Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Mujeres latinoamericanas deben acceder a su salud sexual y reproductiva

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch, Center for Reproductive Rights, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Vivo positivo expresaron su preocupación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las dificultades que enfrentan las
mujeres de América Latina para acceder al disfrute de los derechos vinculados con su salud sexual y reproductiva, en el marco del 123º período ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la OEA en Washington.

Vie, 14/10/2005

Washington, D.C. 14 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights
Watch, Center for Reproductive Rights, Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE) y Vivo positivo expresaron su preocupación ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por las dificultades que enfrentan las
mujeres de América Latina para acceder al disfrute de los derechos
vinculados con su salud sexual y reproductiva, en el marco del 123º período
ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la OEA en
Washington.

Durante la audiencia se habló del derecho a la maternidad voluntaria y
segura. Y se resaltó el hecho de que no hay voluntad política para abordar
estos temas. Se mencionó que en Brasil la mortalidad materna es uno de los
problemas de salud más serios que enfrenta la población femenina. También
los peticionarios expusieron el caso de Costa Rica, en donde la
fertilización in vitro no es permitida y mencionaron que esto viola los
derechos humanos de los y las ciudadanas de este país. La situación
mexicana también fue expuesta y según Pedro Morales, consultor legal del
GIRE, ?los servicios de planificación familiar? tienen serias deficiencias
en la consejería y en el respeto del consentimiento informado, sobre todo
cuando tales servicios son otorgados a mujeres en situación de pobreza o
marginación social. Además a pesar de que la anticoncepción de emergencia
fue incorporada a la Norma Oficial Mexicana, no fue sino un año después
cuando fue incluida en una cuadro básico y catálogo de medicamentos que
permitía su distribución?.

Varios de los peticionarios manifestaron que aún y cuando la legislación de
algunos países permite el aborto en algunas situaciones, como la violación,
o cuando corre riesgo la vida de la madre, en la práctica los organismos
judiciales dilatan la ejecución del mismo o las instituciones médicas no
quieren practicarlo. Con lo cual las mujeres deben recurrir a practicarse
abortos clandestinos en los cuales se exponen a una mala praxis, que
posteriormente no puede ser llevada ante la justicia y queda en la
impunidad.

Por su parte Vasili Deliyanis, de la organización Vivo Positivo informó
sobre las esterilizaciones forzadas de las que han sido víctimas mujeres que
viven con VIH Sida, las cuales ni siquiera se han percatado del momento en
que fueron esterilizadas, ni les fue informado. De esta manera se les ven
violentados sus derechos humanos. Ante esta difícil situación que enfrentan
las mujeres de toda América Latina, en la cual resultan más afectadas las de
áreas rurales, las de escasos recursos y las adolescentes, se le pidió a la
Comisión que vele por el derecho de estas mujeres a su salud sexual y
reproductiva.

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
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Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una
organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio
americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena
implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso
efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos
de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin
fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana
de Derechos Humanos.

Organizaciones denuncian ante la CIDH violaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Centroamérica

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) expusieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el área centroamericana.

Sáb, 15/10/2005

Washington, D.C. 15 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) expusieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el área centroamericana.

En el marco del 123º período ordinario de sesiones de la CIDH, ambas organizaciones expusieron las condiciones adversas que enfrentan los defensores/as de derechos humanos entre las más graves: los asesinatos, amenazas de muerte, los allanamientos, la criminalización de sus actividades y la difamación al identificarlos/as con terroristas, narcotraficantes y desestabilizadores sociales.

Durante la audiencia se informó que en los últimos cinco años las condiciones políticas de los países han dificultado y obstaculizado la labor de los defensores/as de derechos humanos. Además se puntualizaron las situaciones más graves que sufren en cada país del área. En Belice se destacó que las pocas posibilidades de empleo, sumado a el temor de ser despedido/a limita las posibilidades de ampliación del movimiento de derechos humanos. El caso de Guatemala es preocupante debido al aumento significativo de ataques contra defensores/as. El ejemplo de ello es que en el 2004, se reportaron 122 ataques en contra de defensores/as y en el 2005 (hasta julio) 127. En Honduras la situación es difícil debido a la vigilancia física y electrónica a la que son sometidos los y las defensores. Además de las acusaciones penales, allanamientos y detenciones ilegales.

