Guatemala

Cumplimiento de las decisiones

del Sistema Interamericano

de Derechos Humanos

Desafíos en materia de justicia

© Primera edición impresa 2016, San José, Costa Rica

Primera edición digital 2017, San José, Costa Rica

Reservados todos los derechos

Autoras

María Martín Quintana, Lea Reus y Helena Davila

Colaboradores

Esteban Madrigal, Marcia Aguiluz y Alejandra Nuño Ruiz-Velasco

Editores

Antonio Jaén Osuna y Liliana Tojo

Edición, diseño editorial y de tapa

Clara Inés Angarita Castro

Diseño y elaboración de libro electrónico

Daniela Hernández Castillo

Impresión Litográfica

Hermanos Segura S.A.

ISBN del libro impreso: 978-9968-9623-7-7

1 recurso en línea (198p.): archivo ePub; 345 Kb.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Teléfono: (506) 2280-7473 - www.cejil.org

San José, Costa Rica.

Se permite la reproducción total o parcial de los materiales aquí publicados, siempre y cuando no sean alterados, se asignen los créditos correspondientes y se haga llegar una copia de la publicación o reproducción al editor.

En memoria de César Crisóstomo Barrientos.

En reconocimiento a su trabajo por hacer efectivos

los derechos humanos en el sistema de justicia de Guatemala.

Él, como otras personas (funcionarios y víctimas),

hizo que tenga sentido

lo recomendado por el informe REMHI: “Sin sanción social

la posibilidad de que se reproduzcan hechos de violencia es

mucho mayor, dado que se rompen las normas sociales básicas

de convivencia.

En ausencia del reconocimiento de los hechos y sin ponerse

a disposición de la sanción social nunca van a tener la posibilidad

de enfrentarse

con su pasado, reconstruir su identidad y replantear sus relaciones

cotidianas con las víctimas y la sociedad”.

Diakonia

Embajada Real de Noruega en Guatemala

Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de Tortura

Fundación MacArthur

Fundación OAK

Fundación Open Society (FOSI)

Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca (DANIDA)

MISEREOR

Fundación Nacional para la Democracia (NED)

Pan para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo

Plan Internacional

Fundación Overbrook

Oficina para Asuntos Exteriores del Principado de Liechtenstein

Union Europea

Y otros donanates que han pedido mantenerse anónimos.

Agradecemos especialmente el apoyo brindado por DANIDA para la producción de este libro.

ÍNDICE

INICIO

CRÉDITOS

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTOS

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

I. LOS CASOS EN LOS QUE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS HA CONDENADO A GUATEMALA

II: MEDIDAS DE REPARACIÓN ORDENADAS EN MATERIA DE JUSTICIA Y LA OBLIGACIÓN DE REMOVER TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE PERMITAN LA IMPUNIDAD

A. Investigación, enjuiciamiento y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos

B. Prohibición de recurrir a figuras que excluyen la responsabilidad penal

C. Colaboración en la recaudación u obtención de la prueba y sanciones a los responsables de la obstaculización de las investigaciones y procesos

D. Dotar a las instituciones con recursos suficientes y adecuados

E. Capacitación en materia de derechos humanos a personas funcionarias del sistema de justicia

F. Otorgamiento de garantías de seguridad suficientes a los sujetos procesales

G. Determinación del paradero de las víctimas desaparecidas, exhumación de sus restos mortales y entrega a los familiares para que éstos puedan ser inhumados en el lugar de su elección

H. Adopción de medidas administrativas, legislativas o reglamentarias

a. Adopción de medidas dirigidas a la adecuación de normas ya existentes

b. Adopción de medidas dirigidas a la creación de nuevas normas

c. Adopción de distintos tipos de medidas dirigidas a abordar la desaparición forzada y la sustracción y retención ilegal de niños y niñas

d. Medidas dirigidas a crear un registro de personas privadas de libertad

I. La reciente decisión conjunta de la Corte Interamericana

III. LA RESPUESTA DEL ESTADO DE GUATEMALA ANTE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE IDH EN DIVERSOS CASOS

A. Investigación, enjuiciamiento y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos: rol del Ministerio Público y del Organismo Judicial

B. Prohibición de aplicar figuras excluyentes de la responsabilidad penal

C. Colaboración en la recaudación u obtención de la prueba

D. Sanción a los responsables de la obstaculización de las investigaciones y procesos

E. Dotación de las instituciones con recursos suficientes y adecuados a las instituciones encargadas de la investigación, procesamiento y sanción

F. Capacitación en materia de derechos humanos a funcionarios del sistema de justicia

G. Otorgamiento de garantías de seguridad suficientes a los sujetos procesales

H. Determinación del paradero de las víctimas desaparecidas, entrega de sus restos mortales a los familiares y otras medidas estructurales relacionadas con la desaparición forzada de personas

I. Adopción de diversas medidas administrativas, legislativas o reglamentarias para mejorar la protección y garantía de los derechos humanos

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO 1. Reparaciones ordenadas por la Corte IDH en relación con los temas de acceso a la justicia

1. Caso Blake

2. Caso “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros)

3. Caso “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros)

4. Caso Bámaca Velásquez

5. Caso Myrna Mack Chang

6. Caso Maritza Urrutia

7. Caso Masacre en Plan de Sánchez

8. Caso Molina Theissen

9. Caso Carpio Nicolle y otros

10. Caso Tio Tojín

11. Caso de la masacre de las Dos Erres

12. Chitay Nech y otros

13. Caso masacres de Rio Negro

14. Caso Diario Militar (Gudiel Alvarez y otros)

15. Caso García y familiares

ANEXO 2. Disposiciones sustantivas detratados interamericanos

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA

PRESENTACIÓN

Desde su creación en 1991, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se centró en el potencial del sistema de protección regional y entendió la importancia de trabajar con otras organizaciones para apoyar a víctimas de violaciones de derechos humanos, en su lucha por obtener justicia y reparación en el ámbito internacional, cuando los sistemas nacionales de protección no puedan cumplir con esa obligación.

Durante su historia, esta mirada ha inspirado todos sus abordajes y encuentra su reflejo en la tarea de representación legal de víctimas y familiares (muchas veces, de manera conjunta con otras organizaciones), ante los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Los centenares de casos que CEJIL ha acompañado en las Américas –representando a miles de víctimas de violaciones de derechos humanos–, han contribuido de manera decisiva para disparar procesos de cambio estructural y la adopción de distintas medidas de satisfacción y de no repetición.

En el caso de Guatemala, CEJIL –junto con organizaciones y víctimas– ha logrado sentar importantes precedentes dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Son de destacar el caso de María Eugenia Morales de Sierra (sobre discriminación de género en la legislación civil); los casos de Martín Pelicó y Diego Velásquez (que evidenciaron la tolerancia estatal frente a la participación de las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, en ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos); y la presentación de diversos casos de ejecuciones extrajudiciales de niños y niñas en situación de calle (que lograron pronunciamientos sobre las políticas de “limpieza social”). Más recientemente, puede nombrarse la denuncia por denegación de justicia en el llamado “juicio por genocidio” y la relacionada con irregularidades en los procesos de nombramiento de integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

A los anteriores precedentes se suma la solicitud de medidas de protección en favor de distintas personas –tales como jueces/zas en riesgo–, un sinnúmero de audiencias temáticas celebradas a lo largo de los años, las contribuciones para la elaboración de informes especiales sobre Guatemala, y el envío de información para que la Comisión Interamericana o sus relatorías den seguimiento a distintas problemáticas y se puedan pronunciar sobre las mismas.

En la Corte Interamericana, CEJIL también ha representado a víctimas de desapariciones forzadas (casos Bámaca y Molina Theissen), masacres (caso de las Dos Erres), ejecuciones extrajudiciales (casos Myrna Mack Chang y Carpio Nicolle y Otros), tortura y ejecuciones extrajudiciales de niños y jóvenes (caso Villagrán Morales y Otros) y pena de muerte (caso Raxcacó Reyes).

Las decisiones emitidas tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana (sea por vía de soluciones amistosas, informes de fondo o sentencias), han sido trascendentales para el fortalecimiento del Estado de derecho en Guatemala. Para CEJIL, el litigio estratégico de casos paradigmáticos no termina con el dictado de la decisión final sobre el caso, sino que incluye el cumplimiento total de las medidas de reparación ordenadas, algo que no suele resultar sencillo y que a menudo implica un gran esfuerzo. Dado que no existe una fórmula única para lograr el cumplimiento, y tampoco se cuenta con marcos legales domésticos que lo faciliten, la persistencia de las víctimas, la alianza con diversos actores estratégicos, así como la creatividad a la hora de hacer incidencia y el aprovechamiento de oportunidades en coyunturas particulares, han sido centrales para avanzar en el marco de casos particulares y crear precedentes para el futuro.

Esta publicación se suma a otras realizadas por CEJIL para dar insumos, reflexionar y contribuir concretamente al cumplimiento de las resoluciones internacionales. Entre otras, caben resaltar publicaciones como la Gaceta Nº 28, La deuda pendiente con la justicia y la verdad respecto a las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes contra la humanidad en las Américas, así como los libros Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Jurisprudencia, normativa y experiencias nacionales (2007) e Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aportes para los procesos legislativos (2009)[1].

En el caso de Guatemala –segundo país con mayor número de sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana–, este trabajo centra su atención en el cumplimiento de medidas relacionadas con el fortalecimiento del marco legal e institucional del aparato de procuración e impartición de justicia. Esperamos de esta manera contribuir a la identificación de avances y obstáculos en el cumplimiento de este tipo de reparaciones ordenadas en las sentencias de la Corte Interamericana, y ofrecer sugerencias para mejorar estos procesos.

Finalmente, quisiéramos destacar la centralidad que para CEJIL y para el Sistema Interamericano tienen las personas y colectivos que han sufrido graves violaciones de derechos humanos. Todas ellas, con valentía, coraje, persistencia y dignidad han emprendido largos caminos para exigir verdad, justicia y reparación, que se merecen ellas mismas y muchas otras personas que no han logrado obtener el reconocimiento de instancias de justicia nacional o internacional.

En particular, queremos agradecer a las siguientes personas, que ofrecieron y compartieron generosamente su tiempo, conocimientos y experiencia: Aura Elena Farfán, Jennifer Harbury, Lucrecia Molina Theissen, Edgar Pérez Archila, Helen Mack y Claudia Paz y Paz. También a las personas que, de manera invisible pero decidida, arriesgan sus vidas diariamente por ver avanzar la justicia en Guatemala.

Por último, un reconocimiento especial a María Martín y Alejandra Nuño que apoyaron y formaron parte de la elaboración del presente documento.

Viviana Krsticevic,

Directora Ejecutiva.

1 Las publicaciones referidas se encuentran disponibles en: https://www.cejil.org/publicaciones.

INTRODUCCIÓN

Guatemala es uno de los países latinoamericanos con los índices de impunidad más altos de la región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, emitido hace más de una década, retomó pronunciamientos previos sobre este tema[2]. En este Informe –centrado en la “Justicia y la inclusión social”– la CIDH señaló:

La efectiva vigencia del Estado de Derecho se logra en gran medida asegurando una administración de justicia que no tolere la impunidad. La sociedad debe percibir que el Poder Judicial aplica la ley por igual y garantiza a todos los habitantes el goce efectivo de sus derechos. La Comisión Interamericana ha sostenido que la impunidad es uno de los serios problemas concernientes a la administración de justicia en el Hemisferio, y uno de los obstáculos para el fortalecimiento definitivo del Estado de Derecho en varios Estados de la región […]. La Comisión nota con preocupación la falta de eficacia de la justicia para responder frente a los crímenes cometidos en Guatemala, tanto del pasado como del presente, lo que configura una situación de impunidad estructural. En el marco de su competencia, la Comisión nota que una situación de esta naturaleza afecta el cumplimiento de los artículos 1(1), 8 y 25 de la Convención Americana[3] [Resaltado fuera del original].

Aunado a ello, a partir de su instalación en Guatemala y desde su primer informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Guatemala) dedicó especial atención a los obstáculos en el acceso a la justicia en ese país. Así, en 2005 resaltó:

La Alta Comisionada muestra su preocupación ante la persistente cultura de impunidad instalada, que permite que sigan pendientes de investigación y sanción no sólo graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, sino también muchas violaciones y hechos delictivos del presente. La impunidad ha sido reiteradamente señalada por los mecanismos y organizaciones internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos como una de las mayores amenazas al libre ejercicio de los derechos humanos, al desarrollo, la democracia y al propio estado de derecho[4] [Resaltado fuera del original].

Casi diez años después de haberse instalado la Oficina en Guatemala, esta inquietud no se ha disipado. En su informe del año 2013, la OACNUDH-Guatemala reiteró su advertencia respecto de las dificultades para obtener justicia en casos relacionados con el conflicto interno armado. En relación con el juicio por genocidio y otros delitos seguido contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, se refirió en los siguientes términos:

En mayo, el Tribunal de Mayor Riesgo “A” dictó sentencia, en la que condenó a Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión y se absolvió al ex jefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez, lo que demostró que es posible juzgar a ex altos mandos del Estado por genocidio en su propio país, algo sin precedentes a nivel mundial. Durante el juicio se escucharon los testimonios de cerca de 100 víctimas indígenas en su propio idioma y, por primera vez en un debate oral y público, mujeres indígenas relataron la violencia sexual a la que fueron sometidas durante el conflicto armado interno[5].

La OACNUDH-Guatemala también se refirió a los diversos retos que se dieron dentro del proceso:

[…] el uso de diversas acciones judiciales como tácticas dilatorias, que sumaron más de 70 –particularmente recursos de amparo en diferentes instancias–, buscó la obstrucción de la justicia. Sólo 10 días después de haberse emitido la sentencia, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó anular todo lo actuado en la fase inicial del debate, generando la anulación de dicha sentencia. Se fijó como posible fecha de reanudación del proceso el 5 de enero de 2015. Esta situación ha afectado el derecho a la justicia de las víctimas, que han esperado 30 años para obtenerla. En este contexto, el caso fue presentado por los querellantes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[6].

También se pusieron en evidencia las variadas reacciones que intentaron frenar este proceso:

El debate fuera de los tribunales estuvo marcado por las campañas mediáticas de desprestigio hacia las juezas y jueces del caso, fiscales, defensoras y defensores de derechos humanos, y miembros de la comunidad internacional. Se registraron también numerosas expresiones de odio racial hacia los pueblos indígenas. Los pronunciamientos públicos del sector privado y de otros sectores pusieron a prueba la independencia del sistema judicial. Pese a ello, los hechos ampliamente descritos por los testigos y las pruebas científicas presentadas nunca fueron desvirtuados en el proceso[7].

La persistente impunidad ha llevado a que otros actores internacionales se pronuncien sobre el tema. Por ejemplo, en el informe sobre su visita a Guatemala en el 2006, Philip Alston, entonces Relator Especial sobre las ejecuciones, extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, indicó que, en Guatemala, las condenas por homicidio no superaban el 10%, agregando posteriormente en rueda de prensa que la situación de impunidad en la que se encontraba el país, lo convertía en un paraíso para los asesinos[8]. Ello concuerda con los datos que ha ofrecido posteriormente la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que para el 2008 indicaba que los índices de impunidad en el país alcanzaban al 98% de los casos[9]. En los años mas recientes y de acuerdo con información oficial, se registraron algunas mejoras: las estadísticas de impunidad que ofrece el Ministerio Público (MP) indican que al finalizar el 2012 estas cifras se habían reducido al 72%[10].

A lo anterior cabe agregar la grave situación que afecta la independencia del poder judicial. En este sentido, en 2010 la Fundación Myrna Mack identificaba como amenazas importantes para la independencia judicial, la falta de respuesta estatal frente a la violencia que sufren jueces, juezas, abogados, abogadas y fiscales; la corrupción y el tráfico de influencias; los vicios de los que adolece el sistema de ingreso a la carrera judicial; la politización en la elección de las más altas autoridades del sistema de justicia; y la injerencia que funcionarios y funcionarias de las instancias superiores llegan a ejercer sobre algunos jueces y juezas[11]. En el 2013 esta situación no parecía haber mejorado. A la luz del informe sobre independencia judicial emitido por la CIDH se evidencian importantes deficiencias en esta materia:

En Guatemala 7 operadores de justicia habrían sido asesinados durante 2009 […]. Asimismo, cuando menos tres jueces habrían sido asesinados de 2009 hasta febrero de 2011 y por lo menos un fiscal fue asesinado en 2011 […]. Según la información recibida por la Comisión, entre el 2002 y el 2012, 640 jueces y magistrados fueron víctimas de amenazas e intimidaciones, 24 sufrieron agresiones, 5 fueron secuestrados y 11 administradores de justicia fueron asesinados. De esas amenazas e intimidaciones, 32 habrían ocurrido durante el primer semestre del año 2012 […]. De acuerdo con información recibida del Estado de Guatemala, se habrían recibido 54 denuncias por delitos cometidos contra fiscales en 2010; 57 en el 201; y 61 en 2012 […]. El Estado de Guatemala también informó a la Comisión que entre los años 2010 a 2013 había recibido un total de 124 denuncias por delitos cometidos contra defensoras y defensores públicos […][12].

Más aún, durante 2014, tanto Naciones Unidas[13] como la CIDH[14] y diversas organizaciones de la sociedad civil, expresaron su más profunda preocupación por la forma en que se había dado el nombramiento de magistrados y magistradas de las salas de apelación y del alto funcionariado judicial, sin que hubiera habido un amparo judicial ante esas graves omisiones[15].

La situación descrita se condice con el dato de que Guatemala sea el país centroamericano con mayor número de sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el segundo a nivel regional, precedido únicamente por Perú. Tampoco es casual que en todos los casos por graves violaciones a los derechos humanos decididos por la Corte IDH se haya sancionado a Guatemala por violación de las garantías judiciales y la protección judicial que se encuentran reconocidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH o Convención Americana)[16].

En las sentencias contra Guatemala, la Corte IDH ha realizado un análisis de los hechos particulares de cada caso y ha ordenado, en función de las violaciones de derecho declaradas, la adopción de medidas destinadas, por un lado, a reparar el daño causado a las víctimas y, por el otro, a evitar la repetición de hechos violatorios similares.

De igual modo, durante la supervisión de cumplimiento de las sentencias, la Corte IDH se ha referido a la importancia de garantizar el derecho a la verdad y la obligación de luchar contra la impunidad, ordenando al Estado que adopte medidas para que el sistema de justicia cumpla con su obligación de garantizar ese derecho de manera efectiva.

Estas medidas responden, en general, a grandes deudas que el Estado tiene con las víctimas y la sociedad guatemalteca, en relación con la justicia en casos de violaciones de derechos humanos (especialmente aquéllos ocurridos en el marco del conflicto armado interno) y pretenden constituir un medio para afrontar los obstáculos estructurales que existen para la obtención de justicia.

Lamentablemente, estas medidas de carácter estructural son las que presentan los mayores niveles de incumplimiento por parte del Estado, lo que ha impedido que las víctimas obtengan una reparación integral.

A finales del año 2014, la Corte IDH había emitido 19 sentencias condenatorias contra Guatemala, la gran mayoría referidas a graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado interno.

Este trabajo se centrará en 15 de las sentencias que reflejan la práctica generalizada de desapariciones forzadas (de adultos y niños), torturas, ejecuciones extrajudiciales y masacres que tuvieron un saldo de al menos 200.000 víctimas asesinadas y desaparecidas[17].

La masividad con la que se cometieron esas violaciones de derechos humanos tiene un impacto cotidiano en Guatemala: las víctimas siguen exigiendo justicia, los perpetradores siguen impunes, las problemáticas sociales se mantienen y algunas de las estructuras que facilitaron la implementación de la política de “tierra arrasada” siguen vigentes y ponen en riesgo el Estado de derecho en ese país.

Este trabajo ofrece una sistematización y un primer análisis de los distintos tipos de medidas de reparación en materia de justicia, ordenadas por la Corte IDH en casos contra el Estado de Guatemala, la identificación de aquellas que están pendientes de cumplimiento y los principales obstáculos que lo impiden. Para ello se retoma el contenido tanto de las sentencias cuanto de las resoluciones de supervisión de cumplimiento, que son el instrumento que plasma la forma en que la Corte fiscaliza la adecuada implementación de sus sentencias[18].

Por otro lado, se quiere iluminar el impacto que esta omisión genera en las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y en la sociedad guatemalteca, y ofrecer insumos para la reflexión sobre las estrategias que permitirían impulsar el cumplimiento de estas medidas.

Para cumplir con tales objetivos, esta publicación inicia con un breve apartado sobre los casos en los que la Corte IDH ha establecido la responsabilidad del Estado de Guatemala. Luego se brinda una recapitulación de las distintas medidas de reparación relacionadas con el derecho a la justicia y la obligación estatal de remover todos los obstáculos que permitan la impunidad. La siguiente parte se centra en la respuesta que ha dado Guatemala a los aspectos identificados en el capítulo anterior. Y, finalmente, el trabajo termina con algunas conclusiones y sugerencias relacionadas con el cumplimiento adecuado de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La publicación también incluye un anexo con resúmenes de los casos centrados exclusivamente en las cuestiones relacionadas con la justicia, para facilitar la consulta y comprensión de quienes quieran obtener información mas detallada sobre los mismos. De igual manera, se anexaron diversas disposiciones sustantivas de tratados interamericanos para facilitar la identificación de las disposiciones que se refieren en las fichas de los casos.

2 Ver CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.53 Doc. 21 rev. 2, de 13 de octubre de 1981. Ver especialmente el Capítulo I (“El Sistema Político y Normativo”) y el apartado de “Conclusiones y Recomendaciones”; CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.61 Doc. 47, de 3 de octubre de 1983. En particular, Capítulo I (“El Sistema Político y Normativo”) y Capítulo X (“Conclusiones y recomendaciones”); CIDH.Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.66 Doc. 16, de3 de octubre de 1985; yCIDH. Cuarto Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.83Doc. 16 rev., de 1º de junio de 1993,Capítulo II (“Las garantías legales e institucionales”).

3 CIDH.Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.118Doc. 5 rev. 1, de 29 diciembre de 2003, párr. 21.

4 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina en Guatemala, año2005.Doc. ONU E/CN.4/2006/10/Add.1, de 1º de febrero de 2006, párr. 23.

5 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina en Guatemala, año 2013. Doc. ONU A/HRC/25/19/Add.1, de 13 de enero de 2014, párr. 26.

6 Ídem., párr. 27.

7 Ídem., párr. 28.

8 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con las desapariciones y ejecuciones sumarias. Informe del relator especial, Philip Alston, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Misión a Guatemala, 21 a 25 de agosto de 2006. Doc. ONUA/HRC/4/20/Add.2, de 19 de febrero de 2007; El País. Guatemala, un buen país para cometer asesinatos. Nota de 28 de agosto de 2006. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2006/08/28/actualidad/1156716003–850215.html.

9 Según reporta la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 98% de casos no son esclarecidos. Ver, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y CICIG. Una generación marcada por la impunidad. Sin fecha. Disponible en: http://www.unicef.org.gt/1–recursos–unicefgua/especiales/violencia/en–detalle.pdf.

10 Prensa Libre. Ministerio Público destaca lucha contra la impunidad. Nota de 14 de diciembre de 2012. Disponible en: http://www.prensalibre.com/noticias/politica/MP-destaca-lucha-impunidad–0–828517178.html.

11 Fundación Myrna Mack. Informe a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados.Observaciones, reflexiones y denuncia acerca de los más recientes y graves atentados contra la independencia de magistrados y abogados en Guatemala. Documento de 16 de noviembre de 2013. Disponible en: http://www.myrnamack.org.gt/index.php/informes/188-informe-a-la-relatora-especial-de-naciones-unidas-sobre-la-independencia-de-los-magistrados-y-abogados.

12 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, de 5 de diciembre de 2013, párr. 155.

13 Ver, Naciones Unidas. Comunicado del SNU y CICIG sobre comisiones de postulación, de 8 de mayo de 2014. Disponible en: http://www.ohchr.org.gt/documentos/comunicados/052014Comunicado–SNU–CICIG–Comisiones–postulacion2.pdf; ONU Guatemala insta a Comisiones de Postulación a realizar evaluaciones con criterios verificables y quepermitan aplicar criterios de publicidad y auditoría social. Comunicado de prensa de 18 de septiembre de 2014. Disponible en: http://www.ohchr.org.gt/documentos/comunicados/Comunicado–SNU–ComPostulacion18092014.pdf; Experta de la ONU exhorta a Guatemala a repetirselección de magistrados de forma transparente. Comunicado de prensa de 7 de octubre de 2014. Disponible en: http://www.ohchr.org.gt/documentos/comunicados/2014-10-07–GUATEMALA%20SELECTION–SR%20INDEP%20JUDICIARY.pdf.

14 CIDH. CIDH insta a Guatemala a garantizar transparencia y cumplir estándares mínimos en nombramientos de operadores de justicia. Comunicado de prensa 41/14, de 21 de abril de 2014; CIDH. CIDH reitera su preocupación por procesos de selección y nombramiento de magistrados y magistradas para Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia en Guatemala. Comunicado de prensa 108/14, de 27 de septiembre de 2014. Todos los comunicados de la CIDH se encuentran disponibles en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados.asp.

15 Entre otros, ver, El Periódico. Presentarán nuevo amparo para revertir elección de magistrados. Nota de 3 de octubre de 2014. Disponible en: http://www.elperiodico.com.gt/es/20141003/pais/2773/Presentar%C3%A1n-nuevo-amparo-para-revertir-elecci%C3%B3n-de-magistrados.htm; Guatemala Visible. Convergencia por los Derechos Humanos opuestos a reelección de magistrados. Nota sin fecha, disponible en: http://guatemalavisible.net/index.php?option=com–content&view=article&id=2389:convergencia-por-los-derechos-humanos-opuestos-a-reeleccion-de-magistrados&catid=8:noticias-2010&Itemid=105; Información del Movimiento Pro Justicia (https://www.facebook.com/MovimientoProJusticia) y CEJIL. Organizaciones internacionales denuncian irregularidades en procesos de integración de órganos de justicia en Guatemala. Comunicado de prensa de 13 de agosto de 2014; Denuncian irregularidades en los procesos de selección judicial en Guatemala. Comunicado de prensa de 7 de octubre de 2014; Organizaciones internacionales señalan que procesos de selección judicial en Guatemala no respetaron estándares internacionales. Comunicado de prensa de 7 de octubre de 2014; Llamamiento internacional a anular las elecciones judiciales en Guatemala. Comunicado de prensa de 24 de octubre de 2014; y CEJIL lamenta la resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ante procesos de elecciones judiciales. Comunicado de prensa de 25 de noviembre de 2014. Todos los pronunciamientos pueden encontrarse en: http://cejil.org/noticias.

16 Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José”). Guatemala firmó el tratado el 22 de noviembre de 1969 y lo ratificó el 27 de abril de 1978.

17 Comisión para el Esclarecimiento Histórico Guatemala, Memoria del Silencio. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Guatemala: Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), 1ª ed., junio de 1999, Tomo V: Conclusiones y recomendaciones, párr. 66.

18 El reglamento vigente de la Corte Interamericana prevé lo siguiente:

Artículo 69. Supervisión de cumplimiento de sentencias y otras decisiones del Tribunal:

1. La supervisión de las sentencias y demás decisiones de la Corte se realizará mediante la presentación de informes estatales y de las correspondientes observaciones a dichos informes por parte de las víctimas o sus representantes. La Comisión deberá presentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones de las víctimas o sus representantes.

2. La Corte podrá requerir a otras fuentes de información datos relevantes sobre el caso, que permitan apreciar el cumplimiento. Para los mismos efectos podrá también requerir los peritajes e informes que considere oportunos.

3. Cuando lo considere pertinente, el Tribunal podrá convocar al Estado y a los representantes de las víctimas a una audiencia para supervisar el cumplimiento de sus decisiones, y en ésta escuchará el parecer de la Comisión.

4. Una vez que el Tribunal cuente con la información pertinente, determinará el estado del cumplimiento de lo resuelto y emitirá las resoluciones que estime pertinentes.

5. Estas disposiciones se aplican también para casos no sometidos por la Comisión.

I

LOS CASOS EN LOS QUE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS HA CONDENADO A GUATEMALA

El Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”.

Por tanto, es justo decir que, en tanto los sistemas nacionales de impartición de justicia no funcionen de manera adecuada, el sistema interamericano seguirá siendo una opción para las personas y colectivos que hayan sufrido violaciones a sus derechos[19].

Lo anterior es aún más importante respecto de aquellos casos que, por formar parte de patrones de violaciones a derechos humanos, generan reparaciones que impactan no sólo sobre las víctimas individuales, sino también en el establecimiento de medidas de no repetición.

Es por ello que el cumplimiento de medidas estructurales relacionadas con el sistema de justicia se torna fundamental al brindar al Estado una oportunidad para que garantice eficazmente los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción[20].

Desde 1996 –año en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la primera sentencia condenatoria contra el Estado de Guatemala–, hasta finales de 2014, el Tribunal conoció los siguientes diecinueve casos:

1. Caso Blake;

2. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros);

3. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros);

4. Caso Bámaca Velásquez;

5. Caso Myrna Mack Chang;

6. Caso Maritza Urrutia;

7. Caso Masacre Plan de Sánchez;

8. Caso Molina Theissen;

9. Caso Carpio Nicolle y otros;

10. Caso Fermín Ramírez;

11. Caso Raxcacó Reyes;

12. Caso Tiu Tojín;

13. Caso de la Masacre de las Dos Erres;

14. Caso Chitay Nech y otros;

15. Caso Masacres de Río Negro;

16. Caso Diario Militar (Gudiel Álvarez y otros);

17. Caso García y Familiares;

18. Caso Véliz Franco y otros;

19. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros.

Todos estos casos, a excepción de los relativos a la aplicación de la pena de muerte en el país (Raxcacó Reyes y Fermín Ramírez), los relacionados con el asesinato de niños y jóvenes en situación de calle (Villagrán Morales y Otros) así como las dos últimas sentencias de la lista (Véliz Franco y Defensor de Derechos Humanos), están relacionados con graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado interno.

A partir de las violaciones a los derechos humanos declaradas por la Corte IDH y la consiguiente responsabilidad del Estado, Guatemala está obligado a cumplir una vasta variedad de medidas de reparación, que van desde el pago de indemnizaciones compensatorias del daño causado; actos públicos de desagravio y reconocimiento de responsabilidad; videos; ejecución de medidas de rehabilitación; conmemoración; y homenaje a las víctimas (medidas de satisfacción), hasta la imposición de diversas modalidades de garantías de no repetición.

