Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

CEJIL condena declaraciones del ministerio público y fiscal general de Venezuela en contra de Carlos Ayala

Mar, 26/07/2005

Washington, D.C. 25 de julio de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por el reciente comunicado oficial emitido por el Ministerio Público de Venezuela y por las declaraciones en un medio periodístico del Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, en relación al Dr. Carlos Ayala Corao. Preocupa de manera especial a CEJIL el contenido de dicho comunicado, el cual hace serias acusaciones en contra de Ayala, y asimismo las declaraciones periodísticas del Fiscal General, en las que descalifica el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y del Dr. Ayala ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Este tipo de declaraciones no se ajustan a los principios de imparcialidad y objetividad que deben caracterizar la actuación de todo órgano de justicia y afectan el derecho al debido proceso de las personas que están siendo investigadas, colocándolas en una situación de indefensión y extrema vulnerabilidad.

La Fiscalía Sexta del Ministerio Público de Caracas inició en abril pasado un proceso contra el Dr. Ayala, en el cual se lo imputa por el delito de conspiración en el golpe de Estado que tuvo lugar en Venezuela en abril de 2002. Oportunamente CEJIL se pronunció en contra del inicio de este proceso por carecer el mismo de todo fundamento y por estar además plagado de irregularidades, tales como la imposibilidad que ha tenido el Dr. Ayala de conocer los cargos y de presentar pruebas.

En abril pasado, CEJIL expresó que la apertura de dicho proceso penal contra el Dr. Ayala constituía un amedrentamiento contra el trabajo de un académico y jurista de gran trayectoria en el ámbito del derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos que ha abogado por la promoción y la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela y el continente. Asimismo señaló que el proceso penal del Dr. Ayala representaba un gravísimo acto de hostigamiento y amedrentamiento contra la importante labor que vienen realizando él y otras personas y grupos de derechos humanos venezolanos para fortalecer la democracia y garantizar la plena defensa de estos derechos.

En esta oportunidad, CEJIL reitera su posición con respecto al mencionado proceso e insiste en que las declaraciones recientemente realizadas por el Ministerio Público son una muestra más del hostigamiento que el Estado venezolano está ejerciendo contra las personas y organizaciones que acuden y utilizan el sistema interamericano. A este respecto, CEJIL considera oportuno recordar que durante el último período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en marzo pasado, varias organizaciones venezolanas de derechos humanos expresaron a la CIDH su preocupación por las expresiones y acusaciones formuladas por altos funcionarios del gobierno venezolano en contra de su trabajo.

CEJIL hace un llamado a las autoridades venezolanas para que desistan de la persecución penal contra el Dr. Ayala y para que los órganos de justicia así como sus funcionarios desarrollen su labor en un marco de imparcialidad y respeto por las garantías procesales conforme a lo establecido por la Constitución Venezolana y los estándares internacionales en derechos humanos.

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Declaraciones de Porfirio Lobo Sosa son contrarias a los derechos humanos

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifiesta su preocupación por las declaraciones del presidente del congreso hondureño y candidato presidencial nacionalista, Porfirio Lobo Sosa, quien sostuvo de manera reiterada, ante la prensa nacional e internacional su intención de instaurar la pena de muerte.

Mié, 27/07/2005

San José, 27 de julio de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifiesta su preocupación por las declaraciones del presidente del congreso hondureño y candidato presidencial nacionalista, Porfirio Lobo Sosa, quien sostuvo de manera reiterada, ante la prensa nacional e internacional su intención de instaurar la pena de muerte. Según el parecer de Lobo esta medida le permitirá garantizarle a los hondureños la paz y la seguridad; y señaló además que “en este tipo de crímenes (abominables) simplemente hay que ejecutar a los asesinos para que otros no lo vuelvan a hacer”.

