Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Autoridades de facto deben permitir el ingreso de misión internacional

Honduras

CEJIL expresa su extrema preocupación por el clima de represión y violencia creado por el gobierno de facto de Honduras  ante el regreso del Presidente Manuel Zelaya al país y condena enérgicamente el cierre de medios de comunicación críticos al golpe de Estado,  las agresiones a defensores de derechos humanos y los ataques contra manifestantes cometidos en las últimas horas por las autoridades del gobierno golpista.

San José, Costa Rica, 22 de septiembre de 2009

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su
extrema preocupación frente al clima de represión y
violencia provocada por el gobierno de facto de Honduras ante el regreso del
Presidente Manuel Zelaya al país y condena enérgicamente el cierre de medios
de comunicación críticos al golpe de Estado, las agresiones
a defensores de derechos humanos y los ataques
contra manifestantes cometidos en las últimas horas por las autoridades del
gobierno golpista.

Solicitamos al gobierno de facto de Honduras que permita el
ingreso de una misión internacional encabezada por la Organización de
Estados Americanos, que verifique en el terreno la protección de los
derechos humanos y abra un espacio de diálogo para resolver la crisis
interna.

Es urgente, además, que las autoridades hondureñas no obstaculicen el
trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e
internacionales y que garanticen la protección de sus derechos humanos, en
particular, su derecho a la libre circulación y a su integridad personal.

CEJIL insta a las autoridades de facto de Honduras a respetar la vida y la
integridad de toda la ciudadanía y manifiesta su preocupación por las
nuevas denuncias acerca de violaciones a  los derechos humanos ocurridas
desde ayer.

El Canal 36 y Radio Globo sufrieron el corte de su energía eléctrica cuando
informaban acerca de los acontecimientos relacionados con el regreso al país
del depuesto presidente Manuel Zelaya. Canal 36 quedó fuera del aire y Radio
Globo sigue transmitiendo mediante un sistema alternativo con constantes
interrupciones.

Esta mañana fuerzas policiales desalojaron por la fuerza a los manifestantes
congregados alrededor de la embajada de Brasil y hay reportes no confirmados
de decenas de heridos. La embajada de Brasil, sus funcionarios y los
hondureños que acompañan a Manuel Zelaya están rodeados por elementos del
ejército y la policía y sufren el efecto de los gases lacrimógenos y ruidos
estridentes.

Además, la Policía lanzó hoy bombas de gases lacrimógenas contra el
edificio del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras
(Cofadeh).

Estos hechos se suman a un patrón de violaciones a los derechos humanos
cometidos por el gobierno de facto de Honduras ante los cuales es vital la
observación, documentación y condena por parte de la comunidad
internacional.

www.cejil.org

Contacto de Prensa:
Viviana Krsticevic. Directora Ejecutiva: (202) 319-3000
Mauricio Herrera. Director de Comunicacion: (202) 319-3000
Marcia Aguiluz. Abogada de CEJIL en la oficina de Mesoamérica, San José,
Costa Rica: (00506) 2280-74-73
Nancy Marin. Periodista de CEJIL en la oficina de Mesoamérica. (00506)
2280-74-73

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una
organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio
americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena
implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso
efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos
de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin
fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana
de Derechos Humanos.

Mar, 22/09/2009

San José, Costa Rica, 22 de septiembre de 2009

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su
extrema preocupación frente al clima de represión y
violencia provocada por el gobierno de facto de Honduras ante el regreso del
Presidente Manuel Zelaya al país y condena enérgicamente el cierre de medios
de comunicación críticos al golpe de Estado, las agresiones
a defensores de derechos humanos y los ataques
contra manifestantes cometidos en las últimas horas por las autoridades del
gobierno golpista.

Solicitamos al gobierno de facto de Honduras que permita el
ingreso de una misión internacional encabezada por la Organización de
Estados Americanos, que verifique en el terreno la protección de los
derechos humanos y abra un espacio de diálogo para resolver la crisis
interna.

Es urgente, además, que las autoridades hondureñas no obstaculicen el
trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e
internacionales y que garanticen la protección de sus derechos humanos, en
particular, su derecho a la libre circulación y a su integridad personal.

CEJIL insta a las autoridades de facto de Honduras a respetar la vida y la
integridad de toda la ciudadanía y manifiesta su preocupación por las
nuevas denuncias acerca de violaciones a  los derechos humanos ocurridas
desde ayer.

