Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Relatoría de la niñez dijo que visitará Paraguay

Hoy, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones de los derechos humanos a niños/as y adolescentes en situación de calle en el Paraguay y especialmente en Ciudad del Este – Alto Paraná.

Vie, 21/10/2005

Washington, D.C. 21 de octubre de 2005

Hoy, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones de los derechos humanos a niños/as y adolescentes en situación de calle en el Paraguay y especialmente en Ciudad del Este – Alto Paraná.

Sólo en Ciudad del Este existen alrededor de 3.000 niños en situación de calle entre 6 y 18 años, los/as cuales -en muchos de los casos- son explotados. Esta población es víctima de procedimientos judiciales, policiales y administrativos, ilegales y arbitrarios, que los/as privan de su libertad.

Una práctica preocupante contra esta población es que las redadas fueron instaladas de manera permanente en Ciudad del Este. Se desconoce oficialmente el paradero de los niños/as y adolescentes redados y las prácticas represivas contra ellos/as se han agravado. Ante esta situación las organizaciones de derechos humanos del Paraguay presentaron un recurso de habeas corpus genérico ante la Corte Suprema de Justicia, pero este fue rechazado.

En la audiencia celebrada ante la CIDH los peticionarios denunciaron estos hechos violatorios de los derechos humanos, que también contravienen la Convención sobre los Derechos de la Niñez y recordaron que en el país están vigentes estas leyes internacionales.

Frente a la exposición de estos hechos el Relator de la niñez de la Comisión Interamericana, Paulo Sergio Pinheiro, expresó que esta información sería remitida al Estado. Y manifestó su interés por conocer más de cerca esta situación para lo que podría visitar Paraguay –antes de fines de este año- para observar las condiciones de los niños y las niñas en situación de calle.

 

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Organizaciones de derechos humanos venezolanas ante la CIDH

Los obstáculos para la administración de justicia, el accionar de cuerpos parapoliciales, el precario estado de las cárceles, los hostigamientos al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos y las intimidaciones a quienes intentan ejercer el derecho a la libertad de expresión en Venezuela fueron planteados hoy por distintas organizaciones venezolanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Vie, 21/10/2005

Washington, D.C. 21 de octubre de 2005

Los obstáculos para la administración de justicia, el accionar de cuerpos parapoliciales, el precario estado de las cárceles, los hostigamientos al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos y las intimidaciones a quienes intentan ejercer el derecho a la libertad de expresión en Venezuela fueron planteados hoy por distintas organizaciones venezolanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En calidad de peticionarios, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cofavic, Provea, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el Observatorio Nacional de Prisiones de Venezuela y el Instituto Prensa y Sociedad fueron recibidos en audiencia en el marco del 123° período ordinario de sesiones que la CIDH está celebrando en su sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.

Las organizaciones venezolanas expresaron a la CIDH su preocupación por la falta de independencia y autonomía de los jueces y fiscales del ministerio público así como el carácter provisorio de la mayoría de los jueces y la aplicación de la justicia militar a civiles y a militares retirados. Los peticionarios le solicitaron a la CIDH que inste al Estado venezolano a respetar los estándares internacionales en materia de administración de justicia de manera de garantizar la imparcialidad y objetividad de quienes tienen a cargo dicha tarea.

La precaria situación de las cárceles venezolanas también fue expuesta ante la CIDH, la cual incluye el hacinamiento de reclusos, la brutalidad policial a la que éstos son sometidos y el retraso en el dictado de sentencias. Entre los aspectos que revisten mayor gravedad, se señaló que en las cárceles venezolanas muere en forma violenta un recluso por día, que la edad carcelaria oscila entre los 18 y 30 años y la mayoría de las penas corresponden a delitos patrimoniales. Las organizaciones venezolanas solicitaron a la CIDH que interfiera para que el Estado implemente una mejora sustancial en las actuales condiciones carcelarias de manera que se respeten plenamente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Asimismo, se informó que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los grupos parapoliciales continúan ocurriendo en Venezuela y al respecto se le solicitó a la CIDH que interceda para que el Estado lleve adelante investigaciones serias y efectivas que permitan la captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables.