Estas declaraciones contrarían la doctrina y jurisprudencia internacional de derechos humanos que sostienen que la pena de muerte no se restablecerá en los Estados que la han abolido. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Honduras es parte, adopta las disposiciones requeridas para limitar definitivamente la aplicación y ámbito de la pena de muerte, de modo que se vaya reduciendo hasta su supresión final. Incluso el Estado de Honduras, que participó en los trabajos preparatorios de la Convención, propuso junto con otros Estados la proscripción de la pena de muerte de modo absoluto y firmó una declaración que estableció su “firme aspiración de ver desde ahora erradicada del ámbito americano la aplicación de la pena de muerte y nuestro indeclinable propósito de realizar todos los esfuerzos posibles para que, a corto plazo, pueda suscribirse un Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José, Costa Rica- que consagre la definitiva abolición de la pena de muerte y coloque una vez más a América en la vanguardia de la defensa de los derechos fundamentales del hombre”

El precandidato dijo ante la opinión pública que para lograr instaurar la pena de muerte solicitará la denuncia de los tratados de derechos humanos que Honduras ratificó. Esto significaría un retroceso para el país por desconocer el derecho a la vida, y además un desconocimiento de la historia y cultura hondureñas.

CEJIL considera importante destacar que erradicar la impunidad en la que quedan muchos crímenes cometidos en Honduras, sería un remedio más efectivo para lograr una disminución de la criminalidad; la solución entonces no es imponer castigos más duros, como la pena de muerte. Además, la respuesta ante la inseguridad ciudadana no es una sola, es necesaria una propuesta integral que tome en cuenta los problemas sociales que enfrenta la población.

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II Foro Iberoamericano de Niñez y Adolescencia

Los días 23, 24 y 25 de setiembre se celebrará el II Foro de Niñez y Adolescencia de Iberoamérica en León, España. La actividad es previa a la VII Conferencia de Ministros, Ministras y Altos Responsables de Infancia, que este año está enfocada en al exclusión social.

Jue, 04/08/2005

Los días 23, 24 y 25 de septiembre se celebrará el II Foro de Niñez y Adolescencia de Iberoamérica en León, España. La actividad es previa a la VII Conferencia de Ministros, Ministras y Altos Responsables de Infancia, que este año está enfocada en la exclusión social. CEJIL conjuntamente con otras entidades de la región organiza la actividad. Los objetivos del Foro son: incidir en la toma de decisiones de la Conferencia; avanzar hacia la construcción de un espacio oficial de participación de las organizaciones de la sociedad civil, que actúan dentro del marco de la Convención sobre los Derechos del Niño; y consolidar un grupo articulado con estas mismas organizaciones. Quienes estén interesados en participar en el Foro deben aportar información para acreditar que:

1. Son organizaciones iberoamericanas que trabajan en el marco de la Convención sobre los Derechos del niño, y sus protocolos facultativos. Se priorizarán aquellas que trabajen en el ámbito nacional y tengan experiencia en el trabajo de coordinación con otras ONG’s.

2. Tienen representación geográfica. Se busca que haya representación de todos los países iberoamericanos.

Además, el delegado/a postulante debe cumplir con ciertos requerimientos:

Conocer y manejar la temática del Foro
Haber participado antes en instancias de representación nacional-internacional, en acciones de vigilancia y/o incidencia en el tema niñez.
Estar dispuesto a trabajar sobre el tema específico del Foro.
Ocupar un cargo con nivel de decisión dentro de la organización a la que representa.

Para mayor información, diríjase a la secretaría técnica del II Foro de ONG Niñez y Adolescencia de Iberoamérica a: eaguilera@plataformadeinfancia.org.

 

Analizan situación de los derechos de los Pueblos Indígenas de Mesoamerica

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) convocaron a un encuentro con líderes y organizaciones indígenas de México y Centroamérica.

Lun, 12/09/2005

San José, Costa Rica, 12 de septiembre

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) convocaron a un encuentro con líderes y organizaciones indígenas de México y Centroamérica. La actividad se realiza los días 12 y 13 de septiembre, en San José, Costa Rica; y permitirá analizar y reflexionar sobre la situación y desafíos de la defensa y protección de los derechos de los indígenas de la región. Así como identificar las principales violaciones de las cuales son víctimas.

Entre otros, se trataran los siguientes temas: problemas de la representatividad de los Pueblos Indígenas frente al Estado; su acceso real a la justicia estatal; la explotación de los recursos naturales en territorios indígenas y, mecanismos y propuestas de diálogo con el Estado.