El Canal 36 y Radio Globo sufrieron el corte de su energía eléctrica cuando
informaban acerca de los acontecimientos relacionados con el regreso al país
del depuesto presidente Manuel Zelaya. Canal 36 quedó fuera del aire y Radio
Globo sigue transmitiendo mediante un sistema alternativo con constantes
interrupciones.

Esta mañana fuerzas policiales desalojaron por la fuerza a los manifestantes
congregados alrededor de la embajada de Brasil y hay reportes no confirmados
de decenas de heridos. La embajada de Brasil, sus funcionarios y los
hondureños que acompañan a Manuel Zelaya están rodeados por elementos del
ejército y la policía y sufren el efecto de los gases lacrimógenos y ruidos
estridentes.

Además, la Policía lanzó hoy bombas de gases lacrimógenos contra el
edificio del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras
(Cofadeh).

Estos hechos se suman a un patrón de violaciones a los derechos humanos
cometidos por el gobierno de facto de Honduras ante los cuales es vital la
observación, documentación y condena por parte de la comunidad
internacional.

www.cejil.org

Contacto de Prensa:
Viviana Krsticevic. Directora Ejecutiva: (202) 319-3000
Mauricio Herrera. Director de Comunicacion: (202) 319-3000
Marcia Aguiluz. Abogada de CEJIL en la oficina de Mesoamérica, San José,
Costa Rica: (00506) 2280-74-73
Nancy Marin. Periodista de CEJIL en la oficina de Mesoamérica. (00506)
2280-74-73

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una
organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio
americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena
implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso
efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos
de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin
fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana
de Derechos Humanos.

 

Un "baño de sangre" sería responsabilidad del gobierno de facto

Declaración del Observatorio sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN)

El regreso a Tegucigalpa del presidente legítimamente elegido en Honduras, Manuel Zelaya, debe contribuir a una salida pacífica de la crisis y a un retorno del orden constitucional interrumpido por el golpe de Estado ocurrido el 28 de junio.

Mar, 22/09/2009

San José de Costa Rica, 22 de septiembre de 2009

El regreso a Tegucigalpa del presidente legítimamente elegido en Honduras, Manuel Zelaya, debe contribuir a una salida pacífica de la crisis y a un retorno del orden constitucional interrumpido por el golpe de Estado ocurrido el 28 de junio.

Condenamos una vez más el uso del toque de queda por parte del gobierno de facto como un instrumento de control de la participación ciudadana. Reiteramos que de producirse un "baño de sangre", como lo han anunciado los golpistas en reiteradas ocasiones si el Presidente Zelaya regresara, sería responsabilidad directa del gobierno de facto, que ya tendría que responder por el crimen de persecución política ante la Corte Penal Internacional.

En este sentido, el OISDHHN exige al gobierno de facto que se abstenga de reprimir la movilización ciudadana y evitar la emisión de mensajes que contribuyan a la violencia y, en cambio, permitir el regreso de las autoridades legítimas, asegurar el respeto por los derechos humanos y facilitar un diálogo nacional que contribuya a la salida definitiva de la crisis.

La Resistencia y demás formas de manifestación por la democracia en Honduras que merecen toda nuestra solidaridad, pueden contribuir a este retorno a la democracia con sus propuestas para superar la crisis, su reafirmación de la no violencia y su formidable experiencia de movilización y participación.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Federación de Derechos Humanos de España

Suedwind - Austria

IBIS - Dinamarca

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José

Simeón Cañas” (IDHUCA-El Salvador)

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España)

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)

Solidaridad Mundial - Bélgica

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - Colombia

Panamá podría ir otra vez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Mar, 26/12/2006

El día de hoy, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro por la Asistencia Legal Popular (CEALP) de Panamá le solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que someta el caso de Santander Tristán a la Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica.

Las organizaciones alegaron ante la CIDH que Panamá no respeta la libertad de expresión, ya que sus leyes sobre injurias y calumnias son utilizadas para amedrentar a todos aquellos que osan criticar a los funcionarios públicos. “En Panamá los funcionarios públicos tienen poca tolerancia frente a la auditoría ciudadana, al escrutinio y a la crítica. El caso Santander Tristán es un claro ejemplo, pero no es el único. Según información de la Defensoría de los Habitantes de Panamá, actualmente más de 80 periodistas enfrentan procesos judiciales en su contra por los delitos de calumnias e injurias, la mayoría de ellos planteados por servidores estatales”.

