29 de septiembre de 2026 Blog Por seidy

Un homenaje a las apuestas, luchas y sueños compartidos

Este 29 de septiembre, en el Palacio Nacional de Guatemala,  nuestra directora para Centroamérica y México, la Dra Claudia Paz y Paz Bailey recibió el nombramiento de Mensajera de la Paz durante la ceremonia del Cambio de la Rosa de la Paz.  Esta ceremonia, que se realiza en el aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, es una distinción honorífica que otorga el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Cultura y Deportes, para reconocer a personas o instituciones con una trayectoria relevante que promueve la cultura de paz.

En su discurso, la Dra Paz y Paz habló de memoria, justicia, democracia y de los desafíos que Guatemala aún tiene pendientes. A continuación reproducimos sus palabras.

«Buenos días, señor presidente, doctor Bernardo Arévalo de León. Muchas gracias por invitarme a este importante acto. Saludo a los representantes de la comunidad internacional que hoy nos acompañan, a los integrantes del Ejecutivo, señor Elvyn Diaz, Director de la COPADHE, y a mis compañeras y compañeros del movimiento de defensa de los derechos humanos. Me emociona encontrarles aquí, en Guatemala, en un día tan especial, en el que recibo el nombramiento de Mensajera de la Paz. Al ser honrada con esta distinción, siento que también son honradas nuestras apuestas, nuestras luchas y nuestros sueños compartidos.

Este mes de septiembre se cumplen tres décadas de la firma del Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. No me cuesta remontarme a lo que ocurrió hace treinta años: entonces éramos un grupo de jóvenes defensores de derechos humanos, con ese arrojo que solo da la juventud y con una apuesta firme por la paz. Para nosotros, la firma de la paz representó un parteaguas en la historia de nuestro país. Quienes nacimos durante el conflicto armado —y cuya niñez, adolescencia y juventud estuvieron marcadas por las graves violaciones a los derechos humanos de la guerra— sentíamos que aportar al proceso de construcción de  una sociedad democrática fue cumplir no sólo nuestros sueños, sino que también el de muchos guatemaltecos y guatemaltecas que no escatimaron esfuerzos y asumieron riesgos, e incluso perder su vida, para que hoy podamos reunimos en este recinto, entonces  utilizado para elaborar planes en contra de los derechos del pueblo y ahora un espacio para celebrar la  paz, democracia y derechos humanos.

Para las y los que vivimos un sistema de justicia heredado del régimen colonial el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, firmado en 1996 es fundamental para ajustar nuestras leyes de administración de justicia al régimen constitucional, pues contempla entre otros la obligación del Estado de: a) aprobar un nuevo código penal acorde a los derechos humanos; b) modificar las leyes procesales para incluir la oralidad y mecanismos  que permitan la solución expedita de conflictos y garanticen la restitución de derechos afectados; c) mejoras del servicio de justicia en todos los idiomas nacionales para garantizar un acceso a la justicia en igualdad; y no menos importante, reformas constitucionales para que los magistrados de Salas de Apelaciones ingresen al régimen de carrera judicial.  Todos estos temas siguen vigentes y lamentablemente pendientes en la agenda de fortalecimiento de la justicia luego de 30 años de firmados los Acuerdos de Paz.

El texto establece que las reformas a la administración de justicia deben dirigirse a «impedir que ésta genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción». Asimismo, señala que el proceso judicial debe ser «el instrumento para realizar el derecho esencial de las personas a la justicia, el cual se concreta mediante la garantía de imparcialidad, objetividad, generalidad e igualdad ante la ley».

Treinta años después, las y los guatemaltecos democráticos seguimos realizando esfuerzos contra la impunidad y la corrupción.  No puedo negar los cambios importantes realizados en las ultimas décadas.

Se aprobó un nuevo Codigo Procesal Penal en 1994, se crearon nuevas instituciones como el Ministerio Publico y la Defensa Pública Penal.

En materia del derecho a verdad, en abril de 1998, se presentó el informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica: Guatemala: Nunca Más, un hito alcanzado con el altísimo costo del asesinato de Monseñor Juan Gerardi Conedera.

