Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Ecuador continúa sin cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tibi

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) está profundamente preocupado por la falta de cumplimiento por parte del Estado de Ecuador de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Daniel Tibi, dictada el 7 de septiembre del 2004.

Mié, 07/12/2005

Washington D.C., 7 de diciembre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) está profundamente preocupado por la falta de cumplimiento por parte del Estado de Ecuador de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Daniel Tibi, dictada el 7 de septiembre del 2004.

En septiembre de 1995, Tibi fue detenido en el marco de un operativo policial, sin informarle cargos en su contra y durante el primer mes de prisión no tuvo acceso a un abogado. Fue mantenido en condiciones infrahumanas. Durante su detención, al señor Tibi le fueron negados derechos procesales fundamentales, y fue torturado física y psíquicamente de diferentes maneras: desde ahogamientos, quemaduras en sus piernas con cigarrillos y con metales al rojo vivo, descargas eléctricas, sumergimiento en barriles con agua, fuertes golpes con bates de baseball, insultos permanentes y graves amenazas de muerte a él y a su familia. Además, Daniel Tibi sufrió la incautación ilegal de sus bienes.

Luego de ser liberado, en enero de 1998, después de casi tres años de encarcelamiento, salió de Ecuador hacia Francia. Desde entonces, no ha logrado superar las secuelas que han dejado estos hechos en su vida, tanto a nivel psicológico y emocional, como económico.

La sentencia condenó al Estado ecuatoriano por violar los derechos a la libertad personal, a la integridad, a la propiedad privada, a la protección judicial y garantías judiciales, en perjuicio del señor Tibi, y el derecho a la integridad personal en contra de sus familiares. Consecuentemente, ordenó la investigación, juzgamiento y sanción de los hechos; la publicación de partes de la sentencia en medios locales y de un diario francés; el reconocimiento público de responsabilidad internacional por parte de las autoridades ecuatorianas; la conformación de un comité interinstitucional que implemente programas de capacitación en derechos humanos dirigido a jueces, fiscales, policía y personal penitenciario; el pago de una indemnización por daño material e inmaterial; la devolución de los bienes incautados al momento de su detención, o el equivalente en dinero; y el pago de costas y gastos del proceso.

Si bien Ecuador ha dado cumplimiento a la medida de publicar ciertas partes de la sentencia en los medios nacionales, aún no ha realizado la publicación en un periódico francés. Por otra parte, tampoco ha reconocido públicamente su responsabilidad en los hechos, no ha pagado las indemnizaciones correspondientes, ni ha conformado el comité interinstitucional. En relación con el último punto, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se ha mostrado particularmente preocupado por este incumplimiento en su último informe (cfr., párrafo 22).

Cabe señalar que la Corte Interamericana dispuso el plazo de seis meses para el cumplimiento de dichas medidas (con excepción del pago de indemnizaciones, para lo cual concedió un año de plazo). Los términos dispuestos por el tribunal interamericano ya se vencieron y las víctimas continúan a la espera de una reparación.

El Estado ecuatoriano ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre de 1977. En virtud de aquella Ecuador se compromete a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CEJIL insta al Estado de Ecuador a honrar sus compromisos internacionales y a reparar a las víctimas de este caso, como un acto representativo del respeto a los derechos humanos en ese país, y que garantice que ninguna otra persona va a ser sometida a la tortura y las injusticias a las que fue sometido Daniel Tibi en las cárceles ecuatorianas.

 

CEJIL es una organización no gubernamental de carácter regional, sin fines de lucro, con status consultivo ante la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos. Su objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL tiene oficinas en Washington, EE.UU., San José, Costa Rica, y Río de Janeiro, Brasil, y representaciones en Argentina, Paraguay y Chile.

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Senado mexicano exhorta al presidente Fox a cumplir con las obligaciones internacionales de México

El día de ayer, la Cámara de Senadores de México solicitó al Presidente Fox dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd.