Tanto para CEJIL como para CEALP las disposiciones penales sobre difamación, injurias y calumnias vigentes en Panamá inhiben la crítica dirigida a un funcionario público, toda vez que la posible sanción penal se constituye en un método indirecto de restricción a la libertad de expresión. Por ello, el objetivo de que el caso vaya a la Corte Interamericana es que ésta señale que la imposición de sanciones penales para proteger la honra y la reputación provoca un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión, acallando la emisión de información sobre asuntos de interés público que involucran a funcionarios públicos. Se pretende que el Estado de Panamá se abstenga de censurar la información respecto de actos de interés público llevados a cabo por funcionarios públicos o por particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, dado que éstos deben demostrar mayor tolerancia a las críticas, lo cual implica una protección de la privacidad y la reputación diferente que la que se otorga a un particular.

La petición de enviar el caso a la Corte Interamericana se hace después de que la CIDH declarara que Panamá es responsable de violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Santader Tristán. La única forma de que el Estado evite ir a la Corte es que cumpla con las recomendaciones hechas por la CIDH para reivindicar los derechos de la víctima, para lo cual tiene un plazo de dos meses, a partir noviembre de este año.

Los hechos violatorios contra Santander Tristán ocurrieron en julio de 1996 cuando se dio la grabación de una conversación telefónica entre él, como abogado, y un cliente. Posteriormente, el exprocurador de la Nación, Antonio Sossa, divulgó el contenido de la grabación. En una conferencia de prensa el señor Tristán Donoso denunció esta intromisión a su vida privada y a la confidencialidad y libertad en el ejercicio de la profesión de abogado y denunció judicialmente al señor Sossa. La Corte Suprema de Justicia sobreseyó al ex Procurador General y luego éste presentó una querella contra el abogado por los delitos de calumnia e injuria. Tristán Donoso fue condenado y sentenciado a dieciocho meses de cárcel, pena sustituida por días multa.

Las organizaciones de derechos humanos esperan que Panamá adecúe su legislación y prácticas nacionales para que se respete el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la vida privada, derechos que si bien no son absolutos, sus restricciones deben estar claramente establecidas por leyes que respeten la dignidad humana.

CEJIL y organizaciones ecuatorianas denuncian ante la CIDH la violencia e impunidad en la frontera de Ecuador y Colombia

Mié, 25/10/2006

n el marco del 126 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), junto con el Comité de Derechos Humanos de Shushufindi, la Pastoral Social- Vicariato de Aguarico, y la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (Clínica PUCE), presentaron ante la Comisión la situación de alarmante violencia e impunidad que viven los pobladores de la frontera norte de Ecuador y Colombia.
 
Durante esta audiencia se entregó un informe en el que se registraron 715 casos de homicidios violentos desde el año 2000 hasta el presente en la provincia de Sucumbíos, especialmente en las localidades de Lago Agrio y Shushufindi. Los peticionarios expresaron gran preocupación por el aumento y características de hechos de violencia nunca antes vistos en esta zona. En la mayoría de los casos se han encontrado cadáveres abandonados en la vía pública, a plena luz del día, y ejecutados con extrema brutalidad y crueldad.
 
Además, los peticionarios expresaron su preocupación por la impunidad total que rodea estos hechos de violencia, los cuales en su mayoría no son esclarecidos ni procesados judicialmente. Asimismo, recordaron al Estado de Ecuador su obligación internacional de iniciar investigaciones judiciales de oficio en este tipo de casos.
 
Los peticionarios reconocieron que la grave situación de derechos humanos en la frontera norte de Ecuador no está siendo visualizada por las autoridades ecuatorianas y colombianas, ni por la comunidad internacional.
 
Por último, las organizaciones peticionarias solicitaron que la Comisión haga una visita a la zona, monitoree la situación de derechos humanos en la frontera de Ecuador y Colombia, y recomiende al Estado de Ecuador la toma de medidas de carácter urgente, así como el inicio de investigaciones judiciales relacionadas con los hechos de violencia denunciados en esta audiencia.
 
 

Se expone situación alarmante de las mujeres privadas de libertad en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay

Mié, 25/10/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) expusieron el día de ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la condición precaria en que viven las mujeres privadas de libertad en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, y Uruguay y la falta de políticas publicas para abordar la problemática de este grupo social en dichos países.

