Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Analizan caso de niñas desaparecidas en El Salvador

Jue, 20/07/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 125 período extraordinario de sesiones que se celebra en Guatemala, para denunciar que El Salvador continúa violando los derechos humanos de las hermanas Ana Julia y Carmelina, ambas Mejía Ramírez, quienes desaparecieron hace 25 años.

 

Las niñas, de 15 y 7 años de edad, respectivamente, fueron capturadas en el contexto de la masacre del Mozote, el 13 de diciembre de 1981, por militares integrantes del Batallón Atlacatl durante un operativo conocido como “Operación Rescate”, en el norte del departamento de Morazán. Desde entonces, se desconoce su paradero.

 

Durante la audiencia, celebrada el día de ayer, las organizaciones denunciantes solicitaron a la CIDH que envíe el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado de El Salvador no sólo es el responsable de la desaparición de las niñas, sino que también se ha negado a investigar los hechos y a sancionar a los responsables. Pese a ello, el Estado negó su responsabilidad en la desaparición de las niñas, así como la existencia de un patrón de desapariciones forzadas de niños y niñas durante el conflicto armado.

 

CEJIL y Pro Búsqueda argumentaron que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño, en marzo del 2005, por no dar una respuesta efectiva a la desaparición de otras dos niñas desaparecidas, Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y que ante esa instancia diversos testimonios y peritajes dieron fe de la existencia del patrón que niega el Estado.

 

Las organizaciones señalaron a la Comisión Interamericana que mientras el Estado salvadoreño persista en su negativa no realizará acciones reales que den con el paradero de cientos de niños y niñas desaparecidas, entre ellas las hermanitas Mejía, ni reivindicará los derechos de sus familiares. Por eso la necesidad de que el caso sea enviado a la Corte Interamericana.

CEJIL expresa preocupación por proyecto de ley en Venezuela

Vie, 07/07/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa gran preocupación por el proyecto de ley sobre cooperación internacional que se discute en la Asamblea Nacional de Venezuela, el cual puede convertirse en un grave obstáculo para el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en ese país.

 

El pasado 13 de junio la Asamblea Nacional Venezolana aprobó, en primera discusión, el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que establece un régimen jurídico que regulará, entre otros aspectos, el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales locales y de las internacionales que realicen actividades en Venezuela. De acuerdo al texto del proyecto, el Estado venezolano crearía los organismos administrativos y financieros destinados a organizar y supervisar la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, acciones y actividades que se lleven a cabo en materia de cooperación internacional. Dentro de ese marco general, el proyecto prevé la regulación y control de las organizaciones no gubernamentales, y específicamente, de sus objetivos, actividades y fuentes.

 

El capítulo 3 del proyecto se refiere a la participación social en la cooperación internacional y establece, entre otros puntos, que las organizaciones no gubernamentales deben registrarse ante un órgano estatal para lo cual deben cumplir con los requisitos fijados por la ley. CEJIL no desconoce las atribuciones legítimas que tienen los Estados para regular adecuadamente la convivencia de sus sociedades. Sin embargo, llama la atención del Estado venezolano para que, al momento de establecer los requisitos para el registro de organizaciones no gubernamentales y los mecanismos de verificación de cumplimiento de los mismos, no se creen interferencias u obstáculos, ni directos ni indirectos, que impidan o entorpezcan el funcionamiento autónomo de estas organizaciones ni el ejercicio normal de sus actividades.

 

CEJIL considera que los términos en los que fue aprobado el proyecto de ley en su primera discusión podrían afectar negativamente el funcionamiento y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en general. De este modo, se estaría generando en Venezuela un escenario propicio para obstaculizar, a través de vías legislativas e institucionales, el funcionamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos y otras organizaciones sociales. El proyecto prevé, entre otros aspectos de preocupación, una injerencia indebida del Estado en los fines y en las actividades de estas organizaciones, que podría afectar varios de los derechos humanos protegidos en la Convención Americana y en la propia Constitución venezolana, entre ellos, el derecho de asociación.

 

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó los controles administrativos y financieros arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos como uno de los problemas más comunes que enfrentan los defensores y defensoras de estos derechos en la región. Al respecto, en su informe de situación de defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas, la Comisión señaló que en algunos Estados se ha restringido “de manera arbitraria la financiación internacional de las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, a través de la acción de control que realizan instituciones estatales dedicadas a la cooperación técnica internacional.”

