Quince mujeres ex presas políticas presentan ante la CIDH una petición contra Uruguay por tortura y violencia sexual durante el terrorismo de Estado

• CEJIL y Flor de María Meza Tananta presentaron ante la CIDH una petición en representación de 15 mujeres ex presas políticas y familiares.  
• La petición plantea la dimensión de género de la violencia sexual y la tortura sufridas durante el terrorismo de Estado en Uruguay.  
• Las víctimas recurren al sistema interamericano tras más de 14 años de procesos judiciales sin una respuesta definitiva. 

Montevideo, Uruguay. 24 de septiembre de 2026. – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la abogada Flor de María Meza Tananta presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado de Uruguay, en representación de 15 mujeres ex presas políticas y familiares de algunas de ellas. La petición denuncia detenciones ilegales y arbitrarias, tortura y violencia sexual sufridas durante el terrorismo de Estado y solicita que se determine la responsabilidad internacional del Estado y se adopten medidas de reparación integral. 

Las 15 mujeres representadas forman parte del grupo de 28 mujeres que en octubre de 2011 presentó una denuncia colectiva ante la justicia uruguaya por violencia sexual y otras formas de tortura cometidas en su contra por agentes estatales cuando fueron detenidas ilegalmente durante la dictadura uruguaya (1973-1985). Más de 14 años después de la denuncia, la causa penal continúa sin una resolución definitiva y la mayoría de los responsables no han sido juzgados ni sancionados.  

“A pesar de que han pasado más de 40 años de la recuperación democrática, casi 15 años de la anulación de la Ley de Impunidad, de la presentación de nuestra denuncia, y de que durante todos estos años se han producido múltiples pronunciamientos y recomendaciones por parte de organismos internacionales, no hemos obtenido reparación integral por parte del Estado”, afirmaron en un comunicado conjunto leído durante una conferencia de prensa.  

La petición presentada ante la CIDH pone especial énfasis en la dimensión de género de la violencia ejercida contra las mujeres. La documentación presentada sostiene que la represión no se produjo a través de hechos aislados, sino en el marco de un plan sistemático en el que la violencia sexual fue utilizada como método de tortura. Las mujeres fueron perseguidas y castigadas tanto por su militancia como por su condición de mujeres, y sus cuerpos, su sexualidad y sus vínculos maternos y familiares fueron utilizados como instrumentos de sometimiento y castigo. 

“A pesar de que han transcurrido varias décadas desde que ocurrieron los hechos, y del profundo sufrimiento que estos causaron en la vida de las mujeres, ellas siguen esperando justicia y reparación por el daño causado. La petición busca entonces, no solo establecer la responsabilidad del Estado por los graves hechos de tortura y violencia sexual cometidos en su contra, sino por las omisiones de las autoridades que estaban llamadas a investigarlos, juzgarlos y sancionarlos y a reparar el daño causado”, aseguró Johanna González, abogada de CEJIL.  

La denuncia colectiva de 2011 dio lugar a distintos procesos judiciales. Las víctimas debieron prestar declaración nuevamente en 2012 y 2020, en un proceso que no incorporó adecuadamente sus necesidades de cuidado y estuvo marcado por prácticas revictimizantes, además de demoras y obstáculos para el esclarecimiento de los hechos. La investigación también estuvo afectada por la aplicación de la Ley de Caducidad y por una inadecuada calificación jurídica de los hechos. En 2021, a pedido de las mujeres víctimas, CEJIL y la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República, la Comisión celebró una audiencia temática pública sobre la falta de acceso a la justicia y el casi nulo avance del proceso penal iniciado por las víctimas.  

En la presente petición, las representantes sostienen que el Estado incumplió sus obligaciones de investigar con debida diligencia reforzada los hechos de violencia sexual y tortura, garantizar recursos judiciales efectivos y brindar una respuesta dentro de un plazo razonable. También plantean vulneraciones relacionadas con el derecho a la verdad, la igualdad, el proyecto de vida y la reparación integral.
 

“Han pasado 15 años desde que estas mujeres acudieron a la justicia, y durante todo este tiempo han seguido reclamando una respuesta. La petición ante la CIDH busca que este reclamo sea escuchado y que el Estado avance finalmente en garantizar verdad, justicia y reparación con perspectiva de género”, declaró Flor de María Meza Tananta, abogada de las mujeres.  

La petición solicita a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado uruguayo y recomiende, entre otras medidas, la investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables; medidas de satisfacción y reconocimiento de responsabilidad; garantías de no repetición; capacitación de fuerzas de seguridad y operadores de justicia; medidas de rehabilitación e indemnización; y una reparación integral que contemple los daños y las consecuencias que persisten hasta el presente. Esta presentación constituye un nuevo paso en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas.