Más de 4.000 víctimas impugnarán decisión de Fiscalía de archivar investigación por esterilizaciones forzadas en el Perú

• La decisión de archivo de la Fiscalía contraviene la obligación internacional del Estado peruano de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos, reafirmada por la Corte IDH en el caso de Celia Ramos. 

Lima, Washington y Bogotá, 28 de octubre de 2026. (COMUNICADO DE PRENSA) –  La decisión de la Fiscalía peruana de archivar, por prescripción, la investigación sobre las esterilizaciones forzadas de más de 4.000 mujeres, a pesar de concluir que tiene todos los componentes para ser crimen de lesa humanidad, contraviene los estándares interamericanos que prohíben utilizar esta figura como obstáculo para investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, denunciaron hoy víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú y organizaciones de derechos humanos. 

Frente a ese anuncio, las víctimas de esterilizaciones forzadas y las organizaciones que las representan en Perú anunciaron que impugnarán la resolución fiscal que ordena al archivo de la investigación, y buscarán que el Fiscal Superior ordene su revocatoria definitiva.

“Yo quiero justicia, justicia verdadera. Rechazamos esas leyes que no nos favorecen a nosotras. Impugnaremos”, expresó Dionicia Calderón, de la Asociación de Personas Afectadas por Esterilización Forzada Los Morochucos, del departamento de Ayacucho, durante una conferencia de prensa realizada hoy en Lima. Allí también intervinieron otras dos mujeres que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas, quienes pidieron que la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad ocurridos antes del 1 de agosto de 2002 no se aplique y sea revertida, por considerar que impide el acceso a la justicia para ellas y más de 4.000 mujeres afectadas. 

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil representantes de las víctimas en el caso Celia Ramos vs. Perú recordaron que en este caso quedó probado, ante el mayor tribunal de derechos humanos de la región, que las esterilizaciones forzadas no fueron un error médico sino una grave violación de derechos humanos y que, por tanto, no podrían ser objeto de leyes de amnistía o prescripción. 

“Es importante precisar que la prescripción de la investigación no significa ausencia de responsabilidad. En la investigación que adelantó la Fiscalía se identificaron 52 responsables que formaron parte de la cadena de mando de esa política y entre los que estaban los exministros de salud fujimoristas Eduardo Franklin Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga Recuenco”, señaló Rocío Silva Santisteban, directora de DEMUS Perú.

El archivo de esta investigación obstaculiza el acceso a la justicia, prolonga la impunidad y mantiene sin respuesta a miles de mujeres que llevan décadas buscando verdad y justicia. “Precisamente es el fallo de Celia Ramos el que obliga al Estado peruano a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de una política que afectó la autonomía reproductiva de miles de mujeres”, aseguró Esteban Madrigal, Asesor Legal Senior del Centro de Derechos Reproductivos.

La política a la que hacen referencia es el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementada durante el gobierno de Alberto Fujimori, que se dirigió a mujeres en situación de pobreza, en su mayoría indígenas y campesinas; y vulneró sus derechos a la vida, la integridad personal, la salud, así como al  consentimiento pleno, previo, libre e informado y al derecho a la familia. Además, en casos como los de Celia Ramos y María Mamérita Mestanza, las esterilizaciones tuvieron consecuencias mortales y privaron a sus hijos e hijas de crecer y desarrollarse junto a sus madres. 

Las organizaciones que representan a las víctimas en el caso de Celia Ramos anunciaron que también tomarán acciones a nivel internacional. “Informaremos a la Corte Interamericana sobre esta decisión y solicitaremos que intervenga para garantizar el cumplimiento de su sentencia”, señaló Patricia Cruz, Abogada Senior del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). 

Asimismo, las organizaciones también instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a incorporar a Perú en su informe anual, en el capítulo dedicado a países que incumplen sistemáticamente y de forma grave con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluido el desacato a las decisiones de la Corte Interamericana.