26 de octubre de 2026 Comunicado de Prensa

Costa Rica ante la CIDH: Organizaciones alertan sobre estrategias para debilitar la independencia judicial

Ciudad de Panamá, 26 de octubre de 2026. Sostenidos discursos públicos de ataques deliberados contra autoridades judiciales que buscan minar la confianza ciudadana para presentar al Poder Judicial como único responsable de la inseguridad, intentos de debilitar a la Sala Constitucional y la pretensión de condicionar su presupuesto, son algunas de las estrategias impulsadas desde el oficialismo para debilitar la independencia judicial en Costa Rica.

Así lo expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) representantes de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PICI) y el Programa Actuando Juntas, en una Audiencia Pública realizada en Panamá.

Las organizaciones recordaron que tanto el informe Estado de la Justicia como la Relatora de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados se han referido a los ataques documentados contra el Poder Judicial, desde la administración Chaves y continuados en el gobierno de la presidenta Fernández. Úrsula Indacochea, de DPLF señaló que se han documentado “fuertes ataques políticos a la legitimidad e independencia del Poder Judicial por parte del Ejecutivo y una parte del Legislativo” calificandolos como hechos sin precedentes en el país.

Entre estos ataques se mencionaron insultos, divulgación de datos personales de jueces y juezas, convocatorias a marchas contra autoridades judiciales y denuncias judiciales. Se recordó además una frase del expresidente Chaves posterior a las elecciones en la que señaló “Costa Rica recuperó dos Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Nos falta el Poder Judicial”, evidenciando intenciones que atentan contra la división de poderes.

Recortes presupuestarios y bloqueo a la Sala Constitucional

Adriana Orocú, presidenta de ACOJUD expuso sobre los recortes y condicionantes políticos que pretenden imponerse al presupuesto del Poder Judicial en 2027, señalando que más allá de una medida fiscal, es un mecanismo de presión para subordinar al Poder Judicial al Ejecutivo, en un proceso que además avanza sin la consulta constitucionalmente exigida a esa institución.

Orocú explicó que el recorte alcanzaría el 40 % del presupuesto del Organismo de Investigación Judicial, y que las normas que se proponen en el proyecto de presupuesto son atípicas y no se sustentan técnicamente. Se señaló el fuerte impacto en las personas usuarias, así como en la lucha contra el crimen organizado. Se prevé el debilitamiento a la protección de víctimas y testigos, se pondría en riesgo el funcionamiento de oficinas de la Defensa Pública y podría provocar cierres parciales o totales de juzgados y tribunales, especialmente en zonas rurales.

La CIDH también recibió información sobre la negativa de la Asamblea Legislativa de nombrar a las 9 magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.  “La Asamblea Legislativa, por la posición del bloque oficialista, está actuando en contravención de la Constitución Política y desacatando una resolución constitucional”, denunció Mara Bocaletti, de PICI.

Las organizaciones recalcaron que la situación es preocupante, pues la falta de suplencias pone en riesgo la labor de la Sala, ante eventuales recusaciones, inhibiciones o incapacidades de las magistraturas titulares.

El cobro por la inseguridad

“En los últimos años se ha pretendido trasladar al Poder Judicial, y particularmente a los jueces y juezas penales y de ejecución de la pena, la responsabilidad por la inseguridad y la criminalidad en el país”, recalcó en la Audiencia el juez de ejecución de la pena Mario Rodríguez, integrante de ACOJUD.

Rodríguez enfatizó en que desde el Poder Ejecutivo se pretende construir la percepción de que los jueces otorgan libertades masivas o beneficios improcedentes a las personas privadas de libertad. Sin embargo, los datos no respaldan esta narrativa. Rodriguez indicó que en los últimos 5 años se han otorgado menos del 5% de las solicitudes de libertad condicional solicitadas y que se ha aumentado en un 94% el uso de la prisión preventiva entre 2022 y 2026.

Las organizaciones finalizaron reconociendo la necesidad de reformas en el sistema de justicia del país, pero recalcaron que éstas deben ser el resultado de un diálogo plural y respetuoso de la división de poderes, que garanticen la independencia judicial. Finalmente pidieron a la CIDH que inste al Estado a que cumpla con sus obligaciones internacionales y a que no tome represalias contra las personas que participaron en la audiencia.

La CIDH destacó la importancia de garantizar nombramientos basados en méritos, estabilidad y ausencia de injerencias, y proteger la independencia judicial frente a decisiones presupuestarias.

Puede acceder a la audiencia en este enlace: https://www.youtube.com/live/TZI725U4jKQ?feature=shared

(inicio de la transmisión)