Casi un año después, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), presentó su informe Guatemala Memoria del Silencio. Este documento dimensionó la tragedia del enfrentamiento armado interno e incluyó trascendentales recomendaciones sobre reparación y garantías de no repetición.

En el ámbito de la justicia también alcanzamos enormes avances gracias al apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en una línea de trabajo institucional que abarcó desde la gestión de Amílcar Velásquez Zárate hasta la de Thelma Aldana, pasando mi periodo como Fiscal General.

En relación con las graves violaciones a los derechos humanos, logramos hitos históricos como la condena contra el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio —aunque el proceso fuera retrotraído por la CC posteriormente—, así como las sentencias en los casos Molina Theissen, Sepur Zarco, Embajada de España, Fernando García, las masacres de Las Dos Erres y de la aldea El Aguacate, por citar algunos . Finalmente, las víctimas de tan graves crímenes fueron escuchadas por los tribunales. Frente a sus perpetradores, pudieron relatar la verdad de sus sufrimientos y, por fin, los jueces dictaron sentencias condenatorias contra los culpables.

De la misma manera, destacaría los avances en investigar, esclarecer y sancionar a los responsables de la violencia contra las mujeres, la violencia sexual y los femicidios. En el ámbito de la seguridad, logramos un descenso significativo en la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, reduciéndola de 46 en 2009 a 27 en 2014; un logro que se ha sostenido hasta el presente sin recurrir a estados de excepción, detenciones masivas ni vulneraciones al debido proceso y menos a la pena de muerte.

Posteriormente, la lucha contra la corrupción dio sus frutos luego de varios años de investigación.  Casos emblemáticos como La Línea, Cooptación del Estado, Corrupción y Construcción, Negociantes de la Salud, Caja de Pandora y Comisiones Paralelas I y II, entre otros. Estos procesos demostraron que la corrupción no era un hecho aislado,  sino una forma estructurada de hacer política, en la cual sectores económicos poderosos estaban involucrados a través del financiamiento electoral ilícito.

Desafortunadamente, estos avances provocaron una fuerte reacción. Las élites militares, políticas y económicas afectadas por el avance de la justicia unificaron esfuerzos para detenerlo. La historia subsiguiente es por todos conocida: jueces independientes, fiscales honestos, periodistas, autoridades ancestrales defensores de derechos humanos, estudiantes, miembros del partido Semilla, y funcionarios del Ejecutivo sufrieron procesos de criminalización. Como consecuencia, muchos se vieron obligados a abandonar el país y hoy continúan en el exilio.  El Fiscal Estuardo Campos en este momento sigue privado de libertad.

Hace un mes se entregó al presidente de la República el informe La verdad del exilio: ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala, un documento que describe los avances, retrocesos y el enorme costo humano de la persecución penal injusta, las detenciones ilegales, los malos tratos, la estigmatización y el exilio.

En mayo de este año, el Presidente nombró a Gabriel García Luna como fiscal general, poniendo fin a ocho años de gestión de Consuelo Porras  Este relevo ha facilitado, paulatinamente, el retorno de algunos exiliados; aunque la tarea de revertir la criminalización es aún incipiente,  sus palabras presidente y sus esfuerzos por crear un mecanismo interinstitucional que garantice un retorno digno y seguro despiertan esperanza. A esto se suman los compromisos adquiridos por el Ministerio Público ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su última audiencia sobre la materia y lo expresado por el Fiscal General en conferencia publica este viernes.

La búsqueda de las personas desaparecidas y el acceso a la justicia frente a las graves violaciones de los derechos humanos siguen siendo tareas pendientes. Por ello, considero fundamentales los esfuerzos impulsados desde la COPADEH para establecer el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno (2026-2036), un proceso en el cual el acceso a los archivos militares resultaría de gran importancia.

Para terminar, quiero subrayar lo honrada que me siento al haber sido nombrada Mensajera de la Paz. Reafirmo mi compromiso ciudadano para que en Guatemala, tal como reza el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil, el proceso judicial sea, finalmente, «el instrumento para realizar el derecho esencial de las personas a la justicia, el cual se concreta mediante la garantía de imparcialidad, objetividad, generalidad e igualdad ante la ley”.

Muchas gracias»