De este modo, la Corte IDH no sólo apunta a reparar a las víctimas por el daño causado, sino que busca también atacar las circunstancias que hicieron posible la violación de derechos. En la jurisprudencia del Tribunal interamericano cobran vital importancia las medidas de no repetición y, entre éstas, las que se otorgan en materia de justicia y van desde la identificación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos, hasta aquéllas que se dirigen a fortalecer el sistema de justicia.

A continuación se presenta información sistematizada sobre las diferentes medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH, en ralación a la justicia. En el cuadro 1 se expone el detalle de las indemnizaciones ordenadas por daño material [21] (lucro cesante [22] y daño emergente [23] ) y daño moral o inmaterial [24] :

CUADRO 1: DETALLE DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS

Caso

Daño material

Daño moral

Lucro cesante

Daño emergente

Blake

Sí

Sí

Panel Blanca

Sí

Sí

Sí

Niños de la calle

Sí

Sí

Sí

Bámaca

Sí

Sí

Sí

Myrna Mack Chang

Sí

Sí

Sí

Maritza Urrutia

Sí

Sí

Sí

Plan de Sánchez

No se distingue en el daño material

Sí

Molina Theissen

Sí

Sí

Sí

Carpio Nicolle

Sí

Sí

Sí

Fermín Ramírez

NA

NA

NA

Raxcacó Reyes

NA

NA

NA

TiuTojín

NA

NA

NA

Dos Erres

NA

NA

Sí

ChitayNech

Sí

Sí

Sí

Río Negro

Se da una suma por ambos daños y se ordena al Estado prever mecanismos para futuras víctimas

Véliz Franco

Se da una suma por ambos daños

Defensor de Derechos Humanos

No

Sí

Sí

En el Cuadro 2 se detalla la información correspondiente a medidas relacionadas con la rehabilitación de las víctimas y las garantías de no repetición.

Finalmente, en el Cuadro 3 se presenta la información sobre las medidas de satisfacción ordenadas por la justicia interamericana.

* La justicia puede ser tanto una medida de satisfacción para los familiares como una garantía de no repetición de los hechos.

No se ha cerrado ninguno de los 19 casos en los que Guatemala ha sido condenada por la Corte IDH, estando todos ellos bajo el procedimiento de supervisión de cumplimiento de ejecución de sentencias.

Esto es un claro indicador del reto que representa el cumplimiento adecuado de las reparaciones para el Estado.

Si bien es frecuente observar al menos el cumplimiento parcial en cuanto al pago de reparaciones de carácter económico, las medidas de satisfacción de las víctimas y de reconocimiento de responsabilidad estatal[25], no ocurre lo mismo con las reparaciones vinculadas a la justicia, aunque en algunos momentos y coyunturas se hayan observado avances en este sentido.

Este incumplimiento no sólo lacera los intereses de las víctimas –quienes consideran que la principal medida de reparación que pueden obtener es la sanción de los responsables[26] –, sino que también evidencian la debilidad de Guatemala para avanzar hacia un efectivo Estado de derecho y hacer frente a la impunidad.

Como ya fuera dicho, con las medidas de no repetición se busca enfrentar las causas que dieron lugar a las violaciones de derechos humanos que conoció la Corte IDH. De esta manera, el que esas violaciones no hayan sido juzgadas a nivel interno, puede ser interpretado como una expresión de tolerancia que puede alentar a que los perpetradores sigan cometiendo otras atrocidades.

19 Así lo ha establecido la Corte Interamericana desde sus primeras sentencias en las que determinó que “El Derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales acciones”. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de fondo de 29 de julio de 1988. Serie C Nº 4, párr. 134 in fine.

20 Ello se demuestra en tanto que, de los 19 casos decididos por la Corte Interamericana hasta finales del 2014, los únicos casos que no hicieron uso de las excepciones a la regla general de agotamiento de recursos internos fueron los relativos a la pena de muerte: Fermín Ramírez (Informe de admisibilidad Nº 74/02, de 9 de octubre de 2002) y Raxcacó Reyes (Informe de admisibilidad Nº 73/02, de 9 de octubre de 2002).

En los casos que siguen, la CIDH emitió los informes de admisibilidad aceptando la causal de retardo injustificado en el agotamiento de recursos internos (artículo 46.2.c de la CADH): Mack (Informe de admisibilidad Nº 10/96, de 5 de marzo de 1996), Plan de Sánchez (Informe de admisibilidad Nº 31/99, de 11 de marzo de 1999), Molina Theissen (Informe de admisibilidad Nº 79/01 de 10 de octubre de 2001), García y familiares (Informe de admisibilidad Nº 91/06, de 21 de octubre de 2006), María Isabel Véliz Franco (Informe de admisibilidad Nº 92/06, de 21 de octubre de 2006), Chitay Nech (Informe de admisibilidad Nº 7/07, de 27 de febrero de 2007), Masacres de Río Negro (Informe de admisibilidad Nº 13/08, de 5 de marzo de 2008), y Florentín Gudiel Ramos, Makrina Gudiel Álvarez y Otros (Informe de admisibilidad Nº 109/10, de 8 de septiembre de 2010).

Por otra parte, cabe señalar que en los casos Carpio Nicolle (Informe Nº 27/03), Tiu Tojín (Informe de admisibilidad y fondo Nº. 71/04), Dos Erres (Informe de admisibilidad y fondo Nº 22/08) y Diario Militar (Informe de admisibilidad y fondo Nº 116/10), la CIDH emitió un informe conjunto sobre admisibilidad y fondo, los cuales no son públicos en tanto fueron sometidos a la Corte IDH (de conformidad con el artículo 51.1 de la CADH), por lo que no es posible acceder a la valoración de la CIDH sobre el cumplimiento del artículo 46 de la CADH (relativo a los requisitos para la presentación de peticiones ante la Comisión Interamericana).

Finalmente, no existe mayor información sobre los casos Blake, de la “Panel Blanca”, Villagrán Morales y Bámaca.

21 El daño material “supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso […], para lo cual fijará un monto indemnizatorio que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones que han sido declaradas […]”. Cfr. Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C Nº 99, párr. 162.

22 La Corte ha definido el lucro cesante como “la pérdida de ingresos económicos futuros”. Cfr. Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C Nº 42, párr. 147.

23 El daño emergente es la “afectación patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos”. Ídem.

24 El daño moral o inmaterial,

[…] puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, el consuelo de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir […].

Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C Nº 91, párr. 56.

25 En este sentido se han pronunciado tanto Jennifer Harbury como Ana Lucrecia Molina Theissen y Aura Elena Farfán, familiares de personas desaparecidas de los casos Bámaca, Molina Theissen, Dos Erres y Diario Militar. Entrevista virtual con Ana Lucrecia Molina Theissen, 30 de diciembre de 2013; entrevista con Aura Elena Farfán, Ciudad de Guatemala, 28 de enero de 2014; y entrevista virtual con Jennifer Harbury, 27 de diciembre de 2013.

26 Así lo han señalado Aura Elena Farfán, Lucrecia Molina Theissen y Jennifer Harbury. Ídem.

II

MEDIDAS DE REPARACIÓN ORDENADAS EN MATERIA DE JUSTICIA Y LA OBLIGACIÓN DE REMOVER TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE PERMITAN LA IMPUNIDAD

En distintas sentencias, la Corte IDH ha reiterado su definición de impunidad entendiéndola como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos”[27].

En resoluciones emitidas en el marco de casos referidos a Guatemala, la Corte IDH ha expresado de manera reiterada que la ausencia de justicia constituye un grave problema para el país, especialmente en relación con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado[28].

El Tribunal interamericano ha entendido la impunidad como “un factor determinante que hace parte de los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”[29]durante el conflicto.

Resultan por tanto de especial importancia las reparaciones en materia de justicia. A través de ellas, la Corte IDH no sólo reacciona ante la falta de respuesta del sistema de justicia nacional (ordenándole al Estado acciones concretas frente a violaciones de las garantías judiciales y la protección judicial), sino que también se enfrenta a la situación de impunidad generalizada que se deriva del análisis de los casos.

Entre las medidas de reparación en materia de justicia, ordenadas por la Corte IDH contra Guatemala, es posible identificar formulaciones genéricas que se expresan en órdenes de “remover todos los obstáculos que, de facto o de jure, mantienen la impunidad”[30], incluyendo el enfrentamiento a aquellos factores “que impidan la debida investigación de los hechos y respectivos procesos a fin de evitar [su] repetición […]”[31].

Luego, atendiendo a la enorme diversidad de obstáculos que enfrenta al sistema de justicia en el país, la Corte IDH también ha focalizado las medidas de reparación ordenadas en la forma que sigue:

- Investigación, enjuiciamiento y sanción a los responsables de violaciones de derechos humanos;

- Prohibición de recurrir a figuras excluyentes de responsabilidad penal;

- Colaboración de todas las instancias involucradas en la recaudación de la prueba;

- Sanciones a los responsables de la obstaculización de las investigaciones y procesos;

- Dotación de recursos suficientes y adecuados a las instituciones encargadas de la investigación, procesamiento y sanción de conductas delictivas;

- Remoción de todos los obstáculos que perpetúan la impunidad;

- Capacitación en materia de derechos humanos a funcionarios del sistema de justicia;

- Otorgamiento de garantías de seguridad suficientes a los sujetos procesales;

- Determinación del paradero de las víctimas desaparecidas, exhumación de sus restos mortales y entrega a los familiares para que estos puedan inhumarlos en el lugar de su elección;

- Adopción de medidas administrativas, legislativas o reglamentarias.

A continuación abordaremos los principales aspectos de estas medidas.

A. INVESTIGACIÓN, ENJUICIAMIENTO Y SANCIÓN A LOS RESPONSABLES DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Como se ha mencionado previamente, con excepción de los casos Raxcacó Reyes y Fermín Ramírez, todas las sentencias de la Corte Interamericana han ordenado investigar de forma diligente y efectiva, y respetando las debidas garantías, los hechos que generaron las violaciones a derechos humanos, a fin de identificar y sancionar a sus responsables. Esta medida de reparación es de la mayor importancia porque es parte del deber de garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas[32] y porque uno de los objetivos que persigue es cumplir con “las expectativas de las víctimas y de la sociedad de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido”[33].

El derecho a conocer la verdad ha sido reconocido en diversos instrumentos de derechos humanos y también por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La Corte IDH ha indicado que “el derecho a conocer la verdad de los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos se enmarca en el derecho de acceso a la justicia. Asimismo, la Corte ha fundamentado la obligación de investigar como una forma de reparación, ante la necesidad de reparar la violación del derecho a conocer la verdad en el caso concreto[34].

Ese deber resulta igualmente relevante por su vinculación con el derecho a la verdad (al menos la verdad judicial), y por el valor reparador que entraña. En diversos casos relacionados con Guatemala, la Corte ha reiterado que:

[...] toda persona, incluyendo a los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, tiene el derecho a la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas y la sociedad como un todo deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. Este derecho a la verdad se ha venido desarrollado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos [...]; al ser reconocido y ejercido en una situación concreta constituye un medio importante de reparación. Por tanto, en este caso, el derecho a la verdad da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de las víctimas [...][35].

La justicia interamericana ha enfatizado la dimensión social del derecho a la verdad al reconocer que “en una sociedad democrática se debe conocer la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Ésta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer [...], por un lado, mediante la obligación de investigar de oficio las graves violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgación pública de los resultados de los procesos penales e investigativos [...][36].

En los casos de personas desaparecidas, el derecho a la verdad incluye el derecho de los familiares de “conocer lo sucedido a ésta[s] y saber dónde se encuentran sus restos”[37]. Asimismo, dada la gravedad de los hechos, en relación con los familiares de las personas desaparecidas, “[l]a Corte ha indicado que la privación de la verdad acerca del paradero de una víctima de desaparición forzada acarrea una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos [...], por lo cual dicha violación del derecho a la integridad personal puede estar vinculada a una violación de su derecho a conocer la verdad [...]”[38].

LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD COMO REPARACIÓN

• Es la prerrogativa que tienen las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto, de conocer lo sucedido a una(s) persona(s) y saber su paradero.

• Incluye el derecho a la información de todo lo sucedido con relación a las violaciones de derechos humanos.

• Comprende la obligación de investigar oficiosamente los hechos y de publicitar sus resultados.

• La negación de este derecho, en casos de desapariciones forzadas, constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos.

Es por todo ello, y por la identificación de “graves vicios” en las investigaciones[39], que la Corte ha ordenado “iniciar, continuar, impulsar y reabrir las investigaciones que sean necesarias para determinar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las violaciones de los derechos humanos”[40]. Al mismo tiempo, las dificultades señaladas por las víctimas y sus representantes, así como las alegaciones planteadas por los Estados en esta materia, han dado lugar a que mediante las sentencias y las resoluciones de supervisión de cumplimiento, la Corte IDH haya establecido importantes criterios para determinar la forma adecuada en la que se tiene que dar cumplimiento a estas medidas de reparación.

Uno de los principales obstáculos que se encuentra en esta materia es la forma en que se realizan las investigaciones. Es por ello que la jurisprudencia interamericana ha establecido de manera reiterada que la investigación de violaciones a los derechos humanos no se debe desarrollar como una “mera formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”, sino como una obligación a cumplir seriamente[41].

La Corte también ha hecho referencia a la necesidad de que las investigaciones cumplan con los requisitos de diligencia debida y ha precisado que ésta se debe caracterizar por la oficiosidad, oportunidad, exhaustividad, competencia, independencia e imparcialidad y participación[42].

La investigación y sanción a los responsables es una “obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional”[43], y responde a la “necesidad imperiosa de prevenir la repetición de tales hechos”[44]. Es por tanto evidente que el cumplimiento de las mismas es de interés común para la sociedad[45].

Por tal razón, no se puede hacer depender su cumplimiento del “impulso procesal de los particulares”[46]. En palabras de la Corte IDH, esta obligación

[d]ebe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad[47].

Sin embargo, el principio de oficiosidad no implica alejar a las víctimas del proceso sino que, como la propia Corte ha indicado, las investigaciones deben desarrollarse garantizando la participación y respeto hacia las víctimas. Con el fin de que ello ocurra, el Tribunal interamericano ha ordenado al Estado guatemalteco garantizar que las víctimas, en la medida de lo posible, no precisen realizar “esfuerzos desmedidos o exagerados para acceder a los centros de administración de justicia encargados de la investigación” del caso[48].

La participación también incluye tener “pleno acceso” a la investigación y al juicio, así como la capacitad de actuar en todas las etapas e instancias de la investigación y de juzgamiento de los responsables[49]. Más aún, el Estado debe asegurarse de que las víctimas de violaciones a derechos humanos comprendan y puedan hacerse comprender en los procedimientos legales iniciados, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin[50].

Por otra parte, la debida diligencia en la investigación también se caracteriza por la oportunidad y exhaustividad, lo que implica que ésta debe iniciarse de manera inmediata, incluir todas las hipótesis y líneas de investigación, y ser propositiva[51]. Además, para el cumplimiento de esa obligación, el Estado debe adoptar todos los medios necesarios para esclarecer la verdad de los hechos y proveer castigo a los responsables[52].

Si la investigación no reúne los criterios antes mencionados, o si el aparato estatal no está debidamente organizado para investigar los delitos o verse libre de dilaciones y entorpecimientos indebidos, se profundizará la situación de impunidad[53]. Esto dará lugar a que se considere que el Estado no ha sido diligente de la observancia del deber de investigar y sancionar, así como del cumplimiento de las medidas de reparación impuestas por la Corte Interamericana.

También, respecto de la exhaustividad, el órgano interamericano indicó que se debe desarrollar una investigación que permita identificar y sancionar a todos los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, siendo por tanto necesario que ésta vaya dirigida a la búsqueda de todos los autores materiales e intelectuales. En caso contrario, sólo representaría un cumplimiento parcial del deber de investigar[54].

Asimismo, la Corte ha impuesto la obligación de investigar los hechos a la luz del contexto en que ocurrieron y de la prueba relativa a los patrones sistemáticos[55] de violación de derechos humanos[56]. Las investigaciones deben ser conducidas tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en el que ocurrieron y los patrones que explican su comisión.

Coherente con esta posición, en el caso García y familiares, la Corte señaló, respecto a los patrones de actuación sistemáticos que:

No basta el conocimiento de las circunstancias materiales del crimen, sino que resulta imprescindible analizar el conocimiento de las estructuras de poder que lo permitieron, diseñaron y ejecutaron intelectual y materialmente, así como de las personas o grupos que estaban interesados o se beneficiarían del crimen (beneficiarios). En consecuencia, no se trata sólo del análisis de un crimen de manera aislada, sino inserto en un contexto que proporcione los elementos necesarios para comprender su estructura de operación[57].

De la misma manera, la Corte se ha referido en el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias, a la necesidad de que la investigación del caso “interactúe con la comunidad de prueba correspondiente a las investigaciones de otros patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos atribuidas a los destacamentos militares”[58] donde fue retenida ilegalmente la víctima.

Por otra parte, el Tribunal regional ha puesto énfasis en las características de las personas encargadas de la investigación, quienes deben gozar de independencia e imparcialidad[59], entre otras cosas, para garantizar que la prueba no sea alterada[60] y que el acceso a la justicia sea garantizado adecuadamente. Particularmente, en relación con las denuncias o indicios de ejecuciones extrajudiciales, quienes los investigan deben contar con independencia jerárquica e institucional, así como independencia real de cualquier institución o persona que pueda ser objeto de la investigación[61].

Igualmente, la Corte ha hecho referencia a las cualidades necesarias que deben tener las personas encargadas de estas investigaciones, señalando que deben ser profesionales competentes y deben utilizar procedimientos adecuados, requiriéndose el uso de protocolos para llevar adelante las investigaciones[62]. Con esta finalidad la Corte ha dado a Guatemala instrucciones muy claras respecto a la forma de investigar graves violaciones de derechos humanos, recurriendo para ello a distintos instrumentos internacionales, entre los que se encuentran normas técnicas[63], que ofrecen detalles muy precisos respecto de los pasos a seguir para investigar cierto tipo de delitos[64].

Las sentencias emitidas por la Corte también dan cuenta de las deficiencias en la investigación, al igual que de las dificultades importantes observadas a partir de la actuación de funcionarios del Organismo Judicial (OJ)[65]. No se debe perder de vista que lograr la sanción de los responsables de graves violaciones de derechos implica mejorar todo el sistema de justicia y no solamente los órganos encargados de la investigación criminal. En este sentido, la Corte IDH ha señalado que las exigencias de imparcialidad abarcan la totalidad de las etapas del proceso[66], aspecto fundamental para prevenir la influencia de cualquier tipo de poder en la justicia[67].

LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR, COMO MEDIDA DE REPARACIÓN

• Se debe realizar de manera seria y diligente, y no como una mera formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.

• El Estado debe iniciar, continuar, impulsar y reabrir las investigaciones que sean necesarias para determinar y, en su caso, sancionar a todos los responsables.

• La investigación debe al menos seguir los siguientes principios: oficiosidad, oportunidad, exhaustividad, competencia, independencia e imparcialidad y participación.

• Para llevarla a cabo de manera adecuada, se ha ordenado el uso de protocolos de investigación.

• Su resultado puede conllevar la prevención de la repetición de los hechos.

• Debe llevarse a cabo por funcionarios independientes e imparciales.

• Debe abarcar la totalidad de las etapas del proceso.

B. PROHIBICIÓN DE RECURRIR A FIGURAS QUE EXCLUYEN LA RESPONSABILIDAD PENAL

La Corte IDH ha afirmado que “ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos”[68]. Es por ello que en su jurisprudencia ha indicado de manera reiterada la inadmisibilidad de “las disposiciones de amnistía y prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”[69]. Sin ser ajena a “las eventuales tensiones entre el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y las garantías judiciales del imputado”[70], la Corte indica que “existe una prevalencia prima facie de los derechos de las víctimas en casos de graves violaciones de derechos humanos y más aún cuando existe un contexto de impunidad”[71].

En atención a los obstáculos observados en los casos relacionados con el conflicto armado interno, se ha generado jurisprudencia interamericana en reiteradas ocasiones, en la que se requiere a Guatemala abstenerse de recurrir a amnistías o a la prescripción, y que evite hacer uso de medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria[72] mediante la argumentación de cosa juzgada,[73]irretroactividad de la ley penal, o a través de la aplicación del principio non bis in idem. En suma, la Corte ha ordenado al Estado no usar cualquier figura excluyente de responsabilidad penal que vaya dirigida a excusarse de su obligación de investigar[74] y de sancionar a los responsables[75].

Lo anterior no significa que la Corte no haya tenido en cuenta la protección del derecho previsto por el artículo 8.4 de la Convención Americana[76], que reconoce la figura del ne bis in idem. No obstante, la Corte también reconoce limitadas excepciones “a fin de desarrollar otros valores y derechos que, en un caso concreto, lleguen a ser de mayor trascendencia”[77]. Estas limitaciones caben cuando se trata de violaciones a los derechos humanos graves y sistemáticas, en las que la impunidad en la que pueden quedar estos hechos da lugar a una importante afectación a los derechos de las víctimas. Todo ello con la finalidad de hacer posible “la reapertura de esas investigaciones cuando la decisión que se alega como cosa juzgada surge como consecuencia del incumplimiento protuberante de los deberes de investigar y sancionar seriamente esas graves violaciones[78].

Aunado a lo anterior, el alto Tribunal se ha pronunciado respecto de la Ley de Reconciliación Nacional (LRN)[79], indicando que el proceso establecido en la misma tiene como finalidad determinar la posible aplicación de una amnistía, lo que ya ha señalado que no es admisible[80] y añade además, que para no restringir de manera desproporcionada los derechos de las víctimas, las autoridades judiciales deben analizar detenidamente “las circunstancias y el contexto específico del caso”; indicando, en este sentido y respecto de la prescripción que, aunque esta sea una garantía que debe observarse por el órgano juzgador, su invocación y aplicación “[...] es inaceptable cuando ha quedado claramente probado que el transcurso del tiempo ha sido determinando por actuaciones y omisiones procesales dirigidas, con mala fe o negligencia, a propiciar o permitir la impunidad”[81].

REMOCIÓN DE EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD QUE IMPOSIBILITEN LA JUSTICIA

• El Estado no debe ampararse en disposiciones que establezcan amnistía, prescripción, cosa juzgada, irretroactividad de la ley penal u otros excluyentes de responsabilidad que impidan la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de derechos humanos.

• Es fundamental ponderar los derechos de las víctimas.

• En ese contexto, el derecho al ne bis in idem puede tener algunas excepciones.

• Respecto de la aplicación de la LRN, se tienen que valorar las circunstancias y el contexto específico de cada caso.

C. COLABORACIÓN EN LA RECAUDACIÓN U OBTENCIÓN DE LA PRUEBA Y SANCIONES A LOS RESPONSABLES DE LA OBSTACULIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES Y PROCESOS

La evidente falta de colaboración y la obstrucción de las investigaciones y procesos judiciales que se han desarrollado en este tipo de casos y que han dificultado el acceso a ciertos medios probatorios, han significado que la Corte Interamericana haya tenido que reiterar al Estado guatemalteco la obligación de todas las autoridades de colaborar con la recaudación de prueba[82]. Por ejemplo, en el caso del Diario Militar, estableció que el Estado debe garantizar que:

[...] todas las autoridades estatales colaboren efectivamente con la investigación de los hechos del presente caso, brindando pleno acceso a la información requerida por las autoridades encargadas de la misma, así como colaborando, en lo pertinente, en la recaudación de la prueba necesaria para investigar los hechos denunciados, esclarecer lo sucedido y determinar el paradero de las víctimas desaparecidas, de manera tal que las autoridades a cargo de la investigación de las violaciones del presente caso puedan llevarla a cabo con la debida diligencia[83].

Para la investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, es esencial contar con acceso a la información que pueden ofrecer las instituciones en las que los supuestos responsables desempeñaban su trabajo, especialmente si estos delitos constituyen crímenes de Estado. Es por ello que la Corte obliga al Estado a tomar medidas para la superación de las dificultades en el acceso a la documentación de las fuerzas de seguridad en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios en el ejercicio de su cargo.

La Corte ha sido contundente al negar la posibilidad de recurrir a los criterios de confidencialidad o seguridad como excusa para ocultar información, basada en su calificación como secreto de Estado o en razones de interés público, o seguridad nacional. En consecuencia, se ha rechazado que las mismas sean razones suficientes para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendiente[84].

Sin embargo, ante las enormes dificultades que se observan en Guatemala para acceder a la documentación en poder de las fuerzas de seguridad, que podrían ser un elemento probatorio importante, la Corte IDH ha indicado que “las autoridades estatales deberán abstenerse de realizar actos que impidan el acceso a la información que conste en los archivos o dependencias estatales”[85]. Además, ha remarcado la necesidad de que el Estado adopte medidas destinadas a identificar y sancionar a las personas responsables de obstaculizar las investigaciones penales[86], así como a iniciar las acciones penales, administrativas o disciplinarias que sean necesarias contra aquellas autoridades que obstaculizaron o impidieron las investigaciones, y contra “los responsables de las distintas irregularidades procesales y hechos de hostigamiento que han contribuido a prolongar la impunidad de los hechos”[87].

COLABORACIÓN EN LA RECAUDACIÓN U OBTENCIÓNDE LA PRUEBA

• Implica la participación de todas las autoridades involucradas.

• Comprende el acceso a todo tipo de información y documentación necesarias para el efectivo avance de la investigación.

• No son aceptables las alegaciones de confidencialidad o seguridad para ocultar información.

• Si las autoridades no colaboran u obstruyen el acceso a la información, deberán deslindarse las responsabilidades penales y/o administrativas.

D. DOTAR A LAS INSTITUCIONES CON RECURSOS SUFICIENTES Y ADECUADOS

En varias de sus sentencias, la Corte IDH se ha referido a la obligación de Guatemala de fortalecer las instituciones de su sistema de justicia. Un ejemplo de esto es el caso de la Masacre de Las Dos Erres, en el que el tribunal interamericano ordenó al Estado “asegurarse [de] que los distintos órganos del sistema de justicia involucrados en el caso cuenten con los recursos y materiales necesarios”[88], precisando en este caso y en el de las Masacres de Río Negro que los recursos deben ser “humanos y materiales”[89], de manera que quienes integran los distintos órganos del sistema de justicia puedan cumplir con el desempeño de “sus tareas de manera adecuada, independiente e imparcial”[90].

Sin olvidar que se consideraron en este sentido a las distintas instituciones del sistema de justicia, no se debe perder de vista que la Corte Interamericana ha hecho especial referencia a la necesidad de adoptar medidas dirigidas a fortalecer la capacidad investigativa del Estado. Por ejemplo, ha ordenado que asegure que las entidades encargadas de la prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales cuenten con “suficientes recursos humanos, económicos, logísticos y científicos para que puedan realizar el procesamiento adecuado de toda la prueba, y ello redunde en el efectivo esclarecimiento de los hechos delictivos”[91].

DOTAR A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA CON RECURSOS SUFICIENTES Y ADECUADOS, COMO GARANTÍA DE NO REPETICIÓN

• Todos los órganos del sistema de justicia involucrados en los casos deben contar con los recursos humanos y materiales necesarios.

• Los recursos humanos, económicos, logísticos y científicos deben ser suficientes para realizar el procesamiento adecuado de toda la prueba, y que ello redunde en el efectivo esclarecimiento de los hechos delictivos.

E. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A PERSONAS FUNCIONARIAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA

La Corte IDH ha ordenado, de manera reiterada, y como un elemento de prevención de graves violaciones de derechos humanos, la inclusión de capacitaciones específicas en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario “dentro de los cursos de formación de los miembros de sus fuerzas armadas, de la policía y de sus organismos de seguridad”[92]. Ello incluye la formación destinada a integrantes de cuerpos de investigación, que tienen participación directa en la labor que realiza el sistema de justicia, y que su actuación en alguna medida se relaciona con la ejecución de decisiones judiciales.

Así, íntimamente relacionado con lo señalado en el apartado anterior en cuanto a la necesidad de contar con los recursos humanos adecuados, se encuentran las medidas dirigidas a mejorar las capacidades de quienes integran el sistema de justicia, a partir de la capacitación, que son consideradas por la Corte como un elemento “crucial para generar garantías de no repetición”[93].

Pero este Tribunal ha ido más allá al ordenar el fortalecimiento para el mejoramiento integral del sistema de justicia en Guatemala, a través de la capacitación y formación adecuadas. De manera más ambiciosa, ha ordenado

[…] que el Estado organice e inicie de manera independiente o en fortalecimiento de los ya existentes, un programa específico de capacitación y fortalecimiento para el mejoramiento integral del Sistema de Justicia en Guatemala, destinado a las autoridades encargadas de la dirección de los procesos judiciales de graves violaciones a los derechos humanos, el cual incluya una estrategia de investigación de patrones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y tutela judicial efectiva, a fin de dirigir y encausar este tipo de procesos en tiempos razonables y considerando la investigación de todos los hechos y responsables, en garantía del acceso a la justicia de las víctimas de este tipo de violaciones […][94].

Finalmente, cabe mencionar que la Corte ha previsto a futuro las obligaciones de Guatemala una vez que cumpla con algunas de las reparaciones ordenadas. Por ejemplo, ha establecido que cuando se apruebe una nueva Ley de Amparo –que se ajuste a los criterios que ya han sido fijados en sentencias previas–, se materializará la obligación de iniciar un programa de capacitación para operadores de justicia sobre el uso adecuado de este recurso[95].

LA CAPACITACIÓN, COMO UNA GARANTÍA DE NO REPETICIÓN

• La Corte IDH ha ordenado capacitaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario dentro de los cursos de formación de los miembros de sus fuerzas armadas, de la policía y de sus organismos de seguridad.

• También la Corte IDH ha determinado el establecimiento de un programa específico de capacitación y fortalecimiento para el mejoramiento integral del sistema de justicia en Guatemala.

• La Corte IDH ha previsto que, cuando se adopte legislación novedosa, se deberá incluir un programa de formación para funcionarios.

F. OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS DE SEGURIDAD SUFICIENTES A LOS SUJETOS PROCESALES

El sistema interamericano ha reconocido, desde su creación, que existen situaciones que pueden impedir la obtención de justicia en un país determinado. Ante ello existen disposiciones convencionales que reconocen esa situación y ofrecen alternativas jurídicas y protección a quienes demandan justicia[96].

Adicionalmente, la constante jurisprudencia interamericana ha insistido en que para no perpetuar “la incertidumbre de riesgo de las víctimas”[97]es preciso capturar a los responsables, para que sean juzgados y, en su caso, cumplan la condena correspondiente[98]. Además, en diversos casos la Corte IDH ha ordenado a Guatemala otorgar las garantías de seguridad suficientes a las víctimas, así como a testigos, autoridades judiciales, fiscales y demás operadores del sistema de justicia[99]. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el caso de la Masacre de Plan de Sánchez, en el que la Corte condenó al Estado por la falta de la protección de las víctimas que demandaban justicia frente a graves violaciones de derechos humanos[100], y ordenó su protección a partir de la adopción de medidas provisionales.