Jue, 08/12/2005

San José, 8 de diciembre de 2005

 

El día de ayer, la Cámara de Senadores de México solicitó al Presidente Fox dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd.

En el acuerdo tomado por los/as senadores, se exhortó a disponer de inmediato la liberación de Martín del Campo; a identificar y sancionar a los responsables de las violaciones de sus derechos; y a reparar el daño económico y moral por las violaciones cometidas en su contra.

Estas recomendaciones fueron realizadas por la CIDH en octubre del 2002; sin embargo, el Estado mexicano se ha negado a cumplirlas, a pesar de las afirmaciones que hiciera la Secretaría de Relaciones Exteriores en el sentido de que “Fox encontraría la manera de cumplir” si la CIDH recomendaba la liberación.

Alfonso Martín del Campo Dodd ha estado preso por más de 13 años, luego de ser condenado a 50 años de prisión mediante una sentencia que se fundamentaba en una confesión arrancada bajo tortura. Los hechos se remontan al 30 de mayo de 1992, cuando más de diez policías judiciales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal obligaron a Alfonso Martín del Campo a confesarse culpable del asesinato de su hermana y su cuñado. No obstante que denunció ante un juez el haber sido torturado, fue condenado y los hechos de tortura no fueron investigados de manera exhaustiva, seria y diligente.

Este caso es paradigmático porque evidencia un patrón sistemático de confesiones rendidas bajo tortura en México, el cual se agrava cuando los funcionarios del Poder Judicial dan valor pleno a estas confesiones y condenan injustamente a personas inocentes.

Tanto la Comisión Interamericana como el Relator de Naciones Unidas sobre la Cuestión de la Tortura y otras organizaciones han denunciado este patrón en múltiples ocasiones, sin que hasta la fecha el Estado mexicano haya adoptado sus recomendaciones.

El caso de Alfonso Martín del Campo ha sido conocido por múltiples instancias de derechos humanos: Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Red de organismos Civiles “Todos los Derechos para Todos”, etc. Más recientemente, el Grupo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias concluyó que “La privación de libertad del Sr. Alfonso Martín del Campo Dodd es arbitraria, ya que contraviene a los artículos 5, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”

CEJIL se congratula que el Senado mexicano haya analizado el caso de Martín del Campo y que haya exhortado al Poder Ejecutivo a cumplir con sus obligaciones y compromisos internacionales, máxime en una época en que las autoridades gubernamentales han desacatado varias disposiciones internacionales, tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado tiene la facultad de liberar a Alfonso Martín del Campo a través del indulto o de cualquier otra figura jurídica que se considere procedente. Por ello, CEJIL apela al compromiso del Presidente Vicente Fox y del Lic. Alejandro Encinas, titular del Gobierno del Distrito Federal, para que procedan conforme a sus obligaciones en materia de derechos humanos y espera que ambos, en un acto de buena fe, liberen de inmediato a Alfonso Martín del Campo Dodd.

Para más información sobre el caso consulte los siguientes enlaces:

1. Acuerdo del Senado mexicano

www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2005/12/01/1&documento=51

2. Carta de CEJIL a Alfonso Martín del Campo Dodd

www.cejil.org/comunicados.cfm?id=573

3. La Corte Interamericana rechazó el Caso de Martín Del Campo

www.cejil.org/comunicados.cfm?id=570

4. CEJIL Y ACAT participaron en primera audiencia de México ante la Corte:

www.cejil.org/comunicados.cfm?id=542

5. Primer caso en contra de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

www.cejil.org/comunicados.cfm?id=127

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Venezuela deberá reparar a los familiares de personas desaparecidas

El pasado 9 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia, emitida el 28 de noviembre 2005, a los representantes de las víctimas, en el caso de Oscar Blanco Romero y otros vs. Venezuela. En su sentencia, la Corte ordenó al Estado de Venezuela reparar a las víctimas, Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, y a sus familiares.