 

La CIDH también reconoce en su informe que “los Estados tienen la facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones, incluyendo las organizaciones de derechos humanos. No obstante el derecho de asociarse libremente sin interferencias prescribe que los Estados deben asegurar que dichos requisitos legales no impedirán, retrasarán o limitarán la creación o funcionamiento de estas organizaciones, so pena de incurrir en responsabilidad internacional.”

 

En consonancia con lo dicho por la CIDH, CEJIL reconoce la autonomía que tiene el Estado venezolano de regular los términos de cooperación internacional. Sin embargo considera importante señalar que el Estado está también obligado a ejercer esta facultad preservando la libertad de asociación de las personas y en un marco de pleno respeto a los derechos humanos y acorde tanto con su Constitución como con sus obligaciones adquiridas en los tratados internacionales que ha firmado y ratificado.

 

CEJIL también señala su profunda preocupación por las expresiones descalificadoras e intimidatorios de algunos congresistas venezolanos a raíz de las críticas manifestadas por representantes de organizaciones no gubernamentales venezolanas al proyecto de ley. El debate público sobre normas de interés público y social, respetuoso de la crítica y las diferencias, propias de una sociedad plural y democrática, debe ser garantizado por todos los órganos del Estado.

 

CEJIL urge al Estado venezolano a ajustar el contenido del actual proyecto de ley a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de manera de garantizar el pleno respeto de todos los derechos, y, de modo particular, del derecho de asociación. Asimismo, solicita al Estado de Venezuela respetar y garantizar a los miembros y representantes de las organizaciones no gubernamentales el libre y pleno ejercicio del derecho de libertad de pensamiento y expresión.

Fallo de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca impide declaraciones de violadores de derechos humanos

Jue, 29/06/2006

La Corte de Constitucionalidad guatemalteca (CC) otorgó hace dos días un amparo provisional al General Efraín Ríos Montt, lo que significó suspender las audiencias judiciales programadas para que rindiera declaración ante un juez y fiscal españoles. El juez Santiago Pedraz y el fiscal Jesús Alonzo viajaron a Guatemala para indagar a varios acusados por la ejecución de cuatro sacerdotes españoles durante la época del conflicto interno guatemalteco y por los hechos ocurridos en la Embajada de España en ese país el 31 de enero de 1980.

 

Ese día, 29 campesinos y dirigentes de organizaciones populares ingresaron pacíficamente a la Embajada. Inmediatamente después, unos 400 policías rodearon la sede diplomática y pese a que el Embajador Dr. Máximo Cajal López les indicó que su presencia no era necesaria, los agentes estatales, por instrucciones de sus superiores, violaron la inmunidad diplomática y entraron a la Embajada. En ese momento se produjo una gran confusión y sobrevino un incendio. Hubo solamente dos sobrevivientes: el Embajador Cajal y el campesino Gregorio Yula. Ambos fueron internados en el Hospital Herrera Llerandi. El 1° de febrero, a las 8:30 de la noche un grupo fuertemente armado ingresó al Hospital y secuestró a Gregorio Yula. Posteriormente, su cuerpo sin vida fue arrojado desde un auto frente a la oficina del Rector de la Universidad de San Carlos. Al día siguiente el Gobierno de España rompió relaciones diplomáticas con Guatemala.

 

Una de las víctimas mortales del incendio de la Embajada fue Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, quien recibió el Premio Novel de la Paz en 1992. Ella y familiares de otras víctimas recurrieron en 1999 a la judicatura española ante la imposibilidad de obtener justicia en cortes guatemaltecas. En virtud del principio de jurisdicción universal, la Audiencia Nacional de España fue declarada competente para conocer los hechos denunciados, calificados por los denunciantes como genocidio. Los acusados son: Benedicto Lucas García, Óscar Mejía Víctores, Ángel Guevara Rodríguez, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo (ex jefe del comando Seis de la Policía Nacional), Donaldo Álvarez Ruiz (ex ministro de Gobernación) y Efraín Ríos Montt (ex presidente de facto).

 

Para recibir las declaraciones de los acusados, la autoridad judicial española solicitó apoyo a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), la que designó a un juez nacional para que auxiliara las diligencias. Estas serían realizadas en Guatemala del 26 de junio al 4 de julio del 2006. Con el fin de evitar ser indagados por la autoridad judicial española los acusados presentaron alrededor de 14 recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Este Tribunal decidió amparar provisionalmente al General Ríos Montt alegando que la información enviada por la CSJ sobre la asistencia judicial requerida por las autoridades españolas consistió en dos copias de la resolución que autorizó la diligencia, lo que no fue suficiente.