En Nicaragua se vincula a los defensores/as de DDHH con defensores de delincuentes y se ataca a quienes trabajan el tema de las maquilas y a los sindicalistas. En este país hay participación de empresarios en la persecución contra defensores/as. En Panamá los problemas principales son las denuncias penales contra defensores/as. En Costa Rica, la difamación por oposición a políticas neoliberales y a la privatización de servicios públicos, la detención por participación en protestas sociales y el desconocimiento de la representación de Pueblos Indígenas son las situaciones más graves. Por último, en El Salvador los defensores/as de derechos económicos, sociales y culturales son calificados de terroristas y desestabilizadores. Los líderes sociales y sindicales son acosados y vigilados, y hay una simulación de violencia común contra ellos y ellas. En general, los defensores/as más afectados/as en la región son los/as ambientalistas, los/as sindicalistas, los líderes indígenas y los/as afro descendientes.

En vista de lo expuesto, CALDH y CEJIL solicitaron a la Comisión Interamericana la creación de una relatoría de defensores/as de derechos humanos y la realización de un informe temático sobre difamación en perjuicio de este sector. Los comisionados, por su parte, manifestaron su preocupación por las dificultades en la implementación de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH para proteger a los defensores/as de derechos humanos. Además, la Comisión anunció que en este período de sesiones aprobaría un informe sobre la situación de las defensoras y defensores, el cual será un instrumento importante que podrán utilizar las organizaciones de derechos humanos para el reconocimiento de su trabajo y de su rol en la prevención de violaciones de derechos humanos.

 

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Guatemala condenada internacionalmente por ampliar delitos sancionados con pena de muerte

El pasado 5 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado de Guatemala la sentencia que le condena por imponer la pena de muerte a Ernesto Raxcacó Reyes.

Dom, 16/10/2005

San José, Costa Rica, 07 de octubre de 2005

El pasado 5 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado de Guatemala la sentencia que le condena por imponer la pena de muerte a Ernesto Raxcacó Reyes.

Las autoridades judiciales guatemaltecas, en aplicación del artículo 201 del Código Penal, condenaron a muerte a Ronald Raxcacó el 14 de mayo de 1999, por el secuestro de un niño. Según la Corte Interamericana, el citado artículo viola la prohibición de privación arbitraria de la vida, desatiende que la pena de muerte sólo debe aplicarse a los delitos más graves, ordena la aplicación de la pena de muerte de manera automática y genérica a los autores del delito de plagio o secuestro sin que se permita considerar las circunstancias particulares, así como los antecedentes penales de los imputados, el móvil, la extensión e intensidad del daño causado, las posibles circunstancias atenuantes o agravantes, entre otras.

Asimismo, la Corte consideró que al no existir en el país la posibilidad de que un organismo del Estado conozca y resuelva el derecho de indulto, el Estado incurre en responsabilidad internacional. También se pronunció sobre las condiciones de detención de Raxcacó, señalando que son incompatibles con su dignidad personal. Según el Tribunal, “mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación a su integridad personal”. Por ello, estableció que Guatemala violó el derecho a la integridad física, psíquica y moral de Raxcacó y que las condiciones en que se encuentra constituyen un trato cruel, inhumano y degradante.

Por lo tanto, la Corte ordenó a Guatemala que deberá reformar el artículo 201 de su Código Penal, de manera que “se estructuren tipos penales diversos y específicos para determinar las diferentes formas de plagio o secuestro, en función de sus características, la gravedad de los hechos y las circunstancias del delito…Esta modificación en ningún caso, ampliará el catálogo de delitos sancionados con la pena capital”. Mientras se da la reforma, el Estado deberá abstenerse de aplicar la pena de muerte y de ejecutar a los condenados por el delito de plagio o secuestro exclusivamente. Además, según la sentencia, el Estado deberá dejar sin efecto la pena impuesta y sin necesidad de un nuevo juicio, dictará otra condena que en ningún caso podrá ser la pena de muerte.

La Corte también ordena al Estado que adopte un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar y, en su caso, obtener indulto o conmutación de la pena.

Este caso fue llevado ante la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2004, y en diciembre de ese mismo año, el Centro por la Justicia el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto de la Defensa Pública de Guatemala y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, representantes de la víctima, presentaron su demanda.