 

Durante esta audiencia sub-regional, las organizaciones peticionarias entregaron un reporte con información recopilada en los centros penitenciarios de los países anteriormente señalados. Dicho reporte fue elaborado en conjunto con el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Coordinación de Mujeres del Paraguay, Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ) Uruguay, y la Universidad Diego Portales. En este reporte se describen las problemáticas específicas que viven las mujeres privadas de libertad, tales como la continúa agresión física y sexual que en muchos casos se traduce en la prostitución obligada; la atención médica deficiente e incluso carente; la oferta de recursos educativos que refuerzan un rol estereotipado de género; la política discriminatoria relacionada con las visitas íntimas; la problemática del manejo de la seguridad de las cárceles por personal del sexo opuesto, entre otras.

 

Un punto que se destacó en esta audiencia fue la acentuada discriminación por género, ya que aunque la crisis del sistema penitenciario que viven estos países afecta a los hombres privados de libertad, la situación en general impacta a las mujeres de una manera aun más drástica.

 

Finalmente, con la información y conclusiones presentadas las organizaciones peticionarias buscaron no sólo hacer visibles las problemáticas específicas de las mujeres privadas de libertad, sino también pedir el seguimiento de la continúa violación de sus derechos humanos e incluir recomendaciones específicas sobre este colectivo en el Proyecto de Declaración de Personas Privadas de Libertad que está elaborando la CIDH.

 

Gobierno peruano debe rendir cuentas ante la CIDH

Vie, 20/10/2006

El día de ayer, el gobierno peruano informó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el cumplimiento de las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú y la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos. Se sostuvieron dos audiencias para abordar estos temas, en el marco del 126° período de sesiones de la CIDH que está teniendo lugar en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, D.C. En las mismas estuvieron presentes Hans Landolt, Gloria Cano, Javier Mujica y Pablo Rojas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; y, María Clara Galvis, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

 

Las organizaciones peticionarias informaron a la CIDH que víctimas de violaciones de derechos humanos, en Perú, no cuentan con patrocinio legal gratuito, mientras que militares acusados de violarlos si cuentan con asesoría en ese sentido. Ante este reclamo, el gobierno se comprometió a resolver esta situación.

 

Un asunto de gran preocupación que fue ventilado en las audiencias es la existencia de tres proyectos de ley en el Congreso peruano que amplían las causales para aplicar la pena de muerte. Los representantes estatales reconocieron que esto va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. Los peticionarios solicitaron que, en congruencia con estas declaraciones, el poder ejecutivo peruano retire del congreso los mencionados proyectos.

 

 

Por otra parte, el tema del proceso de extradición de Alberto Fujimori también fue abordado. La Comisión Interamericana preguntó al gobierno peruano sobre el estado en que se encuentra el mismo a lo cual éste respondió con su compromiso de impulsarlo.

 

 

Finalmente, los peticionarios pidieron que se detenga la campaña en contra de las organizaciones no gubernamentales de defensores y defensoras de derechos humanos y la situación de inseguridad en que las mismas se encuentran. Los representantes estatales no dieron una respuesta concreta al cuestionamiento que se les hizo al respecto.

 

Las organizaciones esperan que según lo manifestado por el gobierno en las audiencias, éste se apegue a los estándares internacionales de derechos humanos.

CEJIL participa en audiencias ante la CIDH

Mié, 18/10/2006

Desde el 19 y hasta el 24 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en conjunto con otras organizaciones y víctimas de violaciones de derechos humanos del continente americano, participará en audiencias y reuniones de trabajo, convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con motivo de su 126º período ordinario de sesiones. A través de estas sesiones, CEJIL informará a la Comisión sobre el estado de los derechos humanos en algunos países y abordará temáticas específicas.

 

Durante el primer día de audiencias, CEJIL expondrá sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, Guatemala, Perú y Venezuela. De esta manera, el trabajo esclavo al que son sometidos miles de trabajadores rurales que viven en extrema pobreza es el tema que aborda la audiencia de Brasil; la violencia de la que son víctimas la niñez y la adolescencia corresponde a la audiencia de Guatemala; el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú y el avance e implementación del Plan Nacional de los Derechos Humanos se presentarán en las audiencias de Perú. Asimismo, la libertad de expresión, las condiciones en las que se encuentran los defensores y defensoras de los derechos humanos, y el estado general de la institucionalidad y garantías son los temas a tratar en las audiencias de Venezuela.

 

El viernes 20 de octubre, CEJIL sostendrá reuniones de trabajo con la CIDH para abordar casos específicos de violaciones de derechos humanos en Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, y Perú.