Jue, 15/12/2005

San José, Costa Rica, 15 de diciembre de 2005

El pasado 9 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia, emitida el 28 de noviembre 2005, a los representantes de las víctimas, en el caso de Oscar Blanco Romero y otros vs. Venezuela. En su sentencia, la Corte ordenó al Estado de Venezuela reparar a las víctimas, Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, y a sus familiares. Al homologar el allanamiento hecho por el Estado en la audiencia pública del 27 y 28 de junio pasado, la Corte estableció que el Estado venezolano violó, en perjuicio de las víctimas y sus familias, los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la libertad personal y la protección judicial. El alto tribunal también señaló que Venezuela incumplió sus obligaciones establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Las víctimas en este caso fueron desaparecidas de manera forzada en 1999, por miembros del ejército venezolano, en el estado costeño de Vargas, en el marco de una gran tragedia natural que originó una gran movilización de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado de Venezuela. En ese contexto se dio una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos, cometidas por agentes estatales bajo el pretexto de controlar el orden público.

En estas circunstancias, miembros del ejército entraron con gran violencia a la casa de Oscar Blanco y lo detuvieron sin presentar ninguna orden judicial. Igual sucedió con Javier Hernández, quien fue sacado de su casa por agentes de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), herido con arma de fuego y luego detenido, sin orden judicial. José Francisco Rivas fue detenido, sin orden judicial, por miembros del Ejército cuando se encontraba, junto a su madre, en la puerta del lugar en donde se habían refugiado después de perder su vivienda a causa del desastre natural.

Después de ser detenidos por miembros del Ejército y de la DISIP, sus familiares no volvieron a tener noticia ni de ellos, ni de su paradero. Los recursos de hábeas corpus que se interpusieron a su favor, fueron rechazados por los jueces. Después de casi seis años de haber sido detenidos y desaparecidos, ninguno de los autores de los hechos ha sido sancionado. Oscar, José Francisco y Roberto Javier continúan sin aparecer, y ni sus familiares, ni la sociedad venezolana saben la verdad de lo que sucedió. Todos estos hechos fueron informados durante la audiencia ante la Corte, realizada en junio de este año y el Estado aceptó su responsabilidad internacional por los mismos.

El alto tribunal ordenó, en este mes de diciembre, que el Estado debe llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales efectivos e imparciales sobre las tres desapariciones forzadas, que lleven al esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. Además debe adoptar las medidas necesarias para localizar el paradero de Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, a la mayor brevedad. Asimismo, el Estado debe adoptar, las medidas que sean necesarias para que el recurso de hábeas corpus en Venezuela pueda ser ejercido de manera eficaz en situaciones de desaparición forzada. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales de protección de la persona en relación con la desaparición forzada.

La Corte también requirió a Venezuela implementar, en los cursos de formación y capacitación de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la DISIP, un programa sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, en particular, la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza, como una manera de prevenir que sucedan nuevamente hechos como los de este caso.

Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento a la misma. Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

Este caso fue litigado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de los Sucesos de febrero-marzo de 1989 (COFAVIC) y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

LA CORTE INTERAMERICANA CONDENÓ A CHILE POR VIOLAR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El pasado 14 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia condenatoria, emitida el 22 de noviembre de 2005, a los representantes de las víctimas, en el caso Palamara Iribarne vs. Chile.

Vie, 16/12/2005

San José, Costa Rica, 16 de diciembre de 2005.

El pasado 14 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia condenatoria, emitida el 22 de noviembre de 2005, a los representantes de las víctimas, en el caso Palamara Iribarne vs. Chile.

En su sentencia, el alto tribunal, estableció, en primer lugar, que el Estado había incurrido en actos de censura previa incompatibles con los parámetros dispuestos en la Convención Americana, y en segundo término que, a través de la legislación penal sobre desacato, aplicada a la víctima, se había utilizado la persecución penal en una forma desproporcionada e innecesaria para una sociedad democrática, y por tanto, se había restringido indebidamente el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. La Corte también destacó que el Estado chileno violó el derecho a la propiedad privada, al impedir el uso y goce de la obra de creación intelectual del Sr. Palamara.