Para CEJIL, esta sentencia de la Corte Interamericana es un aporte sustancial al proceso de debate que existe en Guatemala para la erradicación de la pena de muerte. “No es posible que mientras la comunidad internacional se inclina por la abolición absoluta de dicha pena, en Guatemala se amplía la lista de delitos sancionados con la pena capital”, señaló Soraya Long, Directora de CEJIL MESOAMERICA.

La sentencia del caso Raxcacó es la segunda que se dicta contra Guatemala por pena de muerte; la primera fue la de Fermín Ramírez, el 20 de junio de 2005.

Es importante recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de acatamiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

CIDH supo de las violaciones a los derechos de los indígenas en Argentina

Ante la inminencia del referéndum convocado por la provincia de Salta, para el próximo 23 de octubre, en el que se consultará a la población del departamento de Rivadavia por el destino de las tierras indígenas ubicadas en los lotes 55 y 14, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó hoy en Washington –por primera vez, luego de cinco años de negociaciones- una audiencia con los representantes de las comunidades indígenas, el gobierno nacional y el gobierno provincial.

Lun, 17/10/2005

Washington, D.C. 17 de octubre de 2005

Ante la inminencia del referéndum convocado por la provincia de Salta, para el próximo 23 de octubre, en el que se consultará a la población del departamento de Rivadavia por el destino de las tierras indígenas ubicadas en los lotes 55 y 14, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó hoy en Washington –por primera vez, luego de cinco años de negociaciones- una audiencia con los representantes de las comunidades indígenas, el gobierno nacional y el gobierno provincial. En el transcurso de la reunión, las comunidades –patrocinadas por el CELS y CEJIL- solicitaron a la Comisión que impida la realización del referéndum o lo declare inoponible a la resolución internacional del caso, además de requerir su elevación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Asociación Lhaka Honhat –que nuclea a numerosas comunidades aborígenes– solicitó a la CIDH que, como medida cautelar, ordene al Estado argentino suspender de forma inmediata el referéndum convocado por la provincia de Salta.

También se solicitó a la CIDH que garantice que el Estado no realice ninguna acción dirigida a afectar el territorio en conflicto; no entregue sus tierras sin la consulta y previo consentimiento de todas las comunidades involucradas; no permita que otros se consideren con derechos sobre esas tierras, y se abstenga de seguir yendo a los lotes con el fin de dividir y enfrentar a las comunidades, o a ellas con la población criolla.

Finalmente, y para el caso que no se suspenda el Referéndum, las comunidades solicitaron que la CIDH establezca que, cualquiera sea el resultado de la votación, el Gobierno deberá supeditar la entrega de dichas tierras a la decisión final que se adopte en el caso, sea por resolución de la CIDH o por una eventual sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La audiencia se realizó en Washington, sede de la CIDH, y contó con la presencia de su vicepresidenta, Susana Villarán, el comisionado Florentín Meléndez y José Zalaquet, relator sobre derecho de los pueblos indígenas, quienes cuestionaron al Estado por las posibles consecuencias del referéndum.

QUÉ PIDEN LAS COMUNIDADES

§ Título único a nombre de todas las comunidades de los lotes 55 y 14

§ Reconocimiento del área de uso tradicional de todas las comunidades según mapa presentado en la solución amistosa

§ Desarrollo de un proceso de diálogo indígenas-criollos sobre la base del reconocimiento del derecho indígena al uso tradicional de las tierras y sus recursos con predisposición a ceder zonas sin uso que no comprometa la unidad del espacio físico

El no reconocimiento del título único para todas las comunidades implica:

§ la fragmentación del espacio de uso tradicional y por ende de las relaciones de reciprocidad económica entre ellas que aseguran su supervivencia

§ la ruptura de la forma de vida comunitaria a través del tradicional uso común de zonas, como lo demuestra el mapa presentado en el proceso de solución amistosa

PRONUNCIAMIENTOS DEL ESTADO NACIONAL SOBRE EL REFERÉNDUM:

§ 2 de mayo: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) solicita al gobierno de Salta la no realización de la consulta popular debido a que es una medida unilateral que no respeta los consensos alcanzados en la solución amistosa.

§ 3 de mayo: Cancillería solicita al Gob. de Salta que revea su decisión atento a la eventual responsabilidad internacional en que puede incurrir el Estado argentino.