 

Para la semana entrante, CEJIL presentará audiencias para Colombia, México, y la República Dominicana el lunes 23 de octubre, en las cuales se expondrá la situación del paramilitarismo y la desmovilización en Colombia; en las audiencias de México, el contexto delicado en el que se encuentra la población del Estado de Oaxaca, las políticas agrarias que afectan a los pueblos indígenas en Chiapas, y las violaciones sufridas por los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. Ese mismo día, se presentara información sobre la situación de la violencia contra la mujer en República Dominicana y los pasos que se están dando para crear un nuevo Código Penal.

 

Para cerrar, el martes 24 de octubre estará reservado para presentar la situación de violencia y trasgresión de los derechos humanos de los habitantes en las fronteras entre Ecuador y Colombia. Y una audiencia de carácter regional respecto a la problemática de las mujeres privadas de libertad en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay y la presentación de propuestas para su inclusión en el proyecto de declaración de Personas Privadas de Libertad impulsada por la Comisión.

 

En el último día habrá audiencias de Argentina en relación con el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y el caso Correa Belisle que cuestiona aspectos de la justicia militar en ese país.

Se denuncia la violencia doméstica en Centroamérica

Jue, 20/07/2006

Más de quince organizaciones que protegen los derechos humanos de las mujeres en los países de la región centroamericana, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunciaron ayer, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación de violencia doméstica o intrafamiliar que sufren las mujeres.

 

Las organizaciones resaltaron que en los últimos años, en la sociedad guatemalteca, salvadoreña, hondureña, nicaragüense, costarricense y panameña los actos de violencia contra las mujeres van en aumento. Cientos de mujeres han sido asesinadas cruelmente, por sus parejas o ex parejas. Destacaron que si bien existe legislación sobre violencia doméstica, las leyes son para tutelar a la familia pero no para proteger específicamente a la mujer.

 

Por otra parte, el acceso de las mujeres a la justicia para denunciar los actos de violencia en su contra o para buscar mecanismos de protección es arduo. A veces tienen que recorrer largas distancias para denunciar los hechos. Luego, deben repetir varias veces su historia: a la policía, a la fiscalía, al juez, a la trabajadora social, etc. Las personas que les atienden no siempre han sido capacitadas o sensibilizadas sobre la violencia de género y reciben a las mujeres con estereotipos sexistas que las amedrentan y humillan por lo que no en pocas ocasiones desisten de la denuncia. El largo papeleo y en ocasiones la necesidad de contar con un/a abogado/a pese a que no tienen recursos para pagarle es otro factor que hace que las mujeres víctimas de violencia no accedan a la justicia.

 

 

Además, las medidas cautelares y de protección para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar no son totalmente efectivas, lo que aumenta el riesgo para ellas. Incluso, algunas después de haber recurrido, en reiteradas ocasiones, a denunciar los hechos y tener medidas de protección, terminan asesinadas a manos de sus agresores.

 

 

Las denunciantes manifestaron a la CIDH que la “conciliación o mediación” debía ser erradicada en casos de violencia doméstica, pues es una medida que pretende conciliar entre el agresor y la agredida, ignorándose en la mayoría de los casos que la mujer está en una situación de especial vulnerabilidad que la obliga a aceptar los términos de la conciliación aunque vayan en su perjuicio; por ejemplo, la mujer entra a considerar su situación económica, la posible desintegración familiar y la vergüenza social, entre otros. En algunos países de la región, la conciliación opera hasta para delitos sexuales cometidos en contra de las mujeres.

 

 

Se indicó también que no son pocas las ocasiones en que las mujeres deben salir de sus hogares después de ser agredidas para salvar sus vidas, sin embargo, en la región son casi inexistentes los albergues para la protección integral de las mujeres que han sido objeto de violencia intrafamiliar.

 

Durante la audiencia se expresó que pese a que las muertes de mujeres en el ámbito familiar han ido en aumento, no existen estadísticas únicas entre las instituciones estatales involucradas en temas de violencia de género sobre los índices de violencia intrafamiliar, lo que imposibilita que se conozca con certeza la gravedad del problema expuesto.

 

Las organizaciones hicieron un llamado a los Estados para que asuman el compromiso de valorar la violencia doméstica como lo que es: un problema de salud pública. A tal efecto deben facilitar los recursos necesarios para implementar los programas y políticas que al día de hoy han quedado sólo en el papel o se han implementado parcialmente. Se requiere de la actuación armónica del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Legislativo para atender esta problemática integralmente.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se mostró interesada en la información aportada por las organizaciones e indicó que esta sería utilizada en la elaboración de su informe hemisférico sobre el acceso de las mujeres a la justicia.