Las organizaciones que participan en el encuentro son: la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía y la Red de defensores de Derechos Humanos, de México; el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua y el Movimiento Indígena de Nicaragua; la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá y la Unión Nacional de Mujeres Kuna Nis Bundor de Panamá; la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, el Centro Pluricultural para la Democracia y la Defensoría Indígena del Instituto de Defensa Pública Penal y el Comité del Decenio del Pueblo Maya, todas de Guatemala. También están invitadas, la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras; la organización Maíz, en defensa de la tenencia de tierras y el Consejo Nacional Indígena, de El Salvador; y el Frente Nacional de Pueblos Indígenas y la Mesa Nacional Indígena, ambos de Costa Rica.

Los objetivos del evento son: determinar si las diferentes situaciones que se expongan se pueden traducir en casos concretos, viables para ser presentados ante el sistema interamericano de protección a los derechos humanos; y acordar estrategias conjuntas para hacer más efectivos los mecanismos de defensa que emplean los Pueblos Indígenas.

Del encuentro resultará un informe sobre los aspectos considerados prioritarios y este se presentará, en octubre próximo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

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Corte conoció el caso de 43 campesinos desaparecidos en Colombia

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y la Comisión Colombiana de Juristas, participaron en la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer sobre el caso de Pueblo Bello vs. el Estado de Colombia, los días 19 y 20 de septiembre. La Corte sesionó en su sede en San José Costa Rica.

Mié, 21/09/2005

San José, Costa Rica, 21 de septiembre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y la Comisión Colombiana de Juristas, participaron en la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer sobre el caso de Pueblo Bello vs. el Estado de Colombia, los días 19 y 20 de setiembre. La Corte sesionó en su sede en San José Costa Rica.

El 14 de enero de 1990 en la localidad de Pueblo Bello, Antioquia, Colombia 43 campesinos, entre los que se encontraban cuatro niños, fueron detenidos, desaparecidos de manera forzada, torturados y ejecutados extrajudicialmente por miembros del grupo paramilitar los "Tangueros", dirigido por Fidel Castaño Gil. Si bien, según la investigación realizada, cerca de 60 personas intervinieron en la desaparición y ejecución, la justicia colombiana sentenció sólo a cinco de los implicados, de los cuales sólo dos están detenidos. En la incursión al poblado, los paramilitares contaron con el apoyo y la colaboración de miembros del Ejército colombiano. Ninguno de los miembros del Ejército ha sido enjuiciado ni sancionado.

El tribunal escuchó los testimonios de varios de los familiares de los desaparecidos. Algunos de ellos se vieron obligados a abandonar su pueblo, a vender sus fincas, solicitar medidas de protección e incluso exiliarse. A 15 años de los hechos, los familiares no conocen la verdad sobre lo sucedido y 37 familias aún no saben donde se encuentran los restos de sus seres queridos. La Corte pudo escuchar el doloroso relato de Nancy Amparo Guerra quien expresó que al desaparecer su padre, ella había perdido el único ser que tenía. José Daniel Álvarez, relató cómo la desaparición de su padre afectó a sus hermanos y separó su familia. Mariano Martínez, Rubén Díaz y Blanca Libia Moreno, como padres y madre de varias de las víctimas desaparecidas, hablaron de su sufrimiento, pero también de la destrucción de los proyectos de vida de sus hijos. Y Ángel Emiro Jiménez, dio a conocer su exilio.

La demanda de este caso contra Colombia fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH ante la Corte en el año 2004. Los representantes de las víctimas la presentaron, a su vez, el mismo año. Las organizaciones, en representación de los familiares de las víctimas, solicitaron a la Corte que condene a Colombia por haber incumplido sus obligaciones internacionales de acuerdo a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos al violar los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la libertad de residencia y circulación, la verdad, las garantías judiciales, la protección judicial y los derechos del niño. Asimismo, le pidieron a la Corte que ordene a Colombia indemnizar a los familiares de las víctimas, iniciar una investigación que lleve al esclarecimiento total de los hechos, llevando a juicio a los responsables y estableciendo sanciones. Entre otros puntos, también se solicitó que se obligue al Estado a realizar todo lo necesario para determinar el paradero de los 37 campesinos aún desaparecidos, que se entreguen los cuerpos a sus familiares y que se pida perdón en un acto público a los familiares de las víctimas.