§ Sin fecha: Defensor del Pueblo de la Nación expresa que no se han respetado los compromisos asumidos en la solución amistosa y solicita que se deje sin efecto el referéndum unilateralmente decidido.

§ Septiembre: Declaración conjunta de Cancillería, INAI y Secretaria de Derechos Humanos expresan preocupación por la aprobación de la ley 7352 y solicitan que se suspenda el referéndum.

 

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Antecedentes

Las comunidades que viven en los lotes 55 y 14, desde hace más de 20 años, reclaman tanto al Estado provincial como al nacional, que se les garanticen los derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. En efecto, en 1984 las comunidades indígenas presentaron ante el gobierno provincial un reclamo administrativo solicitando la adjudicación en propiedad de una superficie sin subdivisiones internas y bajo un título único para todas las comunidades. En 1991 reiteraron esa presentación. Este recurso derivó en el dictado del decreto 2609/91, por el cual la Provincia de Salta dispuso la entrega de tierras a las comunidades, mediante un título único de propiedad, sin subdivisiones internas, pero no se cumplió con lo allí dispuesto ya que el Decreto no se implementó nunca.

Frente a esto, en agosto de 1998 Lhaka Honhat presentó la denuncia ante la CIDH contra el Estado argentino, por violación de los derechos de los pueblos indígenas. En el año 2000 se inició un proceso de solución amistosa, a fin de alcanzar una solución consensuada al conflicto sobre las tierras de los lotes 14 y 55 (aproximadamente 650.00 hectáreas).

En el proceso de solución amistosa participaba el gobierno nacional (a través de Cancillería, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de DDHH de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación), el gobierno provincial, las comunidades aborígenes y la población criolla que habita en esos lotes. Los criollos, mayoritariamente ganaderos, tienen una forma de vida que colisiona con las comunidades, puesto que su ganado se apropia de los recursos que necesitan los aborígenes para subsistir como comunidades cazadoras-recolectoras.

Las comunidades reclaman desde hace décadas un título único, ya que en razón de su forma de vida, cada comunidad camina varios kilómetros para acceder a distintos recursos, lo cual se vería inevitablemente destruido si las tierras se entregan por familias, en parcelas o mediante un título a cada comunidad (lo que llevará a dividir el territorio y las zonas de uso común de las distintas comunidades y por lo tanto les privará de acceder a ciertos recursos imprescindibles para sobrevivir y para continuar con su forma de vida).

Entre los años 2002 y 2005 se realizaron más de 30 reuniones de trabajo donde se discutieron los reclamos, se confeccionaron numerosos informes técnicos y se fueron alcanzando distintos acuerdos con miras a concretar los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana.

Pese a ello, el 12 de abril de este año, la provincia de Salta decidió romper el proceso de solución amistosa y convocar a un referéndum en el que se decida el destino de las tierras. El 25 de julio el referéndum se aprobó mediante la ley 7352. De acuerdo a la Constitución Nacional y Provincial, es una obligación del Estado garantizar el título sobre las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades, y no una facultad discrecional.

Ante esta decisión unilateral del gobierno de Salta, las comunidades solicitaron a la CIDH la adopción de medidas cautelares para que el gobierno suspenda el referéndum, asegure y no afecte el territorio, no divida a las comunidades a través de sus punteros políticos y proteja la integridad física de las personas.

En el mes de agosto, la CIDH solicitó al gobierno nacional que le explique cuáles serían los efectos del referéndum sobre los derechos indígenas y sobre el caso en trámite ante la Comisión.

En septiembre, las comunidades aborígenes reiteraron el pedido de medidas cautelares para proteger la integridad del territorio indígena amenazado por intrusiones continuas de alambrados, corte ilegal de madera, obras de infraestructura y mensuras de parcelas de tierra, etc. También solicitaron que se frenen las actividades de funcionarios provinciales destinadas a dividir a las comunidades (que está generando mucho daño en la zona). Se volvió a solicitar la suspensión del referéndum, y en su defecto, la declaración de inoponibilidad del mismo frente a la solución internacional del caso.