CEJIL, Provea, la Vicaría de Caracas y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), informaron también a la CIDH sobre los obstáculos que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en el desempeño de sus tareas, las cuales están directamente relacionadas tanto con la construcción y consolidación de la democracia y el estado de derecho como con la vigilancia y consolidación del respeto a los derechos humanos. Los representantes de las organizaciones venezolanas presentaron información detallada sobre las distintas violaciones que sufren como resultado de su trabajo. Intimidaciones, amenazas, interferencia a sus comunicaciones, campañas de desprestigio, inicio de procesos judiciales, utilización de leyes claramente violatorias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros, fueron algunos de los ejemplos citados.

En este contexto, los peticionarios señalaron la absoluta desprotección en que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos debido a la negativa del Estado venezolano de acatar las solicitudes de medidas cautelares (de protección) requeridas por la CIDH a favor de defensores y defensoras de derechos humanos. Al respecto, expresaron que este desconocimiento tiene una especial gravedad, la cual se acentúa con el incumplimiento sistemático de las medidas provisionales otorgadas por la Corte, cuando el Estado realiza actuaciones orientadas a desconocer expresamente la competencia del alto tribunal. Se señaló además que es especialmente preocupante cuando las autoridades venezolanas criminalizan la actuación de los defensores y defensoras de derechos humanos ante el sistema interamericano acusándolos de conspiradores o recurriendo a la descalificación pública de su trabajo. Sobre este tema en particular, los peticionarios le solicitaron a la CIDH que preste especial y mayor atención, la cual se comprometió a hacerlo.

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, la Asociación Espacio Público y CEJIL brindaron información detallada sobre los problemas con que se enfrentan quienes intentan ejercer la libertad de expresión en Venezuela. Mencionaron un sustantivo incremento de amenazas, hostigamientos y agresiones cometidos contra periodistas y medios de comunicación en los últimos tres años. Asimismo se hizo referencia al uso creciente del aparato judicial como un medio para intimidar y acallar el trabajo periodístico a través del uso excesivo de la figura de calumnias e injurias. Las organizaciones informaron también sobre los obstáculos con que se enfrentan los medios de comunicación y los periodistas para el ejercicio pleno de su derecho a la expresión tras la aprobación de la controvertida ley de contenido y la reforma del código penal. Informaron que como consecuencia de estas reformas, un número importante de programas de opinión han salido del aire, lo cual repercute negativamente en la posibilidad de llevar adelante desde los medios de comunicación un debate abierto y pluralista sobre el proceso político que está viviendo el país.

Por último, CEJIL y las organizaciones venezolanas que participaron de estas audiencias pidieron que el Relator de la CIDH para Venezuela realice una visita al país lo antes posible de manera tal de evaluar la situación de los derechos humanos y que se incorpore la información brindada en el próximo informe de seguimiento al Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela publicado en el año 2003.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Pueblo indígena Sarayaku está en riesgo

El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció sobre el riesgo que corren los habitantes de la comunidad indígena Sarayaku, en Ecuador.

Vie, 21/10/2005

Washington, D.C. 21 de octubre de 2005

El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció sobre el riesgo que corren los habitantes de la comunidad indígena Sarayaku, en Ecuador. Esto debido a las actividades petroleras que la Compañía General de Combustibles (CGC) ha llevado a cabo en el territorio ancestral de este pueblo, con el consentimiento y aquiescencia del gobierno. Los representantes del pueblo Sarayaku, ante la CIDH, son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos, Económicos y Sociales (CDES).

El 26 de julio de 1996, Ecuador otorgó una concesión a favor de la CGC, el denominado bloque petrolero 23, que comprende una extensión de 200.000 hectáreas en la amazonia ecuatoriana, de las cuales un 65% afectan al territorio Sarayaku. Este pueblo está compuesto por seis comunidades y cerca de mil habitantes. Su territorio ancestral comprende aproximadamente 135.000 hectáreas. La comunidad no fue informada, ni consultada sobre esta concesión.