 

Esta decisión y la suspensión de las diligencias se presentan en un delicado contexto para las organizaciones de derechos humanos que han apoyado las investigaciones, en especial preocupan los señalamientos realizados por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) que las ha tildado como “fachadas” de la agresión comunista que buscan la destrucción del Ejército, desaparecer la propiedad privada y suprimir la libertad; y señalan el juicio español como un mal precedente para la gobernabilidad del país. Esta asociación incluso ha llamado públicamente a los oficiales especialistas, soldados, policías militares, comisionados militares, policías militares ambulantes, guardias de hacienda y patrulleros de Autodefensa Civil a estar “alerta”.

 

De hecho, según informes, varios activistas y organizaciones de derechos humanos ya han empezado a recibir amenazas e intimidaciones. La situación ha empeorado con el anuncio del Ejército de que el próximo 30 de junio desfilará en las calles guatemaltecas después de un decenio de la firma de los Acuerdos de Paz, lo que representa un serio retroceso para el proceso de democratización en el país.

 

 

CEJIL y WOLA como organizaciones regionales de derechos humanos que durante años han trabajado en Guatemala y denunciado internacionalmente la impunidad que impera en el país, consideran que el fallo constitucional hace incurrir al Estado en un incumplimiento de sus compromisos internacionales por no investigar, o permitir que se investigue, a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, hacen un llamado a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva el fondo del recurso de amparo antes del 4 de julio a fin de que los funcionarios judiciales españoles puedan recibir la declaración de los sindicados.

 

Tanto familiares de las víctimas del incendio de la Embajada, como organizaciones de derechos humanos han esperado con ansiedad el juzgamiento en España de los autores materiales e intelectuales de los hechos, toda vez que las autoridades guatemaltecas han demostrado su incapacidad para investigar y sancionar a graves violadores de derechos humanos.

 

 

Asimismo, ambas organizaciones exhortan al Ministerio de la Defensa de Guatemala para que no se realice el desfile militar anunciado dado que la actual coyuntura del país así lo demanda. Finalmente, piden al Gobierno de Guatemala garantizar la seguridad y protección de todos los testigos y personas que deben declarar ante la Audencia Nacional española, e investigar cualquier acto intimidatorio en contra de los defensores de derechos humanos.

 

Proyecto de ley panameño viola el derecho a la libertad de expresión

Jue, 22/06/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por las propuestas de reforma al Código Penal de Panamá presentadas por la Comisión Codificadora ante la Asamblea Nacional.

 

La reforma sugerida conlleva a aplicar penas de cárcel a los delitos de injurias y calumnias simples, los cuales actualmente son sancionados con días multa. Además, aumenta las penas de prisión, mínimas y máximas, para estos delitos cuando son castigados con privación de libertad. Asimismo se propone condenar a los periodistas que publiquen injurias o calumnias mencionadas por su fuente de información, a parte de crear un delito especial para los comunicadores sociales al referirse a que las noticias e investigaciones en estos casos, deben verificarse en lo “minimamente exigible.”

 

Esta propuesta de reforma no es consecuente con la reciente derogación de las leyes mordaza en Panamá, ni con la exhortativa de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recientemente llamó a los Estados a que se derogue la figura de desacato y “se eliminen las sanciones penales respecto a calumnia, difamación e injuria al menos en lo que se refiere a funcionarios públicos (…)”.

 

La CIDH ha señalado de manera reiterada que penar con cárcel los delitos de injurias y calumnias viola el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, contemplado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

Tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que la libertad de pensamiento y de expresión son fundamentales en una sociedad democrática y que ello es “condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre (…)”. Más aún, en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, la Corte reiteró que la libertad de expresión “no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. […]”

 

Por su parte, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la CIDH en octubre del 2002, establece que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos… atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.”

 

CEJIL espera que el Estado panameño no apruebe las reformas sugeridas, que honre sus compromisos internacionales y que respete las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizando el derecho a la libertad de expresión no sólo de quienes ejercen el periodismo en ese país, si no de todas las personas que habitan en su territorio.