Gobierno chileno acepta iniciar proceso de solución amistosa para cambiar leyes discriminatorias contra las mujeres

Mar, 18/10/2005

Washington, D.C. 18 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Corporación Humanas iniciaron un proceso de solución amistosa en el caso de Sonia Arce Esparza vs. Chile, en una audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Sra. Arce, junto con sus hermanos y hermanas, heredó una propiedad de sus padres. Sin embargo, en el momento de querer vender el inmueble, se vio en la imposibilidad legal de hacerlo, en razón de que la legislación chilena establece que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y, como tal, administra los bienes propios de la esposa.

Los peticionarios expusieron que algunos artículos del código civil chileno, relativos al régimen de sociedad conyugal, establecen distinciones entre los hombres y las mujeres que son discriminatorias consagrando un trato diferente para las mujeres casadas en cuanto al goce de sus derechos de propiedad respecto de sus maridos. En consecuencia, solicitaron la reforma de este régimen legal. Por su parte, el Estado reconoció la necesidad de modificar su legislación.

De llevarse a cabo esta reforma las mujeres chilenas casadas que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en el cual se encuentra la víctima, tendrán una posición de equidad frente a los varones. Es importante resaltar que en el marco de esta negociación se buscará la reparación integral del daño causado a Sonia Arce.

CEJIL valora la posición adoptada por el Estado chileno y espera que éste sea el primer paso para que su legislación se apegue a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y de esta forma se garantice a las mujeres chilenas su derecho a la igualdad y no discriminación.

 

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Discuten ante la CIDH proceso de desmovilización de grupos paramilitares en Colombia

El día de ayer el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y las organizaciones colombianas: Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, Corporación Jurídica Libertad, Comisión Justicia y Paz, Ruta Pacifica de Mujeres, Minga y Corporación Reiniciar expusieron el tema de la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia y la aplicación de la Ley 975 de 2005, la llamada Ley de Justicia y Paz.

Mar, 18/10/2005

Washington, D.C. 18 de octubre de 2005

El día de ayer el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y las organizaciones colombianas: Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, Corporación Jurídica Libertad, Comisión Justicia y Paz, Ruta Pacifica de Mujeres, Minga y Corporación Reiniciar expusieron el tema de la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia y la aplicación de la Ley 975 de 2005, la llamada Ley de Justicia y Paz.

En el marco del 123º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las entidades dijeron a la Comisión que no se oponen a una solución negociada del conflicto armado, sin embargo expresaron su disconformidad con el actual proceso de desmovilización ya que no garantiza la no repetición de los graves crímenes que han cometido los grupos paramilitares. Por otra parte alertaron a la CIDH que este proceso no sólo no garantiza que se detengan las violaciones de los derechos humanos por parte de los grupos paramilitares, sino que además las estructuras políticas y económicas que sostienen estos grupos siguen funcionando. Los peticionarios manifestaron que la solución gubernamental al conflicto invisibiliza la responsabilidad de poderosos círculos políticos y económicos que a la postre son los grandes beneficiarios del accionar paramilitar.

El proceso de desmovilización de más de 10 mil paramilitares no ha impedido que en los primeros seis meses de este año se hayan dado 389 asesinatos, por parte de grupos paramilitares. Quienes han sido desmovilizados no confiesan haber cometido delitos y el Consejo Superior de la Judicatura reconoció, en una nota publicada por el periódico el Tiempo, que dentro de los desmovilizados, encontró que “casi todos sus integrantes no tienen procesos pendientes”. Mientras que en los barrios pobres de algunas ciudades continúa el reclutamiento de jóvenes para los grupos paramilitares, los asesinatos, las amenazas de muertes, desapariciones forzadas, hostigamientos y masivos desplazamientos forzados, según señalaron las organizaciones de la sociedad civil colombiana. Además las 5 millones de hectáreas en manos de los grupos paramilitares no han sido devueltas a los campesinos y no se garantiza que puedan ser entregadas en el marco de este proceso de la desmovilización. Frente a este proceso, la Ley de Justicia y Paz no ofrece mecanismos reales para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos, el establecimiento de la verdad, la efectiva participación y realización de los derechos de las víctimas y la aplicación seria de justicia, señalaron los peticionarios.