Por su parte, el Ministerio de Energía ecuatoriano informó que hay un total de 1.473 kilogramos de pentolita, un peligroso explosivo, dispersos en el territorio ancestral del pueblo Sarayaku, el cual fue colocado por la empresa CGC. Esto pone en riesgo la vida de toda la población, incluyendo a los niños y niñas.

Desde el año en que fue otorgado el permiso a la empresa petrolera, el pueblo indígena mostró su disconformidad, e incluso en el año 2000 ratificó su posición de manera terminante, a través de su Asamblea General. Durante todo este tiempo el pueblo Sarayaku ha sufrido la ocupación arbitraria de su territorio, la deforestación de bosque tropical, el ingreso inconsulto y violento de trabajadores petroleros, guardias de seguridad privados y personal del ejército ecuatoriano. Ante esta situación, los miembros del pueblo Sarayaku se movilizaron para defender su territorio.

El 15 de enero de 2005, cuatro jóvenes de Sarayaku fueron detenidos, secuestrados y sometidos a tratos crueles e inhumanos por miembros del ejército y empleados de la CGC. Hoy, el indígena Fabián Grefa, una de estas víctimas, rindió declaraciones acerca de estos hechos, ante la CIDH.

Para las comunidades indígenas la tierra está íntimamente relacionada con su existencia, en particular para el pueblo Sarayaku el despojarlos de sus territorios significa destruir la vida, tanto individual, como colectivamente, así lo indicó Hilda Santi, presidenta del pueblo Sarayakyu, ante la Comisión Interamericana.

Los peticionarios denunciaron ante la CIDH que “la actividad petrolera en el territorio Sarayaku…viola el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, e integridad, de los derechos, económicos, sociales y culturales”. Además las organizaciones consideraron que el ingreso de la petrolera y el desarrollo de actividades por parte de esta empresa son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Importantes avances en negociaciones con Estado venezolano ante el sistema interamericano

En el marco del 123° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvieron lugar una reunión de trabajo sobre el caso Jubilados de la Empresa Venezolana de Aviación VIASA y una audiencia sobre la impunidad de ejecución de campesinos

Lun, 24/10/2005

Washington, D.C. 24 de octubre de 2005

En el marco del 123° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvieron lugar una reunión de trabajo sobre el caso Jubilados de la Empresa Venezolana de Aviación VIASA y una audiencia sobre la impunidad de ejecución de campesinos. En calidad de representantes de las víctimas, participaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Provea. En ambos encuentros, en los que además estuvo presente la CIDH y representantes del Estado venezolano, se lograron importantes avances.

En la reunión de trabajo sobre el caso VIASA se hizo seguimiento al acta de compromiso firmada en marzo de este año entre los representantes de las víctimas - CEJIL y Provea - el Estado venezolano y la CIDH con el fin de llegar a una posible solución amistosa de este caso. En 1992 la empresa de aviación venezolana fue privatizada tras lo cual le fueron negados los beneficios laborales a los trabajadores jubilados y a más de 2000 trabajadores. Tras agotar todas las instancias nacionales y bajo la asesoría de Provea y de CEJIL, el caso fue llevado a conocimiento de la CIDH en la OEA en el año 2001 por violación del derecho a la pensión. Durante la reunión, el Estado informó sobre los puntos del acuerdo que ya han sido cumplidos. Informó que efectuó el pago de pensiones adeudadas y de indemnización por daños morales y materiales a 18 jubilados o sus herederos. Con respecto al resto de los compromisos asumidos, se acordó que el Estado haga un reconocimiento público de su responsabilidad internacional y que se establezca un nuevo cronograma de cumplimiento específicamente sobre los puntos relacionados con la adopción de un mecanismo que permita a las víctimas y sus sobrevivientes el cobro a futuro de sus pensiones de jubilación a partir del momento del pago de lo adeudado. Asimismo, el Estado venezolano se comprometió a mantener reuniones mensuales con las partes interesadas de manera de mantenerlas informadas sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