Ante el hostigamiento y las amenazas que afectan el avance en la justicia, el otorgamiento de medidas de protección debe verse como una auténtica garantía del debido proceso, pues este tipo de violencia tiene como objetivo “entorpecer el proceso penal, evitando el esclarecimiento de los hechos y encubriendo a los responsables[101].

Además, cabe señalar que en diversos casos la Corte ha adoptado medidas provisionales ante el riesgo en que se encuentran las personas involucradas en los procesos para obtener justicia a nivel interno. Con excepción de los casos de pena de muerte, las medidas adoptadas se refieren a hechos relacionados con el conflicto interno armado, como se muestra a continuación:

- El 16 de agosto de 1995, la Corte IDH adoptó medidas provisionales a favor de un testigo del caso Blake y su familia[102];

- La Corte IDH también adoptó medidas provisionales para el fiscal instructor del caso y los familiares de las víctimas que impulsaban los procesos internos en el caso Carpio Nicolle[103]. Posteriormente, esas medidas se ampliaron para otros integrantes de la familia[104];

- Igualmente, en el caso Bámaca Velásquez, la Corte dictó varias resoluciones de medidas provisionales para proteger a la familia de la víctima así como a testigos y a las familias de estos[105];

- En relación con el caso Mack, la Corte ordenó proteger tanto a Helen Mack Chang (hermana de la antropóloga Myrna Mack)[106]como a los integrantes de la Fundación Myrna Mack. Posteriormente, la Corte amplió las medidas a otros miembros de la familia Mack[107];

- El 30 de julio de 2004, la Corte adoptó medidas provisionales en relación con diferentes testigos de la Masacre de Plan de Sánchez[108]. Luego, el tribunal amplió las medidas a favor de integrantes del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), quienes habían brindado acompañamiento psicosocial a la comunidad, especialmente en la etapa de exhumaciones[109];

- En el caso de la desaparición forzada de Fernando García, la Corte resolvió no adoptar medidas provisionales en favor del Director de la Unidad de Averiguaciones Especiales de la Procuraduría de Derechos Humanos, a cargo de las investigaciones relacionadas con desapariciones forzadas cometidas durante el conflicto armado interno en Guatemala, en tanto el Estado decidió adoptarlas motu proprio. No obstante, la Corte aclaró que “corresponde al Estado, conforme al referido deber de garantía de los derechos humanos, no sólo mantener las medidas de protección que ha adoptado por el tiempo que las circunstancias lo ameriten, sino también implementar aquéllas que sean necesarias para proteger efectivamente al señor Romero Rivera tomando en cuenta su situación de riesgo”[110].

La Corte, además, ha exigido al Estado guatemalteco mejorar su gestión de las situaciones de riesgo, imponiéndole la necesidad de “identificar de oficio el riesgo que se cierne sobre cualquier interesado o partícipe en la investigación, y manejar en forma diligente cualquier inquietud que al respecto sea alegada por las partes en el proceso”; así como “advertir a cada testigo de dicho riesgo y evaluar periódicamente la evolución del mismo, adoptando las medidas pertinentes”[111].

OTORGAR LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD SUFICIENTES A LAS PARTES EN EL PROCESO

• El Estado debe brindar garantías de seguridad suficientes a las víctimas, testigos, autoridades judiciales, fiscales y demás operadores del sistema de justicia.

• Adicionalmente debe identificar de oficio el riesgo sobre cualquier interesado o partícipe en la investigación, y manejar en forma diligente cualquier inquietud que al respecto sea alegada por las partes en el proceso.

• Debe advertirse a cada testigo del riesgo y evaluar periódicamente la evolución del mismo.

• En caso de que se mantenga o cambie el riesgo, se deberán adoptar las medidas correspondientes.

• Si el Estado no cumple con su deber de protección a los sujetos procesales, la Corte IDH adoptará las medidas de protección necesarias.

G. DETERMINACIÓN DEL PARADERO DE LAS VÍCTIMAS DESAPARECIDAS, EXHUMACIÓN DE SUS RESTOS MORTALES Y ENTREGA A LOS FAMILIARES PARA QUE ÉSTOS PUEDAN SER INHUMADOS EN EL LUGAR DE SU ELECCIÓN

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH), estableció que el diez por ciento (10%) del total de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de conflicto armado interno guatemalteco fueron desapariciones forzadas, estimándose en más de 40.000 el total de personas desaparecidas[112]. Por su parte, el Congreso de la República reconoció 45.000 personas víctimas de ese delito[113], cifra que coincide con el cálculo realizado por las organizaciones de la sociedad civil.

Aún después de transcurridos casi veinte años desde la firma de los Acuerdos de Paz, no ha sido identificado el paradero de la mayor parte de esas 45.000 personas, y menos aún se ha logrado justicia por estos hechos.

Atendiendo a lo solicitado por las víctimas y sus representantes, en varias de sus sentencias, la Corte Interamericana ha ordenado al Estado de Guatemala buscar y localizar a las víctimas de desaparición forzada[114] o presuntamente ejecutadas[115] y entregar sus restos a sus familiares. También ha reiterado que la identificación del paradero de los restos mortales de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos es una medida de reparación en sí misma, al permitir a los familiares cerrar el proceso de duelo y a la sociedad conocer la verdad de lo ocurrido [116].

El Tribunal interamericano ha reconocido que estos restos también constituyen un medio de prueba esencial de la comisión de violaciones de derechos humanos y del modus operandi al que éstas responden. Las osamentas pueden ofrecer importantes elementos de prueba respecto del trato recibido por la víctima, las personas perpetradoras y las instituciones de las que estas formaban parte[117]. De este modo, se puede señalar que la Corte considera que la obligación de investigar el paradero de las personas desaparecidas forzosamente y la identificación de los restos óseos encontrados forma parte de la obligación de investigar y constituye, además, una medida de no repetición[118].

Atendiendo a lo ya señalado, en el caso de Fernando García y familiares, la Corte IDH estimó necesario “que el Estado efectúe una búsqueda seria por la vía judicial y administrativa adecuada, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero del señor Edgar Fernando García a la mayor brevedad, la cual deberá realizarse de manera sistemática y rigurosa, contar con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos […]”[119].

Similares órdenes ha dado en los casos Bámaca, Molina Theissen, Tiu Tojín, Chitay Nech, Masacres de Río Negro y “Diario Militar”[120].

Igualmente, atendiendo al valor que tiene en materia de justicia la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, la Corte estableció que, además de ser necesaria una comprobación genética de filiación de los restos encontrados[121], debe haber una determinación de “las causas de muerte y posibles lesiones previas”[122], siendo necesario para ello que el Estado cuente con los recursos humanos y técnicos adecuados[123] y se asegure “que las fuerzas de seguridad que puedan tener información, los investigadores, operadores de justicia y técnicos forenses, compartan información, trabajen de forma coordinada y tengan planes específicos de acción [...]”[124].

En cuanto a los costos de la búsqueda e identificación, el Tribunal indicó que tienen que ser asumidos por el Estado[125], así como los gastos que implique la realización de ritos fúnebres acordes con las costumbres y creencias de los familiares de las víctimas[126].

DETERMINACIÓN DEL PARADERO DE LAS VÍCTIMAS DESAPARECIDAS, EXHUMACIÓN DE SUS RESTOS MORTALES Y ENTREGA A LOS FAMILIARES

• Comprende la necesaria comprobación genética de filiación de los restos encontrados.

• Deben determinarse las causas de muerte y de posibles lesiones previas.

• El Estado debe contar con recursos humanos y técnicos adecuados.

• Las autoridades involucradas deben compartir información, trabajar de forma coordinada y contar con planes específicos de acción.

• El Estado debe asumir los costos de la búsqueda e identificación.

• El Estado debe pagar los gastos para la realización de ritos fúnebres acordes con las costumbres y creencias de los familiares de las víctimas.

H. ADOPCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS

En diferentes sentencias, y de acuerdo con el artículo 2 de la CADH[127], la Corte Interamericana ha ordenado que los Estados cumplan con su obligación de adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para garantizar la efectividad de los derechos y libertades recogidos en la Convención. Es por ello, y con el fin de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en este tratado, que ha ordenado al Estado guatemalteco adoptar y/o reformar varias disposiciones legales, reglamentarias e implementar medidas de “cualquier índole que sean necesarias para adecuar la normativa guatemalteca a las previsiones convencionales”[128].

Lo anteriormente declarado se observa de manera clara en el caso Bámaca Velásquez, en el que –al igual que el caso Villagrán Morales–[129]la Corte dictó una medida de reparación de carácter amplio a través de la cual ordenaba al Estado “adoptar las medidas legislativas y de cualquier otra índole necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico guatemalteco a las normas internacionales de derechos humanos y derecho humanitario, y para darles efectividad en el ámbito interno, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención”. La Corte hizo especial énfasis en la necesidad de “adoptar las medidas nacionales de aplicación del derecho internacional humanitario, así como aquéllas de protección de los derechos humanos que aseguren el ejercicio libre y pleno de los derechos a la vida, la libertad e integridad personales y la protección y garantías judiciales”[130].

Este tipo de medidas se otorgan de manera más concreta en otros casos, donde se ordenan medidas de reparación como las siguientes:

a. Adopción de medidas dirigidas a la adecuación de normas ya existentes

El caso Mack permitió a la Corte abordar una de las principales dificultades que ha enfrentado el procesamiento de los casos relacionados con el conflicto armado: las dilaciones indebidas o incluso la paralización de ciertos procesos por el uso excesivo del recurso de amparo. En este caso el tribunal interamericano observó que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad[131] “obliga a los tribunales de amparo a dar trámite y resolver todo recurso de amparo que sea interpuesto contra cualquier autoridad judicial por cualquier acto procesal [...] aunque este sea ‘manifiestamente improcedente’”[132].

La Corte agrega que la administración que las autoridades judiciales dieron a las acciones de amparo planteadas en este caso no fue acorde a la debida diligencia y que “permitieron que se convirtiera en un recurso dilatorio del procedimiento”[133]al no encausar el proceso y restringir su uso desproporcionado. Señaló también que tales autoridades pasaron por alto que su función va más allá de garantizar el derecho de defensa, y que deben asegurar el derecho a saber la verdad y a que se sancione a los eventuales responsables. Por ello, agregó que es necesario que se eviten dilaciones, entorpecimientos indebidos en los recursos judiciales que permitan la impunidad frente a estos casos; y que se dirija y encause “el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”[134].

Posteriormente, en el caso de la Masacre de las Dos Erres la Corte IDH volvió a abordar este aspecto, ordenando a Guatemala que adoptara todas las medidas necesarias para regular la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad de acuerdo con el verdadero objeto de este recurso. De este modo, se pretendía su uso de acuerdo a los principios de concentración, celeridad, contradicción y motivación de los fallos, y conforme al derecho de defensa, evitando su utilización como mecanismo para la dilación del proceso[135].

b. Adopción de medidas dirigidas a la creación de nuevas normas

La Corte Interamericana incluyó entre sus medidas de reparación, y como un instrumento para hacer efectiva la obligación de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, la obligación de valorar la figura de la cosa juzgada fraudulenta[136] en sus procesos internos. Con esto, la Corte IDH quiere asegurar que el Estado realice todas las acciones necesarias para impedir la impunidad.

En este sentido, en el caso Carpio Nicolle la Corte consideró que los procesos resueltos a nivel interno no cumplía con los estándares internacionales y adolecían de “graves vicios”. En consecuencia, ni estos procesos ni sus sentencias podían ser invocados por el Estado como un cumplimiento de su deber de sancionar y, por tanto, tampoco podían ser considerados “como eximente de su obligación de investigar y sancionar”[137].

En igual sentido, y atendiendo a lo señalado previamente en relación con las deficiencias identificadas en materia de investigación criminal, el tribunal de San José ordenó a Guatemala adecuar su derecho interno a los estándares internaciones para la investigación diligente y eficaz de la ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias así como de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes[138]. La forma de hacer efectiva esta obligación, como ya se señaló previamente, fue adoptando los protocolos recogidos en los instrumentos internacionales para la investigación de este tipo de delitos.

c. Adopción de distintos tipos de medidas dirigidas a abordar la desaparición forzada y la sustracción y retención ilegal de niños y niñas

La CEH estima que el enfrentamiento armado interno en Guatemala, resultó en aproximadamente cinco mil niños y niñas desaparecidos o separados de sus familias forzosamente[139]. Aunque se conocen esfuerzos importantes de la sociedad civil para su búsqueda, “bajo la hipótesis de que es posible encontrarles vivos”, se estima que sólo en el 10% de los casos documentados, se ha resuelto[140].

El Tribunal interamericano también ha conocido de esta problemática, y lo hizo poniendo foco en las diferencias que este delito presenta según sus víctimas sean personas adultas o niños. De este modo, partiendo de su posible sustracción y retención ilegal (como ocurrió en el caso de la Masacre de las Dos Erres), la Corte ordenó al Estado guatemalteco crear una página web de búsqueda de niños sustraídos y retenidos ilegalmente[141].

Ésa no fue la primera vez que la Corte Interamericana ordenaba medidas en relación con esta problemática. El primer caso conocido por ese tribunal fue el de la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, en el cual ordenó al Estado que adoptara las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que fuesen necesarias para crear un sistema de información genética que permita la determinación y esclarecimiento de la filiación de las personas desaparecidas y su identificación[142].

Adicionalmente, en su sentencia relativa al caso de las Masacres de Río Negro, la Corte IDH enfatizó en la necesidad de asignar a las instituciones idóneas la tarea de implementar este banco de información genética, el cual deber tener como objetivo principal resguardar esa información que se encuentra en los restos óseos de las personas exhumadas, y de los familiares de las personas ejecutadas o desaparecidas. Todo ello, con el fin último de restituir los restos mortales de las víctimas a sus familiares a la mayor brevedad y sin costo[143].

Igualmente, y retomando las reparaciones ordenadas en casos previos, en el caso Fernando García la Corte IDH volvió a ordenar a Guatemala a “continuar con el proceso de adopción de todas las medidas necesarias para que se concrete la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de Desaparición”[144].

Finalmente, la Corte IDH también ha dictado medidas de reparación que buscan ofrecer seguridad jurídica a los familiares de desaparecidos. Así, en el caso Molina Theissen –ya referido–, se ordenó la creación de un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada con fines de filiación, sucesión y reparación y demás efectos civiles relacionados con ella[145].

d. Medidas dirigidas a crear un registro de personas privadas de libertad

En virtud de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas privadas de libertad y con base en la obligación del Estado de cumplir con su deber de cuidado y, específicamente de la gravedad que esta situación reviste en Guatemala[146], la Corte ha ordenado la creación de un registro de personas privadas de libertad que abarque los centros de detención preventiva, los centros para adolescentes en conflicto con la ley penal, así como los centros de detención militar y policial[147].

De acuerdo con la Corte Interamericana, tal registro “debería incluir: identificación de los detenidos, motivo de la detención, autoridad competente, hora de ingreso y de liberación e información sobre la orden de detención”[148].

Aunque esta medida puede ser sumamente útil para prevenir casos de malos tratos y tortura de las personas privadas de libertad, no se puede pasar por alto que este tipo de registro puede ser también esencial para la prevención de la desaparición forzada de personas que se encuentran en tal situación.

I. LA RECIENTE DECISIÓN CONJUNTA DE LA CORTE INTERAMERICANA

Un tema que se ha venido discutiendo en los últimos años tiene que ver con hacer más eficaz el mecanismo de supervisión de sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los últimos tiempos se ha pasado de un sistema que sólo incluía intercambios epistolares entre las partes para que la Corte tuviera insumos para antes de emitir resoluciones de supervisión de cumplimiento, a audiencias privadas de supervisión de sentencias, donde las partes y, especialmente las víctimas, tienen posibilidad de dirigirse al tribunal y expresar su parecer sobre el avance (o retroceso) en el cumplimiento del fallo internacional.

Una de las maneras de hacer más expedito y estratégico el proceso de supervisión tiene que ver con la identificación de problemas compartidos entre los casos, y que evidencien importantes retos estructurales en el cumplimiento de las sentencias.

En el caso de Guatemala, la Corte Interamericana convocó –a petición expresa de sus víctimas y representantes– una audiencia conjunta sobre 11 casos. Se trató del tercer país al que se le aplicó este tipo de supervisión después de Colombia y Paraguay. Los casos revisados por la Corte Interamericana fueron los siguientes:

1. Blake;

2. “Niños de la Calle” (Villagrán Morales);

3. Bámaca Velásquez;

4. Myrna Mack Chang;

5. Maritza Urrutia;

6. Masacre Plan de Sánchez;

7. Molina Theissen;

8. Carpio Nicolle y otros;

9. Tiu Tojín;

10. Masacre delas Dos Erres;

11. Chitay Nech.

En tal ocasión, el Estado confundió la etapa procesal en la que se encontraba, al hacer alegaciones que se asemejaban a interposiciones de excepciones preliminares y alegaciones de fondo para que la Corte Interamericana no se pronunciara por hechos ya conocidos e incorporados en sendas sentencias condenatorias[149].

Los representantes estatales centraron su presentación ante la Corte IDH en afirmaciones tales como que “[n]o puede la Corte extender su competencia temporal aduciendo conducta continuada del Estado cuando la responsabilidad del Estado proviene de conductas personales, continuadas o permanentes, anteriores al reconocimiento de la competencia contenciosa por el Estado”; o “[e]n ninguno de los once casos puede haber procesamiento por el delito de desaparición forzada […]”; o “en ninguno de los once casos procede afirmar imprescriptibilidad”, resaltando que también se calificó de “inaceptables” las condenas de la CIDH y la Corte IDH[150].

Más aún, el Secretario para la Paz y titular de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) fue contundente al señalar que “[l]a certeza jurídica sobre la vigencia y alcance de las amnistías vigentes lo resolverán, eventualmente, las Cortes Suprema y de Constitucionalidad, al igual que los argumentos sobre la tipificación de conductas […]”[151].

La audiencia puso en evidencia los límites del posicionamiento estatal en relación con sus obligaciones internacionales. La resolución de la Corte IDH resume la complejidad de este escenario para las víctimas, en los siguientes términos:

[…] calificaron la posición de Guatemala como ‘‘un claro desacato del Estado’’, debido a que ‘‘niega [y] deslegitima la jurisdicción de este Tribunal, sus obligaciones internacionales y la obligación de cumplir las Sentencias’’. Afirmaron que ‘‘no se trata de simples dificultades del Estado para implementar las medidas ordenadas por este Tribunal, sino de una política de Estado que niega la competencia de la Corte Interamericana’’. Asimismo, sostuvieron que, ‘‘en vez de cuestionar el contenido de las sentencias que ya tienen carácter de cosa juzgada, [el Estado debería] presentar un plan estratégico’’ para el cumplimiento. Expresaron que la posición del Estado ‘‘tiene un impacto de ‘revictimización’ sobre las víctimas y tiene un impacto social fundamental’’[152].

Refiriendo también que

[…] observó en la referida audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencias que ‘‘ha habido un cambio radical de posición’’, ya que Guatemala ‘‘pretende reabrir en el ámbito interno un debate que ya fue decidido por la Honorable Corte en sus Sentencias’’. Agregó que la posición del Estado ‘‘constituye un abierto desconocimiento de las Sentencias de la Corte y de principios básicos de derecho internacional’’. La Comisión observó que Guatemala ‘‘no se ha referido de forma detallada al cumplimiento, sino ha cuestionado las Sentencias’’ y ‘‘la competencia temporal’’ de la Corte[153].

La posición del Estado derivó en que “la Corte condena[ra] con severidad el desacato del Estado guatemalteco a sus responsabilidades internacionales y ordena que en forma pronta e íntegra se adopten todas las medidas necesarias para cumplir con todas las sentencias dictadas”[154]. En palabras de la Corte,

La posición asumida por Guatemala en la presente etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia en la audiencia de supervisión conjunta de once casos […] constituye un acto de evidente desacato de la obligatoriedad de las Sentencias de esta Corte, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal. En la audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencias celebrada ante el pleno de la Corte en mayo de 2014, el Estado no cumplió con su obligación de informar sobre la implementación de la reparación que estaba siendo supervisada en esos once casos, sino que se dedicó fundamentalmente a cuestionar la competencia temporal del Tribunal para haberse pronunciado sobre el fondo en cinco de esos casos y a exponer que le resultaban “inaceptables” las consideraciones efectuadas por el Tribunal en esas Sentencias, así como a sostener que los hechos a que se referían siete de esos once casos se enmarcan en los supuestos de la Ley de Reconciliación Nacional por lo cual habría “extinción de la responsabilidad penal”, salvo que las Cortes Suprema y de Constitucionalidad resolvieran que no procede la aplicación de dicha ley[155].

Más aún, la Corte identificó el riesgo que implica el nuevo –y negativo– cambio de posición del Estado frente a sus obligaciones internacionales:

Fue recién en mayo de 2014 que el Estado asumió una posición contraria al principio de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe cuando cuestionó lo decidido por el Tribunal, al realizar los referidos alegatos de incompetencia del Tribunal (supra Considerando 2). Esta nueva posición asumida por el representante de Guatemala en la audiencia de supervisión (supra Visto 1 y Considerando 2) contrasta con los reconocimientos de responsabilidad parciales o totales efectuados en la etapa de fondo y reparaciones de esos casos (supra Considerando 13) y con las acciones efectuadas por los órganos de investigación y juzgamiento penal internos en relación con la obligación de investigar, juzgar, y de ser el caso, sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos declaradas en las Sentencias. En algunos casos el Estado habría dado pasos concretos. Al respecto la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala emitió diversas resoluciones en el 2009 declarando la autoejecutabilidad de las Sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos […][156].

Por todo lo anterior, el Tribunal interamericano resolvió:

1. Que la posición asumida por Guatemala durante la audiencia privada de supervisión de cumplimiento de sentencias celebrada el 16 de mayo de 2014 ante el pleno de este Tribunal constituye un acto de evidente desacato del Estado respecto de la obligatoriedad de las Sentencias dictadas por este Tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal[…][157].

2. Requerir al Estado que adopte, en definitiva y a la mayor brevedad, todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto cumplimiento a las Sentencias de los casos objeto de la presente Resolución, de acuerdo con lo considerado en la misma y con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En definitiva, y con independencia de esta clara resolución, existen otros elementos que han posibilitado o dificultado el cumplimiento de varias medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH, lo cual se abordará a continuación.

27 Ver, entre otros, Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C Nº 74, párr. 186; Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C Nº 71, párr. 123; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C Nº 70, párr. 211; Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009, considerando 11.

28 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C Nº 101, párrs. 172 y 174; Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 190, párr. 70; Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 1º de julio de 2009, considerando vigésimo; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 27 de enero de 2009, considerandos decimoquinto y decimosexto; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 27 de enero de 2009, considerando 37.

29 Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009, párr. 14; Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 190, párr. 70.

30 Corte IDH. Caso Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C Nº 212, párr. 199.

31 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, considerandos 233 y 240; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 18 de noviembre de 2010, considerando 39; Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 22 de agosto de 2013, párrs. 12 y 18.

32 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 18 de noviembre de 2010, considerando 27.

33 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala.Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C Nº 77, párr. 100 y resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia, de 27 de enero de 2009, considerando 18; Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Nº 101, párrs. 156 y 274; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y Otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C Nº 76, párr. 200; Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C Nº 117, párr.127; Caso Gudiel Álvarez y Otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de agosto de 2013. Serie C Nº 262, punto resolutivo 2; y Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C Nº 258, punto resolutivo 2.

34 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C Nº 202, párr. 118; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C Nº 140, párr. 266.

35 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C Nº 117, párr. 128. En el mismo sentido, ver Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C Nº 108, párr. 81; Caso de la Masacre de Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C Nº 116, párr. 97; Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Nº 101, párr. 274.

36 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párr. 194.

37 Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C Nº 108, párr. 81.

38 Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y Otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012. Serie C Nº 253, párr. 301 in fine.

39 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C Nº 117, párrs. 131 y 132.

40 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párr. 257; Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 22 de agosto de 2013, párrs. 12 y 18.

41 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 21 de febrero de 2011, párr. 96; Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C Nº 117, párr. 127; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y Otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C Nº 76, párr. 200; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C Nº 77, párr. 100; Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Nº 101, párr. 273.

42 CEJIL. Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humanos. Buenos Aires, Argentina, 2010. Ver Apartado sobre los Principios generales de debida diligencia para la investigación de graves violaciones de derechos humanos,pp. 20 a 34. Disponible en: http://cejil.org/publicaciones/debida-diligencia-en-la-investigacion-de-graves-violaciones-a-derechos-humanos.

43 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 1º de julio de 2009, considerando 12; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 27 de enero de 2009, considerando 18.

44 Ídem.

45 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Nº 101, párrs. 274 y 275.

46 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párr. 260; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 18 de noviembre de 2010, considerando 25.

47 Ver, entre otros, Corte IDH.Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C Nº 63, párr. 226 in fine; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C Nº 70, párr. 212 in fine. (La cita se refiere a los casos Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C Nº 4, párr. 177 y Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C Nº 5, párr. 188).

48 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 190, párr. 100.

49 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 22 de enero de 2009, considerando 10; y Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párr. 258.

50 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 190, párr. 100.

51 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 22 de enero de 2009, párr. 9.

52 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 18 de noviembre de 2010, considerandos 25 y 29.

53 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia, de 27 de enero de 2009, considerando 20.

54 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Nº 101, párrs. 272 y 275.

55 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 190, párr. 78; Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 233.b); Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C Nº 212, párr. 235.a); Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párr. 257 b); Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C Nº 258, párr. 150.

56 La Corte ha precisado que no sólo había que limitarse a los patrones sobre las violaciones del derecho a la vida, sino también a aquellos otros delitos que se han cometido de manera sistemática y masiva, tales como la desaparición forzada, la tortura, la violación sexual, la esclavitud y la servidumbre.Cfr. Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párr. 257.b).

57 Corte IDH. Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C Nº 258, párr. 150.

58 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 27 de enero de 2009, considerandos 33 y 34.

59 Entre otros, ver, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C Nº 63, párr. 229; Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Nº 101, párr. 174; Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 141. En el mismo sentido, Corte IDH. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C Nº. 136, párr. 80; Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C Nº 134, párr. 223; Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C Nº 124, párr. 145; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1º de marzo de 2005. Serie C Nº 120, párr. 65.

60 Así ocurrió, por ejemplo, en la investigación del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, en la que el Estado Mayor Presidencial y el Ministerio de la Defensa Nacional remitieron a las autoridades encargadas de la investigación documentos manipulados, con la finalidad ocultar información relevante para el caso. Cfr. Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Nº 101, párrs. 173 y 174.

61 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 1º de julio de 2009, párr. 19.

62 Corte IDH. Caso Véliz Franco y Otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C Nº 277, párrs. 197, 210 y 225. En el mismo sentido, Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006, Serie C Nº 164, párr. 179; Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C Nº 147, párr. 96; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C Nº 140, párr. 177; y Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C Nº 134, párr. 224.

63 Naciones Unidas. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (“Protocolo de Estambul”); y Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (“Protocolo de Minnesota”).

64 La Corte hace referencia a ambos instrumentos en el Caso de los “Niños de la Calle”, mencionando también el segundo de ellos en el caso Carpio. Cfr. Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales) Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia, de 27 de enero de 2009, párr. 23; y Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 1º de julio de 2009, párr. 17.

65 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie Nº 117, párrs. 76.34 a 76.61.

66 Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C Nº 167, párr. 133.

67 El abogado Edgar Pérez ha señalado que la independencia judicial continúa siendo un aspecto clave para lograr la sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, pues a partir de su práctica se evidencia la incidencia del poder político, económico y militar en las decisiones judiciales. Entrevista con el abogado Edgar Pérez Archila, quien ha sido representante de las víctimas en distintos casos ante los tribunales nacionales y la Corte Interamericana. Ciudad de Guatemala, 17 de enero de 2014.

68 Corte IDH. Caso Blanco Romero y Otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C Nº 138, párr. 98. En el mismo sentido, ver Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú.Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C Nº 75, párr. 41; y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C Nº. 202, párr. 182.

69 Corte IDH. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C Nº 95, párr. 119. En el mismo sentido, ver Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentenciade 14 de marzo de 2001. Serie C Nº 75, párr. 41; y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C Nº 202, párr. 182.

70 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia del 18 de noviembre de 2010, considerando 51.

71 Ídem.

72 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Nº 101, párr. 276; Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C Nº 108, párrs. 83 y 84; Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C Nº 116, párr. 99; Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C Nº 117, párr. 130; Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 233.a).

73 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C Nº 117, párrs. 131 y 132; Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 233.a); Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C Nº 212, párr. 235.b).

74 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 233.a); Caso Chitay Nech Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C Nº 212, párr. 235.b); Caso de la Masacre de Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 21 de febrero de 2011, párr. 99; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 18 de noviembre de 2010, considerando 38.c); Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párr. 257.a).

75 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 18 de noviembre de 2010, considerando 52; Caso Gudiel Álvarez y Otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012. Serie C Nº 253, párr. 327.b); Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 22 de agosto de 2013, párrs. 12 a 14.

76 Tal disposición prevé que “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.

77 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 18 de noviembre de 2010, párr. 42.

78 Ídem.

79 Ley de Reconciliación Nacional Decreto Nº 145-96 del Congreso de la República. 27 de diciembre de 1996.

80 La Corte fue enfática al establecer que “la eventual aplicación de las disposiciones de amnistía de la LRN en este caso contravendría las obligaciones derivadas de la Convención Americana. En razón de esto el Estado tiene el deber de continuar sin mayor dilación con el proceso penal, en el cual se incluya la multiplicidad de los delitos generados en los hechos de la masacre para su debida investigación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de estos actos”. Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párrs. 127 y 131.

81 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 18 de noviembre de 2010, párr.51.

82 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 233.c).

83 Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y Otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012. Serie C Nº 253, párr. 327.e).

84 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 190, párr. 77; Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Nº 101, párr. 180.

85 Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y Otros (“Diario Militar”). Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012. Serie C Nº 253, párr. 327.e).

86 Así ocurrió en los casos de Maritza Urrutia y de la Masacre de Las Dos Erres, ordenando la Corte en el primero de ellos que el Estado identificara a los eventuales encubridores y los sancionara administrativa y penalmente, según correspondiera. Cfr. Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C Nº 103, párr. 177; Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, resolutivo 9.

87 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 233.d); y Caso Masacres de Río Negro. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párr. 257.d).

88 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 233.f).