Solicitan protección para ambientalistas hondureños

Vie, 02/06/2006

El pasado 31 de mayo, el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas urgentes de protección para garantizar la vida, la integridad y la libertad personal del sacerdote Andrés Tamayo, así como de Víctor Manuel Ochoa, René Wilfredo Gradis, Elvin Noé Lanza, Macario Zelaya, Pedro Amado Acosta, Heraldo Zúñiga y Santos Efraín Paguada. Todos ellos integrantes del MAO.

 

La solicitud se hizo a raíz de las recientes amenazas de muerte contra los ambientalistas, quienes han denunciado reiteradamente la tala ilegal de los bosques de Honduras, especialmente de Olancho, el departamento más grande del país. Hasta hace poco, y por primera vez en la historia de Honduras, tales denuncias tuvieron eco, pues el pasado 19 de mayo el Presidente Manuel Zelaya declaró una veda forestal inmediata de la tala de árboles en varios municipios de ese departamento y dio un plazo de una semana para que los madereros desmonten su infraestructura y retiren sus equipos.

 

Los explotadores de los bosques hondureños culpan al MAO, de la declaratoria presidencial. Es por esto que, el 29 de mayo, en el municipio de Samalá, decidieron darle un plazo de 48 horas al padre Andrés Tamayo, quien encabeza este movimiento, para que se vaya de la comunidad o de lo contrario, afronte las consecuencias. Estas amenazas fueron públicas e incluso cubiertas por la prensa.

 

Los líderes del MAO han sido amenazados en reiteradas ocasiones por sus actuaciones en defensa del ambiente. No obstante la situación se ha visto agravada por la reciente respuesta dada por el presidente Zelaya ante las persistentes acusaciones de este grupo ambientalista.

 

En reiteradas ocasiones se ha denunciado, nacional e internacionalmente, que en Honduras existe una práctica sistemática de asesinatos de líderes ambientalistas. Desde 1996 han sido asesinados tres integrantes del MAO, Carlos Luna, Carlos Flores y Mauricio Hernández; a la lista deben sumarse los defensores ambientalistas Jeannette Kawas y Carlos Escaleras, entre otros. Todos estos casos han quedado en la impunidad.

 

El Estado hondureño tiene la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a garantizar la integridad y la vida de los integrantes del MAO, así como crear las condiciones necesarias para que puedan continuar con la defensa del medio ambiente. Reconocemos la importancia de la decisión adoptada recientemente por el Presidente Zelaya y consideramos que esta debe ir acompañada por la identificación, procesamiento y sanción de todos los responsables de violación de los derechos de los defensores del medio ambiente.

 

 

Para más información sobre el caso consulte los siguientes enlaces:

 

1. Informe de admisibilidad de la CIDH del caso de Carlos Escaleras

http://www.cidh.org/annualrep/2005sp/honduras59.03sp.htm

 

2. Informe de admisibilidad de la CIDH del caso de Carlos Luna

http://www.cidh.org/annualrep/2004sp/honduras.60.03.htm

 

3. Informe de admisibilidad de la CIDH del caso de Blanca Jeannette Kawas

http://www.cidh.org/annualrep/2005sp/honduras61.03sp.htm

 

4. Reportes sobre la situación de la tala ilegal en Honduras

http://www.ciponline.org/central_america/reports/SPANISH%20FINAL%20NOV%2...

http://www.globalwitness.org/projects/honduras/index_sp.php

CEJIL valora decisión de la Corte Constitucional de Colombia sobre Ley de Justicia y Paz e insiste en su plena aplicación

Dom, 24/05/2009

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su satisfacción por el fallo de la Corte Constitucional colombiana sobre la Ley 975 de 2005, conocida como “Ley de Justicia y Paz”. Como han reconocido ya varias organizaciones de derechos humanos tanto colombianas como internacionales, la sentencia del alto tribunal protege los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. CEJIL considera que corresponde ahora al Estado colombiano, en cumplimiento con su obligación internacional de garantizar efectivamente los derechos de las víctimas reafirmados por la sentencia, dar plena aplicación de la misma a todos los miembros de los grupos armados vinculados al proceso de desmovilización.

 

“La decisión de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz es un avance importante en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano,” dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL. “Ahora Colombia tiene que reconocer que la versión de la ley aprobada por el Congreso fue violatoria de esos derechos, y garantizar que se aplique lo recientemente decidido por la Corte a todos los desmovilizados”.