Por otra parte las organizaciones también se pronunciaron sobre el funcionamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, MAPP/OEA el cual fue criticado pues no ha cumplido con su mandato en cuanto a la verificación del cese de hostilidades y la atención a los derechos de las víctimas. Tomando en cuenta lo expuesto, los peticionarios solicitaron a la Comisión que considere pronunciarse periódica y públicamente sobre la conformidad del proceso de desmovilización, la ejecución de la Ley de Justicia y Paz y la MAPP OEA, con los estándares internacionales de derechos humanos. Todo esto tendiendo a garantizar un desmantelamiento de las estructuras paramilitares y para que se den pasos reales hacia la paz en Colombia.

 

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Honduras es denunciada por su política anti pandillas

El día de ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC) expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las violaciones a los derechos humanos que comete el Estado hondureño al ejecutar su política de represión contra las maras

Mié, 19/10/2005

Washington, D.C. 19 de octubre de 2005

El día de ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC) expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las violaciones a los derechos humanos que comete el Estado hondureño al ejecutar su política de represión contra las maras. Y resaltaron que la respuesta a este fenómeno debe ser integral y no sólo represiva.

Al respecto, las organizaciones señalaron que las autoridades hondureñas aprobaron reformas legislativas para atacar directamente a las pandillas y a sus jefes, y que entre ellas, cambiaron el delito de asociación ilícita para calificar el propósito permanente de ejecutar cualquier delito y aumentaron las penas. Además eliminaron la posibilidad de que los acusados por ese delito fueran juzgados en libertad, establecieron la posibilidad de practicar allanamientos sin orden judicial y se aumento plazo necesario para ser presentado ante un juez para determinar la legalidad de la detención.

En este proceso de intentar reprimir a las maras se encarcelan a los jóvenes, vinculados o no a estos grupos, lo que ha aumentado la población carcelaria. Esto vino a poner presión a un sistema ya colapsado. Ante esto, el comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, relator sobre los derechos de la niñez, criticó el hecho de que se mantiene el patrón de detención arbitraria que pudo constatar en su visita el año anterior, y dijo que “hay cientos de gentes que no deberían estar detenidas”.

Según datos brindados a la CIDH por las organizaciones, resulta evidente que el sistema jurídico, penitenciario y el judicial no han sido capaces de controlar los efectos de las reformas legislativas mencionadas y sus consecuencias institucionales, presupuestarias y sociales. Incluso se expuso que el tema de las maras se utiliza en Honduras como caudal electoral de los políticos, quienes intentan ganar votos ofreciendo una mayor represión contra los pandilleros.

El Estado reconoció que el abordaje a la situación de las pandillas juveniles “no ha sido del todo eficaz”. Asimismo estuvo de acuerdo con que el sistema penitenciario colapsó y aseguró que se están buscando nuevas formas de enfrentar el problema. Sin embargo, los peticionarios recordaron al Estado que más que un reconocimiento de la situación, lo que se requiere es que el Estado lleve a cabo acciones para investigar cuáles son las dimensiones del fenómeno de las maras y que implemente una respuesta integral al mismo. La Comisión Interamericana coincidió con los peticionarios en la necesidad de que Estado enfrente la problemática con acciones concretas y agregó que el tema de las maras será abordado en un informe que pronto será publicado por este órgano.

 

Contacto en Washington:

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

El Salvador rindió cuentas ante la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado de El Salvador, para el día de hoy, a dos audiencias para que brindara información sobre la situación de las maras y el cumplimiento de sus recomendaciones en el caso de Monseñor Romero.

Jue, 20/10/2005

Washington, D.C. 20 de octubre de 2005

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado de El Salvador, para el día de hoy, a dos audiencias para que brindara información sobre la situación de las maras y el cumplimiento de sus recomendaciones en el caso de Monseñor Romero.

Sobre el tema de las pandillas juveniles, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA), denunciaron ante la CIDH que las políticas represivas del gobierno son violatorias de los derechos humanos y que no han logrado reducir el índice de asesinatos en el país. Por el contrario los datos de la Policía, Medicina Legal y Fiscalía indican que hay un promedio de 12 muertes diarias, a causa de la violencia.

Otros aspectos que resaltaron las organizaciones son: las personas menores de edad son detenidas junto con adultas, los allanamientos masivos y reformas a la Ley de la Justicia Penal Juvenil van contra la Convención Internacional de los derechos de la Niñez. Los peticionarios también señalaron a la Comisión Interamericana que una efectiva lucha contra las maras debe comprender tres aspectos: prevención, represión e inserción social.

