10 de noviembre de 2026 Blog Por Nadia Ferrari

La elección de Representantes del Público del Acuerdo de Escazú, una oportunidad para continuar fortaleciendo su implementación

El  proceso de elección de Representantes del Público del Acuerdo de Escazú para el período 2026-2030 representa una instancia central para consolidar la participación ciudadana en la gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe. Actualmente se encuentra en su etapa final, siendo la votación electrónica los días 10 y 11 de noviembre de 2026. Con más de 100 candidaturas aceptadas provenientes de 22 países, esta cifra representa un gran incremento en comparación con las 58 candidaturas de 2022. A su vez, actualmente 11.059 personas se encuentran habilitadas en el padrón electoral.

Esta convocatoria pone en práctica uno de los grandes avances del Acuerdo de Escazú, al disponer la participación pública vinculante en todos los procesos de toma de decisiones que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. Para hacer este derecho efectivo, la Conferencia de las Partes (COP) –órgano creado por el Acuerdo para examinar y fomentar su aplicación y efectividad– estableció la elección de seis Representantes del Público para actuar ante órganos y reuniones del Acuerdo. Esta instancia electiva facilita la incidencia ciudadana y fortalece el vínculo entre las decisiones del tratado y las personas y comunidades cuyos derechos busca proteger.

Los requisitos para la postulación de una candidatura son ser nacional o residente de alguno de los Estados elegibles para formar parte del Acuerdo, estar registrado en el Mecanismo Público Regional (plataforma que facilita la participación, la transparencia y la difusión de información), y no haber trabajado en ningún poder del Estado en los 12 meses previos. A su vez, el procedimiento contempla criterios de paridad de género y representación territorial. Para ello, la región se divide en tres subregiones electorales, cada una de las cuales elige dos representantes que no pueden compartir sexo ni nacionalidad o residencia, asegurando una integración plural y diversa.

Desde CEJIL, hemos sostenido que los procesos de selección e integración de los mecanismos internacionales de derechos humanos constituyen una dimensión fundamental para fortalecer su legitimidad, independencia y efectividad. Nuestra experiencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), incluyendo el impulso de procesos de selección más transparentes y participativos, nos ha permitido identificar aprendizajes que pueden contribuir al fortalecimiento de otros mecanismos regionales. Si bien se trata de mecanismos diferentes, existen principios compartidos que pueden orientar estos procesos, como la transparencia, la participación informada, la diversidad y la confianza pública.

En el ámbito internacional y regional, diversos estándares vinculan la transparencia y la representatividad con la legitimidad institucional. En el sistema interamericano, las resoluciones de la Asamblea General de la OEA promueven nominaciones abiertas y participativas, paridad de género y representación equilibrada geográfica y de los sistemas jurídicos. Los informes de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de 2023 y 2025, elaborados por mandato de la Asamblea General con apoyo técnico de la campaña GQUAL, recomiendan publicar vacantes y criterios, facilitar la participación de la sociedad civil, fundamentar las nominaciones y orientar las votaciones hacia una integración paritaria y representativa. La reforma de varios estatutos complementa estos avances con medidas para promover candidaturas paritarias.

En la ONU, resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y el informe de su Comité Asesor promueven procesos transparentes, equilibrio de género y distribución geográfica equitativa, junto con idoneidad e independencia, y recomiendan medidas para corregir la subrepresentación de las mujeres en los órganos de derechos humanos. Específicamente, sobre el estándar de paridad de género, la Recomendación General Nº 40 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece la paridad como la medida de la igualdad a la que están obligados los Estados y las instituciones internacionales para la integración de órganos internacionales. Este estándar, y recomendaciones concretas para alcanzarlo, se encuentran también desarrollados por la CIM en su Ley Modelo de Paridad.

Si bien estos instrumentos tienen ámbitos de aplicación específicos, ofrecen referencias valiosas para continuar fortaleciendo los mecanismos de participación regional. En este sentido, las reglas de paridad de género y representación subregional que ya contempla el procedimiento electoral de Escazú constituyen una base importante para seguir avanzando en materia de transparencia, inclusión y participación informada.

En el caso de Escazú, la legitimidad de la representación no depende únicamente de las condiciones en las que se desarrolla la elección, sino también de la capacidad de las personas elegidas para mantener un diálogo permanente con el público, canalizar sus preocupaciones y promover una participación plural y efectiva durante su mandato. Fortalecer los procedimientos electorales es una oportunidad para consolidar mecanismos de representación cercanos, accesibles y responsables.

Un aspecto clave de la difusión del proceso electoral de Escazú es que el informe del padrón electoral muestra que hay subregiones que concentran mayor participación. La Subregión 1 (Sudamérica) concentra el 81% del electorado y 85 postulaciones, la Subregión 2 (Caribe) apenas alcanza un 1% del padrón y solo 3 postulaciones activas, y la Subregión 3 (México, Centroamérica, Cuba, Haití y República Dominicana) representa el 17% del padrón y 17 postulaciones. Esto pone de manifiesto la importancia de continuar fortaleciendo las estrategias de difusión y participación, atendiendo a las particularidades de cada subregión y a las barreras en el involucramiento que pueden enfrentar determinadas comunidades. 

Otros procesos de elección y nominación de expertos para mecanismos internacionales presentan valiosas prácticas que podrían fortalecer el desarrollo de los procedimientos de Escazú. La realización de llamados públicos amplios a nivel nacional y regional, convocatorias abiertas y la utilización de diversos canales de difusión, que potencien las publicaciones en el sitio web oficial, articulando a su vez con prensa especializada, redes académicas,colegios profesionales, organizaciones comunitarias y medios locales, pueden expandir la convocatoria a zonas subrepresentadas.

Por otro lado, siguiendo esta experiencia, estandarizar y publicar las hojas de vida mediante formatos únicos de CV y fichas de idoneidad podría facilitar la comparación directa entre perfiles y promover un voto mejor informado.

Por último, la experiencia de la sociedad civil en el SIDH, incluida la conformación de paneles independientes para evaluar candidaturas a sus órganos, también ha contribuido a promover estándares de transparencia y escrutinio público. A pesar de sus diferencias con el procedimiento de Escazú, este ejemplo permite destacar la importancia de contar con reglas claras, información pública suficiente y garantías para identificar y abordar eventuales conflictos de interés. 

A estas consideraciones se suma la importancia de fortalecer los mecanismos de comunicación y rendición de cuentas durante el ejercicio de la representación. La participación pública no se debería agotar con la elección sino que también deberían existir canales efectivos para que las personas y comunidades puedan transmitir sus preocupaciones, conocer las actividades de quienes las representan y contribuir a la construcción de las agendas que se discuten en los espacios del Acuerdo.

El Acuerdo de Escazú constituye un avance fundamental para la garantía de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, así como para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. La consolidación de sus mecanismos representa una oportunidad para traducir estos compromisos en una participación cada vez más efectiva e inclusiva. Desde CEJIL, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a este proceso, recuperando los aprendizajes de nuestra trayectoria en el fortalecimiento de mecanismos internacionales de derechos humanos y reconociendo las innovaciones propias de este acuerdo. 

En vísperas de una nueva elección de Representantes del Público, resulta fundamental promover una participación informada y amplia de las personas habilitadas para votar, así como continuar fortaleciendo las condiciones para que quienes resulten elegidos puedan ejercer una representación plural y cercana durante su mandato. Fortalecer la participación pública, la transparencia y la confianza en sus instituciones es también contribuir a que el Acuerdo responda cada vez mejor a las necesidades de las personas y comunidades cuyos derechos busca garantizar.