VENEZUELA

Caso Jimmy Guerrero y Ramón Molina y sus familiares

Jimmy Guerrero tenía 26 años de edad, trabajaba como taxista independiente y vendedor ambulante, y era padre de cinco hijos. El 29 de marzo del 2003, se encontraba en Punto Fijo en el funeral de uno de los hijos de Ramón Molina. Jimmy, Ramón y un amigo de ellos, decidieron ir a comprar unas bebidas a una distribuidora. En los instantes en que Jimmy bajaba de su carro, fue interceptado por agentes de la policía estadual, quienes le dispararon varias veces. El señor Ramón Molina, de 49 años de edad y padre de seis hijos, intentó auxiliar a su sobrino, siendo asesinado en el intento. El cuerpo de Jimmy Guerrero fue hallado en una estación de servicio a más de 500 metros del lugar en que fue asesinado. Ramón Molina fue encontrado en las afueras de la distribuidora, junto al carro en que se trasladaban.

En los siete meses previos a su ejecución, Jimmy Guerrero había denunciado, en al menos seis ocasiones, ante la Defensoría del Pueblo y ante la Fiscalía del Estado Falcón, hostigamientos y amenazas por parte de las Fuerzas Armadas policiales del estado Falcón y miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). A pesar de existir una solicitud de medidas de protección a su favor, estas nunca se implementaron ni se investigaron las amenazas, hecho que llevo a su muerte y a la de su tío.

Ambos homicidios ocurrieron en el marco de un contexto de ejecuciones extrajudiciales en manos de las fuerzas policiales en Venezuela, cuyos hechos eran presentados como un enfrentamiento entre bandas delictivas y en donde las autoridades entorpecían las investigaciones, generando una impunidad casi total. En el estado de Falcón y en otras partes de Venezuela, las fuerzas policiales han causado graves violaciones de derechos humanos en contra de poblaciones en situación de vulnerabilidad –principalmente hombres jóvenes de escasos recursos económicos—, del perfil de Jimmy Guerrero.

Actualmente, el caso se encuentra en total impunidad a nivel nacional, no existe ningún proceso abierto y el único presunto responsable material por los hechos ha sido absuelto. A nivel internacional, el caso se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 24 de mayo del 2019 y se esperar tener una audiencia pública para que se escuche a las víctimas en el año 2020.

El caso de Jimmy y Ramón es el cuarto que será conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que abordan esta problemática. Lamentablemente, al día de hoy este sigue siendo un flagelo que termina con la vida de muchos jóvenes en Venezuela y del que no se cuenta con cifras oficiales claras y detalladas que dimensionen la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad ciudadana y la impunidad en la que permanecen. Sin embargo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH), en su informe sobre la situación de Venezuela, posterior a su visita en julio 2019, manifestó que su mayor preocupación por esta situación.