La represión por sí sola no es la solución, por lo tanto, los peticionarios solicitaron al Estado adoptar “estrategias amplias que no se limiten a las medidas penales y que hagan frente a la raíz de la violencia y el delito entre los adolescentes, en pandillas o no, llevando a cabo políticas para la inserción social de adolescentes marginados; medidas para mejorar el acceso a la educación, instalaciones laborales, recreativas y deportivas y programas de reintegración para los menores infractores”.

La Comisión manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos que conllevan las políticas de Mano Dura y Súper Mano Dura ejecutadas por El Salvador e informó que próximamente presentará un informe sobre este tema.

En la audiencia del caso de Monseñor Romero la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y CEJIL, evidenciaron el incumplimiento del Estado con sus obligaciones internacionales, pues al día de hoy el Estado no ha realizado una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Monseñor Romero, como se lo ordenó la CIDH, en el año 2000.

El Estado indicó que el caso está archivado, que ya prescribió y que no puede ignorar la ley de amnistía. Estos argumentos fueron cuestionados por los comisionados, quienes exhortaron a los agentes del Estado a investigar el asesinato y juzgar a los culpables. Ante una solicitud de los peticionarios, el Estado se comprometió a responder una propuesta, que estos le presenten, en materia de reparaciones, las cuales también fueron ordenadas, hace cinco años, por la Comisión.

Es importante señalar que han pasado 25 años desde el asesinato de Monseñor Romero y este crimen continúa en la impunidad, lo que envía un mensaje a la sociedad salvadoreña de que la violencia no es castigada por parte del Estado y por lo tanto se perpetúa.

 

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Relatoría de la niñez dijo que visitará Paraguay

Hoy, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones de los derechos humanos a niños/as y adolescentes en situación de calle en el Paraguay y especialmente en Ciudad del Este – Alto Paraná.

Vie, 21/10/2005

Washington, D.C. 21 de octubre de 2005

Hoy, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones de los derechos humanos a niños/as y adolescentes en situación de calle en el Paraguay y especialmente en Ciudad del Este – Alto Paraná.

Sólo en Ciudad del Este existen alrededor de 3.000 niños en situación de calle entre 6 y 18 años, los/as cuales -en muchos de los casos- son explotados. Esta población es víctima de procedimientos judiciales, policiales y administrativos, ilegales y arbitrarios, que los/as privan de su libertad.

Una práctica preocupante contra esta población es que las redadas fueron instaladas de manera permanente en Ciudad del Este. Se desconoce oficialmente el paradero de los niños/as y adolescentes redados y las prácticas represivas contra ellos/as se han agravado. Ante esta situación las organizaciones de derechos humanos del Paraguay presentaron un recurso de habeas corpus genérico ante la Corte Suprema de Justicia, pero este fue rechazado.

En la audiencia celebrada ante la CIDH los peticionarios denunciaron estos hechos violatorios de los derechos humanos, que también contravienen la Convención sobre los Derechos de la Niñez y recordaron que en el país están vigentes estas leyes internacionales.

Frente a la exposición de estos hechos el Relator de la niñez de la Comisión Interamericana, Paulo Sergio Pinheiro, expresó que esta información sería remitida al Estado. Y manifestó su interés por conocer más de cerca esta situación para lo que podría visitar Paraguay –antes de fines de este año- para observar las condiciones de los niños y las niñas en situación de calle.

 

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Organizaciones de derechos humanos venezolanas ante la CIDH

Los obstáculos para la administración de justicia, el accionar de cuerpos parapoliciales, el precario estado de las cárceles, los hostigamientos al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos y las intimidaciones a quienes intentan ejercer el derecho a la libertad de expresión en Venezuela fueron planteados hoy por distintas organizaciones venezolanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Vie, 21/10/2005

Washington, D.C. 21 de octubre de 2005

Los obstáculos para la administración de justicia, el accionar de cuerpos parapoliciales, el precario estado de las cárceles, los hostigamientos al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos y las intimidaciones a quienes intentan ejercer el derecho a la libertad de expresión en Venezuela fueron planteados hoy por distintas organizaciones venezolanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En calidad de peticionarios, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cofavic, Provea, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el Observatorio Nacional de Prisiones de Venezuela y el Instituto Prensa y Sociedad fueron recibidos en audiencia en el marco del 123° período ordinario de sesiones que la CIDH está celebrando en su sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.