 

Honduras viola los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad

Jue, 20/07/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro hondureño de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), expusieron el día de ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que a cientos de mujeres privadas de libertad en el Centro Femenino de Adaptación Social de Honduras (CEFAS) les lesionan sus derechos humanos.

 

Las organizaciones denunciaron que en el último año se ha dispuesto como medida administrativa el cierre de los hogares durante la mayor parte del día. Los hogares son las edificaciones donde habitan las mujeres y al estar cerrados ellas deben deambular por los pasillos, lo que ha provocado un aumento de la violencia entre internas y de situaciones conflictivas. También se expresó preocupación porque al no estar el servicio de salud articulado a la red de servicios de la Secretaria de Salud sino al Ministerio de Gobernación, las mujeres no reciben los medicamentos que requieren y tampoco apoyo psicológico para superar los cuadros depresivos.

 

Por otra parte, una gran mayoría de las mujeres no cuenta con defensor público lo que pone en grave riesgo su derecho a la defensa. A las mujeres tampoco se les permiten visitas conyugales de sus esposos o parejas, lo que las coloca en desventaja con relación a los hombres privados de libertad que sí gozan de esta posibilidad.

 

El Estado de Honduras, presente en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana (CIDH) en el marco de su 125 período extraordinario de sesiones celebrado en Guatemala, aceptó como ciertos los hechos descritos y se comprometió a buscar pronta solución a las problemáticas apuntadas. Además, se comprometió a rendir en los próximos días un informe sobre el cierre de los hogares y las medidas que se tomarán para reabrirlos

 

Tanto CEJIL como el CPTRT solicitaron al Relator de Personas Privadas de Libertad de la CIDH que en su próxima gira incluya a Honduras y al CEFAS para que constate la situación de las personas privadas de libertad, principalmente de las mujeres.

 

 

Impunidad impera en El Salvador

Jue, 20/07/2006

Impunidad impera en El Salvador

 

San José, Costa Rica, 20 de julio de 2006

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas (IDHUCA) denunciaron el día de ayer en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) la situación de impunidad que se vive en El Salvador. Señalaron que este país centroamericano desde la firma de los Acuerdos de Paz no ha logrado que su sistema de justicia funcione adecuadamente. Esto ocasiona ineficacia en la prevención y en la represión de los delitos y promueve la corrupción.

 

A lo anterior se suma la participación de policías en graves hechos criminales. Agregaron que la Fiscalía General de la República continúa en deuda con el esclarecimiento de graves hechos violatorios de derechos humanos ocurridos durante la época del conflicto armado en El Salvador. Esta negativa a investigar y enjuiciar a los responsables posibilita que actualmente existan acciones criminales realizadas con el mismo patrón de los “escuadrones de la muerte".

 

En medio de todo esto, el Gobierno optó por endurecer las penas y capturar masivamente a las personas, a través de las políticas de “mano dura”, “súper mano dura” y “puño de hierro” que no han impedido que se registren 55 asesinatos por cada 100 mil habitantes, en los años 2005 y 2006, según cifras del Instituto de Medicina Legal. Para la Organización Mundial de Salud hay epidemia de homicidios cuando la tasa supera los 10 por cada 100 mil habitantes.

 

Benjamín Cuellar, director del IDHUCA, indicó que después de la guerra, “las víctimas no fueron resarcidas y los victimarios fueron premiados”. Esto ocasiona que la violencia sea vista como el único método de solucionar los conflictos. Cuellar expresó que “la mera ausencia de conflicto militar, no ha significado una auténtica vivencia de paz ya que permanecen vigentes las causas estructurales que generaron la guerra civil”.

 

La abogada Gisela De León de CEJIL solicitó a la CIDH que dé especial seguimiento a la situación salvadoreña y que visite urgentemente al país, con el fin de verificar el adecuado funcionamiento de las diferentes instituciones estatales encargadas de procurar justicia, en especial con relación a graves violaciones de derechos humanos.

 

La Comisión Interamericana, a través del comisionado Freddy Gutiérrez, invitó al Estado salvadoreño a reflexionar sobre si la paz era sólo la ausencia de guerra. Asimismo, el secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón y el comisionado Paolo Carozza mostraron su preocupación sobre a Ley de Amnistía vigente en El Salvador.

 

Las organizaciones solicitantes de la audiencia esperan que se resuelvan las diferentes situaciones que promueven y fomentan la impunidad en El Salvador, y que el Estado sea capaz de alcanzar la justicia tanto para las víctimas del conflicto armado, como para todas aquellas que día a día son presa de la violencia en este país.

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