Por su parte el Estado de Colombia negó su responsabilidad en estos hechos. CEJIL espera que a través de la Corte se encuentre justicia para todas estas familias que no la han encontrado en 15 años de impunidad y olvido.

La Corte dictará sentencia en los próximos meses. Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

 

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Honduras debe entregar informe a la Corte Interamericana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le comunicó al Estado hondureño, mediante resolución de 30 de septiembre de 2005, que continuará "supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la sentencia" en el caso de Juan Humberto Sánchez y, fijó el 30 de enero de 2006 como fecha máxima para que el Estado le rinda un informe detallado sobre las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas.

Mié, 05/10/2005

San José, Costa Rica, 05 de octubre de 2005

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le comunicó al Estado hondureño, mediante resolución de 30 de septiembre de 2005, que continuará "supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la sentencia" en el caso de Juan Humberto Sánchez y, fijó el 30 de enero de 2006 como fecha máxima para que el Estado le rinda un informe detallado sobre las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas.

La sentencia contra Honduras es de fecha 7 de junio de 2003, y en ella la Corte ordena al Estado indemnizar económicamente a la víctima y a sus familiares; investigar efectivamente los hechos del caso para identificar a los autores materiales e intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente; trasladar los restos mortales de Juan Humberto al lugar de elección de sus familiares; implementar un registro de detenidos que permita controlar la legalidad de las detenciones; reconocer públicamente la responsabilidad en los hechos denunciados; y, publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional partes específicas de la sentencia.

El caso fue presentado ante el sistema interamericano por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH), a raíz de la detención ilegal de Juan Humberto Sánchez por un grupo de militares armados el 11 de julio de 1992 y su posterior asesinato, apareciendo su cuerpo sin vida diez días después. Al día de hoy, no se han investigado los hechos ni se ha sancionado a los responsables.

Tras la sentencia de la Corte Interamericana, el Estado únicamente ha cumplido con el acto público que se realizó el 4 de noviembre de 2004 y que fue presidido por el Presidente Ricardo Maduro, quien pidió perdón a los familiares de Juan Humberto Sánchez y se comprometió a publicar la sentencia según lo ordenado. Lastimosamente, ello no ha ocurrido, como tampoco se han cumplido los otros puntos de la sentencia. Incluso, desde hace más de un año el Estado tiene en su poder los restos de Juan Humberto y no se los ha entregado a sus familiares. En palabras de la Corte Interamericana: ".la Corte observa que han transcurrido más de 13 años desde la ejecución de la víctima, más de dos años desde que la Corte dictara Sentencia y más de un año desde que fue realizada la exhumación de los restos mortales de la víctima, sin que el Estado los haya entregado a sus familiares para su inhumación en el lugar de elección de éstos."

Ante la falta de cumplimiento por parte del Estado, la Corte le recordó que tiene el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal, por lo que debe adoptar todas las providencias necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia.

Es importante recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de acatamiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia. Por lo tanto, CEJIL exhorta al Estado de Honduras a honrar sus compromisos internacionales y a cumplir con el requerimiento de la Corte dentro del plazo fijado.

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Corte Interamericana falla a favor de los derechos de niños y niñas

En el día de hoy culminaron ocho años de litigio internacional tras una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana, a quienes se les fueron negadas de manera discriminatoria sus actas de nacimiento. “

Vie, 07/10/2005

Washington, D.C. 7 de octubre de 2005

En el día de hoy culminaron ocho años de litigio internacional tras una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana, a quienes se les fueron negadas de manera discriminatoria sus actas de nacimiento. “Esta decisión es una victoria para todos los niños y niñas y para el principio de igualdad”, expresó Laurel Fletcher, Directora de la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de California, Berkeley. “En términos de políticas estatales, -agregó- esta resolución impulsará cambios profundamente positivos en la República Dominicana.”

