30 de octubre de 2026 Comunicado de Prensa

Colectivo 46/2 y GHREN analizaron vías de rendición de cuentas para Nicaragua ante la ONU

• Denunciaron las desapariciones forzadas, las muertes bajo custodia estatal, la persecución de personas defensoras y el cierre del espacio cívico en Nicaragua. 

NUEVA YORK, 30 de octubre de 2026. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU su informe “Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, que documenta la intensificación de la persecución contra personas opositoras o percibidas como tales. 

Durante el diálogo interactivo, delegaciones de Costa Rica, Chile, Georgia, Polonia, Uruguay, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Brasil, Panamá y la Orden Soberana de Malta, junto con la Unión Europea, expresaron preocupación por las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, el desmantelamiento institucional y la represión transnacional, incluida la persecución de personas exiliadas y la privación arbitraria de nacionalidad. También reconocieron la labor del GHREN y reiteraron llamados a la liberación de las personas presas políticas, la protección de las víctimas y la rendición de cuentas. 

El GHREN y el Colectivo 46/2 celebraron también el evento paralelo “Derechos Humanos en Nicaragua: avanzando hacia la rendición de cuentas”, co-patrocinado por la Misión Permanente de Chile ante la ONU. En la apertura, el embajador Roberto Ampuero enfatizó la necesidad de orientar los esfuerzos internacionales hacia el restablecimiento de las instituciones democráticas, el acceso a la justicia y la protección de las víctimas. 

Cierre del espacio cívico y profundización de la represión 

Las organizaciones del Colectivo 46/2 denunciaron que, desde 2018, el régimen ha cancelado la personería jurídica de más de 5.660 organizaciones de la sociedad civil, clausurado o confiscado 61 medios independientes, forzado al exilio a más de 300 periodistas y privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 personas. A ello se suma un número indeterminado de personas en situación de apatridia de facto por la negativa a emitirles pasaportes u otros documentos de identificación, así como la represión transnacional en países de acogida como Costa Rica, donde persisten amenazas y riesgos para las personas nicaragüenses exiliadas. 

A octubre de 2026, al menos 72 personas permanecían detenidas por motivos políticos, de las cuales 33 se encontraban en situación de desaparición forzada. De ellas, 16 son mujeres y 16 personas adultas mayores. Estas cifras representan un subregistro debido al temor de las familias a denunciar. 

Las organizaciones también alertaron sobre los impactos diferenciados de la represión contra las mujeres defensoras y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Desde 2018, más de 300 defensoras de derechos humanos han sido detenidas arbitrariamente o judicializadas. 

En los territorios indígenas y afrodescendientes, los ataques de colonos armados, la imposición de estructuras paralelas de gobierno, la falta de saneamiento territorial y las concesiones mineras profundizan la vulneración de la autonomía indígena. Se han identificado 75 lotes mineros que afectan a 19 áreas protegidas, dos reservas de la biosfera y 18 de los 21 territorios titulados en la Costa Caribe. Además, las concesiones mineras en manos de empresas chinas abarcan el 12,5% del territorio nacional. 

Por su parte, Rosa María Payá, comisionada de la CIDH y relatora para Nicaragua, destacó por videoconferencia la perseverancia de las víctimas en su búsqueda de justicia y advirtió que la falta de cooperación del régimen no debe obstaculizar la rendición de cuentas. Subrayó la necesidad de traducir la documentación de las violaciones en medidas concretas de protección, preservación de pruebas y justicia. 

Ataques a la independencia judicial y al ejercicio de la abogacía 

Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, advirtió sobre la exclusión arbitraria de aproximadamente 2.000 profesionales de la abogacía del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2026, sin notificación, justificación ni garantías de debido proceso. 

Señaló que estas medidas se suman a amenazas, vigilancia, hostigamiento, exilio forzado y desapariciones contra quienes han defendido a personas presas políticas o denunciado abusos estatales, debilitando la independencia de la profesión jurídica, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia. 

Cuatro vías para la rendición de cuentas 

Ante la falta de cooperación del régimen, Reed Brody, experto del GHREN, recordó que el Grupo ha identificado a 56 personas respecto de las cuales existen motivos razonables para creer que son responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, entre ellas altos funcionarios, integrantes de las fuerzas de seguridad y operadores de justicia. En este contexto, destacó cuatro vías internacionales para avanzar hacia la rendición de cuentas. 

Estas incluyen demandas interestatales ante la Corte Internacional de Justicia por la privación arbitraria de nacionalidad; la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional por crímenes transfronterizos, como la deportación forzada hacia Estados parte del Estatuto de Roma; el ejercicio de la jurisdicción universal para investigar y juzgar crímenes internacionales en terceros países, como ya ocurre en Argentina; y la adopción de sanciones selectivas contra responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidas personas identificadas por el GHREN que aún no han sido sancionadas. 

Finalmente, las organizaciones reiteraron que la documentación de las violaciones debe traducirse en acciones concretas de justicia y protección, indispensables para combatir la impunidad y avanzar hacia el restablecimiento del Estado de derecho en Nicaragua. 

El Colectivo 46/2 es una coalición conformada por 23 organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, regionales e internacionales que informa periódicamente a la comunidad internacional sobre la falta de acciones del régimen de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.