En relación con los procesos penales a los cuales fue sometido el Sr. Palamara, la Corte Interamericana estableció que éstos fueron violatorios del derecho a ser juzgado ante un tribunal competente, independiente e imparcial. Por otra parte, determinó que, en el contexto de estos procedimientos secretos y escritos, no se brindó a la víctima los medios adecuados para ejercer su derecho de defensa, no se le permitió contar con un abogado defensor en todas las instancias del proceso y tampoco se le permitió el ejercicio de su derecho a examinar a los testigos que declararon en su contra y a su favor. Finalmente, el más alto tribunal también concluyó que Chile había violado los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 y 8.2, de la Convención Americana, referidos a la protección de la libertad personal y a la presunción de inocencia.

En el año 1993, autoridades militares prohibieron al Sr. Humberto Palamara publicar y difundir el libro “Ética e Inteligencia militar”. Sin embargo, el autor decidió seguir con el trámite para publicarlo. A raíz de ello, el Sr. Palamara, quien no era militar, fue sometido a un juicio por el delito de desobediencia e incumplimiento de deberes militares en la jurisdicción castrense. En el marco de dicho procedimiento, se incautaron todos los ejemplares de su libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, y de esta forma, de manera irreversible, se impidió su publicación y distribución. Asimismo, funcionarios militares llegaron a su casa y le obligaron a borrar el original del libro del disco duro de su computadora personal. Cuando ocurrieron estos hechos el Sr. Palamara era ingeniero naval mecánico y trabajaba como empleado civil a contrata de la Armada.

Con posterioridad, en función de las opiniones críticas del Sr. Palamara respecto de la actuación de funcionarios públicos en el proceso al cual estaba siendo injustamente sometido, se inició en su contra un segundo proceso penal por el delito de desacato. Durante la tramitación de los dos procesos seguidos en su contra –los cuales culminaron con la emisión de dos sentencias de condena-, se violaron las garantías al debido proceso. La víctima fue sometida a juicio ante la jurisdicción castrense, aún cuando él no revestía la calidad de militar, frente a jueces y fiscales que no garantizaban una actuación independiente e imparcial. Durante el transcurso de los procedimientos, el Sr. Palamara se vio impedido de ejercer adecuadamente su derecho de defensa. A raíz de estos hechos la familia de la víctima tuvo que separarse y él no pudo encontrar empleo.

En su sentencia, como medidas de reparación, la Corte Interamericana ordenó al Estado de Chile que permitiera a Humberto Antonio Palamara la publicación de su libro. Asimismo, le ordenó que en un plazo de seis meses le restituyera todos los materiales que fueron secuestrados en el marco del proceso: los libros y su versión electrónica. En función de la sentencia emitida por la Corte IDH, Chile deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno para que la jurisdicción penal militar se limite a conocer delitos cometidos por funcionarios militares en servicio activo y se respeten las garantías del debido proceso. Por otra parte, Chile deberá dejar sin efecto las sentencias condenatorias emitidas contra el Sr. Palamara e indemnizarlo económicamente. Finalmente, la Corte también ordenó al Estado chileno adoptar las medidas necesarias “para derogar y modificar…normas internas que sean incompatibles con los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y expresión”.

Para CEJIL la decisión en el caso Palamara vs. Chile representa un avance en materia de libertad de expresión para toda la región americana. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

Este caso fue litigado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

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La CIDH solicita al gobierno de Ecuador que proteja la vida y la integridad física de cuatro personas e investigue hechos

El pasado 22 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió, en virtud del artículo 25 de su reglamento, solicitar al Estado de Ecuador que adopte medidas cautelares para garantizar la vida e integridad física de Alejandro Ponce Villacís, Ermel Chávez, Pablo Fajardo y Luis Yanza, después de una solicitud hecha en tal sentido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Amazon Watch.

