mujeres a su salud sexual y
reproductiva.

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Organizaciones denuncian ante la CIDH violaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Centroamérica

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) expusieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el área centroamericana.

Sáb, 15/10/2005

Washington, D.C. 15 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) expusieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el área centroamericana.

En el marco del 123º período ordinario de sesiones de la CIDH, ambas organizaciones expusieron las condiciones adversas que enfrentan los defensores/as de derechos humanos entre las más graves: los asesinatos, amenazas de muerte, los allanamientos, la criminalización de sus actividades y la difamación al identificarlos/as con terroristas, narcotraficantes y desestabilizadores sociales.

Durante la audiencia se informó que en los últimos cinco años las condiciones políticas de los países han dificultado y obstaculizado la labor de los defensores/as de derechos humanos. Además se puntualizaron las situaciones más graves que sufren en cada país del área. En Belice se destacó que las pocas posibilidades de empleo, sumado a el temor de ser despedido/a limita las posibilidades de ampliación del movimiento de derechos humanos. El caso de Guatemala es preocupante debido al aumento significativo de ataques contra defensores/as. El ejemplo de ello es que en el 2004, se reportaron 122 ataques en contra de defensores/as y en el 2005 (hasta julio) 127. En Honduras la situación es difícil debido a la vigilancia física y electrónica a la que son sometidos los y las defensores. Además de las acusaciones penales, allanamientos y detenciones ilegales.

En Nicaragua se vincula a los defensores/as de DDHH con defensores de delincuentes y se ataca a quienes trabajan el tema de las maquilas y a los sindicalistas. En este país hay participación de empresarios en la persecución contra defensores/as. En Panamá los problemas principales son las denuncias penales contra defensores/as. En Costa Rica, la difamación por oposición a políticas neoliberales y a la privatización de servicios públicos, la detención por participación en protestas sociales y el desconocimiento de la representación de Pueblos Indígenas son las situaciones más graves. Por último, en El Salvador los defensores/as de derechos económicos, sociales y culturales son calificados de terroristas y desestabilizadores. Los líderes sociales y sindicales son acosados y vigilados, y hay una simulación de violencia común contra ellos y ellas. En general, los defensores/as más afectados/as en la región son los/as ambientalistas, los/as sindicalistas, los líderes indígenas y los/as afro descendientes.

En vista de lo expuesto, CALDH y CEJIL solicitaron a la Comisión Interamericana la creación de una relatoría de defensores/as de derechos humanos y la realización de un informe temático sobre difamación en perjuicio de este sector. Los comisionados, por su parte, manifestaron su preocupación por las dificultades en la implementación de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH para proteger a los defensores/as de derechos humanos. Además, la Comisión anunció que en este período de sesiones aprobaría un informe sobre la situación de las defensoras y defensores, el cual será un instrumento importante que podrán utilizar las organizaciones de derechos humanos para el reconocimiento de su trabajo y de su rol en la prevención de violaciones de derechos humanos.

 

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Guatemala condenada internacionalmente por ampliar delitos sancionados con pena de muerte

El pasado 5 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado de Guatemala la sentencia que le condena por imponer la pena de muerte a Ernesto Raxcacó Reyes.

Dom, 16/10/2005

San José, Costa Rica, 07 de octubre de 2005

El pasado 5 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado de Guatemala la sentencia que le condena por imponer la pena de muerte a Ernesto Raxcacó Reyes.

Las autoridades judiciales guatemaltecas, en aplicación del artículo 201 del Código Penal, condenaron a muerte a Ronald Raxcacó el 14 de mayo de 1999, por el secuestro de un niño. Según la Corte Interamericana, el citado artículo viola la prohibición de privación arbitraria de la vida, desatiende que la pena de muerte sólo debe aplicarse a los delitos más graves, ordena la aplicación de la pena de muerte de manera automática y genérica a los autores del delito de plagio o secuestro sin que se permita considerar las circunstancias particulares, así como los antecedentes penales de los imputados, el móvil, la extensión e intensidad del daño causado, las posibles circunstancias atenuantes o agravantes, entre otras.

Asimismo, la Corte consideró que al no existir en el país la posibilidad de que un organismo del Estado conozca y resuelva el derecho de indulto, el Estado incurre en responsabilidad internacional. También se pronunció sobre las condiciones de detención de Raxcacó, señalando que son incompatibles con su dignidad personal. Según el Tribunal, “mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación a su integridad personal”. Por ello, estableció que Guatemala violó el derecho a la integridad física, psíquica y moral de Raxcacó y que las condiciones en que se encuentra constituyen un trato cruel, inhumano y degradante.