CEJIL considera muy positivo este paso y espera que el Estado continúe con el cumplimiento de los demás puntos pendientes asumidos por Venezuela en el litigio de este caso ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Por otra parte, el 21 de octubre tuvo lugar una audiencia sobre la situación de impunidad que pesa sobre los asesinatos de aproximadamente cien campesinos ocurridos desde 1998 hasta la fecha perpetrados, al parecer, por sicarios. Durante esta audiencia, que también contó con la presencia de representantes del Estado venezolano, se expresó preocupación por la fallas en la administración de justicia que no han permitido llevar adelante investigaciones eficaces para determinar tanto a los autores materiales como intelectuales de estos crímenes. CEJIL y Provea informaron que ha sido imposible determinar las causas y las dimensiones de este fenómeno debido principalmente a las demoras del Ministerio Público en el inicio de actuaciones judiciales. Los representantes de las víctimas solicitaron a la CIDH que inste al Estado venezolano para que tome medidas preventivas –que no redunden en un recrudecimiento de la militarización- tendientes a garantizar el derecho a la seguridad de la población campesina del país. Asimismo se le solicitó a la CIDH que exhorte al Estado venezolano para que adelante las investigaciones y dé a conocer un diagnóstico claro y preciso de las condiciones que han permitido el asesinato de los campesinos.

Durante la audiencia, el Estado reconoció el número de campesinos asesinados y la gravedad del fenómeno y se comprometió a mantener informada a la CIDH, a tomar en consideración las peticiones de las organizaciones que representan a las víctimas y a mantener reuniones periódicas con ellas en Venezuela.

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La desaparición de niños y niñas en El Salvador se debate en la Comisión Interamericana

El 2 de noviembre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de los informes de admisibilidad en los casos de Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, y José Rubén Rivera, menores de edad que fueron capturados por el Ejército salvadoreño durante el conflicto armado y cuyo paradero se desconoce.

Lun, 07/11/2005

San José, Costa Rica, 04 de noviembre de 2005

El 2 de noviembre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de los informes de admisibilidad en los casos de Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, y José Rubén Rivera, menores de edad que fueron capturados por el Ejército salvadoreño durante el conflicto armado y cuyo paradero se desconoce.

Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, de 15 y 7 años de edad, respectivamente, fueron capturadas, en el contexto de la masacre del Mozote, el 13 de diciembre de 1981, por militares integrantes del Batallón Atlacatl, durante un operativo conocido como “Operación Rescate”, en el norte del departamento de Morazán. Desde entonces, a casi 24 años de ocurridos los hechos, se desconoce su paradero.

Por su parte, José Rubén Rivera, de tres años, fue capturado por militares de la Quinta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada de El Salvador el 18 de mayo de 1983, durante un operativo realizado en la Hacienda La Joya, en el Departamento de San Vicente.

Los casos fueron presentados a la Comisión Interamericana por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, quienes denunciaron la responsabilidad del Estado salvadoreño en la desaparición de los infantes y la falta de investigación para determinar a los responsables y el paradero de los mismos.

En ambos casos, el Estado alegó que los hechos ocurrieron durante el conflicto armado interno y que por lo tanto debía aplicarse el derecho internacional humanitario. Sin embargo, la CIDH indicó que el contexto alegado no excluía su facultad para conocer los casos y que además, dicha época se caracterizó por las violaciones sistemáticas de derechos humanos e impunidad, facilitadas en parte por la ineficacia del sistema judicial salvadoreño. Según el órgano internacional, las investigaciones iniciadas evidencian un retardo injustificado y además “el Estado no ha presentado prueba alguna que el habeas corpus en El Salvador fue o es un recurso eficaz para lograr establecer el paradero de los niños”.

El tema de la niñez desaparecida en El Salvador afecta a gran cantidad de familias, pero el Estado no ha dado una respuesta efectiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó, en marzo del 2005, por la desaparición de las niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y ordenó, entre otros, la creación de una Comisión de Búsqueda de niños y niñas desaparecidos, la que debería tener ciertas especificidades. Si bien el Estado, creó, durante el litigio ante la Corte, una Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños desaparecidos, ésta no cumple con las condiciones requeridas, por lo que el Tribunal le ordenó modificarla.