89 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº. 250, párr. 257.e).

90 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 233.f).

91 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C Nº 117, punto resolutivo 3 y párr.135, y Resolución de supervisión de cumplimiento de la misma sentencia, de 1º de julio de 2009, párrs. 26 a 28; Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C Nº 212, párr. 235.d); y Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 190, párr. 77.3.

92 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Nº 101, párr.282.

93 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 252.

94 Ídem., párr. 253. En el mismo sentido, ver Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 190, párr. 78; Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala.Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C Nº 212, párr. 235, literal a); Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C Nº 258, párr. 150.

95 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, punto resolutivo 12 y párr. 254.

96 Por ejemplo, el segundo párrafo del artículo 46 de la Convención Americana establece tres excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos. La segunda de ellas, que se configura cuando “b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos”, incluye la existencia de “un miedo generalizado de los abogados para prestar asistencia legal a una persona que lo requiere y ésta no puede, por consiguiente, obtenerla”. Cfr. Corte IDH. Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC 11/90, de 10 de agosto de 1990. Serie A Nº 11, párr. 35.

97 Por ejemplo, el segundo párrafo del artículo 46 de la Convención Americana establece tres excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos. La segunda de ellas, que se configura cuando “b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos”, incluye la existencia de “un miedo generalizado de los abogados para prestar asistencia legal a una persona que lo requiere y ésta no puede, por consiguiente, obtenerla”. Cfr. Corte IDH. Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC 11/90, de 10 de agosto de 1990. Serie A Nº 11, párr. 35.

98 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009, párr. 11.

99 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C Nº 117, punto resolutivo segundo y párr. 134. Véanse también, Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 233.f); Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala.Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C Nº 212, párr. 235.c); Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Nº 101, párr. 277; y Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 18 de noviembre de 2010, considerandos 40 y 58.

100 De acuerdo con la Corte,

[…] la persecución, las amenazas e intimidaciones sufridas por las víctimas por parte de los agentes del Estado tenían como propósito impedir que denunciaran la masacre, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables. Igualmente, algunos sobrevivientes han recibido amenazas por su participación en los procesos internos y en el proceso internacional ante el sistema interamericano, por lo que este Tribunal adoptó medidas provisionales a su favor […]. La Corte ha establecido que el Estado, para garantizar un debido proceso, debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a las víctimas de hostigamientos y amenazas que busquen entorpecer el proceso […].

Cfr.Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de19 de noviembre de 2004. Serie C Nº 116,párr. 94.

101 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 21 de febrero de 2011, párr. 94.

102 Corte IDH. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Guatemala. Caso Blake. Resolución de 22 de septiembre de 1995.

103 Corte IDH. Medidas provisionales solicitadas respecto de Guatemala. Caso Carpio Nicolle. Resolución de 19 de septiembre de 1995.

104 Corte IDH. Medidas provisionales respecto de Guatemala. Caso Carpio Nicolle. Resolución de 5 de septiembre de 2001.

105 Corte IDH. Medidas provisionales solicitadas respecto de Guatemala. Caso Bámaca Velásquez. Resoluciones de 29 de agosto de 1998, 5 de septiembre de 2001, 21 de febrero y 20 de noviembre de 2003 y 11 de marzo de 2005.

106 Corte IDH. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Guatemala. Helen Mack Chang y Otros. Resolución de 26 de agosto de 2002.

107 Corte IDH. Ampliación de medidas provisionales. Helen Mack Chang y Otros respecto de la República de Guatemala. Resolución de 21 de febrero de 2003.

108 Corte IDH. Solicitud de medidas provisionales respecto de Guatemala. Caso Masacre Plan de Sánchez (Salvador Jerónimo y Otros). Resolución de 8 de septiembre de 2004.

109 Corte IDH. Solicitud de medidas de provisionales respecto de Guatemala, a favor de los integrantes del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP). Caso Masacre Plan de Sánchez. Resolución de 25 de noviembre de 2006.

110 Corte IDH. Solicitud de medidas provisionales respecto de Guatemala. Caso García y Familiares. Resolución de 1º de septiembre de 2011, párrs. 16 a 18.

111 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala.Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 27 de enero de 2009, considerando 36; Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala.Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 1º de julio de 2009, considerando 25.

112 CEH. Guatemala, Memoria del Silencio. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.Op Cit.Tomo I, pág. 73.

113 Congreso de la República, Punto Resolutivo 19-04. Declara de urgencia nacional, la búsqueda y localización de los cuarenta y cinco mil guatemaltecos y guatemaltecas que se encuentran detenidos ilegalmente y desaparecidos. 23 de junio de 2004.

114 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C Nº 91, punto resolutivo 1 y párr. 82; Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C Nº 108, párr. 85 y punto resolutivo 2; Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 190, párr. 103 y punto resolutivo 7; Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, punto resolutivo 11 y párrs. 247 y 248; y Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C Nº 212, punto resolutivo 13.

115 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párr. 265; Caso Molina Theissen Vs. Guatemala.Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C Nº 108, párr. 85 y punto resolutivo 2; Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 190, párr. 103 y punto resolutivo 7; y Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C Nº 212, punto resolutivo 13.

116 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de mayo de 2011, párr. 16; Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009, párrs. 22 y 23.

117 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 245; Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009, párr. 22.

118 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párr. 265; Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 258, párr. 112; Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C Nº 258, punto resolutivo 2.

119 Corte IDH. Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C Nº 258, párr. 200.

120 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C Nº 91, resolutivo 1; Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C Nº 108, resolutivo 2; Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 190, resolutivo 7; Caso Chitay Nechy Otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C Nº 212, resolutivo 13; Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, resolutivo 3; y Caso Gudiel Álvarez y Otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012. Serie C Nº 253, resolutivo 3.

121 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 190, punto resolutivo 7 y párr. 103; Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, punto resolutivo 11 y párr. 248; Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C Nº 258, párr. 200.

122 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párr. 268; y Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 1º de julio de 2009, párr. 22.

123 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 247.

124 1Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009, párr. 26.

125 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 247.

126 Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala.Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C Nº 108, punto resolutivo 2 y párr. 85; Caso TiuTojín Vs. Guatemala.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 190, punto resolutivo 7 y párr. 103; Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 248; Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párr. 270; Caso de la “Panel Blanca”(Paniagua Morales y Otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C Nº 76, párr. 204; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 27 de enero de 2009, párr. 102.

127 Esa disposición, titulada “deber de adoptar disposiciones de derecho interno, señala lo siguiente: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 [de la Convención Americana] no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

128 Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y Otros) Vs. Guatemala.Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C Nº 76, párr. 203; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C Nº 77, párr. 98.

129 En la sentencia de reparaciones, la Corte ordenó a Guatemala “adoptar en su derecho interno, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias con el fin de adecuar la normativa guatemalteca al artículo 19 de la Convención.” Cfr. Corte IDH.Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C Nº 77, resolutivo 5.

130 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C Nº 91, punto resolutivo 4 y párr. 85.

131 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Decreto Número 1-86, de 8 de enero de 1986 (entrado en vigor el día 14 de ese mismo mes y año).

132 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Nº 101, párr. 206.

133 Ídem., párr. 204.

134 Ídem., párrs. 204 y 211.

135 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, punto resolutivo 10 y párrs. 233.e), 238 y 242.

136 En esa oportunidad, la Corte explicó que “[e]l desarrollo de la legislación y de la jurisprudencia internacionales […] ha permitido el examen de la llamada ‘cosa juzgada fraudulenta’ que resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad.” Cfr. Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C Nº 117, párr. 131.

137 Ídem., párrs. 131 y 132.

138 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 1º de julio de 2009, párr. 17.

139 CEH. Guatemala, Memoria del Silencio. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Op Cit. Tomo III, pp. 56 y 71-78.

140 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Guatemala:Los familiares de las personas desaparecidas: Un compromiso de todos. Estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)sobre la situación de las familias de las personas desaparecidas a raíz del enfrentamiento armado en Guatemala. Febrero de 2010, pág. 28. Disponible en: http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc–003–0194.pdf.

141 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párrs. 271 a 274.

142 Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala.Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C Nº 108, punto resolutivo 8 y párr. 91.b); y Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009, párr. 47 y punto resolutivo 2.d).

143Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párrs. 269 y 270.

144 Corte IDH. Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C Nº 258, párr. 221.

145 Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C Nº 108, punto resolutivo 7 y párr. 91.a). Asimismo,se reitera la obligación en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia del Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala, de 10 de julio de 2007, párr. 18.d); y Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Resolución de la Presidenta de la Corte, de 17 de agosto de 2009, párrs. 14 a 17.

146 CIDH. QuintoInforme sobre la Situación de los Derechos Humanosen Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.111 Doc. 21 rev., de 6 de abril de 2001. Ver, especialmente,el Capítulo VIII (“La situación de las personas detenidas en el sistema penal guatemalteco”); e Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc.64, de 31 diciembre de 2011, especialmente párrs. 81, 82, 99, 113, 128, 129, 280, 302, 450 y 510.

147 Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y Otros) Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 27 de noviembre de 2007, considerandos 30 y 31.

148 Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y Otros) Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C Nº Nº 76. Citado por la CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. Op. Cit., párr. 154 in fine.

149 Corte IDH. Caso Supervisión conjunta de 11 casos Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 21 de agosto de 2014, párrs. 9 a 11. En particular, la Corte destacó lo siguiente:

[…] en las Sentencias de esos once casos, previo a pronunciarse sobre el fondo y las reparaciones, la Corte resolvió las excepciones preliminares -cuando fueron interpuestas por Guatemala- así como también se pronunció en lo pertinente sobre su competencia para conocer de los casos. Todas esas cuestiones fácticas y jurídicas quedaron resueltas en esa etapa del proceso contencioso. Inclusive cabe recordar que en una mayoría de esos casos[…] Guatemala realizó reconocimientos parciales o totales de responsabilidad internacional que fueron valorados por la Corte como contribuciones positivas al desarrollo de esos procesos y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ídem., párr. 13.

150 Ídem., párr. 2.

151 Ídem.

152 Ídem., párr. 3.

153 Ídem., párr. 4.

154 CEJIL. Corte Interamericana de Derechos Humanos reprende al Estado guatemalteco ante el manifiesto desacato de sus decisiones. Comunicado de prensa de 16 de septiembre de 2014. Disponible en: http://cejil.org/comunicados/corte-interamericana-de-derechos-humanos-reprende-al-estado-guatemalteco-ante-el-manifie

155 Corte IDH. Caso Supervisión conjunta de 11 casos Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 21 de agosto de 2014, párr. 8.

156 Ídem., párr. 16.

157 Ídem, resolutivo 1.

III

LA RESPUESTA DEL ESTADO DE GUATEMALA ANTE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE IDH EN DIVERSOS CASOS

El Estado de Guatemala ha dado cumplimiento principalmente a las medidas relacionadas con la indemnización económica y reparación de índole moral aunque no se puede afirmar que todas las medidas de este tipo hayan sido ejecutadas o que su cumplimiento haya sido siempre satisfactorio[158]. Cabe señalar que ninguna sentencia dictada por la Corte IDH respecto de Guatemala ha sido completamente cumplida a pesar de que, como indica Helen Mack, los criterios exigidos por el Tribunal interamericano para declarar que las medidas se han cumplido, en algunos casos, han sido muy flexibles[159].

Las personas entrevistadas para la elaboración de este trabajo se han mostrado –en términos generales– conformes con las medidas ordenadas por la Corte, lo que llevaría a pensar que si el Estado hubiese cumplido con lo ordenado de manera adecuada y oportuna, no solamente habría cumplido con sus obligaciones internacionales, sino que además las víctimas habrían tenido un proceso de reparación satisfactorio.

Ahora bien, de acuerdo con la opinión de estas personas y a la luz de la revisión de las decisiones de cumplimiento de sentencias, la deficiente respuesta que se ha dado en la ejecución de las medidas de reparación en esta materia obedece, entre otras causas, a la falta de voluntad política, la ausencia de condiciones técnicas y presupuestarias en las instituciones involucradas, la débil institucionalidad que caracteriza al Estado guatemalteco y el hecho de que el órgano encargado de la implementación de las medidas de reparación, la COPREDEH, carece de facultades suficientes para coordinar el cumplimiento de las sentencias con otras entidades[160].

A continuación, se ofrece un análisis de la situación actual de las principales medidas de reparación que están relacionadas con el acceso a la justicia de las víctimas.

A. INVESTIGACIÓN, ENJUICIAMIENTO Y SANCIÓN A LOS RESPONSABLES DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS: ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL ORGANISMO JUDICIAL

La obligación de investigar, enjuiciar y sancionar se encuentra pendiente de cumplimiento en los quince casos que se analizan en este documento. Al finalizar el año 2013, únicamente, en cinco de ellos se ha llegado a la sanción de alguno de los responsables, y sólo en uno se había logrado ir más allá de los autores materiales. Si se tiene en cuenta, además, que en dos de estos cinco casos, los tres autores materiales de los hechos que se han sancionado lo habían sido antes que se emitiese la sentencia de la Corte Interamericana, se puede inferir que los resultados del Estado de Guatemala en cuanto a cumplimiento de esta obligación son insuficientes.

El primer caso en el que se logró un cumplimiento parcial en materia de investigación y procesamiento de los responsables, fue el del asesinato de Myrna Mack. Así, cuando el caso fue conocido por la Corte Interamericana, Noel de Jesús Beteta ya había sido condenado –desde el 12 de febrero de 1993– a 25 años de prisión por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de Sentencia.

Después de la Sentencia de la Corte IDH, el 14 de enero de 2004, la Sala Cuarta de Apelaciones determinó que el señor Juan Valencia Osorio era también responsable del asesinato, imponiéndole una pena de 30 años de prisión. Sin embargo, más de 10 años después, y a pesar de contar desde 2006 con dos investigadores de la Sección Auxiliar de Tribunales de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a este caso, y de mantener coordinaciones con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la captura del señor Valencia Osorio no se ha hecho efectiva por lo que continua prófugo.

Con posterioridad a esta condena no se observan otros avances sustanciales en la investigación y procesamiento de la totalidad de los responsables de los hechos conocidos por la Corte regional en relación con Myrna Mack.

En el caso de las Masacres de Río Negro, el 30 de noviembre de 1998, el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Baja Verapaz dictó sentencia condenatoria contra tres de los paramilitares que ejecutaron los hechos, los expatrulleros Fermín Lajuj Xitumul, Carlos Chen y Pedro Gónzalez Gómez[161], por considerarlos responsables del asesinato de tres de las víctimas de una de las masacres que se incluyen en el caso, la del Cerro Pacoxom, aunque se les absolvió por los hechos de la masacre de Agua Fría, que también fue recogida en la sentencia interamericana.

Diez años después, en mayo de 2008, se condenó a 780 años de prisión a cinco de los seis expatrulleros acusados del asesinato de 26 víctimas de este caso. Sin embargo, estas acciones se dieron antes del 2012 (es decir, previamente a la sentencia de la Corte IDH), siendo necesario indicar que después de ésta no se han logrado nuevas condenas por los hechos delictivos que se cometieron en las cinco masacres que integran el caso. Además, es preciso mencionar que el coronel José Antonio Solares González Solares, autor intelectual de los hechos, continúa prófugo.

De esta manera, parecería que los escasos avances no han sido motivados en las decisiones de la Corte Interamericana y que más bien han obedecido a otros factores internos dignos de mencionar. Por ejemplo, vale recordar que cuando Amílcar Velásquez Zárate asumió el cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, empezaron a observarse importantes cambios en la institución en relación con los casos del conflicto armado[162].

Adicionalmente, durante la gestión referida, además de lograrse las primeras condenas por desaparición forzada, se fortaleció la fiscalía de derechos humanos con más personal y se comenzaron a implementar estrategias para el abordaje de los casos. En el mismo sentido, se emitió una Instrucción General para la aplicación del Protocolo de Estambul en investigaciones del delito de tortura, y se generaron alianzas de importancia para el trabajo del Ministerio Público, como la articulada con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG)[163]. Todo ello permitió avances importantes en la investigación y procesamiento de casos del conflicto armado, que según reconoce la ex Fiscal General Claudia Paz y Paz[164], fueron esenciales para los resultados que se dieron posteriormente.

Por ejemplo, en octubre de 2010, se logró que el Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenara a 40 años de prisión, por la desaparición forzada del sindicalista y dirigente estudiantil Edgar Fernando García, a Héctor Roderico Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez, quienes en el momento de los hechos integraban el Cuarto Cuerpo de la extinta Policía Nacional. Esta condena fue posible por las diligencias iniciadas durante la gestión del Fiscal General Velásquez Zárate; en este periodo se acusó de los mismos hechos a Alfonso Guillermo de León y Hugo Rolando Gómez Osorio, aunque ambos se encuentran prófugos.

Casi tres años después, en septiembre de 2013, el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, condenó por la citada desaparición al exagente de la extinta Policía Nacional, Jorge Alberto Gómez y a Héctor Bol de la Cruz, antiguo Director General de la mencionada institución, a 40 años de cárcel. Esta condena se obtuvo durante la gestión como Fiscal General de Claudia Paz y Paz, etapa en la cual se observó una mejoría sustancial en el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH y dirigidas a investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.

Así, durante la titularidad de Claudia Paz y Paz como Fiscal General se lograron otras condenas en contra de personas responsables de graves violaciones de derechos humanos que habían sido conocidas por la Corte IDH. Los expatrulleros de autodefensa civil Santos Rosales García, Eusebio Galeano, Julián Acój y Mario Acoj, así como el ex comisionado militar Lucas Tecú fueron condenados como autores materiales de la masacre de Plan de Sánchez[165], y se les impuso una condena de 7.710 años de cárcel a cada uno por el asesinato de 256 personas y la comisión de delitos contra los deberes de humanidad. Lo anterior mostró un avance parcial, quedando pendiente la investigación, identificación y, en su caso, sanción, a los demás autores materiales de la masacre y a los altos funcionarios que participaron en los hechos como autores intelectuales de la misma.

Milenarias fueron también la condenas que se impusieron en el caso por la Masacre de las Dos Erres a cuatro exinstructores y subinstructores Kaibiles (Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip, Daniel Martínez Hernández y Pedro Pimentel Ríos),[166] a quienes en agosto de 2011 y en marzo de 2012 se les impusieron 6.060 años de cárcel como autores materiales de 201 asesinatos y de delitos contra los deberes de humanidad; y al excomisionado militar de la aldea, el subteniente Carlos Antonio Carías López, quien fue condenado a 6.066 años de cárcel por distintos delitos, entre ellos 201 asesinatos y delitos contra los deberes de humanidad.

En este caso, también se puede considerar como avance el procesamiento del General José Efraín Ríos Montt, acusado por el Ministerio Público de ser responsable de esta masacre –aunque el proceso en su contra no ha avanzado[167] y, debido a su condición de salud, es probable que no prospere[168].

Para la entonces Fiscal General de la República, los avances fueron posibles debido al fortalecimiento de la fiscalía especializada con personal debidamente capacitado, la emisión de instrucciones generales de utilidad, y el establecimiento de capacitación en materia de investigación y procesamiento de casos del conflicto[169].

Es importante señalar que, si bien hubo una actuación más diligente, seria y comprometida a partir de la llegada al Ministerio Público de la fiscal Paz y Paz, las sentencias finales fueron también posibles debido a la composición de ciertos juzgados y tribunales, en especial de los de mayor riesgo.

En este orden de ideas, cabe valorar positivamente el esfuerzo realizado por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia bajo la influencia del magistrado César Barrientos, para que se reconociera la autoejecutividad de las sentencias de la Corte Interamericana. Con ello, se ordenó a las autoridades correspondientes la continuación de las investigaciones y la remoción de los obstáculos jurídicos que las estaban impidiendo (archivo, prescripción, paralización del proceso por presentación consecutiva de amparos, etc.). Este aspecto constituye, sin duda alguna, un avance significativo en cuanto a la posibilidad de cumplimiento efectivo de las siete sentencias respecto de las cuales se emitieron este tipo resoluciones[170].

También es importante destacar la creación de los Tribunales de Mayor Riesgo, que pueden considerarse un elemento esencial para la sanción de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos declaradas por la Corte. Su actividad ha sido considerada positivamente por la OACNUDH-Guatemala en cuanto al cumplimiento de “las obligaciones internacionales del Estado de investigar, perseguir y juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, incluyendo autores intelectuales”[171].

A pesar de estos importantes avances, como señala Aura Elena Farfán, aún no se han hecho efectivas las nueve órdenes de captura pendientes en el caso de las Dos Erres, ni las extradiciones desde Canadá y Estados Unidos de otros dos autores, Gilberto Jordán y Jorge Vinicio Sosa Orantes. Siendo reseñable, que Sosa fue condenado en febrero de 2014 a 10 años de cárcel por violar las normas migratorias estadounidenses, al encubrir su participación en la mencionada masacre en las declaraciones efectuadas para obtener la ciudadanía norteamericana[172]. Asimismo, sigue pendiente la investigación y, en su caso, sanción a los demás autores materiales e intelectuales, entre los que se encuentran altos funcionarios públicos y mandos superiores del Ejército.

En suma, aunque en diez de los casos analizados no se ha obtenido condenas para los responsables y en cinco de ellos sólo se ha dado un cumplimiento parcial de las medidas ordenadas (pues algunos de los acusados se encuentran prófugos, o está pendiente la identificación de otros autores materiales e intelectuales, y además son pocos los altos funcionarios que han llegado a ser procesados), lo cierto es que los resultados obtenidos en estos procesos, representan un logro sin precedentes para la justicia guatemalteca[173].

Ahora bien, aun cuando la Corte IDH ha valorado positivamente los esfuerzos realizados por el Ministerio Público para llevar a cabo de manera diligente (aunque en muchas ocasiones, de modo parcial) la investigación de distintos hechos, también se han puesto en evidencia las dificultades que se encuentran en el desempeño la función jurisdiccional[174]. Esto es sumamente importante, pues como indicó el entonces Comisionado de la CICIG Francisco Dall’Anesse, no se puede perder de vista que los esfuerzos realizados desde el Ministerio Público pueden verse profundamente limitados si no se da una respuesta semejante en el OJ[175].

En efecto, el Tribunal interamericano no siempre ha calificado positivamen-

te la actuación de los órganos jurisdiccionales nacionales en los casos que ha conocido, siendo crítico, incluso, respecto de las resoluciones de los más altos tribunales[176].

En lo que se refiere a la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), existen varias sentencias que han afectado negativamente el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH. Tal es el caso de la sentencia de amparo emitida en el expediente Nº 280-90 que interpretó el alcance del artículo 46 del texto constitucional[177], indicando que la preeminencia de los tratados internacionales de derechos humanos en relación al derecho interno se limita al ámbito supralegal pero infraconstitucional en los siguientes términos:

[…] el hecho de que la Constitución haya establecido esta supremacía sobre el derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando, pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional, que concuerde en su conjunto, pero nunca con la potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos, por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución […][178].

En 1996, la Corte de Constitucionalidad había establecido que los tratados internacionales en materia de derechos humanos no constituían un parámetro de constitucionalidad[179] y hasta entonces no permitió las impugnaciones de las normas derivadas de la Constitución de la República cuando éstas entraban en contradicción con los tratados internacionales[180].

Ahora bien, en el 2012, la Corte de Constitucionalidad comenzó a ofrecer decisiones en un sentido contrario. Así, el 17 de julio de 2012, en su sentencia en el expediente Nº 1822-2011, declaró la inconstitucionalidad por omisión parcial del artículo 201 Bis del Código Penal, a través del cual se regula el delito de tortura. Mediante esta resolución se reconoce y se aplica el bloque de constitucionalidad y los estándares internacionales como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes[181].

A pesar de este importante avance, la CC ha sido –cuando menos– inconsistente en sus resoluciones vinculadas con el cumplimiento de obligaciones internacionales. Así por ejemplo, en el año 2010, en el caso Bámaca, basándose en la ausencia de una orden expresa de la Corte Interamericana respecto de la anulación del sobreseimiento y en la falta de justificación de la CSJ, dejó en suspenso definitivo la resolución de la Corte Suprema que anulaba el sobreseimiento de las actuaciones judiciales y de las investigaciones por la desaparición del señor Bámaca. Es decir, con dicha decisión se paralizó nuevamente el proceso[182].

En otros casos, la CC ha retrasado indebidamente la resolución de numerosos amparos bajo su conocimiento.

Otra de las preocupaciones que impiden el acceso a la justicia es la falta de garantías para que los operadores de justicia ejerzan sus trabajos con independencia. Así lo afirmaron Edgar Pérez y Helen Mack, quienes haciendo especial referencia a la incidencia de esta situación en los casos por graves violaciones de derechos humanos, coinciden al resaltar la politización de la elección de integrantes de las más altas cortes nacionales[183].

La anterior afirmación se ve respaldada por CICIG, pues esta institución considera un desafío frente a la impunidad la generación de un marco legal que “permita modificar los procesos de elección actual de jueces y magistrados y otorgarle [al sistema de justicia] una mayor independencia”[184]. A este aspecto, Mack agrega la necesidad de generar un sistema efectivo de evaluación del desempeño, que haga posible que la falta de independencia de origen sea corregida posteriormente[185].

Además de lo indicado, existen otros indicios que permiten afirmar que en el Poder Judicial no hay garantías suficientes de independencia para conocer los casos por graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado interno. Ésa sería una de las razones por las cuales más de 110 magistrados/as se excusaron de intervenir en el caso por genocidio contra el General Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez[186].

De las dificultades planteadas en materia de independencia no parece poder excluirse a las más altas autoridades deI Poder Judicial. Así lo afirmó el Dr. César Barrientos, al notar que la respuesta de la Corte Suprema de Justicia frente a los casos conocidos por el Tribunal interamericano se encontraba marcada negativamente por la falta de condiciones reales para la independencia e imparcialidad judicial[187].

De esta manera, el Organismo Judicial no sólo no ha reaccionado frente a las dificultades que implica la falta de independencia, sino que además ha limitado algunos avances ya mencionados, pues lejos de actuar para fortalecer la independencia de los órganos encargados de la investigación, su institucionalidad se ha prestado para la articulación de un ataque directo frente a quien lideró muchos de los logros obtenidos en materia de justicia. En este sentido, cabe recordar el papel jugado por la CC en la destitución de la Fiscal General Claudia Paz y Paz, lo cual fue interpretado como una represalia por el trabajo realizado por ella[188].

El magistrado Barrientos indicó que entre los problemas que se encuentran para que la CSJ responda a la sentencias de la Corte Interamericana, se encuentra “la defensa desmedida de los principios de la soberanía nacional, e incluso del honor nacional”, lo que induce a plantear que el derecho interno es oponible a las normas internacionales[189].

B. PROHIBICIÓN DE APLICAR FIGURAS EXCLUYENTES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

A pesar de la reiterada jurisprudencia de la Corte IDH respecto de la imposibilidad de aplicar a figuras excluyentes de la responsabilidad penal, entre las que se encuentra la amnistía, existe la interpretación errónea de que la extinción de la responsabilidad penal que se establece para ciertos delitos en los Acuerdos de Paz, permite que Guatemala se abstenga de cumplir con sus obligaciones internacionales, y concretamente con la de investigar y sancionar a las personas sindicadas de crímenes contra la humanidad[190].

En materia de amnistía, los tribunales nacionales, en sintonía con la posición de los representantes del Estado ante los órganos del Sistema Interamericano, siguen permitiendo que la determinación de la posible aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional demore y obstaculice distintos casos. Así, en el caso Chitay Nech –al igual que en otros muchos–, Guatemala ha indicado que hasta que no se resuelva dicho aspecto, no se podría continuar con la investigación del caso. Esta posición obligó a que tanto la Corte[191] como la CIDH le reiteraran al Estado que debe asegurar la investigación de los hechos y que la LRN no puede convertirse en un obstáculo para continuar con las investigaciones[192].

En el mismo caso, el Estado ha insistido en que no es posible modificar la tipificación del delito de secuestro a desaparición forzada, por no encontrarse vigente tal tipificación al momento de la comisión de los hechos.

Mediante el informe de 4 de junio de 2013 rendido a la Corte Interamericana, el Estado indicó que: a) cuando ocurrieron los hechos, el delito de desaparición forzada no se encontraba tipificado en la legislación penal, por lo que los hechos no podrían encuadrarse en dicho tipo penal, en virtud del principio de legalidad; b) el delito de desaparición forzada se tipificó por medio de decreto que entró en vigor el 3 de julio 1996; es decir, con posterioridad a los hechos ocurridos, por lo que en todo caso, estos deberían encuadrarse en el tipo penal de secuestro o en el de detención ilegal; c) la Corte Constitucional de Guatemala reconoció que el delito de desaparición forzada es un delito de carácter permanente, en tanto no se libere a la víctima[193]; y d) “[…] a la fecha, la responsabilidad penal por la comisión de los delitos de detención ilegal y secuestro se extinguió”[194].

En relación con esta materia, parece oportuno recordar lo señalado por el magistrado César Barrientos, quien indicó que supone un serio obstáculo para la implementación de las sentencias de la Corte IDH la falta de regulación interna que de recepción a conceptos esenciales en la jurisprudencia interamericana, entre los que se encuentran los conceptos de imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, el delito permanente, la cosa juzgada fraudulenta. Indicando a su vez, que esta situación genera que las resoluciones judiciales que incorporan estos conceptos puedan ser frágiles frente a ciertas acciones constitucionales[195].

C. COLABORACIÓN EN LA RECAUDACIÓN U OBTENCIÓN DE LA PRUEBA

En el marco de la supervisión de cumplimiento de la medida referida al acceso a la información, el Estado guatemalteco se refirió a varias iniciativas y reformas legislativas dirigidas a este fin. No obstante, la Corte Interamericana consideró necesario que, a fin de evaluar dicho cumplimiento, se presentara más información en relación con la Iniciativa de la Ley de Acceso a la Información Pública, puntualizando si a través de ella se permite el acceso a expedientes confidenciales en poder de las fuerzas de seguridad[196].

La ex Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, confirma que se ha logrado una mejora en estas cuestiones, al indicar que el avance de los casos aquí analizados se ha visto fuertemente marcado por la apertura del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) y de los Archivos de la Paz[197].

Mediante el primero de ellos se obtuvo información importante para la identificación y condena de los responsables de la desaparición de Fernando García. A través de los Archivos de la Paz, se ha tenido acceso a documentación de las Fuerzas Armadas, como los manuales militares, que son sumamente útiles para la investigación de los casos del conflicto armado. Aunque, si bien estos últimos hacen posible que se lleve a cabo un análisis del fenómeno a investigar, no suelen ofrecer información que permita la identificación de los responsables, y es en esta materia donde sigue viéndose muy limitado el acceso a la documentación militar.