 

En el marco de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Justicia y Paz, CEJIL presentó, junto con la Clínica de Derechos Humanos Allard K. Lowenstein de Yale Law School, un escrito amicus curiae (amigo de la corte) ante la Corte Constitucional en diciembre de 2005. CEJIL y la Clínica sostuvieron que la Ley de Justicia y Paz no cumplía con los estándares internacionales—ya incorporados al derecho colombiano mediante el llamado “bloque de constitucionalidad”—en materia de los derechos humanos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

 

En su fallo, la Corte Constitucional colombiana reconoció claramente que la Ley de Justicia y Paz es violatoria de los derechos de las víctimas, y la modificó, mediante la declaratoria de inconstitucionalidad de varias de sus disposiciones y la interpretación de otras en varios aspectos importantes. Respecto al derecho a la verdad, la Corte declaró que la confesión rendida por el desmovilizado debe ser completa y veraz; de no ser así, la persona pierde el beneficio de la rebaja de pena. Respecto al derecho a la justicia, la Corte estableció que los fiscales tendrán más tiempo para investigar los crímenes de los desmovilizados, les otorgó a las víctimas plenas facultades para actuar en todo el proceso penal y les prohibió a los desmovilizados computar como tiempo de privación de la libertad el tiempo que hubieran pasado en “zonas de ubicación.” Además determinó que la aplicación de la rebaja de pena debe ser condicionada también al buen comportamiento del desmovilizado en el futuro. Finalmente, respecto al derecho a la reparación, la Corte decidió que todo el patrimonio de los desmovilizados, y no solamente sus bienes ilícitamente adquiridos, quede a disposición de la justicia para garantizar la reparación a las víctimas. Esta última precisión tiene alcance no sólo para aquellos delitos cometidos de manera individual sino también para los delitos cometidos en grupo.

 

Si bien estas modificaciones constituyen avances significativos para la protección de los derechos de las víctimas, existe actualmente una discusión acerca de la aplicación de la sentencia a aquellas personas que ya se han desmovilizado. Teniendo en cuenta que más de 30.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ya se desmovilizaron y que más de 2.000 de ellos se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, CEJIL considera que aplicar la sentencia de la Corte solamente a aquellos que todavía no se han desmovilizado equivaldría a dejarla casi sin efectos reales para el proceso con las AUC.

 

En este sentido, CEJIL recuerda que Colombia tiene obligaciones internacionales respecto a la protección y garantía de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y que no puede invocar disposiciones de derecho interno para incumplir con estas obligaciones. La Corte Constitucional ha declarado la Ley de Justicia y Paz contraria a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, acogiendo estándares internacionales fundamentales de protección de estos derechos. En esta medida, el Estado colombiano debe abstenerse de tomar decisiones que, en la práctica, anulen la protección que la Corte otorga a las víctimas en su reciente decisión.

CEJIL y WOLA solicitan a Chile asegurar que Fujimori no evada a la justicia

Mié, 24/05/2006

Ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile de conceder a Alberto Fujimori la libertad provisional bajo fianza con prohibición de salir del país, CEJIL y WOLA exhortamos al Estado de Chile a garantizar que esta medida no se convierta en un obstáculo para el proceso de extradición que inició Chile a solicitud del Perú o facilite la evasión de la justicia por parte del ex presidente peruano acusado de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

 

Al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Chile asumió la obligación internacional de asegurar la investigación, juzgamiento y sanción a responsables de graves violaciones de derechos humanos. De manera de cumplir con esta obligación, el Estado chileno debería extraditar al ex presidente peruano o, de lo contrario, proceder a su juzgamiento.

 

Fujimori permaneció detenido en Santiago de Chile desde el 7 de noviembre de 2005, al día siguiente de llegar sorpresivamente a Chile, desde Japón, donde había permanecido durante cinco años, luego de huir del Perú, en medio de un escándalo de corrupción.

 

El 3 de enero de 2006 Perú solicitó a Chile la extradición de Alberto Fujimori. El ex presidente es requerido por la justicia peruana para ser investigado por graves violaciones a los derechos humanos y otros hechos de corrupción cometidos durante su gestión gubernamental. Fujimori debe responder por la masacre de Barrios Altos, ocurrida en 1991, en la que 15 personas fueron ejecutadas y cuatro más -entre ellas un niño- fueron heridas, y por las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, ocurridas en julio de 1992. Ambos casos han sido denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Las organizaciones firmantes reiteramos la responsabilidad internacional que tiene el Estado de Chile de evitar la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.