Lun, 26/12/2005

Washington D.C., 26 de diciembre de 2005

El pasado 22 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió, en virtud del artículo 25 de su reglamento, solicitar al Estado de Ecuador que adopte medidas cautelares para garantizar la vida e integridad física de Alejandro Ponce Villacís, Ermel Chávez, Pablo Fajardo y Luis Yanza, después de una solicitud hecha en tal sentido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Amazon Watch.

Los beneficiarios de las medidas forman parte del equipo que litiga ante los tribunales ecuatorianos un caso en contra de la empresa norteamericana Chevron. Estas personas han sufrido hostigamientos, amenazas y persecuciones, particularmente a partir de octubre pasado cuando denunciaron la intervención de miembros de las Fuerzas Militares ecuatorianos para detener una diligencia judicial.

En este contexto, Ermel Chávez sufrió persecuciones de personas no identificadas. Pablo Fajardo recibió amenazas telefónicas anónimas en su oficina. Luis Yanza fue informado de que miembros de inteligencia militar estaban controlando sus actividades. Por otra parte, recientemente, dos personas ingresaron a su domicilio -estando su hija adentro-. Aún no se ha determinado si se trató de un intento de robo. El 28 de octubre pasado personas no identificadas ingresaron a la oficina de Alejandro Ponce Villacís, registraron varios documentos y sustrajeron computadoras, una máquina de fax y un disco compacto. Sorprendentemente no se llevaron elementos de valor que se encontraban en la oficina. Además, Ponce recibió llamadas telefónicas extrañas, en su oficina y en su domicilio particular, por parte de personas que no se identificaron.

Las medidas cautelares son un recurso que tiende a proteger los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando éstos se encuentran en situación de riesgo, como en este caso.

La Comisión señala en su resolución que el Estado deberá: “Adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de Alejandro Ponce Villacís, Ermel Chávez, Pablo Fajardo y Luis Yanza [e] investigar los hechos que motivaron la adopción de estas medidas cautelares“.

CEJIL insta al Estado de Ecuador a dar cumplimiento a las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana durante el plazo establecido, y de este modo a cumplir de buena fe con sus compromisos internacionales a los que se ha obligado en su calidad de Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

CEJIL es una organización no gubernamental de carácter regional, sin fines de lucro, con status consultivo ante la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos. Su objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL tiene oficinas en Washington, EE.UU., San José, Costa Rica, y Río de Janeiro, Brasil, y representaciones en Argentina, Paraguay y Chile.

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Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. Compilación de Instrumentos. Edición 2009.

Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. Compilación de Instrumentos.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se complace en presentar la sexta edición actualizada de su publicación Derechos Humanos en el Sistema Interamericano: Compilación de Instrumentos.

Desde la primera versión de este compendio de normativa interamericana sobre protección y defensa de los derechos humanos –editada en 1997- CEJIL se ha propuesto con esta compilación tornar más accesible a distintos públicos el conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos desarrollado en el continente americano, así como el uso de las herramientas que el sistema interamericano (SI) pone a disposición de víctimas y defensores de derechos humanos.

La obra recopila las Declaraciones, Tratados, Protocolos y Principios que conforman la normativa fundamental del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interamericano, complementándola con aquellos textos que reglamentan la composición y funcionamiento de la Comisión y Corte Interamericana (Estatutos y Reglamentos).

Esta sexta edición actualizada incluye las últimas modificaciones a los Reglamentos de la Comisión y la Corte introducidas en 2009, que afectan a aspectos centrales del Sistema como son las reglas aplicables a la fase de admisibilidad de peticiones, las medidas cautelares de protección, el papel de las víctimas en el litigio ante la Corte Interamericana, o cuestiones de representación legal, entre otras.

Adicionalmente, en esta nueva edición presentamos un cuadro que cumple con la intención de ofrecer de forma ilustrativa un panorama completo acerca del estado de ratificaciones de los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos. A su vez, la forma en que se expone la información permite tener una mirada abarcadora e integral acerca del grado de involucramiento de los Estados miembros de la OEA en el SI.