Paz y Paz indicó también que, aunque en algunos casos las solicitudes de información del Ministerio Público han sido atendidas, entre otros, por el Ministerio de la Defensa, ha sido necesario un requerimiento judicial, siendo también frecuente que la respuesta sea la negación de la existencia de los documentos, o que su contenido es de naturaleza reservada por motivos de seguridad[198]. Así por ejemplo, en los casos de Tiu Tojín, Maritza Urrutia, Molina Theissen, y Chitay Nech, el Ministerio Público requirió al Ministerio de la Defensa información sobre hojas de vida de diversos oficiales presuntamente involucrados, sobre cadenas de mando y sobre planes militares. No obstante, la respuesta de las autoridades siempre ha sido negativa, ya sea porque aducen la necesidad de autorización judicial o porque alegan no contar con la misma. Cabe destacar que en el caso Molina Theissen, la Corte Interamericana solicitó en su resolución de fecha 16 de noviembre de 2009 el nombramiento de un enlace militar que proveyera de la información necesaria para continuar con la investigación. Aun así, en la práctica, esta persona ha manifestado que requiere permiso del Ministro de la Defensa para brindar cualquier tipo de información y ninguna información ha sido brindada hasta el momento.

Esta situación persiste a pesar de que en el año 2008 la Corte de Constitucionalidad confirmó que la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional no se podía negar al requerimiento del Ministerio Público de obtener copia certificada de distintos documento militares. La Corte de Constitucionalidad resolvió que el Plan de Campaña Victoria 82, el Plan de Operaciones Sofía, Apreciación de asuntos civiles para el área ixil (Operación Ixil) y el Plan de Campaña Firmeza 83 no podían ser considerados secreto militar o confidenciales, y determinó que su entrega al Ministerio Público no significaba un peligro para la seguridad nacional[199].

Lamentablemente, durante la administración presidencial de Otto Pérez Molina, lejos de facilitarse el acceso a esta información, se llevaron a cabo acciones en un sentido contrario a lo requerido por la Corte de Constitucionalidad y la Corte Interamericana.

Así, resulta también lamentable el cierre de los Archivos de la Paz, y la emisión por parte del Ministerio de la Defensa Nacional, en enero de 2013, de un decreto que declara reservada la información relativa a la Tabla de Organización y el Equipo del Ejército, contenida en las Órdenes Generales del Ejército para Oficiales 26-82, 27-82 y 31-82[200]. Estas órdenes fueron emitidas en el año 1982, cuando el conflicto armado interno se encontraba en un momento sumamente violento y cuando se cometieron algunos de los hechos respecto de los cuales la Corte Interamericana ha declarado la responsabilidad del Estado guatemalteco[201].

D. SANCIÓN A LOS RESPONSABLES DE LA OBSTACULIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES Y PROCESOS

La Corte ha ordenado investigación, juzgamiento y sanción de funcionarios públicos que hicieron posibles “[…] las irregularidades y dilaciones de los posteriores procesos judiciales, y los actos de hostigamiento propiciados y tolerados por los agentes estatales, que han permitido prolongar la impunidad […]”[202]. Ello fue señalado en el caso Tiu Tojín, donde el Tribunal interamericano hizo referencia a la inactividad de los órganos investigadores durante 17 años[203]. Esta medida ordenada por la Corte no se ha cumplido.

Una de las razones es la inadecuada regulación de los procesos disciplinarios a nivel de algunas instituciones. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, al 30 de octubre de 2013 se encontraban pendientes 117 resoluciones de remoción de fiscales, que no pudieron resolverse por encontrarse en apelación, y porque el órgano que conoce la apelación de las sanciones administrativas –el Consejo del Ministerio Público–, no se había integrado desde febrero de 2012 (fecha en la que el Congreso de la Republica debía haber nombrado a los representantes de ese organismo en el Consejo)[204].

Sobre este tema, la propia CICIG ha planteado la necesidad de aprobar de manera urgente “mecanismos sobre la permanencia del cargo, causales de remoción, controles internos […] del Ministerio Público”[205].

La misma afirmación se hizo respecto del Organismo Judicial, lo que permite afirmar que la falta de un sistema disciplinario y de evaluación del desempeño efectivo, puede ser una de las principales causas de la ausencia de sanciones dentro del OJ.

Si bien es cierto que en los últimos tiempos el OJ ha implementado medidas en este sentido, también lo es que éstas aún no han permitido identificar resultados. El proceso que se ha dado al interior de OJ desde febrero de 2012, y que ha contado con el acompañamiento de OACNUDH–Guatemala y la CICIG, ha generado un proyecto de reformas normativas que parecen necesarias en la medida que tiene entre sus ejes fundamentales la selección, evaluación, formación y nombramiento de aspirantes al cargo de jueces, y la evaluación del desempeño profesional y el régimen disciplinario. Sin embargo, ninguna reforma ha sido aprobada por el Congreso hasta la fecha[206].

E. DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES CON RECURSOS SUFICIENTES Y ADECUADOS A LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN

En el caso Bámaca Velásquez, la Corte Interamericana ordenó al Estado que presentara información sobre las medidas adoptadas para la disposición de los recursos económicos necesarios para que los fiscales y demás funcionarios a cargo del caso contaran con los medios idóneos para impulsar la investigación[207].

En similar sentido, en el caso Molina Theissen, la Corte requirió al Estado que presentara un cronograma que incluyera las gestiones de tipo administrativo y presupuestario que deberá realizar de manera previa a las diligencias investigativas. Por otro lado, la Corte resolvió que el Estado debía designar un funcionario de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia (CNSAFJ), quien, junto con la COPREDEH, debían establecer:

i) el presupuesto que tiene el Estado para impulsar los casos de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado; ii) si dicho presupuesto es suficiente para cubrir las necesidades investigativas, en especial las del presente caso; y iii) de ser insuficiente dicho presupuesto, las medidas necesarias para incrementarlo[208].

Esta información no ha sido remitida a la Corte en la forma solicitada. En el año 2009, el Estado se limitó a informar que el Ministerio Público estaba haciendo una reorganización de la Fiscalía de Derechos Humanos encargada de investigar los crímenes del conflicto armado. En ese documento también se agregó que se implementaría una unidad de análisis e investigaciones, adscrita a dicha fiscalía, y que se le asignarían investigadores fijos de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público (DICRI)[209].

Efectivamente, esta reorganización se dio durante la gestión de Paz y Paz. Así, para marzo de 2014 habían cuatro agencias con 18 fiscales, cinco analistas de la unidad de análisis, y seis investigadores de la Dirección de Investigaciones Criminales (DICRI), además de los correspondientes oficiales y pilotos[210]. A pesar de esta positiva reestructuración –debido a la cantidad de casos que conoce esta fiscalía (cerca de 3.500)–, la cantidad de personal asignado aún así resultaba insuficiente para los desafíos que representa la investigación en casos que, en su mayoría, son de naturaleza compleja.

En cuanto al Organismo Judicial, y adicionalmente a lo ya señalado en relación con la capacitación, la seguridad, y la creación de los Tribunales de Mayor Riesgo, no se tiene constancia de que se hayan emprendido otras acciones para dotar a sus instituciones de recursos suficientes y adecuados para la resolución de estos casos.

Si bien es cierto que se observa un paulatino incremento en el presupuesto del OJ (de más de 1.540 millones de quetzales correspondientes al año 2012 a más de 1.830 millones en el 2013 y más de 1.947 millones para el 2014), ello no significa que estos recursos se hayan destinado a mejorar las investigaciones vinculadas con los casos que nos ocupan[211].

Por otra parte, el papel de la cooperación internacional en esta materia ha sido importante, especialmente el apoyo financiero brindado al sistema de justicia para su fortalecimiento en relación con los casos del conflicto. Así, la Embajada de los Países Bajos colaboró con el fortalecimiento de la fiscalía especializada, al igual que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que articuló este apoyo a través del Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición (PAJUST), recibiendo a través de los aportes de ambos más de siete millones de quetzales (algo más de 900.000 dólares).

Este último programa ha colaborado con el Estado buscando, entre otras cosas, el desarrollo de capacidades de sus instituciones “para el ejercicio integral de los derechos a la verdad, justicia y reparación a víctimas del conflicto armado interno de Guatemala”[212], y la promoción de medidas para la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos. Desde enero 2010 y hasta diciembre de 2014, el PAJUST prestó apoyo a sus socios, entre los que también se encuentran el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), la Unidad de Averiguaciones Especiales de la PDH y la COPREDEH[213].

Ahora bien, pese a lo anterior, como fue señalado supra, los casos de graves violaciones de derechos humanos que han sido conocidos por la Corte IDH, no se han beneficiado de dichos recursos ya que los avances son mínimos y en algunos de ellos nulos.

F. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A FUNCIONARIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Dadas las dificultades y particularidades que presenta la investigación y procesamiento de graves violaciones a los derechos humanos, la capacitación a funcionarios se torna fundamental. Así lo ha entendido la Corte IDH que en distinta sentencias ha incorporado este rubro dentro de las reparaciones ordenadas al Estado. Para la verificación del cumplimiento de esta medida se requirió al Estado que designara un funcionario de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia (CNSAFJ), quien debía establecer y presentar, junto con la COPREDEH, un cronograma de trabajo en estas instancias[214].

En sus informes a la Corte, Guatemala ha hecho referencia a la implementación de cursos de capacitación a través del Ministerio Público, con la participación de otros organismos gubernamentales y no gubernamentales.

No obstante, en el caso Carpio, la Corte determinó no tener constancia de que estas actividades de capacitación se hubiesen iniciado o de que se hayan ajustado a lo dispuesto en la sentencia[215].

Así también, en el caso de la Masacre de Dos Erres, el Estado hizo referencia a la incapacidad de impartir un curso en materia de derechos humanos, por falta de fondos en el Ministerio Público[216].

Respecto a esto, la ex Fiscal General confirmó que fue con el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional, organismos internacionales y distintas instituciones del Estado que participaron en la mesa de capacitación de derechos humanos, como se diseñó el pensum de un curso de inducción a los derechos humanos en la función fiscal y de un diplomado sobre investigación y procesamiento de casos del conflicto armado interno. Ambos cursos derivaron de las experiencias de capacitación que se dieron durante el 2011 y 2012 con la fiscalía de derechos humanos, y permitió que durante seis meses del 2013, se capacitara a los integrantes de la fiscalía especializada y de otras fiscalías de sección y del interior del país.

Otros avances destacados por Paz y Paz consistieron en la aprobación en el pensum de la carrera fiscal de un componente importante de derechos humanos, lo cual incluye también contenidos relativos a la investigación y procesamiento de violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto[217]. En ese marco, 194 fiscales recibieron cursos de sensibilización y mejoramiento de sus capacidades técnicas en materia de derechos humanos. Asimismo,187 de esos funcionarios y funcionarias recibieron una capacitación en materia de investigación y procesamiento de casos del conflicto armado, priorizándose en este caso a fiscales que se encontraban asignados a la fiscalía de casos del conflicto y a aquellas regiones donde el conflicto armado interno se desarrolló con mayor intensidad[218].

Por otra parte, durante la gestión de Paz y Paz se firmaron acuerdos con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) para la formación de fiscales en distintas áreas de derechos humanos, entre las que se encuentra la formación especializada en Archivística y Derechos Humanos[219]. Además, la OACNUDH-Guatemala, ha capacitado a integrantes de la Unidad de Amparos del Ministerio Público en distintas materias, entre las que se encuentra la justicia de transición[220].

En cuanto a la capacitación en el Organismo Judicial, no se encuentran resoluciones de la Corte IDH en la que se valore el cumplimiento de esta medida. Sin embargo es de nuestro conocimiento que la Escuela de Estudios Judiciales incluye en los temarios para la Oposición de Aspirantes a Jueces de Primera Instancia y a Jueces de Paz, distintos aspectos sobre derechos humanos y sistemas internaciones de protección[221]. Además se ha contado con el apoyo de la OACNUDH en procesos de formación de la Escuela de Estudios Judiciales y especialmente en la capacitación de los Tribunales de Alto Riesgo y en la formación con letrados[222].

Más allá de lo anterior, como mínimo es fundamental que la capacitación en materia de derechos humanos (tanto de fiscales como jueces y juezas) se brinde de forma permanente, asegurando la asignación de recursos suficientes para su sustentabilidad, que se actualicen sus contenidos de conformidad con los estándares internacionales y las mejores prácticas y que se establezcan mecanismos de evaluación.

G. OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS DE SEGURIDAD SUFICIENTES A LOS SUJETOS PROCESALES

El Tribunal interamericano, en la audiencia celebrada el 20 de enero de 2009 en el caso Carpio Nicolle, consideró que se había dado un cumplimiento parcial a la medida sobre el otorgamiento de las garantías de seguridad suficientes a las víctimas, así como también para las y los testigos, autoridades judiciales, fiscales, y demás operadores del sistema de justicia[223]. Para ello, tomó en consideración la información estatal acerca de la aprobación de la Ley para la protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal[224], la creación de una Unidad de Seguridad para operadores de justicia en el Organismo Judicial, la Ley contra la delincuencia organizada (Decreto 21-2006) y la instalación de la CICIG[225].

La Corte consideró que para valorar el cumplimiento de esta medida era necesario contar con más información en relación con la implementación de la Ley para la protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal[226].

Posteriormente a la resolución del tribunal regional, se implementaron nuevas medidas. Así, en septiembre de 2013, la Dirección de Seguridad del Organismo Judicial ya contaba con 645 agentes propios y de la Policía Nacional Civil (PNC) destinados a la protección de funcionarios judiciales, y con 10 vehículos blindados al servicio de los jueces y juezas de Mayor Riesgo y de la Dirección de Seguridad de la CSJ. También se entregaron, al menos, 25 chalecos antibalas a jueces[227].

Si bien estas medidas son valoradas de manera positiva, persisten los riesgos presentes en la impartición de justicia en Guatemala. Llama la atención que, varios funcionarios judiciales y algunos de los querellantes en las causas abiertas contra militares, son beneficiarios de medidas de protección ordenadas por el sistema interamericano, lo que pone en evidencia que las medidas internas no han resultado efectivas y que las personas todavía deben acudir a instancias internacionales de protección de derechos humanos para obtener una protección adecuada de sus derechos.

El tal sentido, vale recordar que:

El 2 de mayo de 2012, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros del Bufete Jurídico en Derechos Humanos, en Guatemala. Según la solicitud de medidas cautelares, los integrantes del bufete habrían sido objeto de amenazas y hostigamientos en relación con sus labores, en particular, el impulso de los casos relacionados con el período del conflicto armado interno[228].

Posteriormente, y en términos similares,

El 28 de junio de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Iris Yassmin Barrios Aguilar, Patricia Isabel Bustamante García y Pablo Xitumul de Paz, integrantes del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo [alegando que…] se encontrarían ante una situación de riesgo, como consecuencia del desempeño de sus actividades judiciales en diversos procesos relacionados con el crimen organizado, procesos contra militares presuntamente responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como la masacre de `Plan de Sánchez´ y de `Las Dos Erres´, entre otros asuntos[229].

La CIDH ha ofrecido datos que evidencian la falta de efectividad de algunas de estas medidas frente a la violencia que sufren los operadores del sistema de justicia. Así, con base en información remitida por el Estado, la Comisión indicó que entre el 2002 y el 2012, 640 operadores de justicia fueron víctimas de amenazas e intimidaciones, 24 sufrieron agresiones, secuestraron a 5 y asesinaron a 11. De esas amenazas e intimidaciones, 32 habrían ocurrido durante el primer semestre del año 2012, habiéndose recibido 54 denuncias por delitos cometidos contra fiscales en el 2010; 57 en el 2011; y 61 en 2012. De igual manera, se registraron 124 delitos cometidos contra defensoras y defensores públicos entre los años 2010 a 2013[230].

La situación de víctimas y testigos no sería mejor. Por ejemplo, en relación con la Unidad de Protección a víctimas y testigos del Ministerio Público, el ex Fiscal General Amílcar Velásquez Zárate aceptó la existencia de “deficiencias” señalando que su principal causa se encontraba en la falta de recursos[231]. Años después, durante la gestión de la Fiscal Claudia Paz y Paz, la situación pareció haber mejorado parcialmente: algunas de las dificultades observadas se afrontaron asignando mayores recursos y personal, e implementando protocolos con lineamientos claros para el desarrollo de este tipo de trabajo[232]. El gran reto es garantizar la continuidad de estas iniciativas, aun en el contexto de cambios y transición de titulares de las dependencias, especialmente la del Ministerio Público y el Poder Judicial.

H. DETERMINACIÓN DEL PARADERO DE LAS VÍCTIMAS DESAPARECIDAS, ENTREGA DE SUS RESTOS MORTALES A LOS FAMILIARES Y OTRAS MEDIDAS ESTRUCTURALES RELACIONADAS CON LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

Además de la identificación de los responsables de las desapariciones forzadas conocidas por el Tribunal interamericano, el Estado guatemalteco debe cumplir también con otras obligaciones. La primera de ellas tiene que ver con la localización y entrega de los restos de las personas desaparecidas. En general, Guatemala tiene una enorme deuda con este rubro, a excepción de la identificación de cinco de las víctimas del caso del Diario Militar[233], de Roberto Pineda García (a quien pertenecía una de las 162 osamentas encontradas en la exhumación de la Masacre de las Dos Erres)[234]y de las tres osamentas identificadas del caso Río Negro[235].

A pesar de la enorme cantidad de actuaciones emprendidas por los familiares, existe un incumplimiento casi absoluto de esta obligación, lo cual no sólo se explica por la falta de recursos efectivos para este fin sino que, como se ha señalado en el caso Bámaca, también responde a “acciones directas de agentes del Estado de alto nivel tendientes a impedir que [la práctica de distintas diligencias de exhumación] tuvieran resultados positivos”[236].

La generación del Procedimiento Especial de Averiguación fue uno de los primeros mecanismos que se implementaron en el país para la búsqueda de personas desaparecidas. Lamentablemente, la efectividad del trabajo realizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en esta materia ha sido limitada, ya que hasta el momento no ha identificado el paradero de ninguna de las personas cuya desaparición se investigaba, entre las que se encuentran Marco Antonio Molina Theissen, Efraín Bámaca y Fernando García. Fue únicamente en este último caso en el que se ofrecieron algunos aportes para la identificación de los responsables de estos hechos.

Ante la falta de resultados, la Corte Interamericana requirió al Estado brindar información sobre las medidas adoptadas para localizar, exhumar e identificar los restos mortales de las víctimas[237].

Más concretamente, en los casos Molina Theissen, Tiu Tojín y Río Negro, el Tribunal interamericano requirió al Estado la presentación de un cronograma “con metas específicas a corto y mediano plazo” de los planes específicos de acción, destinados a hallar los restos de las víctimas. Dicho plan también debería incluir “las autoridades o instituciones que se encargarán de la búsqueda y las gestiones que cada una de ellas realizará, y las autoridades o instituciones a las que se solicitará información”. También se debían identificar a las que apoyarán la búsqueda, exhumación e identificación[238].

Sin embargo, ante tales requerimientos, Guatemala respondió condicionando la localización e identificación de los restos mortales de las personas desaparecidas en el país al funcionamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas Víctimas de la Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición, lo que, a su vez, depende de la aprobación de la Ley de la Comisión para la búsqueda de personas, víctimas de la Desaparición Forzadas y otras formas de Desaparición (iniciativa N° 3590), pendiente de aprobación por parte del Congreso desde el año 2007[239].

Ante la Corte IDH, el Estado ha planteado como un avance la presentación de la citada iniciativa y aunque la Corte ha valorado positivamente la misma, a la vez le ha requerido que informe respecto de las acciones emprendidas para impulsar la discusión y lograr la efectiva aprobación de la mencionada ley[240].

A partir de la información disponible, se desconoce si se han dado avances en este sentido, y si hubo algún seguimiento a la creación de una “Comisión Temporal de búsqueda de personas desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno”, la que debería haberse generado hace más de dos años en un proceso de discusión entre el gobierno, la sociedad civil y el Comité Internacional de la Cruz Roja[241].

Guatemala tampoco ha cumplido lo establecido en la sentencia de la Masacre de las Dos Erres, sobre la creación de una página web que permita la identificación de la niñez sustraída[242]. Al respecto, ha indicado Aura Elena Farfán, que los funcionarios de COPREDEH afirmaron que no disponen de los recursos suficientes para ello[243].

Por otra parte, la generación de un sistema de información genética, para la identificación de niños y de adultos, es otra de las medidas que se encuentran pendientes de cumplimiento por el Estado de Guatemala. Por ello la Corte determinó que, a través de un representante del Poder Legislativo, la CNSAFJ y la COPREDEH, se presente un informe en el que se indiquen los esfuerzos y las gestiones realizadas para la creación de este sistema. La Corte también indicó que éste debe estar adscrito al propio Estado y debe encontrarse a plena disposición de los operadores de justicia y de las víctimas[244].

Respecto a este tema, cabe señalar que los escasos logros obtenidos en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas se deben al trabajo llevado a cabo por parte de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

Gracias al trabajo realizado por la FAFG en el caso por la Masacre de las Dos Erres, la Corte consideró que se había dado cumplimiento parcial de esta obligación[245], pero a la vez el Tribunal interamericano consideró necesario que se implementaran más medidas para la individualización de las personas exhumadas, y que los familiares de las víctimas debían ser informadas de los obstáculos que se encuentran en esta labor.

La Corte IDH ha valorado positivamente la firma de un convenio de colaboración de las autoridades con la FAFG, pero ha indicado que sólo es una solución temporal y de corto alcance que no satisface las obligaciones internacionales del Estado[246]. Las prórrogas en los convenios firmados entre la FAFG y el Ministerio Público, así como los que se han dado entre la primera de ellas y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), aunque pueden ser una muestra del interés institucional por realizar coordinadamente un buen desempeño de funciones, evidencia que no se han tomado medidas suficientes para que sea el propio Estado el responsable de las exhumaciones, a través de la ya mencionada Comisión y del sistema de información genético que debe crearse[247].

Otra obligación exigida por la Corte en el caso Bámaca es la implementa-ción de un programa nacional de exhumaciones[248]. Algunas instituciones del Estado han tratado de dar cumplimiento, al menos parcial, a esta obligación. Así, el Ministerio Público, junto con la FAFG, emprendió importantes acciones para la recuperación de más de 500 osamentas en las instalaciones de donde se ubicó la zona militar de Cobán (Departamento de Alta Verapaz), ya que según indicios allí se encontrarían algunas de las personas desaparecidas en las Masacres de Río Negro.

Sin embargo, esta postura no parece ser compartida por otras instituciones públicas. Según indica Aura Elena Farfán, en el caso de la Masacre de las Dos Erres, aunque finalmente se logró que se inhumaran las osamentas encontradas por la FAFG, la COPREDEH se negó a asumir el costo de las mismas, alegando que carecía de recursos para ello. Después de numerosos trámites y un proceso desgastante para las víctimas, fue el Programa Nacional de Resarcimiento el que se hizo cargo del pago de los mausoleos.

Farfán también señala que los representantes del Estado, en lugar de facilitar y apoyar el trabajo de las organizaciones que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas, han emprendido distintas acciones dirigidas a desacreditarlas a nivel internacional. Es decir, lejos de tratar de coordinar esfuerzos con ellas, buscan que tengan dificultades para obtener respaldos[249].

Finalmente, la Corte IDH también ha ordenado la creación de un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada.

El Estado informó a la Corte la existencia de un anteproyecto de ley, que aún no ha sido sometido al Poder Legislativo, para reformar los artículos 42 y 64 del Código Civil (relacionados con la ausencia y la declaración de muerte presunta), además informó sobre un proyecto de Ley Temporal Especial para la Reposición de Inscripciones Registrales, que fue aprobado en el año 2010. Este último no soluciona los problemas centrales que se enfrentan en cuanto a las personas desaparecidas, pues su finalidad es la de la de “facultar a los Registradores Civiles de las Personas de cada uno de los municipios del país, para que […] procedan a reponer las inscripciones registrales de hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación […], que se han perdido, deteriorado o alterado”[250].

En suma, esta medida tampoco ha sido cumplida y la inseguridad jurídica persiste para los familiares de las personas desaparecidas.

I. ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Estado ha indicado a la Corte la existencia de diversas propuestas legislativas. No obstante, la única que realmente ha logrado concretarse es la Ley del Régimen Penitenciario. A través de esta norma, en el caso de la Panel Blanca, el Estado reacciona a la exigencia del Tribunal de generar un registro de personas detenidas. En el artículo 93 de la mencionada norma se establece que el sistema penitenciario debe contar con un sistema permanente de información pública, con el objeto de que en cualquier momento se pueda conocer la identidad de las personas reclusas por medio de fotografía y el tiempo de detención de cada una de quienes ingresan a los centros penitenciarios[251].

Al igual que ha sucedido en otras medidas, aunque la Corte lo estimó como un importante avance, consideró que se trataba de un cumplimiento parcial, pues era necesaria la creación de un registro de personas privadas de libertad que abarcara los centros de detención preventiva, de adolescentes en conflicto con la ley penal, así como los centros de detención militar y policial[252].

Una de las ausencias más notables en materia de reforma normativa es la falta de respuesta efectiva del Estado frente al requerimiento de la Corte IDH de modificar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El reiterado uso que se ha dado a este recurso como mecanismo para demorar los procesos por graves violaciones a los derechos humanos, dio lugar a que el Tribunal interamericano ordenara adecuar este recurso a su verdadero objeto y hacerlo de conformidad con los estándares de protección de los derechos humanos[253].

Aunque hubo una primera propuesta de reforma, ésta nunca fue aprobada en el Congreso[254]. Ante la falta de una respuesta efectiva del Estado, la Corte ha solicitado “nuevas iniciativas, acciones y medidas concretas […] para avanzar en el proceso de reforma de [esta] Ley” y que se implementen medidas dirigidas a “garantizar el uso efectivo del recurso de amparo, mientras se produce la reforma de la ley correspondiente”[255].

Además, debe recordarse que en los casos Villagrán Morales y Bámaca se ordenó al Estado que atendiese a la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno derivada del artículo 2 de CADH, a través (en este último) de “medidas nacionales de aplicación del derecho internacional humanitario [y…] de protección de los derechos humanos que aseguren el ejercicio libre y pleno de los derechos a la vida, la libertad e integridad personales y la protección y garantías judiciales”[256].

Aunque la formulación de estas medidas es amplia, hasta la fecha el Estado no ha logrado probar avances relevantes que permitan afirmar el cumplimiento de las mismas.

158 Aura Elena Farfán indica que aún se encuentran pendientes algunas de las medidas relativas a la conmemoración y dignificación de las víctimas, entre las que se encuentra la construcción de un monumento en memoria de las personas que fueron asesinadas durante la Masacre de las Dos Erres. Sin embargo, también hay casos en los que sí se cumplió con las medidas de reparación simbólicas, aunque estas no resultaron satisfactorias. En ese sentido, indicó Lucrecia Molina Theissen, el acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de su hermano fue insatisfactorio, e incluso revictimizador (no es sólo cuestión de que esta palabra exista o no, sino también de indicar qué queremos decir con ella, lo cual no queda muy claro), pues parecía que los funcionarios que acudieron en representación del Estado participaron a título personal, y el Vicepresidente de la República emitió declaraciones a través de las cuales se planteaba que los gravísimos hechos del caso habían sido útiles para el avance de la justicia. Lucrecia Molina ha calificado de la misma manera el proceso de discusión con el Estado para la ejecución de la sentencia, el cual ni siquiera tuvo un cambio significativo cuando había voluntad por parte de las más altas autoridades de la COPREDEH y buenas relaciones con ellas. Cfr. entrevistas con Aura Elena Farfán y Lucrecia Molina Theissen, Op. Cit.

159 En este sentido Helen Mack, Directora de la Fundación Myrna Mack (FMM), indica que la posición de la Corte con respecto al cumplimiento del Estado ha sido bastante indulgente en el caso por el asesinato de su hermana, Myrna Mack. La Corte consideraría que el Estado ha cumplido con su deber de investigar y sancionar, sólo con la condena de Noel de Jesús Beteta Álvarez y la captura del coronel Juan Valencia Osorio, a pesar de que se tiene constancia de que en el caso participaron más personas. Esto es igual en la consideración de que el Estado cumplió con su deber de remover los obstáculos que mantienen la impunidad del caso, aun cuando en la actualidad se sigue observando el mismo uso dilatorio del recurso de amparo, de la Ley de Reconciliación Nacional, o la recusación innecesaria de jueces. Cfr. Entrevista con Helen Mack Chang, Ciudad de Guatemala, 11 de marzo de 2014.

160 Entrevista a Lucrecia Molina Theissen. Por su parte, Jennifer Harbury indica sentirse profundamente insatisfecha con el cumplimiento, y aunque sí se ha cumplido con la indemnización económica, lejos de haber avances en materia de justicia, se siguen manteniendo serios obstáculos.

161 Se denominaba “patrulleros” o “PAC” a los integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil, quienes en el informe de la CEH son definidos como “grupos de hombres civiles organizados coercitivamente por la Institución Armada como fuerza paramilitar complementaria, que pretendía aislar al movimiento guerrillero y controlar a sus comunidades”. Aunque comenzaron a organizarse en varias regiones del país en 1981, no fueron reconocidas legalmente sino hasta el 14 de abril de 1983, a partir del Acuerdo Gubernativo 222-83. Ver, CEH. Guatemala, Memoria del Silencio. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.Op Cit. Tomo II, pág. 182.

162 Aura Elena Farfán indica que se comienza a dar una apertura en la institución del Ministerio Público con la gestión de Amílcar Velásquez Zárate, quien fue juramentado en el cargo de Fiscal General el 31 de julio de 2008, y finalizó su mandato el 14 de mayo de 2010.Cfr. Entrevista con Aura Elena Farfán, Op. Cit.

163 Corte IDH.Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009, párr. 47.

164 Entrevista con la Dra. Claudia Paz y Paz Bailey, entonces Fiscal General y Jefa del Ministerio Público. Ciudad de Guatemala, 20 de febrero de 2014.

165 La figura de los comisionados militares fue legalmente establecida el 9 de julio de 1938 mediante un acuerdo gubernativo. A través de éste se les reconocía su “carácter de agentes de la autoridad militar [… con competencia en…] aldeas, caseríos y poblados cuya importancia lo requiera en vista de la organización de las milicias...”. Esta figura fue mutando con el tiempo y a partir de los años sesenta comenzó a participar en operativos de contrainsurgencia y en la comisión de violaciones de derechos humanos. En el Acuerdo Gubernativo 4-73 se señala que responden a la autoridad militar y que ejercen un importante papel en el ejercicio del control sobre la población. Ver, CEH. Guatemala, Memoria del Silencio. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Op Cit. Tomo II, pp. 158 a 164.