El pueblo Sarayaku en audiencia ante la CIDH

Mar, 14/03/2006

El día de ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) e integrantes del Pueblo Kichwa de Sarayaku, de Ecuador, participaron de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para avanzar en el trámite del caso pendiente ante dicho organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). La audiencia fue solicitada por el Estado ecuatoriano, que presentó cuatro testigos pertenecientes a comunidades vecinas a Sarayaku.

 

En 1996, Ecuador firmó un contrato con una empresa privada para la exploración y explotación petrolera en un bloque de tierra que se encuentra en el territorio del Pueblo Kichwa de Sarayaku. La firma del contrato se hizo sin consultar a la comunidad indígena. En defensa de la propiedad de sus tierras, el pueblo de Sarayaku intentó, sin suerte, impedir la entrada de la compañía a su territorio haciendo sus reclamos ante funcionarios de la empresa y del propio Estado. Las actividades de la petrolera han implicado, entre otras cosas, la tala de bosque, la movilización de tierra, vegetación y materiales, la colocación y detonación de explosivos, y la construcción de helipuertos y campamentos. Todo lo cual ha tenido un gran impacto en la vida comunitaria del Pueblo Sarayaku pues afectó su identidad cultural, su economía y el medio ambiente en que viven.

 

Al presentar el caso ante el sistema interamericano, el Pueblo de Sarayaku, CDES y CEJIL alegaron que al firmar dicho contrato, y al permitir y apoyar el desarrollo de actividades en el territorio de Sarayaku, Ecuador restringió ilegítimamente el derecho de sus habitantes a la propiedad colectiva, afectándose, asimismo, otros derechos económicos, sociales y culturales también consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha sido firmada y ratificada por dicho país.

 

Además, los peticionarios sostuvieron que Ecuador no ha adoptado las medidas necesarias para adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana, ya que no ha establecido un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas respecto de asuntos que afecten sus intereses.

 

Las organizaciones y el Pueblo de Sarayaku le solicitaron a la CIDH que establezca la responsabilidad internacional del Estado por haber violado los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, a las garantías judiciales y protección judicial y a la cultura del Pueblo Sarayaku. Además, le pidieron a la Comisión Interamericana que recomiende al Estado adoptar las medidas adecuadas a fin de reparar los daños producidos a las víctimas y asegurar que no se repitan los hechos. Tras escuchar las peticiones, el Estado de Ecuador presentó una propuesta para solucionar el caso por la vía amistosa, la cual será considerada por las víctimas y sus representantes.

 

Audiencias de Perú ante la CIDH

Lun, 13/03/2006

El 11 de marzo pasado el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participó de cuatro audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sobre diferentes cuestiones relacionadas con derechos humanos en Perú. Los temas tratados fueron el cumplimiento que el Estado peruano le está dando a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la obligación estatal de investigar y juzgar crímenes internacionales, la justicia militar y el problema de la discriminación por orientación sexual. CEJIL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) presentaron información y una serie de peticiones a la CIDH. Representantes del Estado peruano estuvieron presentes en todas las audiencias.
 
En la audiencia de seguimiento a las recomendaciones de la CVR, CEJIL y la CNDDHH le plantearon a la CIDH que el Estado aún tiene pendiente el cumplimiento de algunos de los compromisos asumidos en el área de justicia, reparación a las víctimas y reformas institucionales. Estas recomendaciones forman parte del informe final que la CVR presentó al Estado peruano en agosto de 2003. Se señaló específicamente que en estas áreas no se ha avanzado lo suficiente y que, incluso, en algunas se detectan retrocesos, sobre todo en la lucha contra la impunidad y las reparaciones a las víctimas. Se le pidió a la CIDH que ordene al Estado la investigación completa y efectiva de las amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, víctimas, testigos y operadores de justicia derivadas del avance en los juicios por violación de derechos humanos. Asimismo las organizaciones solicitaron a la Comisión que realice una visita a Perú después del cambio de gobierno por la importancia que tiene la implementación de estas recomendaciones para la conformación de una democracia inclusiva.
 
La segunda audiencia del día trató sobre la obligación de los Estados de investigar y juzgar a responsables de crímenes internacionales. En la misma se le extendió una solicitud a la CIDH para que ésta se pronuncie respecto de la obligación que tienen los Estados miembros de la OEA de garantizar colectivamente la implementación de las decisiones de los órganos del sistema interamericano, y la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de crímenes internacionales, así como de cooperar entre sí para posibilitar el cumplimiento de dicha obligación por parte de los demás Estados.
 