Por lo tanto, la Corte ordenó a Guatemala que deberá reformar el artículo 201 de su Código Penal, de manera que “se estructuren tipos penales diversos y específicos para determinar las diferentes formas de plagio o secuestro, en función de sus características, la gravedad de los hechos y las circunstancias del delito…Esta modificación en ningún caso, ampliará el catálogo de delitos sancionados con la pena capital”. Mientras se da la reforma, el Estado deberá abstenerse de aplicar la pena de muerte y de ejecutar a los condenados por el delito de plagio o secuestro exclusivamente. Además, según la sentencia, el Estado deberá dejar sin efecto la pena impuesta y sin necesidad de un nuevo juicio, dictará otra condena que en ningún caso podrá ser la pena de muerte.

La Corte también ordena al Estado que adopte un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar y, en su caso, obtener indulto o conmutación de la pena.

Este caso fue llevado ante la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2004, y en diciembre de ese mismo año, el Centro por la Justicia el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto de la Defensa Pública de Guatemala y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, representantes de la víctima, presentaron su demanda.

Para CEJIL, esta sentencia de la Corte Interamericana es un aporte sustancial al proceso de debate que existe en Guatemala para la erradicación de la pena de muerte. “No es posible que mientras la comunidad internacional se inclina por la abolición absoluta de dicha pena, en Guatemala se amplía la lista de delitos sancionados con la pena capital”, señaló Soraya Long, Directora de CEJIL MESOAMERICA.

La sentencia del caso Raxcacó es la segunda que se dicta contra Guatemala por pena de muerte; la primera fue la de Fermín Ramírez, el 20 de junio de 2005.

Es importante recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de acatamiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

 

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CIDH supo de las violaciones a los derechos de los indígenas en Argentina

Ante la inminencia del referéndum convocado por la provincia de Salta, para el próximo 23 de octubre, en el que se consultará a la población del departamento de Rivadavia por el destino de las tierras indígenas ubicadas en los lotes 55 y 14, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó hoy en Washington –por primera vez, luego de cinco años de negociaciones- una audiencia con los representantes de las comunidades indígenas, el gobierno nacional y el gobierno provincial.

Lun, 17/10/2005

Washington, D.C. 17 de octubre de 2005

Ante la inminencia del referéndum convocado por la provincia de Salta, para el próximo 23 de octubre, en el que se consultará a la población del departamento de Rivadavia por el destino de las tierras indígenas ubicadas en los lotes 55 y 14, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó hoy en Washington –por primera vez, luego de cinco años de negociaciones- una audiencia con los representantes de las comunidades indígenas, el gobierno nacional y el gobierno provincial. En el transcurso de la reunión, las comunidades –patrocinadas por el CELS y CEJIL- solicitaron a la Comisión que impida la realización del referéndum o lo declare inoponible a la resolución internacional del caso, además de requerir su elevación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Asociación Lhaka Honhat –que nuclea a numerosas comunidades aborígenes– solicitó a la CIDH que, como medida cautelar, ordene al Estado argentino suspender de forma inmediata el referéndum convocado por la provincia de Salta.

También se solicitó a la CIDH que garantice que el Estado no realice ninguna acción dirigida a afectar el territorio en conflicto; no entregue sus tierras sin la consulta y previo consentimiento de todas las comunidades involucradas; no permita que otros se consideren con derechos sobre esas tierras, y se abstenga de seguir yendo a los lotes con el fin de dividir y enfrentar a las comunidades, o a ellas con la población criolla.

Finalmente, y para el caso que no se suspenda el Referéndum, las comunidades solicitaron que la CIDH establezca que, cualquiera sea el resultado de la votación, el Gobierno deberá supeditar la entrega de dichas tierras a la decisión final que se adopte en el caso, sea por resolución de la CIDH o por una eventual sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La audiencia se realizó en Washington, sede de la CIDH, y contó con la presencia de su vicepresidenta, Susana Villarán, el comisionado Florentín Meléndez y José Zalaquet, relator sobre derecho de los pueblos indígenas, quienes cuestionaron al Estado por las posibles consecuencias del referéndum.

QUÉ PIDEN LAS COMUNIDADES

§ Título único a nombre de todas las comunidades de los lotes 55 y 14

§ Reconocimiento del área de uso tradicional de todas las comunidades según mapa presentado en la solución amistosa

§ Desarrollo de un proceso de diálogo indígenas-criollos sobre la base del reconocimiento del derecho indígena al uso tradicional de las tierras y sus recursos con predisposición a ceder zonas sin uso que no comprometa la unidad del espacio físico

El no reconocimiento del título único para todas las comunidades implica:

§ la fragmentación del espacio de uso tradicional y por ende de las relaciones de reciprocidad económica entre ellas que aseguran su supervivencia

§ la ruptura de la forma de vida comunitaria a través del tradicional uso común de zonas, como lo demuestra el mapa presentado en el proceso de solución amistosa

PRONUNCIAMIENTOS DEL ESTADO NACIONAL SOBRE EL REFERÉNDUM:

§ 2 de mayo: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) solicita al gobierno de Salta la no realización de la consulta popular debido a que es una medida unilateral que no respeta los consensos alcanzados en la solución amistosa.