166 Las fuerzas especiales kaibiles se crearon en la década de los sesenta como una tropa de especialistas que permitían al Ejército responder de manera rápida y contundente a las operaciones de la guerrilla. La misión y capacidades de la Escuela Kaibil se encontraban definidos por el Decálogo del Kaibil, el cual establece que “El Kaibil es una máquina de matar cuando fuerzas o doctrinas extrañas atentan contra la patria o el Ejército”.A través de la brutalidad de los instructores, en la formación de sus integrantes se fomentaba la agresividad y valor a través de la presión mental y física deshumanizada, y se enseñaba a torturar (o la tortura?), como método para obtener información. Ver, CEH. Guatemala, Memoria del Silencio. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Op Cit. Tomo II, pág. 55 y ss.

167 El 21 de mayo de 2012, el Juzgado Primero A de Mayor Riesgo inició un proceso penal contra José Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado de Guatemala acusado de poner en marcha la campaña militar contrainsurgente en la cual se enmarca la masacre de las Dos Erres. Ver, entre otros, El Periódico. Ríos Montt ligado a proceso por la masacre en Las Dos Erres. Nota de 22 de mayo de 2012. Disponible en:http://www.elperiodico.com.gt/es/20120522/pais/212541/.

168 Prensa Libre. Ríos Montt será procesado en juicio especial. Nota de 25 de agosto de 2015. Disponible en: http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/declaran-incompetente-a-rios-mott-para-enfrentar-juicio-por-genocidio.

169 La Dra. Claudia Paz y Paz Bailey hizo referencia a la Instrucción General 2-2011, para la investigación y persecución penal de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y la Instrucción General 2-2012, sobre investigación y procesamiento de hechos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado interno. Ver, entrevista con Claudia Paz y Paz, Op. Cit. La primera de ellas leerse en: http://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2013/03/INSTRUCCION-GENERAL-02-2011.pdf.

170 El 11 de diciembre de 2009, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, ordenó por primera vez la autoejecutividad de una sentencia de la Corte Interamericana, en relación con el Caso Bámaca (sentencia de 25 de noviembre de 2000), al resolver que en virtud del reconocimiento de la jurisdicción de los tribunales internacionales y la observancia de los derechos humanos, no se puede obstruir ni impedir el cumplimiento de lo ordenado por el tribunal regional. Luego de ello, vinieron resoluciones similares por lo que, entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, La CSJ declaró la autoejecutividad de las siguientes sentencias de la Corte IDH: Panel Blanca (sentencia de 8 de marzo de 1998), “Niños de la calle” (sentencia de 19 de noviembre de 1999), Carpio Nicolle y Otros (sentencia de 22 de noviembre de 2004), Molina Theissen (sentencia de 4 de mayo de 2004), Masacre de las Dos Erres (sentencia de 24 de noviembre de 2009) y Chitay Nech y Otros (sentencia de 25 de agosto de 2010). Cfr. Barrientos Pellecer, César Crisóstomo. El poder judicial de Guatemala frente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pág. 3. Disponible en: http://www.oj.gob.gt/camarapenal/index.php/publicaciones/otras-publicaciones/doc/130/raw.

171 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala, año 2012. Doc. ONU A/HRC/22/17/Add.1, de 7 de enero de 2013, párr.38.

172 El 10 de febrero de 2014, la justicia norteamericana condenó el Sr. Sosa Orantes a la pena de 10 años de prisión y revocó su ciudadanía estadounidense, por emitir falsas declaraciones en su proceso de naturalización en Estados Unidos. Cfr.Abogados sin Fronteras. Jorge Vinicio Sosa Orantes condenado a la pena máxima en Estados Unidos. Nota de 17 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.asfcanada.ca/es/noticias/satisfactory-outcome-of-the-trial-for-immigration-fraud-jorge-ignacio-sosa-orantes-condemned-to-maximum-penalty-in-the-usa-331.

173 Esto no sólo ha sido planteado por parte de la entonces Fiscal General, Claudia Paz y Paz, sino también por algunas de las víctimas entrevistadas, entre ellas Aura Elena Farfán y Ana Lucrecia Molina Theissen.

174 Se puede observar como un avance positivo la incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en las sentencias nacionales por estos casos, así como lo señalado por algunos jueces, instando al Ministerio Público a ampliar la investigación para identificar a los autores materiales, como en el caso de la desaparición forzada de Fernando García.

175 El entonces Comisionado Francisco Dall’Anese, indicó en la presentación del quinto informe de trabajo de la CICIG que “No se puede concluir una buena investigación cuando un juez en vez de dictar sentencia comete prevaricato”. Ver, El Periódico. Dall’Anese: Urge depuración de los jueces. Nota de 12 de septiembre de 2012. Disponible en: http://www.elperiodico.com.gt/es/20120912/pais/217774.

176 En este sentido se puede recordar que en el caso de la Masacre de las Dos Erres, la Corte IDH valoró “las actuaciones implementadas por el Estado para avanzar en la investigación de los hechos”. Lo mismo ocurrió en el caso Bámaca, en donde ese tribunal consideró positivamente el trabajo realizado por el Ministerio Público para el cumplimiento de la sentencia, aunque también fue muy crítica con la resolución de la Corte de Constitucionalidad que hizo posible que la investigación se cerrase. Ver, Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de18 de noviembre de 2010, párr. 17; y Caso de la Masacre de las Dos Erres. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 4 de septiembre de 2012, párr. 11.

177 El artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica lo siguiente: “Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”.

178 CC. Expediente 280-90. Gaceta Jurisprudencial Nº 18, de 19 de octubre de 1990.

179 CC. Expediente 334-95. Gaceta Jurisprudencial Nº 39, de 26 de marzo de 1996.

180 OACNUDH-Guatemala. Tendencias jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en materia de derechos humanos. Guatemala, 2010. Pp. 15, 16, 34, 35 y 36. Disponible en: http://www.ohchr.org.gt/documentos/publicaciones/Tendencias%20jurisprudenciales.pdf.

181 Letona Estrada, Yasmine María. Síntesis de Jurisprudencia Constitucional. Bloque de Constitucional e Inconstitucionalidad por omisión. En, Info CC. Instituto de Justicia Constitucional. Guatemala, agosto 2012, Año 2, Nº 4. Disponible en: http://www.cc.gob.gt/DocumentosCC/InfoCC/InfoCCAgosto2012.pdf.

182 Al respecto, la Corte Interamericana señaló que no son necesarias órdenes específicas y desagregadas para que las autoridades internas adopten las medidas necesarias para superar los obstáculos que generan impunidad y que la decisión de la Corte Suprema fue, más bien, una forma de cumplir con lo ordenado por la Corte y de impulsar en forma idónea y diligente la investigación del caso. Ver, Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 18 de noviembre de 2010, párrs. 9.b) y c), 11, 12, 12, 13, 34, 35, 36 y 40.

183 Entrevistas con Helen Mack y el abogado Edgar Pérez Archila.Op. Cit.

184 CICIG. Sexto informe de labores. Período septiembre 2012 – agosto 2013, pág. 38. Disponible en: http://www.cicig.org/uploads/documents/2013/COM-045-20130822-DOC01-ES.pdf.

185 Entrevista con Helen Mack. Op. Cit.

186 En octubre de 2013 eran 59 los/as magistrados/as que se habían excusado de conocer el caso. En junio de 2014, según indica el magistrado Miguel Ángel Gálvez, eran más de 110. Ver: El Periódico. Amnistía de Ríos Montt regresará a manos de la Sala Primera. Nota de 31 de octubre de 2013. Disponible en: http://elperiodico.com.gt/es/20131031/pais/237093/; y Transparencia Activa. Independencia judicial centroamericana retrocede por injerencia de “poderes fácticos”. Nota de 9 de junio de 2014. Disponible en: http://www.transparenciaactiva.gob.sv/independencia-judicial-centroamericana-retrocede-por-injerencia-de-poderes-facticos/.

187 Barrientos Pellecer, César Crisóstomo. El poder judicial de Guatemala frente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit., pp. 17 y 18.

188 En relación con este tema, ver CEJIL.CEJIL deplora la inminente destitución de la Fiscal General de Guatemala. Comunicado de prensa 6 de febrero de 2014. Disponible en: http://cejil.org/comunicados/cejil-deplora-la-inminente-destitucion-de-la-fiscal-general-de-guatemala-0.

189 Barrientos Pellecer, César Crisóstomo. El poder judicial de Guatemala frente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit., pp. 17 y 18.

190 Barrientos Pellecer, César Crisóstomo. El poder judicial de Guatemala frente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit., pp. 18 y 19.

191 Mediante su informe de 4 de junio de 2013 presentado a la Corte IDH el Estado indicó que: “[…] están pendientes de resolverse procesos y recursos planteados que determinarán si se aplicará o no la Ley de Reconciliación Nacional, por lo que, hasta que los mismos se resuelvan, no se puede continuar con la investigación del presente caso, ya que a la fecha, la responsabilidad penal por la comisión de los delitos de detención ilegal y secuestro se extinguió”. Ver, Corte IDH. Caso Chitay Nechy Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 22 de agosto de 2013, párr. 7 in fine.

192 El actual Presidente de la COPREDEH y Secretario para la Paz, indicó que la aplicabilidad de la LRN dependía de lo que se resolviese en los tribunales nacionales. Ver, CIDH. Audiencia sobre situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, celebrada el 28 de octubre de 2013. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=1JUXQWUKI7c. Ello fue reiterado en la audiencia temática del 13 de agosto de 2014, durante el 152º periodo extraordinario de sesiones de la CIDH: https://www.youtube.com/watch?v=sMP3C5reNBM&feature=youtu.be&list=UUXaM3iiEJ3J1EDs72UGzNg. La Comisión ha expresado “su profunda preocupación por la negación del genocidio por parte de las autoridades y la posición adoptada por la delegación del Estado en las audiencias en relación a defender la aplicación de amnistías para graves violaciones de los derechos humanos, lo cual es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado. Asimismo, la CIDH rechaza las expresiones de la delegación del Estado en la audienciasobre acceso a la justicia y el legado del conflicto armado interno, que constituyeron una actitud de desacato a la Corte Interamericana.” Ver, CIDH. CIDH culmina 156 Período de Sesiones. Comunicado de prensa 131/14, de 7 de noviembre de 2014. De igual manera ver, CIDH.CIDH insta a Guatemala a continuar avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y en la lucha contra la impunidad. Comunicado de prensa Nº 58/14, de 16 de mayo de 2014.

193 En el mismo documento, el Estado indicó que “por lo anterior, se señala que el delito de Desaparición Forzada es un delito que tiene carácter permanente y no continuado en la legislación guatemalteca, y que atenta contra la libertad de una persona. En este sentido, los delitos de secuestro y detención ilegal también son considerados como delitos permanentes, razón por la que, en el presente caso, si se cometió alguno de ellos con anterioridad a la tipificación del delito de desaparición forzada, no es posible dentro del marco legal aplicar la ley retroactivamente y en consecuencia variar luego su tipificación por el de desaparición forzada”.

194 Corte IDH. Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 22 de agosto de 2013, párrs. 7 y 15.

195 Barrientos Pellecer, César Crisóstomo. El poder judicial de Guatemala frente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit., pág. 18.

196 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala.Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 27 de enero de 2009, considerando 41.

197 Entrevista con la Dra. Claudia Paz y Paz Bailey.Op. Cit.

198 Entrevista con la Dra. Claudia Paz y Paz Bailey.Op. Cit.

199 CC. Expediente Nº 2290-2007. Resolución de 5 de marzo de 2008. Tal decisión se encuentra disponible en: http://www.right2info.org/resources/publications/case-pdfs/guatemala–rios-montt.

200 Centro Nacional de Análisis e Información Judicial del Organismo Judicial de Guatemala. Sumario del Diario de Centroamérica. 529 10/01/2013 Resolución del Ministerio de la Defensa Nacional. Clasifica como RESERVADA, la información relacionada con la Tabla de Organización y Equipo del Ejército de Guatemala, contenida dentro de las Órdenes Generales del Ejército para Oficiales 26-82, 27-82 y 31-82. Sumario de 14 de enero de 2013. Disponible en: http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/sumario/2013/01Enero–13/Sumario%202013-01-14.pdf.

201 Fundación Myrna Mack. Informe al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. Informe sobre el cierre de la Dirección de los Archivos de la Paz a la Luz de la Justicia Transicional. Disponible en: http://www.myrnamack.org.gt/index.php/informes/288-informe-sobre-el-cierre-de-la-direccion-de-los-archivos-de-la-paz-a-la-luz-de-la-justicia-transicional y Prensa Libre. Defensa restringe información de organización en archivos de 1982. Nota del 14 de enero de 2013. Disponible en: http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Defensa-restringe-informacion-organizacion-archivos–0–847115422.html.

202 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 6 de julio de 2011, párr. 8.

203 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 190, párr. 70.

204 Entrevista con la Dra. Claudia Paz y Paz Bailey.Op. Cit.

205 La CICIG reconoce una mayoría de “juzgadores honestos y comprometidos”, pero también identifica la existencia de un grupo de jueces que, aunque es pequeño, favorece, a través de sus decisiones, a distintas restructuras criminales. Es por ello que esta institución en el 2013 incluyó entre los desafíos pendientes se encontraba “la depuración constante de operadores corruptos […] indicando además, que ésta se verá determinada por una carrera judicial que permita la inamovilidad de los jueces, el carácter vitalicio de su nombramiento y un régimen disciplinario.” Sexto informe de labores, pp. 35, 38 y 39.

206 Organismo Judicial. Memorias de labores 2011-2012 y 2012-2013. Disponibles en: http://www.oj.gob.gt/index.php?option=com–phocadownload&view=category&id=74:memoria-de-labores&Itemid=525#.

207 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 27 de enero de 2009, considerando 35.

208 Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009, párrs. 25 y 32.a).

209 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de1º de julio de 2009, párr. 26.

210 Entrevista con la Dra. Claudia Paz y Paz Bailey. Op. Cit.

211 El aumento presupuestario entre el 2012 y 2013 es casi de un 16%, mientras que entre el 2013 y 2014 casi alcanza un 6%. El presupuesto del 2012 era de Q 1.540.678.661; en 2013 subió a Q.1.833.242.617,00; y en el 2014 ascendió a Q 1,947.677.844. Estos datos y desglose se encuentran en los acuerdos 37-2011, 67-2012 y 65-2013, ambos emitidos por el Organismo Judicial de Guatemala. Ver, CSJ. Acuerdo 37 -2011. Presupuesto de ingresos y egresos del Organismo Judicial para el ejercicio fiscal 2012. Disponible en: http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2011/pdfs/acuerdos/A37-2011.pdf; Presupuesto de ingresos y egresos del Organismo Judicial para el ejercicio fiscal 2013. Acuerdo 67-2012. Disponible en: http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2012/pdfs/acuerdos/A67-2012.pdf; Acuerdo 65-2013, mediante el cual se Aprueba el Presupuesto del Organismo Judicial para el ejercicio fiscal 2014. Disponible en: http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2013/pdfs/acuerdos/A65-2013.pdf.

212 Naciones Unidas. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición -PAJUST-. Apartado sobre “¿De qué se trata el proyecto?” Disponible en: http://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/operations/projects/crisis–prevention–and–recovery/Pajus/.

213 Para más información del Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición y sobre su colaboración con el Ministerio Público ver: Ministerio Público de Guatemala. Memoria de labores 2013; y Memoria de Labores 2011. Disponibles en: http://www.mp.gob.gt/acerca-del-mp/en-construccion/ y sitio web del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

214 Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009, considerandos 25, 32.b) y punto resolutivo 3.b).

215 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 1º de julio de 2009, párrs. 26 y 29.

216 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 6 de julio de 2011, párr. 24.

217 Entrevista con la Dra. Claudia Paz y Paz Bailey. Op. Cit.

218 Ministerio Público. Memorias de labores2012 y 2013. Disponibles en: http://www.mp.gob.gt/acerca-del-mp/en-construccion/.

219 Entrevista con la Dra. Claudia Paz y Paz Bailey. Op. Cit.

220 NacionesUnidas. Consejo de DerechosHumanos. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala, año 2012. Op. Cit.,párr. 87.

221 Información obtenida de la página web de la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial de Guatemala. Disponible en: http://www.oj.gob.gt/uci/index.php?option=com–content&view=article&id=130&Itemid=152.

222 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala, año 2012, párr. 86.

223 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C Nº 117, punto resolutivo segundo y párr. 134. Véanse también, Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, párr. 233.f), Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C Nº 212, párr. 235.c); Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Nº 101, párr. 277; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 18 de noviembre de 2010, considerandos 40 y 58.

224 Ley para la protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal. Decreto 70-96. 25 de septiembre de 1996.

225 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala.Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 1º de julio de 2009, párrs. 22 y 23.

226 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala.Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 27 de enero de 2009, considerando 41.

227 AGN. Blindan seguridad de jueces y magistrados en Guatemala. Nota de 29 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.agn.com.gt/index.php/component/k2/item/8903-blindan-seguridad-de-jueces-y-magistrados-en-guatemala#sthash.rwAUFNox.dpuf.

228 CIDH. Medidas cautelares 13/12. Miembros del Bufete Jurídico en Derechos Humanos (Guatemala). Información disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp.

229 Ver, CIDH. Medidas cautelares 125/13. Iris Yassmín Barrios Aguilar y Otros (Guatemala).

230 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. Op. Cit., pág. 68, párr. 155.

231 Noticias de Guatemala. Oficina de protección a testigos enfrenta problemas para operar. Nota de 15 de abril de 2010. Disponible en: http://noticias.com.gt/nacionales/20100415-oficina-proteccion-testigos-problemas-operar.html.

232 Entrevista con la Dra. Claudia Paz y Paz Bailey. Op. Cit.

233 El 22 de noviembre de 2011 fueron identificados los restos de dos víctimas desaparecidas: Amancio Samuel Villatoro y Sergio Saúl Linares Morales, ambos encontrados en el referido destacamento militar. Cfr. Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y Otros(“Diario militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012. Serie C Nº 253, párr. 42. Posteriormente, fueron identificados Juan de Dios Samayoa Velásquez, Moisés Saravia López y Hugo Adail López. Ver, Prensa Libre. Descubren tres víctimas más del Diario Militar del conflicto armado. Nota de 22 de marzo de 2012. Disponible en: http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/osamentas-diario–militar-victimas–0–668333312.html.

234 FAMDEGUA. Víctima de la Masacre de las Dos Erres, fue identificada por medio de la prueba de ADN y será inhumada por sus familiares. Comunicado de 21 de noviembre de 2013. Disponible en http://famdeguagt.blogspot.com/.

235 Marta Julia Chen Osorio, Demetrio Osorio Lajuj y Margarita Chen Uscap fueron identificadas a partir de una exhumación llevada a cabo por la FAFG. Ver, Corte IDH.Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párr. 102.

236 Un ejemplo de acciones infructuosas de búsqueda por parte de la familia se encuentra en el caso Bámaca, en el que la Corte IDH indica que “si bien en este caso se ha[bía]n intentado numerosos recursos internos para determinar el paradero de Bámaca Velásquez, tales como recursos de exhibición personal, procedimiento especial de averiguación y causas penales […], ninguno de ellos fue efectivo, desconociéndose hasta el presente el paradero de Bámaca Velásquez”. Ver, Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 18 de noviembre de 2010, párr. 20.

237 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 27 de enero de 2009, considerando 31; Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párr. 268; y Caso Tiu Tojín. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de mayo de 2011, párrs. 16 y 17.

238 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250, párr. 268; Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009, párr. 25 y punto resolutivo 32.b); y Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 1º de julio de 2009, párr. 22.

239 CICR. Guatemala: Los familiares de las personas desaparecidas: Un compromiso de todos. Estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)sobre la situación de las familias de las personas desaparecidas a raíz del enfrentamiento armado en Guatemala. Op. Cit. pp. 22 y 23.

240 Corte IDH. Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C Nº 258, párr. 221; y Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009, considerando 46 y punto resolutivo 5.

241 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de mayo de 2011, párr. 13.

242 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 4 de septiembre de 2012, párr. 2.

243 Entrevista con Aura Elena Farfán. Op. Cit.

244 Corte IDH.Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009, considerandos47 a 51 y punto resolutivo 6.

245 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 6 de julio de 2011, párr. 22.

246 Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009, párr. 50.

247 La Dra. Claudia Paz y Paz Bailey indicó haber prorrogado los convenios de colaboración con la FAFG y el INACIF ha suscrito con la FAFG un acuerdo marco de cooperación en temas forenses, relacionado con el apoyo para la certificación del laboratorio de genética, así como la coordinación para casos de antropología forense. Cfr. Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF). Memoria de labores del INACIF. Año 2012. Disponible en: http://www.inacif.gob.gt/docs/memorias/Memoria–Labores2012.pdf.

248 Corte IDH.Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C Nº 91, párr. 83.

249 Entrevista con Aura Elena Farfán. Op. Cit.

250 Mediante el Decreto Número 13-2010 se aprobó la Ley Temporal Especial para la Reposición de Inscripciones Registrales. Luego de ello, el decreto 29-2010 (de 10 de agosto de 2010) derogó tal ley en virtud de que no ha[bía] sido ejecutado de una manera correcta y podría ocasionar un quiebre en la confianza institucional para el registro de personas en Guatemala.El Decreto 13-2010 se encuentra disponible en: http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2010/pdfs/decretos/D013-2010.pdf y el Decreto 29-2010 en: http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2010/pdfs/decretos/D029-2010.pdf.

251 Ley del Régimen Penitenciario. Decreto Número 33-2006, 7 de septiembre de 2006.

252 Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y Otros) Vs. Guatemala.Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 27 de noviembre de 2007.

253 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, punto resolutivo 10 y párr. 242.

254 El Estado da cuenta de dos iniciativas legislativas (registradas como “3319” y “2942”). Aunque obtuvieron dictámenes favorables ambas se encuentran pendientes de tratamiento desde el 29 de noviembre de 2007 y el 28 de abril de 2010, respectivamente.Cfr. Corte IDH.Caso de la Masacre de las Dos Erres. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 4 de septiembre de 2012, nota al pie 19.

255 Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 6 de julio de 2011, párr. 15 y considerandos 17 y 18.

256 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala.Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C Nº 91, punto resolutivo 4 y párr. 85.

IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos surgió como una promesa de justicia y restablecimiento del derecho para las víctimas cuando los Estados no dan respuestas adecuadas frente a los casos de violaciones de los derechos humanos. Una vez que se ha culminado el proceso internacional y se ha dictado sentencia, corresponde al Estado involucrado evitar la reiteración de las conductas que llevaron al litigio y acatar las reparaciones que se ordenan, de manera que se permita superar los problemas estructurales, reparar los daños y contribuir a aliviar el sufrimiento de las víctimas.

En el caso de Guatemala, la información analizada y la experiencia nos llevan a concluir que subsisten importantes desafíos para cumplir con las diversas medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en sus sentencias, en particular con aquellas destinadas a garantizar los derechos a la verdad y la justicia.

Como se mencionó, Guatemala es el segundo país con más sentencias de la Corte Interamericana[257], siendo la gran mayoría de ellas graves violaciones de derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres perpetradas en un contexto de violaciones masivas y sistemáticas. Aunque estos hechos son constitutivos de delitos bajo el derecho internacional, los avances para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los mismos son mínimos. Para entender la magnitud de la impunidad imperante, cabe recordar que, según datos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en el conflicto armado fueron asesinadas y desaparecidas más de 200.000 personas[258]. Sin embargo, menos del 1% de las graves violaciones citadas han tenido alguna respuesta por parte del Estado[259].

En suma, más allá de los esfuerzos del Ministerio Público y de algunos tribunales que en los últimos años actuaron en forma independiente e imparcial, lo cierto es que durante el gobierno del Presidente Otto Pérez Molina existió una política deliberada de negación de la competencia de la Corte Interamericana desconociéndose de facto la obligatoriedad de sus sentencias. Tal comportamiento provocó que en el año 2014 la propia Corte Interamericana declarara el desacato del Estado guatemalteco en relación con sus sentencias[260].

La posición del poder ejecutivo durante el mencionado gobierno también permeó en el poder legislativo, órgano que anunció en mayo de 2014 su disposición a estudiar la legislación vigente basada en los Acuerdos de Paz con el objeto de promulgar “normas legales mediante las cuales se cumpla con el deber del Estado de consolidar la paz y la armonía entre los ciudadanos”[261], indicándole al organismo judicial que la Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado internacional de derechos humanos.

Este acto es sólo un ejemplo de la ausencia de voluntad política para cumplir con los compromisos internacionales, lo cual se erige como uno de los principales obstáculos que impide avanzar en el cumplimiento de las sentencias y, más concretamente, en el acceso a la justicia en los casos de graves violaciones de derechos humanos vinculados con el conflicto armado interno.

Dicha falta de voluntad también se expresa en los escasos recursos materiales y humanos que son asignados a la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos. Recordemos que este ente tiene bajo su responsabilidad la investigación de 3.500 asuntos vinculados al conflicto armado.

Como fue referido supra, la falta de asignación de recursos también impide el cumplimiento de medidas importantes como el establecimiento de un programa nacional de exhumaciones, la creación de un sistema de información genético y la creación de una página web para la búsqueda de niños y niñas desaparecidas, medidas que están vinculadas con el deber de investigar que tiene el Estado.

Sumado a la ausencia de recursos suficientes, es importante destacar que históricamente los casos que se encuentran en fase de investigación no han contado con un plan adecuado o estrategia de intervención. Así, el Ministerio Público se ha limitado a plantear una serie de diligencias formales que no se adecuan a las particularidades de cada caso, al contexto en el que ocurrieron los hechos. Tampoco obedecen a un plan estructurado –que establezca líneas que respondan a hipótesis claras de investigación vinculadas con los patrones sistemáticos de violaciones en el marco de los cuales se perpetraron los hechos– ni mucho menos están sujetas un cronograma de ejecución. Es justamente como consecuencia de esta falta de debida diligencia que casos como los de las desapariciones forzadas de Maritza Urrutia, Josefa y Tiu Tojín y Florencio Chitay Nech se encuentran impunes.

En aquellos casos que han logrado llegar a la etapa judicial, casos como los de Efraín Bámaca Velásquez, las Masacres de Plan de Sánchez y las Dos Erres y Myrna Mack se han enfrentado nuevos obstáculos. Por una parte, se observa un uso abusivo de los recursos de amparo y otros recursos procesales, y una complicidad por parte de las autoridades judiciales a la hora de conocerlos y tramitarlos. El caso de la Masacre de las Dos Erres es el más ilustrativo de esta problemática, la defensa de los imputados ha interpuesto cerca de 60 amparos, lo que tuvo como consecuencia que desde el año 2001 hasta el año 2009 el caso estuviera completamente paralizado.

También en el caso de la Masacre de Plan de Sánchez, los imputados han solicitado la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional. Si bien esto es absolutamente improcedente –tanto porque la Corte Interamericana ha señalado la inaplicabilidad de cualquier tipo de amnistía, prescripción o eximente de responsabilidad, como porque la citada ley así lo excluye–, hasta finales del año 2014 los tribunales no habían tomado una resolución definitiva al respecto, lo que constituye una táctica dilatoria y una fuente permanente de inseguridad jurídica para las víctimas.

A su vez, en varios de los casos que han logrado avanzar hasta la etapa judicial, se observa la falta de ejecución de órdenes de aprehensión a personas presuntamente involucradas. Así ha ocurrido en los casos de la Masacre de Plan de Sánchez, en el cual hay dos órdenes de captura pendientes de ejecutar desde el año 2011; las Dos Erres, en el cual hay seis órdenes pendientes desde el año 2010, y Myrna Mack en el cual hay una orden de captura pendiente desde el año 2004.

Todo lo anterior demuestra los múltiples obstáculos que enfrentan los casos según la etapa procesal en la que se encuentren. Estos obstáculos, si bien se han visto agravados por el comportamiento abiertamente de desacato del gobierno de Otto Pérez Molina, no son exclusivos de éste. Lo cierto es que durante muchos años diversas autoridades han tenido la oportunidad de avanzar en el cumplimiento de las sentencias pero la voluntad que algunas han expresado no se ha correspondido con acciones concretas y decididas.

En suma, sin importar la obligación establecida por la Corte Interamericana ni el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos o el sufrimiento que causa la impunidad en las víctimas, el Estado de Guatemala ha incumplido de forma consciente y decidida su deber de investigar, identificar, juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables de los hechos que han sido conocidos por la Corte Interamericana en sus sentencias.

Superar los problemas expuestos no constituye tarea fácil, sin embargo, la propia justicia guatemalteca ha demostrado que cuando existe seriedad, compromiso y voluntad de todas las autoridades responsables sí es posible combatir la impunidad.

En tal sentido, las diversas reparaciones dictadas por la Corte Interamericana brindan al Estado pautas claras que pueden contribuir a garantizar el acceso a la justicia, no sólo de las víctimas de los casos, sino de todas las personas en este país. Éstas constituyen una hoja de ruta mínima que debe guiar el actuar de todos los órganos involucrados.

En adición a las medidas establecidas por la Corte, es importante plantearse algunas recomendaciones adicionales.

Una de ellas es el fortalecimiento del mecanismo interno de seguimiento a las sentencias dictadas por la Corte. Hasta el momento, corresponde a la COPREDEH coordinar con las instituciones el cumplimiento de las diversas medidas de reparación, sin embargo, esta institución ha sido incapaz de brindar respuestas efectivas y oportunas a las víctimas y su funcionamiento ha variado (positiva o negativamente) según la persona que la presidía. Es preciso entonces plantearse un mecanismo que permita una mayor coordinación interinstitucional, a la vez que se establezcan canales de diálogo e interlocución permanente con las víctimas y sus representantes, así como procedimientos adecuados de seguimiento y rendición de cuentas.

Resulta también relevante que se retomen las decisiones de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia y, en tal sentido, se reitere en su jurisprudencia que las sentencias de la Corte Interamericana son autoejecutables y de acatamiento obligatorio en Guatemala.

Por otra parte, dados los desafíos de la administración de justicia, el Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas para contar con un sistema de justicia independiente e imparcial a fin de hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias de la Corte y los derechos de sus ciudadanos. En este orden de ideas resulta esencial mejorar los mecanismos de nombramiento de operadores de justicia que aseguren que aquéllos se hagan sobre la base de criterios objetivos de competencia y honorabilidad.

También es necesario mejorar los procesos de nombramiento, la formación y la sensibilización de los funcionarios públicos en temas de derechos humanos y, especialmente, en lo referido al ejercicio de las funciones que tienen asignadas. A su vez es imprescindible la capacitación en materias que permitan la tecnificación de su trabajo, acorde a los estándares internacionales. Éstos continúan siendo aspectos que deben abordarse tanto por las instituciones del sistema de justicia, como por la academia y las organizaciones de la sociedad civil, ya que pueden generar aportes esenciales a partir de su experiencia y capacidades.

