26 de octubre de 2026 Comunicado de Prensa

El Salvador ante CIDH: Organizaciones alertan sobre la inacción de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH)

• Las organizaciones denunciaron la falta de respuesta de la PDDH frente a violaciones de derechos humanos en el marco del Régimen de Excepción, la criminalización de personas defensoras, los despidos masivos en el sistema público de salud y los desalojos de comunidades rurales. 
• Tanto la CIDH como las organizaciones lamentaron la ausencia del Estado.

Ciudad de Panamá, 26 de octubre de 2026 — Durante la audiencia sobre la situación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, celebrada ante la CIDH este lunes, las organizaciones participantes cuestionaron el cumplimiento del mandato constitucional de la institución y advirtieron sobre la desprotección de personas y comunidades que denuncian abusos estatales. Por ello, lamentaron especialmente la ausencia de la Procuradora, lo que calificaron como una evidencia de su falta de independencia.

Las intervenciones señalaron que, pese a sus atribuciones para investigar, inspeccionar centros de detención y emitir recomendaciones, la PDDH no habría publicado respuestas suficientes frente a denuncias relacionadas con el régimen de excepción, las condiciones penitenciarias y la independencia judicial. También expusieron preocupaciones por la persecución a periodistas y personas defensoras, las restricciones al espacio cívico y la falta de acompañamiento a grupos en situación de vulnerabilidad.

“La Procuraduría ha abandonado el ejercicio de su relevante misión, justamente en el contexto de , concentración de poder y consumación de violaciones masivas de los derechos humanos en El Salvador”, afirmó David Morales, de Cristosal, durante su intervención.

Verónica Reyna, del Centro de Investigación e Incidencia para Centroamérica, presentó datos de la sociedad civil sobre denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y muertes bajo custodia estatal. Cuestionó la falta de verificaciones penitenciarias y de informes públicos sobre estas situaciones, pese a las facultades constitucionales de la Procuraduría.

“Nos preocupa que la institución, aun contando con las competencias constitucionales, no ejerza su mandato de realizar verificaciones sobre la situación de integridad y vida de las personas detenidas”, señaló Reyna.

La audiencia también abordó los efectos de los despidos de personal sanitario en el acceso a la salud. Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médicos de El Salvador, indicó que sindicatos y organizaciones han denunciado alrededor de 7.700 despidos de trabajadores de salud hasta mediados de 2026, incluidos 1.800 del Hospital Nacional Rosales en diciembre de 2025. n Advirtieron que la reducción de personal puede profundizar problemas preexistentes, como la escasez de profesionales, el desabastecimiento y las demoras en la atención.

“Se vuelve vital una participación activa y decidida de la señora Procuradora y la institución que preside, en vigilar que no se vulnere por parte del Estado el derecho humano a la salud”, expresó Solano Leiva

Por su parte, Ángel Flores, de MILPA El Salvador expuso denuncias sobre procesos de desalojo y criminalización que afectarían a más de 64 comunidades rurales y unas 12.000 familias, así como sobre daños ambientales vinculados a megaproyectos. También alertó sobre el uso del régimen de excepción contra liderazgos comunitarios que defienden la tierra y el medio ambiente.

“Una institución nacional de derechos humanos que no cuestiona las expropiaciones forzadas, que ignora la destrucción de sitios sagrados indígenas y que tolera la persecución de quienes defienden el agua, no es una oficina pasiva; es un mecanismo de impunidad estatal que desprotege activamente a las víctimas”, afirmó Flores

Las organizaciones solicitaron a la CIDH que se requiera al Estado información sobre las garantías de independencia y autonomía de la PDDH; que se exhorte a la institución a cumplir su mandato conforme a los Principios de París; y que se realicen y publiquen verificaciones de centros penitenciarios, con recomendaciones sobre hacinamiento, salud, alimentación, agua y posibles casos de tortura o ejecuciones extrajudiciales.

También pidieron garantizar recursos adecuados y un mecanismo de elección de la persona titular que favorezca su independencia, y considerar la inclusión de El Salvador en el capítulo IV.B del informe anual de la Comisión, en el cual se consigna a los Estados que se encuentran bajo una alerta máxima por violaciones graves, masivas o estructurales a los derechos humanos.

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Esta audiencia fue solicitada por Amnistía Internacional, la Asociación de Periodistas de El Salvador, la Asociación Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Investigación e Incidencia para Centroamérica, Cristosal, el Colegio de Médicos de El Salvador, la Fundación para el Debido Proceso, el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA), el Movimiento de Víctimas del Régimen, el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).