CIDH mantiene medidas cautelares ante violencia y despojo contra indígenas en el Caribe de Nicaragua
- La CIDH exige a Nicaragua proteger a comunidades indígenas ante la persistencia de violencia armada, despojo territorial e inacción estatal.
San José, Costa Rica, 16 de noviembre de 2026. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución mediante la cual decidió continuar con el seguimiento de las medidas cautelares otorgadas a favor de los integrantes de las comunidades indígenas de Polo Paiwas, Cocal, Naranjal y Suniwas, en la Costa Caribe de Nicaragua, así como a determinadas personas defensoras de derechos humanos. El órgano interamericano advirtió que persiste un grave escenario de violencia, amenazas, despojo territorial y desplazamiento forzado contra las comunidades y los pueblos indígenas, perpetrado por terceros conocidos como “colonos”.
Asimismo, la CIDH destacó un patrón consistente de deterioro en las condiciones humanitarias y en el acceso a derechos fundamentales. Las comunidades enfrentan una crisis alimentaria derivada de la pérdida de parcelas y la imposibilidad de acceder a sus áreas de cultivo, sumada a graves deficiencias en la atención de salud y servicios básicos.
En este contexto, la Comisión advirtió una situación de extrema vulnerabilidad y un impacto diferenciado, debido a la falta de respuestas estatales efectivas. Por un lado, las mujeres, niñas y adolescentes están expuestas a formas específicas de violencia en medio del control territorial ejercido por los “colonos”, debido a su género y edad. Por otro, las personas adultas mayores sufren afectaciones que combinan factores físicos, sociales y culturales; dado que desempeñan un rol clave en la transmisión de conocimientos y la cohesión comunitaria, su desplazamiento forzado o pérdida profundiza el debilitamiento del tejido social.
En su resolución, la CIDH considera “que en este asunto continúa vigente una situación de riesgo, encontrándose presentes prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento”.
Considerando los argumentos de hecho y de derecho presentados, la CIDH decidió continuar con el seguimiento de las medidas cautelares; y solicitar a Nicaragua tomar, de manera inmediata, acciones para garantizar la seguridad de las personas beneficiarias, bajo el enfoque étnico-cultural, etario y de género. Asimismo, le requirió al Estado:
(i) Implementar medidas para proteger la vida e integridad personal de las personas beneficiarias ante hechos de amenaza, violencia y de posible trabajo forzado;
(ii) Proteger a las mujeres, niñas y adolescentes de eventos de violencia sexual, con perspectiva etaria y de género pertinentes;
(iii) Adoptar medidas para garantizar acceso a alimentación, agua potable y salud, en particular para las personas beneficiarias desplazadas y en situación de precariedad, bajo una perspectiva cultural que considere las actividades propias de supervivencia de las comunidades;
(iv) Concertar medidas de protección que resulten necesarias y que permitan que las personas beneficiarias puedan vivir en condiciones de seguridad en sus territorios;
(v) Investigar de manera efectiva todos los hechos de violencia reportados hasta la fecha, con miras a evitar situaciones de impunidad y la continua ocurrencia de estos.
Finalmente, la CIDH señaló que la ausencia prolongada de información estatal constituye un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Nicaragua e incrementa la desprotección de las comunidades beneficiarias.