También es indispensable que se reconozca y respalde el accionar de aquéllos que trabajan para la implementación de las sentencias del Tribunal interamericano: las víctimas, los y las defensoras de derechos humanos, y los y las operadoras de justicia. Por ello, se deben tomar todas las acciones necesarias para garantizar la protección efectiva de todas estas personas, así como abstenerse de cualquier forma de hostigamiento, estigmatización, persecución o criminalización en su contra.

Finalmente, el Estado debe profundizar en la calidad de la información que se requiere para implementar las diversas decisiones. Particularmente debe presentar un plan estratégico que fije una hoja de ruta para superar los obstáculos históricos enunciados.

Guatemala debe replantearse su comportamiento frente a las decisiones de la Corte Interamericana recordando sus obligaciones internacionales y comprendiendo que el cumplimiento de estas decisiones permitirá superar obstáculos que han limitado el acceso a la justicia de miles de personas. De esta manera, los beneficios de cumplir no sólo se circunscriben a las víctimas de los casos enunciados en esta publicación sino que también contribuirían a fortalecer la institucionalidad, el Estado de derecho y el funcionamiento de la democracia misma.

257 Perú ocupa el primer lugar con 29 casos, Guatemala ha sido condenada en 19 ocasiones.

258 Comisión de Esclarecimiento Histórico, Informe: Memoria del Silencio, Guatemala, Oficina de Servicios para proyectos de las Naciones Unidas, junio de 1999, capítulo cuarto, párr.2. Disponible en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/guatemala-memoria-silencio/guatemala-memoria-del-silencio.pdf.

259 Según datos proporcionados por las organizaciones representantes de las víctimas a nivel interno desde el año 1996 y hasta mayo del año 2014, solo se habían condenado a 31 responsables en 7 casos, la mayoría de ellos son soldados de bajo rango.

260 Corte IDH. Supervisión de cumplimiento de sentencia en 11 casos contra Guatemala respecto de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, 21 de agosto de 2014.

261 Diario Siglo 21. Congreso niega genocidio en Guatemala. 13 de mayo de 2014. Disponible en http://www.s21.com.gt/nacionales/2014/05/13/congreso-aprueba-punto-resolutivo-que-niega-existencia-genocidio.

ANEXO 1

RESÚMENES DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

1. CASO BLAKE

- Sentencia de 24 de enero de 1998. Fondo.

- Sentencia de 22 de enero de 199. Reparaciones y Costas.

- Sentencia de 1 de octubre de 199. Interpretación de Sentencia de Reparaciones y Costas.

HECHOS DEL CASO

Entre el 26 y 29 de marzo de 1985, en la aldea El Llano, del departamento de Huehuetenango, el periodista Nicholas Blake y el fotógrafo Griffith Davis, ambos de nacionalidad estadounidense, fueron detenidos por la Patrulla de Autodefensa Civil (PAC). Después de llevarlos a “Los Campamentos”, fueron asesinados y sus cadáveres arrojados en la maleza. Los restos de Griffith Davis fueron encontrados el 16 de marzo de 1992 y el 14 de junio del mismo año, los de Nicholas Blake.

Los procesos de búsqueda de sus restos y las acciones que emprendieron sus familiares para ubicar el paradero de ambos, así como para determinar a los responsables de los hechos, fueron obstaculizados por autoridades públicas, principalmente por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ESTABLECIDA

La Corte estableció responsabilidad internacional por la violación de los siguientes derechos:

- A la integridad personal, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1, 5.2 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de los familiares de Nicholas Blake;

- A las garantías judiciales, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 8.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de los familiares de Nicholas Blake.
Reparaciones ordenadas por la Corte IDH en relación con los temas de acceso a la justicia

La Corte Interamericana ordenó:

Investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos del caso, para lo cual se deben adoptar, en su derecho interno, las disposiciones que sean necesarias a efectos de asegurar el cumplimiento de esta obligación.

2. CASO “PANEL BLANCA”

(PANIAGUA MORALES Y OTROS)

- Sentencia de 8 de marzo de 1998. Fondo.

- Sentencia de 25 de mayo de 2001. Reparaciones y Costas.

HECHOS DEL CASO

Entre junio de 1987 y febrero de 1988, once personas fueron detenidas arbitrariamente por hombres armados vestidos de civil, vinculados a la Guardia de Hacienda, el Ejército o la Policía. Estos, después de obligar a sus víctimas a subir a un vehículo tipo “panel” (microbús o camioneta) de color blanco, los sometieron a graves maltratos y torturas, con el fin de que algunos de los detenidos confesaran delitos que supuestamente habían cometido. Además, cinco de las personas detenidas fueron asesinadas y sus cuerpos abandonados en la ciudad de Guatemala y sus alrededores el mismo día, o pocos días después de su detención, con signos de violencia física. Oscar Vásquez, uno de los detenidos que fue posteriormente liberado, fue asesinado cinco días antes de celebrarse la audiencia final del caso ante la CIDH.

La presentación de recursos de exhibición personal careció de efectividad, pero la interposición de denuncias penales permitió avances en la investigación de los hechos y en la identificación de los responsables, a pesar de que hubo intimidaciones y ataques contra familiares y testigos. Sin embargo, y aunque se detuvo a algunos de los presuntos responsables, estos nunca llegaron a ser sancionados, como consecuencia de las amenazas y el secuestro del cual fue víctima el juez del caso quien ordenó la libertad de los presuntos perpetradores.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ESTABLECIDA

La Corte estableció responsabilidad internacional por la violación de los siguientes derechos:

- A la vida, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 4 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de las víctimas Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos y Manuel de Jesús González López;

- A la integridad personal, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1, 5.2 y 1.1 de la CADH) y los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, en perjuicio de las víctimas Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López, Augusto Angárita Ramírez y Oscar Vásquez;

- A la libertad personal, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 7 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de las víctimas Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López, Augusto Angárita Ramírez, Doris Torres Gil y Marco Antonio Montes Letona;

- A las garantías judiciales, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 8.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de las víctimas Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López y Erik Leonardo Chinchilla;

- A la protección judicial, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 25 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de las víctimas Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López.

REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH, EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Corte Interamericana ordenó:

- Investigar de manera real y efectiva, para identificar y, eventualmente, sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos del presente caso.

- Brindar las condiciones necesarias para trasladar los restos mortales de la víctima al lugar de elección de sus familiares, sin costo alguno para ellos.

- Adoptar las medidas legislativas, reglamentarias o administrativas que sean necesarias para garantizar la certeza y la publicidad de un registro de detenidos. Dicho registro debe incluir la identificación de los detenidos, motivo de la detención, autoridad competente, hora de ingreso y de liberación e información sobre la orden de detención.

3. CASO “NIÑOS DE LA CALLE”

(VILLAGRÁN MORALES Y OTROS)

- Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Fondo

- Sentencia de 26 de mayo de 2001. Reparaciones y Costas.

HECHOS DEL CASO

El 15 de junio de 1990, en la Ciudad de Guatemala, Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes (de 18, 20, 15 y 17 años respectivamente), fueron introducidos a la fuerza en una camioneta por policías armados. Después de ser retenidos y torturados por varias horas, fueron asesinados. Tan sólo 10 días después, aproximadamente a la medianoche del día 25 de junio de 1990, el joven Anstraum Aman Villagrán Morales, de 17 años, fue asesinado en el mismo sector, de un disparo. Anstraum era amigo de los otros cuatro jóvenes asesinados.

Aunque a partir de la investigación criminal se llegó a identificar a algunos de los supuestos responsables, no se sancionó a ninguno. Debido a las acciones de encubrimiento realizadas por la institución policial y a las omisiones de los tribunales, los imputados fueron absueltos en primera instancia. Tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema de Justicia, confirmaron la sentencia absolutoria.

En el período en que ocurrieron los hechos, la zona de Las Casetas, en la cual sucedieron los hechos, tenía una alta tasa de delincuencia y criminalidad y además abrigaba un gran número de “niños de la calle”. Al mismo tiempo, se confirmó que existía en Guatemala un patrón común de acciones al margen de la ley, perpetradas por agentes de seguridad estatales en contra de estos niños y que se justificaban como estrategias para contrarrestar la delincuencia juvenil. Entre las acciones desplegadas por los agentes estatales se incluían amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes y homicidios.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ESTABLECIDA

La Corte estableció responsabilidad internacional por la violación de los siguientes derechos:

- A la vida, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 4 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de las víctimas Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Anstraum Aman Villagrán Morales;

- A la integridad personal, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1, 5.2 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de todas las víctimas;

- A la integridad personal, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar (arts. 5.2 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Ana María Contreras (madre de Henry Giovanni Contreras), Matilde Reyna Morales (madre de Anstraum Aman Villagrán), Rosa Carlota Sandoval y Margarita Sandoval (madre y abuela respectivamente de Julio Roberto Caal Sandoval), Marta Isabel Túnchez Palencia (madre de Federico Clemente Figueroa Túnchez), Noemi Cifuentes (madre de Jovito Josué Juárez Cifuentes);

- A la libertad y seguridad personales, en relación a la obligación de respetar y garantizar los derechos (arts. 7 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes;

- A las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial, en conexión con la obligación de respetar y garantizar derechos (arts. 8.1, 25 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de todas las víctimas y sus familiares;

- A los derechos del niño, en relación con la obligación general de respetar y garantizar derechos (arts. 19 y 1.1 de la CADH), en perjuicio Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes, Anstraum Aman Villagrán Morales;

- Asimismo se declaró la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, en perjuicio de las víctimas detenidas Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes.

REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH, EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Corte Interamericana ordenó:

- Investigar los hechos del caso, identificar y sancionar a los responsables por las violaciones de los derechos humanos de los que se ha hecho referencia y, eventualmente, sancionarlas.

- Adoptar en su derecho interno las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias con el fin de adecuar la normativa guatemalteca al artículo 19 de la CADH, para prevenir que se den en el futuro hechos como los examinados.

- Adoptar las medidas necesarias para el traslado de los restos mortales de Henry Giovanni Contreras y su posterior inhumación en el lugar de elección de los familiares y sin costo alguno, para darle una adecuada sepultura, según sus costumbres y creencias religiosas.

4. CASO BÁMACA VELÁSQUEZ

- Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Fondo.

- Sentencia de 22 de febrero de 2002. Reparaciones y Costas.

HECHOS DEL CASO

El 12 de marzo de 1992, cerca de la aldea Montúfar, en el departamento de Retalhuleu, y después de un enfrentamiento entre el Ejército de Guatemala y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas –uno de los grupos guerrilleros que formaban la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca–, el Comandante Efraín Bámaca Velásquez, conocido como “Everardo”, fue detenido por las Fuerzas Amadas de Guatemala.

Después de la captura, Efraín Bámaca Velásquez fue recluido en distintos centros clandestinos de detención, siendo sometido a torturas durante el tiempo que estuvo bajo custodia. La última vez que se le vio con vida fue el 18 de julio de 1992, cuando se encontraba en la enfermería de la zona militar Nº 18 de San Marcos.

La esposa de Efraín Bámaca, Jennifer Harbury, activó varios procesos judiciales. Entre ellos, se tramitaron, recursos de exhibición personal, un procedimiento especial de averiguación y diversas causas penales de los cuales ninguno fue efectivo. Desde entonces se encuentra desaparecido, y el caso se mantiene impune.

La desaparición de Efraín Bámaca Velásquez ocurrió en el contexto de conflicto armado que tuvo lugar en Guatemala entre los años 1962 y 1996. En esta época, el Ejército tenía como práctica común capturar guerrilleros y mantenerlos en reclusión clandestina a efectos de obtener, mediante torturas físicas y psicológicas, información útil. Después les desaparecían.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ESTABLECIDA

La Corte estableció responsabilidad internacional por la violación de los siguientes derechos:

- A la vida, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 4 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Efraín Bámaca;

- A la libertad personal, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 7 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Efraín Bámaca;

- A la integridad personal, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1, 5.2 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Efraín Bámaca, y sus familiares: Jennifer Harbury (esposa), José de León Bámaca Hernández (padre), y Egidia Gebia y Josefina Bámaca Velásquez (hermanas);

- A las garantías judiciales y la protección judicial, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 8, 25 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de la víctima y sus familiares antes mencionados;

- Los artículos 1, 2, 6 y 8 de la CIPST en perjuicio de Efraín Bámaca.

REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH, EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Corte Interamericana ordenó:

- Iniciar una investigación para determinar, enjuiciar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación.

- Localizar y entregar los restos mortales de Efraín Bámaca a sus familiares y en tal sentido realizar las exhumaciones en presencia de ellos. Asimismo, trasladar dichos restos al lugar de elección de los familiares, sin costo alguno.

- Implementar un programa nacional de exhumaciones.

- Adoptar medidas administrativas, legislativas o reglamentarias a fin de adecuar el ordenamiento jurídico guatemalteco a las normas internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario y para darles efectividad en el ámbito interno de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana.

- Velar por que, en la formación de personal o de los funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley, se imparta la educación necesaria sobre el delito de desaparición forzada de personas, teniendo en cuenta el artículo VIII de la CIDFP.

5. CASO MYRNA MACK CHANG

- Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Fondo, Reparaciones y Costas.

HECHOS DEL CASO

Myrna Mack Chang fue socia fundadora de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, creada en 1986 con el propósito de realizar investigaciones sobre las causas y consecuencias de los desplazamientos de las comunidades indígenas rurales, las condiciones de vida de las víctimas de este fenómeno y las políticas gubernamentales hacia los desplazados.

El 11 de septiembre de 1999, Myrna Mack Chang fue asesinada por agentes del Estado Mayor Presidencial. Aunque finalmente se condenó al autor material de los hechos, la conducción irregular de este proceso por parte de los tribunales, dificultó la sanción de otras personas, especialmente de los autores intelectuales.

Su ejecución extrajudicial se enmarca en el contexto de la segunda mitad de la década de los 80 y hasta la finalización formal del conflicto armado en 1996. En esta época en Guatemala, se realizaron ejecuciones extrajudiciales selectivas con un propósito de aniquilar a quienes el Estado consideraba enemigos.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ESTABLECIDA

La Corte estableció responsabilidad internacional por la violación de los siguientes derechos:

- A la vida, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 4.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Myrna Mack Chang;

- A la integridad personal, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de los familiares de la víctima, Lucrecia Hernández Mack, hija, Yam Mack Choy, (padre fallecido), Zoila Chang Lau (madre), Helen, Marco y Freddy Mack Chang, (hermana y hermanos); y de Ronaldo Chang Apuy (primo);

- A las garantías judiciales y la protección judicial, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 8, 25 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de los familiares de la víctima.

REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH, EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Corte Interamericana ordenó:

- Investigar efectivamente los hechos del caso, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang, del encubrimiento de la ejecución extrajudicial y de los otros hechos del caso, independientemente del autor material que ya fue juzgado y sancionado, y divulgar públicamente los resultados de las investigaciones para que la sociedad guatemalteca conozca la verdad.

- Remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen en la impunidad el caso y abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos.

- Otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso.

6. CASO MARITZA URRUTIA

- Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Fondo, Reparaciones y Costas.

HECHOS DEL CASO

Maritza Urrutia pertenecía a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y estaba encargada de tareas políticas en el Ejército Guerrillero de los Pobres. Fue secuestrada en Ciudad de Guatemala el 23 de julio de 1992, por tres miembros de los servicios de inteligencia del Ejército guatemalteco, quienes la trasladaron a las instalaciones de un centro de detención. Ahí permaneció ocho días encapuchada, encerrada en un cuarto, esposada a una cama y con la luz y la radio siempre encendidas. Fue además sometida a largos interrogatorios y amenazada con ser torturada físicamente y con matarla a ella o a miembros de su familia si no colaboraba. Maritza fue liberada el 30 de julio de ese mismo año, tras haber sido forzada a confesar su participación, la de su exesposo y la de su hermano en el Ejército Guerrillero de los Pobres. A pesar de que se plantearon dos recursos de exhibición personal en su favor, las autoridades no dieron cuenta de su paradero. Tampoco resultaron efectivas las denuncias que se interpusieron en otras instancias estatales.

En la actualidad, ninguno de sus captores o agresores se encuentra identificado o sancionado, por lo que el caso se mantiene impune.

En el momento en el que sucedieron los hechos de este caso, Guatemala se encontraba sumida en el conflicto armado interno y se había iniciado un proceso de negociaciones de paz entre el Gobierno de Guatemala y la URNG.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ESTABLECIDA

La Corte estableció responsabilidad internacional por la violación de los siguientes derechos:

- A la integridad personal, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5 y 1.1 de la CADH) y las obligaciones previstas en los artículos 1 y 6 de la CIPST, en perjuicio de Maritza Urrutia García;

- A la libertad y seguridad personales, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 7 y 1.1 de la CADH), en perjuicio Maritza Urrutia García;

- A las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 8, 25 y 1.1 de la CADH) y las obligaciones previstas en el artículo 8 de la CIPST, en perjuicio de Maritza Urrutia García.

REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH, EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Corte Interamericana ordenó:

- Investigar efectivamente los hechos del caso y así identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales así como a los encubridores, a quienes se deberá sancionar administrativa o penalmente, según corresponda, y divulgar públicamente los resultados de las investigaciones. Los procesos internos deben versar sobre las violaciones al derecho a la integridad personal y a la libertad personal de Maritza Urrutia.

- Dar a la víctima pleno acceso y capacitad de actuar en todas las etapas e instancias de la investigación y en el juicio correspondiente, de acuerdo con la ley interna y las normas de la CADH.

7. CASO MASACRE EN PLAN DE SÁNCHEZ

- Sentencia de 29 de abril de 2004. Fondo.

- Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Reparaciones.

HECHOS DEL CASO

El 18 de julio de 1982, el Ejército de Guatemala bombardeó la aldea Plan de Sánchez, en el municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz. Posteriormente, un comando compuesto por unas 60 personas (que incluían miembros del Ejército, comisionados militares, judiciales, miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil y denunciantes civiles) reunió a la población, separando a los hombres de las mujeres y niños. Les lanzaron granadas de mano y posteriormente prendieron fuego.

En esta masacre, fueron ejecutadas más de 268 personas, encontrándose entre ellos niños, niñas, mujeres y ancianos, pertenecientes en su mayoría a la etnia maya achí. Posteriormente, los miembros del comando regresaron en diversas ocasiones a la aldea saqueando y destruyendo viviendas y pertenencias, y amenazando a los pobladores. Esta situación generó que los sobrevivientes se vieran obligados a huir de la aldea, y que algunos de ellos perdieran la vida durante el desplazamiento.

En 1992 se informó a las autoridades judiciales de la existencia del cementerio clandestino en donde fueron enterradas las víctimas, y un año después se denunció la masacre. Aunque se llevaron a cabo algunas diligencias de investigación, esta fue seriamente obstaculizada.

El caso ocurrió en el contexto de conflicto armado que tuvo lugar en Guatemala entre los años 1962 y 1996 durante el cual el Estado aplicó la denominada “Doctrina de Seguridad Nacional” como respuesta a la acción o doctrina del movimiento insurgente. La política contrainsurgente en Guatemala se caracterizó por “acciones militares destinadas a la destrucción de grupos y comunidades, así como por el desplazamiento geográfico forzado de comunidades indígenas cuando se las consideraba posibles auxiliares de la guerrilla”. El Ejército de Guatemala, identificó a los miembros del pueblo indígena maya como “enemigos internos”, por considerar que constituían o podían constituir la base social de la guerrilla. Estos pueblos fueron víctimas de masacres y “operaciones de tierra arrasada” que significaron la destrucción completa de sus comunidades, viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de supervivencia como su cultura, el uso de sus propios símbolos culturales, sus instituciones sociales, económicas y políticas, sus valores y prácticas culturales y religiosas.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ESTABLECIDA

Guatemala aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías y protección judicial, a la protección de la honra y de la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación, a la propiedad privada, la igualdad ante la ley, así como a la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1, 5.2, 8.1, 25.1, 11, 12.2, 12.3, 13.2 a 13.5, 16.1, 21.1, 21.2, 24 y 1.1 de la CADH) de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de 268 personas.

- La Corte estableció responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías y protección judicial, a la protección de la honra y de la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación, a la propiedad privada, la igualdad ante la ley, así como la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1, 5.2, 8.1, 25.1, 11, 12.2, 12.3, 13.2 a 13.5, 16.1, 21.1, 21.2, 24 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de 268 personas, así como aquellas que puedan ser identificadas con posterioridad, debido a que las complejidades y dificultades presentadas al individualizarlas permiten presumir que hay aún víctimas pendientes de determinación.

REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Corte Interamericana ordenó:

- Investigar efectivamente los hechos de la Masacre Plan de Sánchez, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a sus autores materiales e intelectuales y divulgar públicamente el resultado del proceso para que la sociedad guatemalteca conozca la verdad.

- Abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como a medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria.

- Garantizar a las víctimas pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de la investigación y en el juicio correspondiente, de acuerdo con la ley interna y las normas de la CADH.

8. CASO MOLINA THEISSEN

- Sentencia de 4 de mayo de 2004. Fondo.

- Sentencia de 3 de julio de 2004. Reparaciones y Costas.

HECHOS DEL CASO

El 6 de octubre de 1981, dos individuos armados entraron en la casa de la familia Molina Theissen, ubicada en la Zona 19 de la Ciudad de Guatemala y se llevaron a Marco Antonio Molina Theissen de 14 años, en presencia de su madre.

La detención y posterior desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen fue ejecutada por efectivos del Ejército Guatemalteco, como represalia por la fuga de su hermana Emma Guadalupe del Cuartel Militar Manuel Lisandro Barillas, y como castigo para una familia cuyos integrantes eran considerados “subversivos”. Desde entonces Marco Antonio Molina Theissen se encuentra desaparecido, y el caso se encuentra impune.

La desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen ocurrió en el contexto del conflicto armado interno durante el cual se aplicó la denominada “Doctrina de Seguridad Nacional” como respuesta a la acción o doctrina del movimiento insurgente. Durante esta época la desaparición forzada de personas constituyó una práctica del Estado.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ESTABLECIDA

Guatemala aceptó su responsabilidad por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección a la familia, a los derechos del niño y la protección judicial, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (arts. 4.1, 5.1, 5.2, 7, 8, 17, 19, 25, 1.1 y 2 de la CADH), así como los artículos I y II de la CIDFP en perjuicio de Marco Antonio Molina Theissen.

Asimismo, aceptó parcialmente su responsabilidad por la violación a la obligación general de respetar y garantizar los derechos, y del derecho a la protección judicial (arts. 1.1. y 25 de la CADH), en perjuicio de la víctima y sus familiares: Emma Theissen Álvarez (madre), Carlos Augusto Molina Palma (padre fallecido), Emma Guadalupe, Ana Lucrecia y María Eugenia Molina Theissen (hermanas).

La Corte estableció responsabilidad internacional por la violación de los siguientes derechos:

- A la integridad personal, las garantías judiciales, la protección a la familia, la protección judicial, así como la obligación general de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (arts. 5.1 y 5.2, 8, 17, 25, 1.1 y 2 de la CADH), en perjuicio de los familiares de la víctima;

- A la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección a la familia, a los derechos del niño y la protección judicial, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (arts. 4.1, 5.1, 5.2, 7, 8, 17, 19, 25, 1.1 y 2 de la CADH) así como los artículos I y II de la CIDFP en perjuicio de Marco Antonio Molina Theissen.

REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH, EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Corte Interamericana ordenó:

- Investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y divulgar públicamente los resultados del proceso de investigación para que la sociedad guatemalteca conozca la verdad.

- Garantizar que el proceso interno tendiente a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de este caso surta los debidos efectos.

- Abstenerse de recurrir a figuras de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos.

- Determinar el paradero de la víctima desaparecida y entregar sus restos mortales a los familiares, a fin de que reciban sepultura según sus costumbres y creencias. Además, debe brindar las condiciones necesarias para trasladar los restos al lugar de elección de los familiares, sin costo alguno para ellos, y satisfacer los deseos de la familia en relación con la sepultura.

- Adoptar las medidas necesarias –legislativas, administrativas y de cualquier otra índole–, para crear un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada con fines de filiación, sucesión y reparación y demás efectos civiles relacionados con ella.

- Contar con un banco de datos genéticos que permita identificar a las personas desaparecidas o sus restos y, en tal sentido, adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para crear un sistema de información genética que permita la determinación y esclarecimiento de la filiación de los niños desaparecidos y su identificación.

9. CASO CARPIO NICOLLE Y OTROS

- Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Fondo, Reparaciones y Costas.

HECHOS DEL CASO

Jorge Carpio Nicolle era periodista y aspirante a la presidencia de la República de Guatemala. El 3 de julio de 1993, en las cercanías del lugar denominado “Molino El Tesoro”, en Chichicastenango, departamento de El Quiché, Jorge Carpio Nicolle y su comitiva, fueron rodeados por más de quince hombres armados, que pertenecían a las Patrullas de Autodefensa Civil de San Pedro de Jocopilas.

Después de identificar al señor Carpio le asesinaron, disparándole a quemarropa. En el atentado también perdieron la vida Juan Vicente Villacorta Fajardo, Alejandro Ávila Guzmán y Rigoberto Rivas González, y resultó herido el niño Sydney Shaw Díaz quien, junto con la señora Martha Arrivillaga de Carpio y los señores Sydney Shaw Arrivillaga, Mario Arturo López Arrivillaga y Ricardo San Pedro Suárez, fueron víctimas de tratos crueles. La investigación de los hechos y el subsiguiente proceso penal presentaron diversas irregularidades, y fueron obstaculizados. El proceso judicial finalizó sin que ninguno de los responsables fuera sancionado. Hasta la fecha el caso permanece impune.

Los hechos del caso ocurren en el marco del contexto de conflicto armado que tuvo lugar en Guatemala entre los años 1962 y 1996. Durante el año 1993 las Patrullas de Autodefensa Civil de San Pedro de Jocopilas se caracterizaron por cometer abusos contra los derechos civiles de los pobladores de la región. En este sentido, decretaron unilateralmente el toque de queda, exigían contribuciones pecuniarias a sus integrantes, imponían medidas disciplinarias y castigos, así como secuestraban y torturaban a los pobladores.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ESTABLECIDA

Guatemala aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida en perjuicio de Jorge Carpio Nicolle, Juan Vicente Villacorta, Alejandro Ávila Guzmán y Rigoberto Rivas; a la integridad personal en perjuicio de Sidney Shaw Díaz y sus familiares; a las garantías judiciales y protección judicial en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos de todas las víctimas mencionadas (arts. 4.1, 5.1, 8.1, 25 y 1.1 de la CADH).

Asimismo, aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos del niño, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 19 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Sidney Shaw Díaz.

Finalmente, Guatemala aceptó su responsabilidad por la violación a las libertades de pensamiento y expresión, y los derechos políticos (arts. 13 y 23 de la CADH), en perjuicio de Jorge Carpio Nicolle.

La Corte estableció responsabilidad por la violación de los siguientes derechos:

- A la vida, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 4.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de las víctimas Jorge Carpio Nicolle, Juan Vicente Villacorta Fajardo, Alejandro Ávila Guzmán y Rigoberto Rivas González;

- A la integridad personal, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de las víctimas Sydney Shaw Díaz, Martha Arrivillaga de Carpio, Mario Arturo López Arrivillaga, Sydney Shaw Arrivillaga, Ricardo San Pedro Suárez, Jorge y Rodrigo Carpio Arrivillaga, Karen Fischer, Rodrigo y Daniela Carpio Fischer, Silvia Arrivillaga de Villacorta, Álvaro Martín Villacorta Arrivillaga, Silvia Piedad, Juan Carlos, María Isabel y José Arturo Villacorta Arrivillaga, Rosa Everilda Mansilla Pineda, Lisbeth Azucena, Dalia Yaneth, César Aníbal y Nixon Rigoberto Rivas Mansilla, Sonia Lisbeth Hernández Saraccine, Alejandro y Sydney Roberto Ávila Hernández, María Paula González Chamo y María Nohemi Guzmán;

- A la integridad personal, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.2 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de las víctimas Sydney Shaw Díaz, Martha Arrivillaga de Carpio, Sydney Shaw Arrivillaga, Mario Arturo López Arrivillaga y Ricardo San Pedro Suárez;

- A la libertad de pensamiento y de expresión, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts.13.1, 13.2, 13.3 y 1.1 de la CADH), en perjuicio del señor Carpio Nicolle;

- A los derechos del niño, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 19 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Sydney Shaw Díaz;

- A las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 8.1, 25 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de todas las víctimas;

- A los derechos políticos, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 23.1 a), b), c) y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Jorge Carpio Nicolle.

REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH, EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Corte Interamericana ordenó:

- Investigar efectivamente los hechos del presente caso con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de los señores Carpio Nicolle, Villacorta Fajardo, Ávila Guzmán y Rivas González, así como de las lesiones graves de Sydney Shaw Díaz. El resultado del proceso deberá ser públicamente divulgado, para que la sociedad guatemalteca conozca la verdad.

- Remover todos los obstáculos y mecanismos, de hecho y de derecho, que mantengan la impunidad del caso y abstenerse de recurrir a figuras de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables.

- Otorgar las garantías de seguridad suficientes a los testigos, autoridades judiciales, fiscales, otros operadores de justicia y a los familiares de las víctimas, así como utilizar todas las medidas a su alcance, para diligenciar el proceso.

- Adoptar medidas concretas dirigidas a fortalecer la capacidad investigativa mediante la dotación a las entidades encargadas de la prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, de suficientes recursos humanos, económicos, logísticos y científicos, para que puedan realizar el procesamiento adecuado de toda prueba científica y de otra índole.

- Contemplar para el procesamiento de la prueba las normas internacionales pertinentes en la materia, tales como las previstas en el “Manual de las Naciones Unidas sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, conocido como Protocolo de Minnesota.

10. CASO TIO TOJÍN

- Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Fondo, Reparaciones y Costas.

HECHOS DEL CASO

El 29 de agosto de 1990, integrantes del Ejército de Guatemala y de las Patrullas de Autodefensa Civil capturaron a 86 integrantes de la comunidad de población en resistencia “La Sierra”, que residían en Santa Clara, municipio de Chajul, departamento de El Quiché.