Tipo de publicación: Compilación de normas
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Fecha Publicación: 2009
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Gaceta Nº 31 - La protección de las personas refugiadas y desplazadas internas en las Américas

Gaceta Nº 31 - La protección de las personas refugiadas y desplazadas internas e
Tipo de publicación: Gaceta
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Fecha Publicación: 2009
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La tortura en el derecho internacional - Guía de jurisprudencia

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Tipo de publicación: Manuales y guías
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Fecha Publicación: 2009
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CEJIL condena amenaza de bomba en homenaje a muertos y desaparecidos por la dictadura brasileña

Pide al Gobierno una seria investigación

CEJIL expresa su profunda preocupación y condena por la amenaza de bomba que organizaciones de la sociedad civil brasileña recibieron el pasado 15 de enero en Río de Janeiro, durante un acto de homenaje en memoria de quienes resistieron a la dictadura militar brasileña.

Mar, 19/01/2010

 

Washington D.C., 19 de enero de 2010

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su profunda preocupación y condena por la amenaza de bomba que organizaciones de la sociedad civil brasileña recibieron el pasado 15 de enero en Río de Janeiro, durante un acto de homenaje en memoria de quienes resistieron a la dictadura militar brasileña.

La ceremonia para recordar a los caídos durante la dictadura militar (1964-1985) ―efectuada en el Centro de Cultura, un edificio público en el centro de la ciudad― debió ser interrumpida de manera abrupta por la advertencia de que había sido colocada una bomba. El evento, organizado por tres organizaciones civiles brasileñas, incluía la presentación de un documental, un foro de discusión y un homenaje a los muertos y desaparecidos de la dictadura militar brasileña, con la entrega de un diploma a los familiares.

Los parientes presentes en el local declararon que percibieron un cambio en el programa, el foro de discusión fue suspendido y los homenajes fueron realizados con prisa.  Después la dirección del Centro de la Cultura informó acerca de la amenaza anónima y pidió que los presentes debían evacuar de inmediato el lugar. En ese momento, en el local había cerca de 100 personas.

Un familiar describió su experiencia: “El camino por las escaleras hacia la calle parecía una eternidad (...) de repente pensé que estábamos volviendo a los tiempos sombríos de la dictadura”.

La amenaza ocurre en un contexto en el que la sociedad brasileña discute la responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado por los crímenes cometidos durante la dictadura militar y la conformación de una Comisión de la Verdad.

“CEJIL condena este acto de amenaza e intimidación. CEJIL exhorta al Gobierno brasileño a que se pronuncie públicamente en repudio de estas amenazas, que tienen como objetivo intimidar y cohibir el ejercicio de la libre expresión y manifestación, así como la libertad de reunión de familiares de muertos y desaparecidos y de ex presos y perseguidos políticos que procuran garantizar su derecho a la verdad y la justicia”, declaró Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

También, CEJIL solicita a las autoridades brasileñas una investigación seria e imparcial para que este tipo de amenaza no quede impune y no genere un efecto inhibidor en el debate público.

 

 

 

Contacto en Washington D.C.

Mauricio Herrera Ulloa

Director de Comunicación

Tel (202) 319-3000

Fax (202) 319-3019

mherrera@cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros mecanismos de protección internacional.

 

Asesinan a defensor de derechos humanos en Honduras

Continúa la violencia en Honduras

El Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN) expresa su más enérgica condena por el asesinato del Defensor de Derechos Humanos Walter Tróchez, la noche del 14 de diciembre, cuando una persona desconocida le disparó en el pecho mientras caminaba en el centro de Tegucigalpa.

Mar, 15/12/2009

Comunicado del Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN)

15 de diciembre de 2009

El OISDHHN expresa su más enérgica condena por el asesinato del Defensor de Derechos Humanos Walter Tróchez, la noche del 14 de diciembre, cuando una persona desconocida le disparó en el pecho mientras caminaba en el centro de Tegucigalpa.