Al referirse al derecho a la nacionalidad, el máximo tribunal de América en materia de derechos humanos determinó que: “el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado […] y [el estatus legal de los padres tampoco] se trasmite a sus hijos.” Además, la Corte Interamericana afirmó que: “la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad.” En el caso en concreto, la Corte Interamericana concluyó que el Estado denegó a las niñas sus actas de nacimiento por motivos discriminatorios, “lo cual, a su vez, les impuso una situación de continua vulnerabilidad.”

Como consecuencia de las violaciones, la Corte Interamericana ordenó al Estado dominicano a adoptar una serie de medidas reparatorias que requieren una reforma sustancial del sistema de registro de nacimientos. Asimismo, el Tribunal ordenó al Estado que abra las puertas de las escuelas a todos los niños y las niñas “independientemente de su ascendencia u origen.” Adicionalmente, dentro de un plazo determinado, el Estado debería llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad y desagravio, publicar la sentencia e indemnizar a las víctimas y sus familias, entre otras medidas.

República Dominicana tiene una clara obligación jurídica de acatar la resolución de la Corte Interamericana. Al haber aceptado la jurisdicción de este Tribunal hace varios años, el Estado reconoció que sus decisiones son vinculantes y el cumplimiento es obligatorio. “Según los tratados firmados por República Dominicana así como la Constitución del país, las autoridades dominicanas de todas las ramas tienen la obligación de cumplir con las órdenes de la Corte Interamericana,” dijo Roxanna Altholz, profesora de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales.

Durante el litigio ante el sistema interamericano, las víctimas fueron representadas por la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho Boalt Hall de la Universidad de California, Berkeley; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); y el Movimiento de Mujeres de Ascendencia Haitiana (MUDHA). “Finalmente, las víctimas tienen una respuesta objetiva y definitiva sobre el alcance de los derechos de niños y niñas nacidos en la República Dominicana de ascendencia haitiana,” dijo Sonia Pierre, Coordinadora General de MUDHA. “La decisión interamericana brinda una oportunidad al Estado de República Dominicana para que éste abra una nuevo capítulo en su política que se caracterice por el respeto a los derechos humanos.”

La decisión de la Corte Interamericana ha sido emitida durante un período de creciente tensión y violencia en la República Dominicana, que se ha manifestado en ataques y agresiones contra comunidades haitianas y dominico-haitianas. En la estela de esta histórica decisión, la comunidad internacional estará atenta a las medidas tomadas por el Estado para proteger estas poblaciones y cumplir con la sentencia. “Nuestra esperanza es que el Estado rechace rotundamente los actos de violencia, cumpla cabalmente con la decisión de la Corte y que de esa manera se afiance el estado de derecho en el país” señaló David Baluarte, abogado de CEJIL.

Contactos

Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho Boalt Hall de la Universidad de California, Berkeley
Berkeley, California EEUU
Roxanna Altholz
Profesora
(Tel) 510 643 8781 510 643 4796
(Fax) 510 643 4625
Correo: raltholz@law.berkeley.edu

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
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(Tel) 202 319 3000
(Fax) 202 319 3019
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Movimiento de Mujeres de Ascendencia Haitiana (MUDHA)
Santo Domingo, República Dominicana
Solain Pierre
Coordinadora General
(Tel) (809) 686 3300
(Fax) (809) 689 3532
Correo: mudha@hotmail.com

 

Corte Interamericana ordena a Mexico acatar su resolución

El pasado 7 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
notificó al Estado mexicano que debe continuar "implementando las medidas de
seguridad que fueron implementadas a favor del señor Leonel Rivero Rodríguez
y de la señora Bárbara Zamora López hasta hace unos días", con ocasión de
las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal.

Lun, 10/10/2005

San José, Costa Rica, 10 de octubre de 2005

 

El pasado 7 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

notificó al Estado mexicano que debe continuar "implementando las medidas de

seguridad que fueron implementadas a favor del señor Leonel Rivero Rodríguez

y de la señora Bárbara Zamora López hasta hace unos días", con ocasión de

las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal.