La admisibilidad de los casos de Ana Julia y Carmelina, y de José Rubén Rivera, permite a los denunciantes continuar en el trámite ante la CIDH y demostrar las violaciones alegadas y la responsabilidad estatal en la desaparición forzada de los niños. CEJIL y Pro Búsqueda no cejarán hasta que el Estado de El Salvador dé muestras reales de que tiene voluntad política para buscar a los cientos de niños y niñas que desaparecieron durante el conflicto armado y hasta que el aparato judicial demuestre su eficacia respecto de la sanción de los responsables de esas desapariciones.

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Chile debe evitar que Fujimori siga evadiendo la justicia

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) exhorta al Estado de Chile a que brinde la colaboración necesaria para que el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, sea puesto a disposición de la justicia peruana.

Mar, 08/11/2005

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) exhorta al Estado de Chile a que brinde la colaboración necesaria para que el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, sea puesto a disposición de la justicia peruana. El ex mandatario fue detenido el 7 de noviembre por las autoridades chilenas, 10 horas después de su sorpresiva llegada a Chile, y luego de evadir, por cinco años, la justicia peruana.

En noviembre de 2000, Fujimori huyó a Japón, en medio de un escándalo de corrupción que lo involucró directamente. Desde este país asiático renunció a la presidencia de la República. Mientras tanto, bajo los gobiernos democráticos, en Perú se iniciaron investigaciones por las gravísimas violaciones de derechos humanos y los hechos de corrupción ocurridos durante los diez años del régimen autoritario de Fujimori. Como resultado de estas investigaciones, en la actualidad, Alberto Fujimori enfrenta en el Perú 22 procesos penales en su contra, por crímenes de lesa humanidad y por hechos de corrupción.

Dentro de los crímenes internacionales por los que Fujimori debe responder se encuentran la masacre de La Cantuta, en la cual 9 estudiantes y un profesor fueron ejecutados brutalmente en la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” y la masacre de Barrios Altos, en la que 15 personas fueron ejecutadas y cuatro resultaron gravemente heridas. Este último caso fue analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, en marzo de 2001, concluyó que el Estado peruano tiene la obligación de “investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los responsables”. Dados los hechos del caso, la sentencia de la Corte implica la obligación del Perú de investigar la participación del ex Presidente en este crimen de lesa humanidad.

Chile, al ratificar la Convención Americana, asumió el papel de garante de las obligaciones de derechos humanos reconocidas en dicho tratado. Entre sus deberes bajo la Convención Americana se encuentran el de contribuir al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y el de garantizar la investigación y castigo de graves violaciones de derechos humanos, especialmente si estas constituyen crímenes internacionales.

CEJIL recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a todos los Estados de la OEA, en el año 2003 a “adoptar las providencias necesarias para considerar [los] crímenes internacionales como delitos que dan lugar a extradición y conceder la extradición de toda persona acusada de haber cometido un crimen internacional o proceder a su juzgamiento”. Adicionalmente, Chile es Estado Parte de la Convención Interamericana contra la Tortura, la cual lo obliga a “conceder la extradición de toda persona acusada de haber cometido el delito de tortura”. De igual modo, la Corte ha reiterado, en numerosas oportunidades, que los Estados de la OEA deben “abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como a medidas que pretendan impedir la persecución penal”.

Para que el Estado peruano pueda investigar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, es indispensable que las autoridades chilenas permitan que Fujimori sea puesto, a la brevedad, a disposición de la justicia peruana. Adicionalmente, su extradición debe concederse de manera que no se limite la capacidad del Estado peruano de investigar la participación del ex mandatario en los crímenes de lesa humanidad, en particular, en las referidas masacres.

CEJIL reitera la alta responsabilidad que tiene el Estado de Chile para contribuir al cumplimiento integral de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para evitar la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad, en el marco de la Convención Americana.

 

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CEJIL preocupado por intimidaciones al Padre Pedro Ruquoy

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) está preocupado por las intimidaciones que sufrió el Padre Pedro Ruquoy, el 4 de noviembre anterior, en República Dominicana.