En cuanto a la justicia militar en Perú, las organizaciones denunciaron la existencia de legislación abiertamente incompatible con los estándares internacionales en materia de competencia, independencia e imparcialidad de los jueces. En concreto se refirieron a la ley de organización, funciones y competencia de la jurisdicción especializada en materia penal militar policial (Ley 28665) y el Código de Justicia Militar Policial (CJMP).
 
Se señaló que la Ley 28665 y el CJMP desconocen el carácter excepcional y restrictivo que debe tener la jurisdicción militar en sociedades democráticas. Según la citada ley los militares en actividad integran la jurisdicción militar. En cuanto al Código, permite que las violaciones de derechos humanos sean juzgadas por tribunales militares ya que tipifica como delitos conductas que afectan bienes jurídicos de carácter común y no militar. En este sentido, se hizo referencia a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que la justicia militar sólo puede aplicarse a militares.
 
La audiencia temática para analizar la situación de discriminación por orientación sexual en Perú fue solicitada por el Estudio para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (DEMUS), el Movimiento Homosexual de Lima (MOHL) y CEJIL. Se informó sobre varias prácticas discriminatorias y violentas contra gays y lesbianas que se dan tanto en el ámbito laboral, como en la vía pública y los comercios. Se le pidió a la CIDH que aplique los estándares de otros sistemas internacionales de protección para los casos que tiene en trámite sobre temas de discriminación sexual. También se le pidió a la CIDH que inste al Estado a tomar medidas positivas para erradicar prácticas socio-culturales y discursos adversos a la libre expresión de identidades, actitudes y prácticas de género y sexuales que no se ajustan a lo heterosexual.
 

ONG´s pidieron pronta visita de la CIDH a Venezuela

Lun, 13/03/2006

Organizaciones venezolanas de derechos humanos expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aspectos preocupantes ligados al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela y solicitaron que la CIDH visite el país de manera pronta. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acompañó la presentación y la solicitud de visita realizada por las organizaciones presentes. Además de CEJIL participaron en la audiencia, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el Servicio Jesuita de Refugiados, COFAVIC, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Espacio Público. La audiencia contó también con la presencia de representantes del Estado venezolano y se llevó a cabo en el marco del 124° período de sesiones que se está celebrando en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.
 
Las organizaciones se refirieron a la tendencia sostenida de parte de distintas autoridades del Estado a la descalificación pública del trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Esta actitud de descrédito, informaron las organizaciones, se refleja tanto al interior del país como en las gestiones realizadas por defensores y defensoras ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Manifestaron asimismo que dicha actitud no sólo afecta el trabajo de protección que realizan estas personas sino que además coloca a las víctimas que éstos protegen en una situación de desprotección.
 
Para ilustrar la situación, CEJIL y las organizaciones venezolanas se refirieron a lo sucedido con las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana para los reclusos del Internado Judicial La Pica. Al respecto, se informó que días antes que tuviera lugar una audiencia pública de dicho tribunal se sucedieron una serie de descalificaciones públicas y permanentes sobre el trabajo realizado por la organización que representó a las víctimas beneficiarias de dichas medidas (el Observatorio Venezolano de Prisiones), llegando a ser algunas de ellas inclusivo agresivas. En la resolución de la Corte que ratificó y amplió las medidas provisionales, dicho tribunal hizo una especial referencia a la obligación del Estado de proteger y respetar el trabajo de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
 
Se hizo mención de otras organizaciones que también han sido víctimas de descalificación y deslegitimación de su trabajo por parte de autoridades estatales. Ellas son COFAVIC, la Comisión de Justicia y Paz de Aragua y el Observatorio Venezolano de Prisiones.
 
Al finalizar sus presentaciones, CEJIL y las organizaciones presentes realizaron una serie de peticiones a la CIDH. En primer lugar le pidieron que inste al Estado venezolano a reconocer la legitimidad del trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos. En materia legislativa, solicitaron que la CIDH dé seguimiento a los anteproyectos y proyectos de ley existentes en Venezuela que puedan afectar, obstaculizar o amenazar la labor que realizan los defensores y las defensoras para que, en caso que sea necesario, pueda hacer las debidas advertencias. Por último pidieron que la CIDH realice una pronta visita al país incorporando en su agenda como tema de suma prioridad todo lo relacionado con la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.
 

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