 

El pronunciamiento de la Corte obedece a la decisión unilateral y

arbitraria del Estado mexicano de modificar las medidas de protección que

había consensuado con los beneficiarios, pese a que el Estado no ha

investigado los actos de intimidación que ameritaron que la Corte ordenara

tales medidas.

 

Tanto el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),

representante de las personas beneficiarias de las medidas provisionales, como

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pronunciaron contra la

actitud estatal. La Comisión expresamente consideró que "la actuación

unilateral del Estado constituye desacato de lo ordenado por la Corte.

Adicional y subsidiariamente, estima que la decisión referida no tiene

fundamento". Además, señaló que dicha decisión "es jurídicamente

improcedente" y constituye "un desafío a la competencia del Tribunal".

 

 

Por su parte, CEJIL indicó que la falta de resultados en las

investigaciones por la muerte de Digna Ochoa y las amenazas sufridas por Pilar

Noriega, Bárbara Zamora y Leonel Rivero no pueden demostrar que estas personas

se encuentran libres de riesgo; por el contrario, ese riesgo no ha cesado, y

recordaron una serie de situaciones que así lo evidencian.

 

De acuerdo al pronunciamiento de la Corte Interamericana, mientras

resuelve la petición estatal de levantar las medidas provisionales, el Estado

está en la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida

y la integridad personal de las personas beneficiarias , para lo cual debe

darles participación en la planificación e implementación de las mismas.

CEJIL hace un llamado al Estado mexicano para que cumpla de buena fe sus

compromisos internacionales y que acate integramente la decisión de la Corte,

restituyendo a la brevedad las medidas de seguridad que removió. Igualmente,

exhorta al Estado para que investigue de manera exhaustiva, imparcial y

diligente los hechos que ponen en riesgo la integridad personal de los

beneficiarios de las medidas provisionales, ya que, de acuerdo con la propia

Corte, la investigación es la mejor garantía de prevención.

 

 

Vale recordar que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la

Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

 

 

Para más información, ver:

 

Resolución de 30 de noviembre de 2001:

http://www.corteidh.or.cr/serieepdf/projuarez_se_01.pdf

 

Resolución de 20 de abril de 2004:

http://www.corteidh.or.cr/serieepdf/projuarez_se_02.pdf

 

Resolución de 29 de junio de 2005:

http://www.corteidh.or.cr/serieepdf/noriega_se_01.pdf

 

 

 

 

 

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americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación

de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la

Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema

interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección

internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro

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(ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos

Humanos.

 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la masacre de Mapiripán

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre de Mapiripán. En 1997 miembros de las fuerzas paramilitares colombianas torturaron cruelmente, ejecutaron y desaparecieron a 49 inocentes campesinos de Mapiripán, Meta.

Mié, 12/10/2005

Washington, D.C. 12 de octubre de 2005

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre de Mapiripán. En 1997 miembros de las fuerzas paramilitares colombianas torturaron cruelmente, ejecutaron y desaparecieron a 49 inocentes campesinos de Mapiripán, Meta. La masacre ha permanecido en absoluta impunidad por largos diez años ya que casi todos los autores de la misma permanecen libres. Los familiares de las víctimas han sido testigos directos de esta situación y se han visto obligados a desplazarse de manera forzada de sus residencias por temor a represalias. Al no encontrar justicia en el fuero interno, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia, en calidad de representantes de las víctimas y sus familiares, llevaron el caso a las instancias internacionales, cuyo litigio se extendió por más de ocho años.

De acuerdo al texto de la sentencia, la Corte Interamericana estableció que: "las autoridades pecaron por acción y omisión y no adoptaron las medidas necesarias para evitar la consumación de los hechos." La Corte se refirió, además, a la existencia de un vínculo entre las fuerzas militares colombianas y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para la creación, el mantenimiento y la operación de los grupos paramilitares.

En claro incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la Corte determinó que Colombia violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la circulación y residencia, tanto de las víctimas como de sus familiares, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como resultado de estas violaciones, el tribunal decretó que el Estado debe activar y completar la investigación de la masacre con el fin de determinar la responsabilidad intelectual y material de los autores de la masacre así como de las personas que, por acción u omisión, permitieron que ésta sucediera.