Las organizaciones venezolanas expresaron a la CIDH su preocupación por la falta de independencia y autonomía de los jueces y fiscales del ministerio público así como el carácter provisorio de la mayoría de los jueces y la aplicación de la justicia militar a civiles y a militares retirados. Los peticionarios le solicitaron a la CIDH que inste al Estado venezolano a respetar los estándares internacionales en materia de administración de justicia de manera de garantizar la imparcialidad y objetividad de quienes tienen a cargo dicha tarea.

La precaria situación de las cárceles venezolanas también fue expuesta ante la CIDH, la cual incluye el hacinamiento de reclusos, la brutalidad policial a la que éstos son sometidos y el retraso en el dictado de sentencias. Entre los aspectos que revisten mayor gravedad, se señaló que en las cárceles venezolanas muere en forma violenta un recluso por día, que la edad carcelaria oscila entre los 18 y 30 años y la mayoría de las penas corresponden a delitos patrimoniales. Las organizaciones venezolanas solicitaron a la CIDH que interfiera para que el Estado implemente una mejora sustancial en las actuales condiciones carcelarias de manera que se respeten plenamente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Asimismo, se informó que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los grupos parapoliciales continúan ocurriendo en Venezuela y al respecto se le solicitó a la CIDH que interceda para que el Estado lleve adelante investigaciones serias y efectivas que permitan la captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables.

CEJIL, Provea, la Vicaría de Caracas y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), informaron también a la CIDH sobre los obstáculos que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en el desempeño de sus tareas, las cuales están directamente relacionadas tanto con la construcción y consolidación de la democracia y el estado de derecho como con la vigilancia y consolidación del respeto a los derechos humanos. Los representantes de las organizaciones venezolanas presentaron información detallada sobre las distintas violaciones que sufren como resultado de su trabajo. Intimidaciones, amenazas, interferencia a sus comunicaciones, campañas de desprestigio, inicio de procesos judiciales, utilización de leyes claramente violatorias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros, fueron algunos de los ejemplos citados.

En este contexto, los peticionarios señalaron la absoluta desprotección en que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos debido a la negativa del Estado venezolano de acatar las solicitudes de medidas cautelares (de protección) requeridas por la CIDH a favor de defensores y defensoras de derechos humanos. Al respecto, expresaron que este desconocimiento tiene una especial gravedad, la cual se acentúa con el incumplimiento sistemático de las medidas provisionales otorgadas por la Corte, cuando el Estado realiza actuaciones orientadas a desconocer expresamente la competencia del alto tribunal. Se señaló además que es especialmente preocupante cuando las autoridades venezolanas criminalizan la actuación de los defensores y defensoras de derechos humanos ante el sistema interamericano acusándolos de conspiradores o recurriendo a la descalificación pública de su trabajo. Sobre este tema en particular, los peticionarios le solicitaron a la CIDH que preste especial y mayor atención, la cual se comprometió a hacerlo.

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, la Asociación Espacio Público y CEJIL brindaron información detallada sobre los problemas con que se enfrentan quienes intentan ejercer la libertad de expresión en Venezuela. Mencionaron un sustantivo incremento de amenazas, hostigamientos y agresiones cometidos contra periodistas y medios de comunicación en los últimos tres años. Asimismo se hizo referencia al uso creciente del aparato judicial como un medio para intimidar y acallar el trabajo periodístico a través del uso excesivo de la figura de calumnias e injurias. Las organizaciones informaron también sobre los obstáculos con que se enfrentan los medios de comunicación y los periodistas para el ejercicio pleno de su derecho a la expresión tras la aprobación de la controvertida ley de contenido y la reforma del código penal. Informaron que como consecuencia de estas reformas, un número importante de programas de opinión han salido del aire, lo cual repercute negativamente en la posibilidad de llevar adelante desde los medios de comunicación un debate abierto y pluralista sobre el proceso político que está viviendo el país.

Por último, CEJIL y las organizaciones venezolanas que participaron de estas audiencias pidieron que el Relator de la CIDH para Venezuela realice una visita al país lo antes posible de manera tal de evaluar la situación de los derechos humanos y que se incorpore la información brindada en el próximo informe de seguimiento al Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela publicado en el año 2003.

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