§ 3 de mayo: Cancillería solicita al Gob. de Salta que revea su decisión atento a la eventual responsabilidad internacional en que puede incurrir el Estado argentino.

§ Sin fecha: Defensor del Pueblo de la Nación expresa que no se han respetado los compromisos asumidos en la solución amistosa y solicita que se deje sin efecto el referéndum unilateralmente decidido.

§ Septiembre: Declaración conjunta de Cancillería, INAI y Secretaria de Derechos Humanos expresan preocupación por la aprobación de la ley 7352 y solicitan que se suspenda el referéndum.

 

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Antecedentes

Las comunidades que viven en los lotes 55 y 14, desde hace más de 20 años, reclaman tanto al Estado provincial como al nacional, que se les garanticen los derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. En efecto, en 1984 las comunidades indígenas presentaron ante el gobierno provincial un reclamo administrativo solicitando la adjudicación en propiedad de una superficie sin subdivisiones internas y bajo un título único para todas las comunidades. En 1991 reiteraron esa presentación. Este recurso derivó en el dictado del decreto 2609/91, por el cual la Provincia de Salta dispuso la entrega de tierras a las comunidades, mediante un título único de propiedad, sin subdivisiones internas, pero no se cumplió con lo allí dispuesto ya que el Decreto no se implementó nunca.

Frente a esto, en agosto de 1998 Lhaka Honhat presentó la denuncia ante la CIDH contra el Estado argentino, por violación de los derechos de los pueblos indígenas. En el año 2000 se inició un proceso de solución amistosa, a fin de alcanzar una solución consensuada al conflicto sobre las tierras de los lotes 14 y 55 (aproximadamente 650.00 hectáreas).

En el proceso de solución amistosa participaba el gobierno nacional (a través de Cancillería, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de DDHH de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación), el gobierno provincial, las comunidades aborígenes y la población criolla que habita en esos lotes. Los criollos, mayoritariamente ganaderos, tienen una forma de vida que colisiona con las comunidades, puesto que su ganado se apropia de los recursos que necesitan los aborígenes para subsistir como comunidades cazadoras-recolectoras.

Las comunidades reclaman desde hace décadas un título único, ya que en razón de su forma de vida, cada comunidad camina varios kilómetros para acceder a distintos recursos, lo cual se vería inevitablemente destruido si las tierras se entregan por familias, en parcelas o mediante un título a cada comunidad (lo que llevará a dividir el territorio y las zonas de uso común de las distintas comunidades y por lo tanto les privará de acceder a ciertos recursos imprescindibles para sobrevivir y para continuar con su forma de vida).

Entre los años 2002 y 2005 se realizaron más de 30 reuniones de trabajo donde se discutieron los reclamos, se confeccionaron numerosos informes técnicos y se fueron alcanzando distintos acuerdos con miras a concretar los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana.

Pese a ello, el 12 de abril de este año, la provincia de Salta decidió romper el proceso de solución amistosa y convocar a un referéndum en el que se decida el destino de las tierras. El 25 de julio el referéndum se aprobó mediante la ley 7352. De acuerdo a la Constitución Nacional y Provincial, es una obligación del Estado garantizar el título sobre las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades, y no una facultad discrecional.

Ante esta decisión unilateral del gobierno de Salta, las comunidades solicitaron a la CIDH la adopción de medidas cautelares para que el gobierno suspenda el referéndum, asegure y no afecte el territorio, no divida a las comunidades a través de sus punteros políticos y proteja la integridad física de las personas.

En el mes de agosto, la CIDH solicitó al gobierno nacional que le explique cuáles serían los efectos del referéndum sobre los derechos indígenas y sobre el caso en trámite ante la Comisión.

En septiembre, las comunidades aborígenes reiteraron el pedido de medidas cautelares para proteger la integridad del territorio indígena amenazado por intrusiones continuas de alambrados, corte ilegal de madera, obras de infraestructura y mensuras de parcelas de tierra, etc. También solicitaron que se frenen las actividades de funcionarios provinciales destinadas a dividir a las comunidades (que está generando mucho daño en la zona). Se volvió a solicitar la suspensión del referéndum, y en su defecto, la declaración de inoponibilidad del mismo frente a la solución internacional del caso.