“Esta sentencia llega en un momento importantísimo para la construcción de la verdad y la memoria sobre lo ocurrido en el conflicto armado en Colombia. La Corte hace expresa mención a la Ley de Justicia y Paz reafirmando que ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos”, expresó Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL. La referencia a esta ley es particularmente oportuna en el marco del proceso de desmovilización de las AUC, el cual ha venido siendo cuestionado tanto por CEJIL como por reconocidas organizaciones de derechos humanos en Colombia, ya que el mismo carece de un marco normativo apropiado para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas que se ha cobrado el conflicto armado. En su sentencia, la Corte dice: “Son inaceptables las disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos.”

En otro de los puntos destacados de su sentencia, la Corte reconoce las difíciles circunstancias por las que atraviesa Colombia como resultado del conflicto armado pero insiste en que las condiciones de un país, sin importar cuán difíciles sean, no liberan a un Estado que ha firmado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos de sus obligaciones internacionales de investigar, juzgar y sancionar a los violadores de derechos humanos.

CEJIL recuerda que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

 

 

 

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

Mujeres latinoamericanas deben acceder a su salud sexual y reproductiva

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch, Center for Reproductive Rights, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Vivo positivo expresaron su preocupación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las dificultades que enfrentan las
mujeres de América Latina para acceder al disfrute de los derechos vinculados con su salud sexual y reproductiva, en el marco del 123º período ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la OEA en Washington.

Vie, 14/10/2005

Washington, D.C. 14 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights
Watch, Center for Reproductive Rights, Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE) y Vivo positivo expresaron su preocupación ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por las dificultades que enfrentan las
mujeres de América Latina para acceder al disfrute de los derechos
vinculados con su salud sexual y reproductiva, en el marco del 123º período
ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la OEA en
Washington.

Durante la audiencia se habló del derecho a la maternidad voluntaria y
segura. Y se resaltó el hecho de que no hay voluntad política para abordar
estos temas. Se mencionó que en Brasil la mortalidad materna es uno de los
problemas de salud más serios que enfrenta la población femenina. También
los peticionarios expusieron el caso de Costa Rica, en donde la
fertilización in vitro no es permitida y mencionaron que esto viola los
derechos humanos de los y las ciudadanas de este país. La situación
mexicana también fue expuesta y según Pedro Morales, consultor legal del
GIRE, ?los servicios de planificación familiar? tienen serias deficiencias
en la consejería y en el respeto del consentimiento informado, sobre todo
cuando tales servicios son otorgados a mujeres en situación de pobreza o
marginación social. Además a pesar de que la anticoncepción de emergencia
fue incorporada a la Norma Oficial Mexicana, no fue sino un año después
cuando fue incluida en una cuadro básico y catálogo de medicamentos que
permitía su distribución?.

Varios de los peticionarios manifestaron que aún y cuando la legislación de
algunos países permite el aborto en algunas situaciones, como la violación,
o cuando corre riesgo la vida de la madre, en la práctica los organismos
judiciales dilatan la ejecución del mismo o las instituciones médicas no
quieren practicarlo. Con lo cual las mujeres deben recurrir a practicarse
abortos clandestinos en los cuales se exponen a una mala praxis, que
posteriormente no puede ser llevada ante la justicia y queda en la
impunidad.

Por su parte Vasili Deliyanis, de la organización Vivo Positivo informó
sobre las esterilizaciones forzadas de las que han sido víctimas mujeres que
viven con VIH Sida, las cuales ni siquiera se han percatado del momento en
que fueron esterilizadas, ni les fue informado. De esta manera se les ven
violentados sus derechos humanos. Ante esta difícil situación que enfrentan
las mujeres de toda América Latina, en la cual resultan más afectadas las de
áreas rurales, las de escasos recursos y las adolescentes, se le pidió a la
Comisión que vele por el derecho de estas mujeres a su salud sexual y
reproductiva.

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
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miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso
efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos
de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin
fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana
de Derechos Humanos.

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