Mar, 08/11/2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) está preocupado por las intimidaciones que sufrió el Padre Pedro Ruquoy, el 4 de noviembre anterior, en República Dominicana. El religioso fue recriminado verbalmente por el Secretario del Interior y Policía y director de Migración, Franklin Almeida quién le reclamó frente a un grupo de 25 periodistas el no haber interpuesto una querella en contra del coronel que lo había amenazado de muerte. Posteriormente Almeida exhibió cartas que habían llegado al gobierno dominicano como parte de la campaña de Amnistía Internacional a favor del Padre Ruquoy y le dijo “eso indica una intención de ensuciar la imagen del país” y le señaló que “tiene que pedir perdón por lo que ha hecho”.

El padre es beneficiario de medidas provisionales, otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para proteger su vida. Estas fueron otorgadas el 18 de agosto del 2000, en esa fecha la Corte le ordenó al Estado de República Dominicana que adoptara, sin dilación, cuantas medidas fuesen necesarias “para proteger la vida e integridad personal del Padre Pedro Ruquoy”.

CEJIL considera que los hechos sucedidos el 4 de noviembre en contra de Ruquoy constituyen un acto de abierta intimidación, que pone en riesgo la vida del religioso y su integridad personal. Asimismo, es preocupante que dicha intimidación provenga de un funcionario público, quien ocupa un cargo de alta responsabilidad en el gobierno. Esta acción se da en un contexto de extrema tensión con las comunidades haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, con las que el Padre ha trabajado durante años. Ante esta situación, el Padre Ruquoy disminuyó sus actividades por temor a ser agredido o incluso obligado a salir el país.

Dada la gravedad de los hechos, CEJIL solicitó a la Corte Interamericana que le reitere al Estado de República Dominicana su obligación de cumplir con todas las medidas ordenadas de manera estricta y en los términos precisos que ordenó el alto tribunal interamericano.

CEJIL espera que el gobierno dominicano honre sus obligaciones internacionales y garantice el respeto de los derechos humanos del Padre Pedro Ruquoy.

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

México no cumple con sus compromisos internacionales

El pasado 28 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa en el que señaló que el Estado mexicano no ha cumplido con varias de sus recomendaciones.

Mié, 09/11/2005

San José, Costa Rica, 9 de noviembre de 2005

El pasado 28 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa en el que señaló que el Estado mexicano no ha cumplido con varias de sus recomendaciones. El comunicado de la CIDH, relativo a la situación de los derechos humanos en varios países del continente, fue publicado al concluir su 123 período ordinario de sesiones, el cual se realizó en Washington del 10 al el 28 de octubre pasados.

Refiriéndose a México, la Comisión Interamericana lamentó que el gobierno no haya estado presente en la reunión de trabajo convocada para darle seguimiento a sus recomendaciones en el caso del General Gallardo. Al respecto expresó lo siguiente: “la CIDH lamenta que el Estado mexicano decidiera no comparecer, a pesar de haber sido notificado debidamente, ya que siguen pendientes de cumplimiento las recomendaciones sobre la sanción a los responsables y la justa indemnización a la víctima”.

Sobre este caso, en su informe 43/96, de 15 de octubre de 1996, la CIDH declaró que “el Estado mexicano dejó de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, y protección judicial del General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez”. Asimismo, que “la detención y sometimiento del General… a 16 investigaciones y 8 causas penales de manera continuada y sin propósito razonable lógico y justificable” constituía violación de varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El organismo internacional también criticó, en su comunicado de prensa, el hecho de que el Estado no haya cumplido con sus recomendaciones en el caso de las hermanas González Pérez. Al respecto indicó: “la Comisión Interamericana verificó en presencia de las partes que siguen pendientes de cumplimiento las recomendaciones sobre la investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y Delia Pérez de González, así como las correspondientes reparaciones”.

Este caso se refiere a tres hermanas indígenas que fueron detenidas arbitrariamente, violadas sexualmente y torturadas, por miembros del ejército mexicano, mientras su madre era testigo de los hechos. Dos de ellas eran menores de edad al momento de los hechos. En agosto de 2001, la Comisión consideró que el Estado mexicano debía llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva dentro de la jurisdicción penal ordinaria y reparar a las víctimas del caso. No obstante, doce años después, el Estado no ha determinado ni sancionado a los responsables y se niega a cumplir con las reparaciones ordenadas argumentando cuestiones de derecho interno en la medida en que no discutirá las reparaciones hasta tanto no se llegue a una condena por los hechos denunciados. La posición del Estado mexicano ha tenido como consecuencia que la Comisión Interamericana en sus dos últimos informes anuales señale a México como un estado que no cumple con sus compromisos internacionales.