Gobierno chileno acepta iniciar proceso de solución amistosa para cambiar leyes discriminatorias contra las mujeres

Mar, 18/10/2005

Washington, D.C. 18 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Corporación Humanas iniciaron un proceso de solución amistosa en el caso de Sonia Arce Esparza vs. Chile, en una audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Sra. Arce, junto con sus hermanos y hermanas, heredó una propiedad de sus padres. Sin embargo, en el momento de querer vender el inmueble, se vio en la imposibilidad legal de hacerlo, en razón de que la legislación chilena establece que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y, como tal, administra los bienes propios de la esposa.

Los peticionarios expusieron que algunos artículos del código civil chileno, relativos al régimen de sociedad conyugal, establecen distinciones entre los hombres y las mujeres que son discriminatorias consagrando un trato diferente para las mujeres casadas en cuanto al goce de sus derechos de propiedad respecto de sus maridos. En consecuencia, solicitaron la reforma de este régimen legal. Por su parte, el Estado reconoció la necesidad de modificar su legislación.

De llevarse a cabo esta reforma las mujeres chilenas casadas que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en el cual se encuentra la víctima, tendrán una posición de equidad frente a los varones. Es importante resaltar que en el marco de esta negociación se buscará la reparación integral del daño causado a Sonia Arce.

CEJIL valora la posición adoptada por el Estado chileno y espera que éste sea el primer paso para que su legislación se apegue a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y de esta forma se garantice a las mujeres chilenas su derecho a la igualdad y no discriminación.

 

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Discuten ante la CIDH proceso de desmovilización de grupos paramilitares en Colombia

El día de ayer el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y las organizaciones colombianas: Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, Corporación Jurídica Libertad, Comisión Justicia y Paz, Ruta Pacifica de Mujeres, Minga y Corporación Reiniciar expusieron el tema de la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia y la aplicación de la Ley 975 de 2005, la llamada Ley de Justicia y Paz.

Mar, 18/10/2005

Washington, D.C. 18 de octubre de 2005

El día de ayer el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y las organizaciones colombianas: Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, Corporación Jurídica Libertad, Comisión Justicia y Paz, Ruta Pacifica de Mujeres, Minga y Corporación Reiniciar expusieron el tema de la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia y la aplicación de la Ley 975 de 2005, la llamada Ley de Justicia y Paz.

En el marco del 123º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las entidades dijeron a la Comisión que no se oponen a una solución negociada del conflicto armado, sin embargo expresaron su disconformidad con el actual proceso de desmovilización ya que no garantiza la no repetición de los graves crímenes que han cometido los grupos paramilitares. Por otra parte alertaron a la CIDH que este proceso no sólo no garantiza que se detengan las violaciones de los derechos humanos por parte de los grupos paramilitares, sino que además las estructuras políticas y económicas que sostienen estos grupos siguen funcionando. Los peticionarios manifestaron que la solución gubernamental al conflicto invisibiliza la responsabilidad de poderosos círculos políticos y económicos que a la postre son los grandes beneficiarios del accionar paramilitar.

El proceso de desmovilización de más de 10 mil paramilitares no ha impedido que en los primeros seis meses de este año se hayan dado 389 asesinatos, por parte de grupos paramilitares. Quienes han sido desmovilizados no confiesan haber cometido delitos y el Consejo Superior de la Judicatura reconoció, en una nota publicada por el periódico el Tiempo, que dentro de los desmovilizados, encontró que “casi todos sus integrantes no tienen procesos pendientes”. Mientras que en los barrios pobres de algunas ciudades continúa el reclutamiento de jóvenes para los grupos paramilitares, los asesinatos, las amenazas de muertes, desapariciones forzadas, hostigamientos y masivos desplazamientos forzados, según señalaron las organizaciones de la sociedad civil colombiana. Además las 5 millones de hectáreas en manos de los grupos paramilitares no han sido devueltas a los campesinos y no se garantiza que puedan ser entregadas en el marco de este proceso de la desmovilización. Frente a este proceso, la Ley de Justicia y Paz no ofrece mecanismos reales para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos, el establecimiento de la verdad, la efectiva participación y realización de los derechos de las víctimas y la aplicación seria de justicia, señalaron los peticionarios.

Por otra parte las organizaciones también se pronunciaron sobre el funcionamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, MAPP/OEA el cual fue criticado pues no ha cumplido con su mandato en cuanto a la verificación del cese de hostilidades y la atención a los derechos de las víctimas. Tomando en cuenta lo expuesto, los peticionarios solicitaron a la Comisión que considere pronunciarse periódica y públicamente sobre la conformidad del proceso de desmovilización, la ejecución de la Ley de Justicia y Paz y la MAPP OEA, con los estándares internacionales de derechos humanos. Todo esto tendiendo a garantizar un desmantelamiento de las estructuras paramilitares y para que se den pasos reales hacia la paz en Colombia.

 

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