27 de agosto de 2009 Comunicado de Prensa

Organizaciones cuestionan ante la CIDH independencia judicial en El Salvador y Honduras

San José,

 

El pasado 20 de julio asociaciones de jueces hondureñas y salvadoreñas acompañadas por otras organizaciones y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participaron en dos audiencias para dar a conocer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los obstáculos que enfrentan los jueces para actuar de manera independiente en cada país.

La primera audiencia acerca de la situación hondureña fue solicitada por la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras y CEJIL. Las organizaciones expusieron sobre las influencias político partidistas que sufren cotidianamente los operadores de justicia y que afectan la independencia judicial. Al respecto se mencionó cómo la reforma constitucional del año 2001 que varió el período de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la modalidad de su elección ha resultado insuficiente para eliminar dichas influencias. Según se informó, en la actualidad la conformación de la Corte Suprema se divide con 8 magistrados vinculados a un partido político mayoritario y 7 a otro.

También se denunció que los nombramientos de jueces y juezas excepcionalmente se hacen por concurso, pues la mayoría de éstos obedecen a influencias políticas o amiguismos. Los ascensos y traslados son posibles en la medida en que los jueces sean afines a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia o a algún otro poder político, señalaron los peticionarios.

Por su parte, la Asociación de jueces ha tenido dificultades para obtener personalidad jurídica lo que afecta el derecho de asociación de los funcionarios. Además, denunciaron que se restringe la libertad de expresión de los empleados judiciales y que incluso un juez fue sancionado por publicar un artículo en un medio de prensa escrito.

Al finalizar la audiencia las organizaciones solicitaron el cese de todas las medidas que limitan los derechos y libertades de los jueces, juezas y magistrados y pidieron a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia abstenerse de realizar cualquier acto que pueda constituir una injerencia en las decisiones de estos. Además abogaron por la necesidad de crear un Consejo de la Judicatura y principalmente que se garantice su independencia de la Corte Suprema de Justicia.

Ese mismo día, el Instituto de derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), el Foro de Jueces Democráticos e Independientes de El Salvador, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, la Asociación de Jueces por la Democratización de la Justicia en El Salvador y CEJIL, expusieron ante la CIDH un informe sobre las amenazas institucionales a la independencia judicial en El Salvador.

Los peticionarios relataron que, con el fin de frenar la delincuencia, en los últimos años el gobierno salvadoreño ha acudido a la adopción de normas que violan las garantías judiciales de los imputados. Tal es el caso de la llamada Ley antimaras, que en lugar de penar conductas, establecía penas por la presencia de tatuajes, una determinada forma de vestir, etc. Frente a ello, los jueces, en uso de sus facultades institucionales se negaron a aplicar estas normas, por lo que han venido siendo objeto de ataques por parte del Órgano Ejecutivo, quienes los han calificado como “malos jueces¨y jueces que apoyan la delincuencia.

Además, se han adoptado normas que atentan contra la independencia judicial. Por ejemplo, se ha establecido como delito el levantamiento del velo a testigos sin rostro; se han limitado las facultades de los jueces para inaplicar normas que consideran inconstitucionales y más recientemente se han creado jueces especiales para el conocimiento de ciertos delitos, cuyo proceso de nombramiento y juramentación ha sido cuestionado.

En ambas audiencias las organizaciones solicitaron a la CIDH que visite los respectivos países y realice un informe acerca de la independencia judicial en Centroamérica.

 

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