Durante el citado período de sesiones de la CIDH, el Estado mexicano también fue convocado para tratar el caso sobre la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial del Sr. Reyes Penagos y las torturas sufridas por Julieta y Enrique Flores, en 1995, por miembros de la policía judicial del estado de Chiapas y del ejército mexicano; y el caso de Gilberto Jiménez Hernández, quien fue ejecutado extrajudicialmente cuando intentaba huir junto con su familia de la incursión militar efectuada por una patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería del agrupamiento “Yabur”, en Chiapas.

CEJIL, como organización litigante en el sistema interamericano, el centro de Derechos Humano "Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C, el grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, A.C. y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. lamentan profundamente la actitud del Estado mexicano frente a un órgano de supervisión de los derechos humanos de carácter hemisférico como lo es la Comisión Interamericana. Si bien es cierto, México ha dado un paso significativo en la firma y ratificación de importantes instrumentos internacionales (como el Estatuto de Roma y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ello es insuficiente si en la práctica no se garantiza el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales derivadas de su incorporación a un tratado de derechos humanos.

Otra posible demanda contra El Salvador ante la Corte Interamericana

El pasado 9 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), fueron notificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la adopción de su informe de fondo en el caso de la ejecución extrajudicial de Ramón Mauricio García Prieto Giralt.

Lun, 14/11/2005

San José, Costa Rica, 14 de noviembre de 2005

El pasado 9 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), fueron notificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la adopción de su informe de fondo en el caso de la ejecución extrajudicial de Ramón Mauricio García Prieto Giralt. En este informe, la CIDH valoró la responsabilidad del Estado de El Salvador en las violaciones a los derechos humanos de García Prieto y sus familiares y le otorgó un plazo de dos meses para que cumpla con sus recomendaciones. Transcurrido el plazo, la CIDH decidirá si envía el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.

El asesinato de García Prieto ocurrió el 10 de junio de 1994. Los implicados en su muerte fueron agentes de los cuerpos de seguridad estatales y personas vinculadas directamente a éstos que –se sospecha– actuaron bajo instrucciones de un alto funcionario militar. Después de los hechos, la familia García Prieto sufrió múltiples intimidaciones y amenazas, lo que ameritó que la CIDH dictara medidas cautelares a su favor.

Además de notificarles a los denunciantes la aprobación de su informe de fondo, la CIDH les solicitó que emitieran su opinión acerca de las razones que consideran para que el caso sea enviado a la Corte Interamericana, lo cual harán en los próximos días.

CEJIL y el IDHUCA valoran que dos de los tres autores materiales hayan sido condenados pero exigen una investigación integral que determine la autoría intelectual del asesinato, lo cual hasta ahora no ha ocurrido. La gravedad de esta situación se incrementa si se toma en cuenta que el Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador ocultó información a los fiscales y a la jueza cuando le fue requerida, impidiendo el esclarecimiento total de los hechos y favoreciendo la impunidad de quien se sospecha es el principal autor intelectual del crimen.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas para proteger los derechos de jóvenes brasileños encarcelados

La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó, el 29 de noviembre pasado, a una audiencia pública, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); a los representantes de los beneficiarios, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Teotônio Vilela (CTV); y al Estado brasileño. Esto con el fin de determinar las medidas concretas que ordenará para proteger a todos los adolescentes recluidos en la cárcel brasileña Complejo de Tatuapé de la Fundación de Bienestar del Menor (FEBEM).

Jue, 01/12/2005

San José,Costa Rica, 1 de diciembre de 2005

La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó, el 29 de noviembre pasado, a una audiencia pública, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); a los representantes de los beneficiarios, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Teotônio Vilela (CTV); y al Estado brasileño. Esto con el fin de determinar las medidas concretas que ordenará para proteger a todos los adolescentes recluidos en la cárcel brasileña Complejo de Tatuapé de la Fundación de Bienestar del Menor (FEBEM).