Walter Tróchez fue un reconocido defensor de los derechos de las personas que viven con VIH y de la comunidad LGBT. Era miembro del Movimiento Ser Humano y colaborador activo del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH). Desde el 28 de junio, fecha que ocurrió el golpe de Estado en Honduras, Walter se unió al Frente de Resistencia y fue un férreo opositor de todas las arbitrariedades cometidas por el gobierno de facto.

El día 20 de julio Walter Tróchez había sido detenido arbitrariamente por participar en un plantón frente al Congreso de la República. Durante su detención fue golpeado varias veces con toletes y se le denigró por su orientación sexual.

Adicionalmente, Walter era uno de los testigos que afirmó haber visto a agentes policiales capturar al joven Pedro Magdiel Muñoz Salvador en la zona de Arauca, El Paraíso. Pedro encontró la muerte el 25 de julio durante la movilización que convocó el Presidente Zelaya hacia la frontera con Nicaragua.

El pasado 11 de diciembre, el Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras denunció el secuestro de Walter Tróchez el 4 de diciembre. Ese día había sido secuestrado y golpeado con un arma y con puños por cuatro hombres desconocidos que usaban pasamontañas pero afortunadamente logró escapar después de varias horas de cautiverio. Durante su captura, los atacantes le reclamaron su participación en el Frente de Resistencia y lo amenazaron de muerte.

El señor Tróchez denunció lo sucedido desde el día 5 de diciembre ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal y el Ministerio Público; no obstante, ninguno de estos órganos tomó acciones para protegerlo.

Estos hechos demuestran la indefensión y el grave riesgo en que se encuentran los defensores de derechos humanos y las personas que se oponen al actual gobierno de facto. Asimismo, evidencian que nuevamente las instituciones responsables de garantizar los derechos fundamentales han fallado en su deber.

El Observatorio hace un llamado a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Honduras y a la Dirección Nacional de Investigación Criminal para que en forma inmediata investiguen estos hechos, identifiquen a los responsables y se haga justicia.

Con la muerte de Walter ascienden a 14 las personas que han sido asesinadas en condiciones sospechosas y presuntamente vinculadas al actual contexto político. A estas se suman además las 9 muertes de personas fallecidas en manifestaciones públicas en contra del golpe de Estado. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos debe dirigir todos sus esfuerzos a investigar estos asesinatos y esclarecer los hechos, sin dilaciones ni pretextos.

Al respecto recordamos que la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la investigación de graves violaciones a los derechos humanos debe estar dirigida hacia la condena de todos los involucrados en el crimen, sean estos autores materiales, intelectuales, partícipes o encubridores. Solo de esta manera podrá prevenirse la repetición de este tipo de hechos.

El OISDHHN hace un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante ante las graves violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en Honduras.

De igual manera, el Observatorio urge a la Unión Europea aplicar las directrices para dar protección a los defensores de Derechos Humanos en Honduras, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que continúe otorgando medidas cautelares y fiscalice la implementación efectiva de las que ya fueron otorgadas.

Se reitera el llamado a la Corte Penal Internacional para que desarrolle la acción preventiva que debe cumplir con una acción decidida y oportuna de la Fiscalía que haga conocer públicamente que está monitoreando la situación en Honduras y que está dando seguimiento a las comunicaciones que le han sido presentadas.

Finalmente se solicita las autoridades estatales hondureñas que procedan a implementar, en forma inmediata, todas las medidas de protección que sean necesarias para que los y las defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor en condiciones seguras.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España)

Solidaridad Mundial - Bélgica

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José

Simeón Cañas” (IDHUCA-El Salvador)

Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos – Costa Rica

Asociación Arco Iris - Honduras

Para más información contacte:

Martin Wolpold-Bosien, wolpold-bosien@fian.org

Marcia Aguiluz, maguiluz@cejil.org

Luis Guillermo Pérez, LuisG.Perez@cifcaeu.org

 

 

 

 

 

 

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