La audiencia se dio a raíz de que la Corte adoptara, el 17 de noviembre pasado, medidas provisionales para proteger la vida y la integridad personal de los adolescentes que se encuentran en la FEBEM, en virtud de las muertes, torturas y malos tratos que han sufrido en los últimos meses. En su resolución, la Corte señaló la necesidad y urgencia de conceder las medidas provisionales a favor de estos jóvenes ya que la actual situación de la cárcel es extremadamente preocupante. Cabe señalar que esta es la primera ocasión en la que la Corte Interamericana adopta medidas provisionales para proteger a personas menores de edad que se encuentran en establecimientos de detención estatales.

Adicionalmente, en la resolución de adopción de medidas se incluye un voto realizado por el juez Antônio Augusto Cançado Trindade en el cual manifestó su inquietud porque la CIDH “declaró admisible la petición más de dos años después de haberla recibido y adoptó las medidas hasta el año 2004”.También, el juez Cançado se mostró aún más preocupado porque después de la adopción de medidas cautelares, la Comisión se tardó más de seis meses en solicitar las medidas de protección a la Corte.

CEJIL y la CVT, en calidad de representantes de los beneficiarios, informaron durante la audiencia sobre las diferentes situaciones graves y urgentes que viven los adolescentes en custodia en las unidades de la FEBEM. Entre ellas, mencionaron las siguientes: celdas superpobladas e insalubres, sin división por edad, desarrollo físico o gravedad del acto penal cometido. Igualmente, señalaron que la sarna se ha convertido en epidemia en las celdas. Los jóvenes reciben una insuficiente asistencia médica, pedagógica, psicológica y de recreación. Tampoco se han implementado medidas alternativas a la privación de libertad. Esas situaciones, entre otras, provocan que los detenidos hagan un reclamo de sus derechos y usen los motines para ello, los cuales son reprimidos de manera violenta y ello provoca más violaciones tanto del derecho a la vida, como a la integridad de los jóvenes.

Desde el año 2003 a la fecha, en FEBEM se han dado 23 muertes de reclusos y las circunstancias en las que se dieron estos hechos no han sido esclarecidas. Durante el año 2005 se han dado 600 fugas y 18 motines de consideración. Los familiares no han sido informados de los decesos, ni de la situación en la que se encuentran los heridos. Desde septiembre de este año, las autoridades brasileñas han negado el acceso a la cárcel a las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Después de la exposición de estos hechos, los peticionarios solicitaron a la Corte que dictara medidas concretas y de aplicación inmediata, con el fin de prevenir más violaciones de derechos humanos. Algunas de las solicitudes específicas que se hicieron fueron: la investigación rápida y efectiva de las muertes y las denuncias de torturas y malos tratos. Además pidieron que no se recluyan más jóvenes en el complejo Tatuapé, que cesen los malos tratos y las torturas, pero sobre todo que no se dé una muerte más. También solicitaron que se separe a los reclusos por edades, complexión física y gravedad del crimen cometido. Asimismo, requirieron la instalación de servicios médicos y que se garanticen las condiciones de higiene y limpieza. Una de las solicitudes más importantes que se le hizo a la Corte es que ordene al Estado que permita el acceso libre al presidio a las organizaciones de derechos humanos.

Con el ánimo de negociar una salida a esta situación, después de la audiencia se reunieron la Comisión Interamericana, los representantes de los beneficiarios y los representantes del Estado brasileño. En esta reunión, la delegación estatal no aceptó implementar las medidas inmediatas, propuestas por la CIDH y los peticionarios, a fin de salvaguardar la vida y la integridad de los menores de edad presos en Tatuapé. CEJIL considera que el Estado brasileño debe honrar sus compromisos internacionales en beneficio de un grupo especialmente vulnerable que espera con urgencia el reconocimiento y la protección de sus derechos.

En los próximos días, la Corte deberá emitir una resolución en la que se referirá a los mecanismos concretos de implementación de las medidas provisionales, adoptadas el 17 de noviembre pasado. Vale recordar que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

Para más información, ver: http://www.corteidh.or.cr/serieepdf/febem_se_01.pdf

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

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