Los 86 integrantes de la comunidad fueron trasladados a un cuartel militar, siendo reubicados 84 de ellos en un campamento de la Comisión Especial de Atención a Repatriados, Refugiados y Desplazados en Xemamatze. Sin embargo, María Tiu Tojín, mujer maya vinculada al Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam y al Comité Nacional de Viudas de Guatemala, así como su hija de un mes, Josefa, no fueron trasladadas al campamento. Desde entonces María Tiu Tojín y su hija se encuentran desaparecidas, y el caso se encuentra impune.

Los hechos del caso deben ser comprendidos en el contexto del conflicto armado interno que tuvo lugar en Guatemala entre los años 1962 y 1996. Durante este periodo, la violencia ejercida por el Ejército de Guatemala en contra de la población desplazada, llevó a que muchas de estas personas se organizaran a través de la conformación de las comunidades de población en resistencia, las cuales fueron consideradas por las Fuerzas Armadas como parte del “enemigo interno”.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ESTABLECIDA

Guatemala aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, y a la libertad y seguridad personales, los derechos del niño, las garantías judiciales y la protección judicial, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 4.1, 5, 7 19, 8, 25 y 1.1 de la CADH), así como el artículo I de la CIDFP en perjuicio de Maria Tiu Tojín y Josefa Tiu Tojín.

Asimismo, aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1, 8.1, 25.1, y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Victoriana Tiu Tojín, hermana de María Tiu Tojín.

Finalmente, Guatemala aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 8, 25.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Josefa TiuImul (madre de María y Abuela de Josefa Tiu Tojín), Rosa Tiu Tojín, Pedro Tiu Tojín, Manuel Tiu Tojín y Juana Tiu Tojín, todos hermanos de María Tiu Tojín.

La Corte estableció responsabilidad internacional por la violación de los siguientes derechos:

- A la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos ( arts.4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 25 y 1.1 de la CADH), así como el art. I de la CIDFP, en perjuicio de las víctimas María Tiu Tojín y Josefa Tiu Tojín;

- A los derechos del niño (art. 19 de la CADH), en perjuicio de Josefa Tiu Tojín;

- A la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1, 8.1, 25.1, y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Victoriana Tiu Tojín (hermana de María Tiu Tojín);

- A las garantías judiciales y la protección judicial, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 8, 25.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Josefa TiuImul (madre de María y Abuela de Josefa Tiu Tojín), Rosa Tiu Tojín, Pedro Tiu Tojín, Manuel Tiu Tojín y Juana Tiu Tojín, todos hermanos de María Tiu Tojín.

REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH, EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Corte Interamericana ordenó:

- Investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.

- Asegurar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia, para lo cual deberá garantizar que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas.

- Abstenerse de utilizar mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información; o, en razones de interés público o seguridad nacional, dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación.

- Asegurar que las autoridades encargadas de la investigación tomen en cuenta los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos en el caso, con el objeto de que la investigación sea conducida tomando en cuenta la complejidad de estos hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, evitando omisiones al recabar pruebas y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación.

- Utilizar como tipo penal aplicable para la investigación de los hechos la figura de la desaparición forzada.

- Asegurar que las víctimas y sus familiares puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales iniciados, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin.

- Garantizar que las víctimas no tengan que hacer esfuerzos desmedidos o exagerados para acceder a los centros de administración de justicia encargados de la investigación.

- Divulgar públicamente el resultado del proceso para que la sociedad guatemalteca conozca la verdad.

- Buscar y dar con el paradero de María y Josefa Tiu Tojín y, en su caso, entregar los restos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación. Los gastos de dichas diligencias deben ser cubiertos por el Estado, así como los gastos fúnebres, respetando las tradiciones y costumbres de los familiares de las víctimas.

11. CASO DE LA MASACRE DE LAS DOS ERRES

- Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

HECHOS DEL CASO

En la madrugada del 7 de diciembre de 1982, un pelotón integrado por miembros del cuerpo de élite Kaibil, del Ejército de Guatemala, llegó al parcelamiento de las Dos Erres, obligando a sus pobladores a salir de sus casas. A los hombres los encerraron en la escuela y a las mujeres y niños en la iglesia evangélica.

Alrededor de las 4:30 p.m. los kaibiles sacaron a los hombres de la escuela y los llevaron vendados y maniatados a un pozo de agua, donde los fusilaron. Después sacaron a las mujeres y los niños para llevarlos al mismo lugar. En el camino muchas niñas fueron violadas por los kaibiles. En la masacre perdieron la vida por lo menos 216 personas.

Sólo se condenó a 4 militares que participaron en la masacre, sin embargo no se realizó una investigación completa y exhaustiva de los hechos, lo que ha impedido el juzgamiento y sanción de todos los responsables, particularmente de los autores intelectuales.

Los hechos ocurrieron en el contexto del conflicto armado interno. Se estima que el saldo en muertos y desaparecidos llegó a más de doscientas mil personas.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ESTABLECIDA

El Estado aceptó parcialmente su responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 8, 25 y 1.1 de la CADH) en perjuicio de 153 familiares de las víctimas fallecidas durante la masacre así como de dos sobrevivientes de la misma.

La Corte estableció responsabilidad internacional por la violación de los siguientes derechos:

- A la obligación general de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (arts. 1.1 y 2 de la CADH), en perjuicio de 153 familiares de las víctimas fallecidas durante la masacre;

- A las garantías y protección judicial en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 8.1, 25.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de 153 familiares de las víctimas fallecidas durante la masacre;

- A las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST y en el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las 155 víctimas;

- A la protección a la familia y al nombre en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos y los derechos del niño (arts. 17, 18, 1.1 y 19 de la CADH), en perjuicio de Ramiro Antonio Osorio Cristales;

- A la integridad personal, en conexión con la de obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de 153 familiares de las víctimas fallecidas durante la masacre;

- A la integridad personal, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos y los derechos del niño (arts. 5.1, 1.1 y 19 de la CADH), en perjuicio de Ramiro Antonio Osorio Cristales;

- A la integridad personal, en relación con los derechos del niño y la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1, 19 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Ramiro Antonio Osorio Cristales y Salomé Armando Gómez Hernández.

REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Corte Interamericana ordenó:

- Investigar los hechos, sin mayor dilación, de forma seria y efectiva, a fin de juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables materiales e intelectuales de los hechos.

- Utilizar los medios que sean necesarios, de acuerdo con su legislación interna, para conducir eficazmente las investigaciones con el fin de individualizar, juzgar y, eventualmente, sancionar a los responsables de los crímenes cometidos en el Parcelamiento de Las Dos Erres, y remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad en este caso.

- Abstenerse de aplicar leyes de amnistía, así como de argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, el principio non bis in idem, o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de la obligación de investigar.

- Tomar en cuenta para las investigaciones el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos existente en la época en que ocurrieron los hechos del presente caso, incluyendo, además del asesinato de los pobladores del Parcelamiento, otras posibles graves afectaciones a la integridad personal y, en particular, los presuntos actos de tortura, a la luz de los impactos diferenciados, con motivo de la alegada violencia contra la niñez y la mujer.

- Iniciar las acciones disciplinarias, administrativas o penales que sean pertinentes, de acuerdo con su legislación interna, contra las autoridades del Estado que puedan haber cometido y obstaculizado la investigación de los hechos, así como los responsables de las distintas irregularidades procesales y hechos de hostigamiento que han contribuido a prolongar la impunidad.

- Colaborar en la recaudación de la prueba, por lo que deberán brindar al juez de la causa toda la información que requiera y abstenerse de actos que impliquen la obstrucción para la marcha del proceso investigativo.

- Adoptar las medidas pertinentes para reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en Guatemala, para que el uso del recurso de amparo sea efectivo, conforme a los principios de concentración, celeridad, contradictorio y motivación de los fallos, derechos de defensa, y que no sea utilizado como un mecanismo dilatorio del proceso.

- Asegurar que los órganos del sistema de justicia involucrados en el caso cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar sus tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen en la investigación, entre ellas víctimas, testigos y operadores de justicia, cuenten con las debidas garantías de seguridad.

- Dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y de la impunidad, así como tramitar los recursos judiciales de modo que se restrinja el uso desproporcionado de acciones que pueden tener efectos dilatorios o entorpecedores.

- Divulgar públicamente los resultados de la investigación así como del proceso penal a toda la sociedad guatemalteca.

- Proceder a la exhumación e identificación, previa comprobación genética de filiación, así como a la entrega de los restos de las personas fallecidas en la masacre de Las Dos Erres a sus familiares, para lo cual deberá emplear todos los medios técnicos y científicos necesarios, tomando en cuenta las normas nacionales o internacionales pertinentes en la materia.

- Cubrir los gastos de transporte y sepultura, de acuerdo con las creencias de sus familiares.

- Crear una página web de búsqueda de niños sustraídos y retenidos ilegalmente.

- Capacitar a los funcionarios del sistema de justicia en materia de derechos humanos, específicamente sobre las graves violaciones a los derechos humanos y la falta de acceso a la justicia de las víctimas, a diversas autoridades estatales, tales como las Fuerzas Armadas, los Jueces y Fiscales.

- Iniciar de manera independiente un programa específico de capacitación para el mejoramiento integral del sistema de justicia en Guatemala o fortalecer los ya existentes. Esto irá destinado a las autoridades encargadas de la dirección de los procesos judiciales de graves violaciones a los derechos humanos, que incluirá una estrategia de investigación de patrones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y tutela judicial efectiva.

12. CHITAY NECH Y OTROS

- Sentencia de 25 de mayo de 2010. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

HECHOS DEL CASO

Florencio Chitay Nech era un campesino maya kaqchikel con una relevante participación en diversas causas sociales y comunitarias de distinta naturaleza. En 1973 se unió al partido Democracia Cristiana. Fue Concejal Primero y en 1981 asumió la titularidad de la alcaldía en el municipio de San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango.

En el año 1980, Florencio se vio obligado a desplazarse con su familia a la ciudad de Guatemala, debido a una serie de amenazas que recibió para que dejara sus labores en el movimiento cooperativo y campesino. El 1 de abril de 1981, al salir de su vivienda con su hijo Estermerio, fue secuestrado por un grupo de hombres armados. Desde entonces se encuentra desaparecido, y el caso se encuentra impune.

La desaparición forzada de Chitay Nech debe ser comprendida en el contexto de conflicto armado que tuvo lugar en Guatemala entre los años 1962 y 1996. En particular, entre los años 1980 y 1983 se produjeron numerosas violaciones de derechos humanos que afectaron las estructuras de autoridad y liderazgo indígena.

En tal sentido y según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto. El 91% de las desapariciones forzadas fueron ejecutadas por estos grupos. Dentro de estas cifras, los grupos más afectados fueron los pertenecientes a las etnias mayas, víctimas del 83.3% de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ESTABLECIDA

Guatemala aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal, a la protección de la familia, los derechos del niño y los derechos políticos (arts. 4, 5, 7, 17, 19, 23 y 1.1 de la CADH), así como artículos I y II de la CIDFP, en perjuicio de Florencio Chitay Nech.

La Corte estableció responsabilidad internacional por la violación de los siguientes derechos:

- A la libertad y seguridad personal, a la integridad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica y los derechos políticos, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 7.1, 5.1, 5.2, 4.1, 3, 23.1 y 1.1 de la CADH) y con el artículo 1.a de la CIDFP, en perjuicio de Florencio Chitay Nech;

- A la circulación y residencia y a la protección a la familia, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 22, 17 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de los hijos de la víctima, Encarnación y Pedro, ambos de apellidos Chitay Rodríguez;

- A la circulación y residencia, a la protección a la familia, y a los derechos del niño, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 22, 17, 19 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de los hijos y la hija de la víctima: Eliseo, Estermerio y María Rosaura, todos de apellidos Chitay Rodríguez;

- A las garantías judiciales y la protección judicial, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos (arts. 8.1, 25.1 y 1.1 de la CADH), y el incumplimiento de la obligación establecida en el art. 1, b. de la CIDFP en perjuicio de todos los hijos e hija de la víctima;

- A la integridad personal en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de todos los hijos e hija de la víctima.

REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH, EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Corte Interamericana ordenó:

- Conducir de manera eficaz, con debida diligencia y dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, los procesos penales que tramiten, en relación con la detención y posterior desaparición forzada de Florencio Chitay Nech, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea.

- Continuar sin mayor dilación, de forma diligente y efectiva, con la investigación iniciada el 2 de marzo de 2009, tomando en cuenta como tipo penal aplicable el delito de desaparición forzada.

- Abstenerse de aplicar leyes de amnistía, así como de utilizar figuras de prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni el principio non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de la obligación de investigar.

- Hacer públicos y divulgar los resultados de los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada de Florencio Chitay Nech.

- Continuar con la búsqueda efectiva y la localización de Florencio Chitay Nech. En caso de encontrar sus restos mortales, deben ser entregados a la mayor brevedad posible y sin costo alguno a sus familiares, previa comprobación genética de filiación. El Estado deberá cubrir los gastos fúnebres, de común acuerdo con sus familiares.

13. CASO MASACRES DE RIO NEGRO

- Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

HECHOS DEL CASO

En 1975, como consecuencia del proyecto de construcción de la hidroeléctrica del Río Chixoy, el Estado propuso reasentar a unas 3.445 personas afectadas por el embalse de las aguas de dicho río. Los pobladores de Río Negro, en el departamento de Baja Verapaz, rechazaron las tierras infértiles que les ofrecía el Instituto Nacional de Electrificación a cambio de sus tierras ancestrales.

Debido a la oposición de las comunidades, mayoritariamente integradas por la etnia maya sachí, fueron calificados por el Ejército como subversivos y durante más de dos años perseguidos por las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y por el Ejército, quienes llegaron al extremo de eliminar casi en su totalidad a la población a través de cinco masacres.

La primera masacre se perpetró el 4 de marzo de 1980, en la que ejecutaron a siete líderes de Río Negro. En julio del mismo año fueron encontrados los cadáveres de otros dos líderes. Posteriormente, el 13 de febrero de 1982, fueron ejecutadas alrededor de 70 personas de Río Negro. Un mes después, el 13 de marzo de 1982, las PAC de Xococ junto con soldados saquearon la aldea de Río Negro, violaron sexualmente a mujeres y niñas, y mataron aproximadamente a 70 mujeres y 107 niños, enterrando sus restos en una fosa común en el cerro de Pacoxom. Asimismo, se llevaron por la fuerza a algunos de sus pobladores, incluyendo 17 niños que fueron trasladados a Xococ, donde fueron esclavizados.

El 14 de mayo de 1982, en Los Encuentros, un grupo de soldados y patrulleros mataron a más de 79 personas de Río Negro y el 14 de septiembre de 1982, en Agua Fría, asesinaron a otras 92 personas. Las personas pobladoras de Río Negro que consiguieron escapar de las masacres, huyeron de la persecución refugiándose en las montañas donde sufrieron condiciones de vida inhumanas. Como consecuencia, muchos niños y adultos murieron.

Pese a que se condenó a ocho personas por las masacres del cerro Pacoxom y Agua Fría, nunca se investigó la totalidad de las masacres ni demás hechos violatorios. Tampoco se juzgó a todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos, por lo que el caso se mantiene parcialmente en la impunidad.

Los hechos del caso ocurrieron en el contexto del conflicto armado que tuvo lugar en Guatemala entre los años 1962 y 1996. El pueblo maya fue el grupo étnico más afectado por las violaciones de derechos humanos cometidas durante esa época.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ESTABLECIDA

Guatemala aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 3, 4, 5, 7 y 1.1 de la CADH), así como el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo I de la CIDFP, en perjuicio de Ramona Lajuj y Manuel Chen Sánchez.

Asimismo, aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos del niño (art. 19 de la CADH), en perjuicio de Manuel Chen, así como la violación de los derechos a la integridad personal, a la protección a la honra y la dignidad (arts. 5, 11 de la CADH), en perjuicio de María Eustaquia Uscap Ivoy.

Aceptó también su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad personal, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5 y 1.1 de la CADH) y en perjuicio de los miembros de la comunidad de Río Negro sobrevivientes de las masacres.

Igualmente, aceptó su responsabilidad por la violación de la prohibición de la esclavitud y servidumbre y del derecho de la protección a la familia, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 6, 17 y 1.1 de la CADH) en perjuicio de los siguientes 17 niños: Agustín Chen Osorio, Celestina Uscap Ivoy, Cruz Pérez Osorio, Froilan Uscap Ivoy, Jesús Tecú Osorio, José Osorio Osorio, Juan Chen Chen, Juan Chen Osorio, Juan Pérez Osorio, Juan Uscap Ivoy, Juana Chen Osorio, María Eustaquia Uscap Ivoy, Pedro Sic Sánchez, Silveria Lajuj Tum, Tomasa Osorio Chen, Florinda Uscap Ivoy y Juan Burrero; así como a los derechos del niño (art. 19 de la CADH), en perjuicio de “aquellos niños que no habían cumplido 18 años al momento de ser ratificada la competencia de la Corte”.

De igual forma, aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad de conciencia y de religión y a la libertad de asociación en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 12, 16 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de los miembros de la comunidad de Río Negro.

Aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos a la circulación y residencia, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, en perjuicio de los miembros de la comunidad de Río Negro que fueron reubicados.

Asimismo, aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 8, 25 y 1.1 de la CADH) y del artículo I de CIDFP, en perjuicio de Ramona Lajuj y Manuel Chen Sánchez.

Finalmente, aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 8, 25 y .1.1 de la CADH) y de los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST; el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará; y del artículo I de la CIDFP en perjuicio de los sobrevivientes y familiares de las personas torturadas y ejecutadas extrajudicialmente en las diferentes masacres.

La Corte estableció responsabilidad por la violación de los siguientes derechos:

- Al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad y seguridad personales, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 3, 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 11 de la CADH), y por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 1.a de la CIDFP, en perjuicio de Ramona Lajuj, Manuel Chen Sánchez, Aurelia Alvarado Ivoy, Cornelio Osorio Lajúj, Demetria Osorio Tahuico, Fermin Tum Chén, Francisco Chen Osorio, Francisco Sánchez Sic, Héctor López Osorio, Jerónimo Osorio Chenm Luciano Osorio Chen, Pablo Osorio, Pedro Osorio Chén, Sebastiana Osorio Tahuico y Soterio Pérez Tum y, adicionalmente, los derechos del niño en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 19 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Manuel Chen Sánchez;

- A la integridad personal y a la protección de la honra y la dignidad, en relación con la obligación general de garantizar y respetar los derechos (arts. 5.1, 11.1, 11.2 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de María Eustaquia UscapIvoy;

- A la integridad personal en relación con la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la protección a la familia y con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1, 6, 17 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de María Eustaquia UscapIvoy;

- A la integridad personal en relación con la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la protección a la familia, los derechos del niño y con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1, 6, 17, 19 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Agustín Chen Osorio, Celestina UscapIvoy, Cruz Pérez Osorio, Froilan UscapIvoy, Jesús Tecú Osorio, José Osorio Osorio, Juan Chen Chen, Juan Chen Osorio, Juan Pérez Osorio, Pedro Sic Sánchez, Silveria Lajuj Tum, Tomasa Osorio Chen, Florinda UscapIvoy y Juan Osorio Alvarado;

- A la integridad personal, en relación con la libertad de conciencia y religión y la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5, 12 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de María Eustaquia UscapIvoy y los miembros de la comunidad de Río Negro que viven en la colonia Pacux;

- A la integridad personal en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de los sobrevivientes de las masacres de Río Negro;

- A la circulación y residencia, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 22.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de los sobrevivientes de las masacres de Río Negro;

- A las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 8.1, 15 y 1.1 de la CADH), así como por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, el artículo 1.b) de la CIDFP y el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las mujeres víctimas del caso.

REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH, EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Corte Interamericana ordenó:

- Investigar, sin dilación y en un plazo razonable, de oficio, de forma seria y efectiva las violaciones declaradas, con la finalidad de juzgar y, eventualmente, sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

- Impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir las investigaciones y procesos pertinentes en un plazo razonable, con el fin de establecer toda la verdad de los hechos, tomando en cuenta que han transcurrido aproximadamente 30 años desde que sucedieron las cinco masacres.

- Considerar en las investigaciones otras posibles graves afectaciones a la integridad personal y a la libertad personal, en particular, los presuntos actos de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, violación sexual, esclavitud y servidumbre, teniendo en cuenta, asimismo, los impactos diferenciados con motivo de las alegadas violaciones sufridas por los niños y las mujeres de la comunidad de Río Negro.

- Divulgar públicamente los resultados de las investigaciones para que la sociedad guatemalteca conozca los hechos objeto del presente caso, así como a sus responsables.

- Hacer uso de las herramientas jurídicas adecuadas para el análisis de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos, y de las categorías penales correspondientes con los hechos; así como diseñar una adecuada investigación capaz de garantizar los derechos humanos involucrados.

- Abstenerse de recurrir a figuras como leyes de amnistía, y abstenerse de argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni el principio non bis in idem, o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de la obligación de investigar y enjuiciar a los responsables.

- Cooperar en el ámbito de la competencia de sus instituciones, a la debida investigación de los hechos, facilitando la obtención de la prueba durante la investigación y absteniéndose de obstruirla.

- Promover acciones disciplinarias, administrativas o penales en contra de las autoridades que han obstaculizado e impedido la investigación debida de los hechos, así como los responsables de las distintas irregularidades procesales que han contribuido a prolongar la impunidad de las masacres.

- Asegurar que los distintos órganos del sistema de justicia involucrados en el caso cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar sus tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen en la investigación, entre ellas las víctimas o sus representantes, testigos y operadores de justicia, cuenten con las debidas garantías de seguridad.

- Asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de las víctimas o sus familiares en todas las etapas de la investigación y el juzgamiento de los responsables, de acuerdo con la ley interna y las normas de la CADH.

- Realizar una búsqueda efectiva del paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente, elaborando un plan para la búsqueda de las mismas en Río Negro, así como para la localización, exhumación e identificación de las personas presuntamente ejecutadas.

- Asegurar que los funcionarios estatales y cualquier otra persona que intervenga o apoye en las labores de búsqueda, exhumación e identificación, en su caso, cuenten con las debidas garantías de seguridad, e iniciar las investigaciones necesarias ante cualquier situación de amenaza o agresión contra tales personas.

- Informar a los representantes de las víctimas, a través de comunicación escrita, sobre el proceso de búsqueda, localización, identificación, determinación de las causas de muerte y lesiones previas, de las personas desaparecidas y presuntamente ejecutadas y, en su caso, entregar los restos de dichas personas a sus familiares, previa comprobación fehaciente de su identidad y filiación.

- Implementar un banco de información genética para resguardar la información, por un lado, de los restos óseos que se vayan encontrando y exhumando y, por el otro, de los familiares de las personas que fueron presuntamente ejecutadas o desaparecidas durante los hechos perpetrados en el marco del conflicto armado.

- Fortalecer a sus instituciones mediante la capacitación de jueces, fiscales y personal de las fuerzas armadas, policía y organismos de seguridad en materia de derechos humanos.

14. CASO DIARIO MILITAR

(GUDIEL ALVAREZ Y OTROS)

- Sentencia de 20 de noviembre de 2012. Fondo, Reparaciones y Costas.

- Sentencia de 19 de agosto de 2013. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

HECHOS DEL CASO

Entre agosto de 1983 y marzo de 1985, 26 personas, registradas en el documento conocido como Diario Militar, fueron víctimas de desaparición forzada. En el marco de las acciones contrainsurgentes que dieron lugar a estos hechos, Rudy Gustavo Figueroa Muñoz fue también desaparecido y ejecutado, y la niña Wendy Santizo Méndez, detenida y torturada.

El Diario Militar es un documento confidencial del servicio de inteligencia militar, integrado por 73 hojas, que incluye información sobre la organización de archivos de inteligencia, listados de organizaciones de derechos humanos, y una lista de 183 personas con datos personales, fotografías, organizaciones en las que participaban, actividades que desarrollaban, y los registros de sus detenciones, secuestros y asesinatos. La mayoría de las personas incluidas en este documento aún permanecen desaparecidas, y los hechos violatorios permanecen impunes.

Los hechos del caso sucedieron en el contexto del conflicto armado que tuvo lugar en Guatemala entre los años 1962 y 1996. En esta época los servicios de inteligencia tuvieron un papel particularmente importante: eran responsables de recolectar y examinar información de aquellas personas consideradas como enemigos internos, con base en la cual se planificaban las operaciones contrainsurgentes incluyendo desapariciones forzadas.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ESTABLECIDA

Guatemala aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la protección de la familia en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 3, 4, 5, 7, 17 y 1.1 de la CADH) en perjuicio de las 26 víctimas de desaparición forzada: José Miguel Gudiel Álvarez, Orencio Sosa Calderón, Oscar Eduardo Barillas Barrientos, José Porfirio Hernández Bonilla, Octavio René Guzmán Castañeda, Álvaro Zacarías Calvo Pérez, Víctor Manuel Calderón Díaz, Amancio Samuel Villatoro, Manuel Ismael SalanicChiguil, Carlos Guillermo Ramírez Gálvez, Sergio Saúl Linares Morales, Luz Haydée Méndez Calderón, Lesbia Lucrecia García Escobar, Otto René y Julio Alberto Estrada Illescas, Rubén Amílcar Farfán, Sergio Leonel Alvarado Arévalo, Joaquín Rodas Andrade, Alfonso Alvarado Palencia, Zoilo Canales Salazar, Moisés Canales Godoy, Félix Estrada Mejía, Crescencio Gómez López y Luis Rolando Peñate Lima, y las personas menores de edad Juan Pablo Armira López y María Quirina Armira López.

De igual forma, aceptó la violación de los derechos del niño, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, en perjuicio de Juan Pablo Armira López y María Quirina Armira López, menores de edad en el momento de su detención y posterior desaparición.

Asimismo, aceptó la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección, la libertad de pensamiento y de expresión, en relación con la obligación general de respetar y garantizar derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (arts. 8, 25, 13, 1.1 y 2 de la CADH), en perjuicio de todas las 26 víctimas de desaparición forzada.

Finalmente, Guatemala aceptó su responsabilidad por la violación a los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de asociación y los derechos políticos, a la protección de la honra y de la dignidad (arts. 13, 16, 23 y 11 de la CADH); así como respecto de los artículos I y XI de la CIDFP; los artículos 1, 6, y 8 de la CIPST; y el artículo 7 de la Convención de “Belém do Pará”.

La Corte estableció responsabilidad internacional por la violación de los siguientes derechos:

- A la libertad personal, la integridad personal, la vida y el reconocimiento de la personalidad jurídica en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 7, 5.1, 5.2, 4.1, 3 y 1.1 de la CADH), y con los artículos I.a) y XI de la CIDFP, en perjuicio de José Miguel Gudiel Álvarez, Orencio Sosa Calderón, Oscar Eduardo Barillas Barrientos, José Porfirio Hernández Bonilla, Octavio René Guzmán Castañeda, Álvaro Zacarías Calvo Pérez, Víctor Manuel Calderón Díaz, Amancio Samuel Villatoro, Manuel Ismael SalanicChiguil, Carlos Guillermo Ramírez Gálvez, Sergio Saúl Linares Morales, Luz Haydée Méndez Calderón, Lesbia Lucrecia García Escobar, Otto René y Julio Alberto Estrada Illescas, Rubén Amílcar Farfán, Sergio Leonel Alvarado Arévalo, Joaquín Rodas Andrade, Alfonso Alvarado Palencia, Zoilo Canales Salazar, Moisés Canales Godoy, Félix Estrada Mejía, Crescencio Gómez López y Luis Rolando Peñate Lima, y, adicionalmente, en relación con los derechos del niño (art. 19 de la CADH), en perjuicio de Juan Pablo y María Quirina Armira López –26 víctimas de desaparición forzada;

- A la libertad de asociación, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos de la CADH (arts. 16.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de las 26 víctimas de desaparición forzada;

- A la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 7, 5.1, 5.2, 4.1, 3 y 1.1 de la CADH) y con los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, en perjuicio de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz adicionalmente en relación con el artículo I.b) de la CDFP, en perjuicio de las 26 víctimas de desaparición forzada, y en relación con los derechos del niño (art. 19 de la CADH), en perjuicio de Juan Pablo, María Quirina Armira López y Rudy Gustavo Figueroa Muñoz;

- A las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 8.1, 25.1 y 1.1 de la CADH); así como los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST; y el artículo I.b) de la CIDFP, en perjuicio de los familiares de las víctimas de desaparición forzada;

- A la integridad personal, a la libertad personal, a la honra y dignidad, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1, 5.2, 7.1, 11.2 y 1.1 de la CADH), y el artículo 7.b de la Convención de “Belém do Pará” y los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, en perjuicio de Wendy Santizo;

- A la integridad personal y la libertad personal, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1, 5.2, 7.1 y 1.1 de la CADH) y con los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, en perjuicio de Igor Santizo Méndez;

- A la integridad personal, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1, 5.2 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de los familiares de las 26 personas desaparecidas;

- A la integridad personal, en conexión con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de los familiares de Alfonso Alvarado Palencia;

- A la circulación y residencia, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 22.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Florentín Gudiel Ramos, María Agripina Álvarez y sus hijos Makrina, Beatriz, José Francisco, Florentín y Ana Patricia Gudiel Álvarez;

- A la protección a la familia, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 17 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Reyna de Jesús Escobar Rodríguez; y en relación con los derechos del niño (art. 19 de la CADH), en perjuicio de Marlyn Carolina, Juan Carlos y José Geovany Hernández Escobar;

- A la libertad de asociación, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos (arts. 16.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Bertha Fely Barrientos Morales, Juan Francisco y Edgar Leonel Barillas Barrientos, Manuel Ismael SalanicTuc, Natalia Gálvez Soberanis, Carlos Alberto Ramírez Pereira, Wilfrida Raquel Morales Cruz, Mirtala Elizabeth y Ruth Crisanta Linares Morales, Marcia Méndez Calderón, Efraín García, Beatriz María Velásquez Díaz, Aura Elena Farfán, Jesús Palencia Juárez, Salomón Estrada Mejía, Ana Dolores Monroy Peralta y Francisca Florinda Maldonado Jeréz.

Reparaciones ordenadas por la Corte IDH, en relación con los temas de acceso a la justicia

La Corte Interamericana ordenó:

- Iniciar, continuar y realizar las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, determinar y, en su caso, sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas de las víctimas señaladas, así como de la muerte de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y la detención y tortura sufrida por Wendy e Igor Santizo Méndez.

- Realizar la o las investigaciones con la debida diligencia considerando la complejidad de los hechos y el contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en que ocurrieron.

- Abstenerse de recurrir a la aplicación de leyes de amnistía, así como abstenerse de argumentar la prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, el principio non bis in idem, o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de la obligación de investigar y enjuiciar a los responsables.

- Garantizar todos los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, que las autoridades tengan facultades para acceder plenamente a la documentación e información pertinentes para investigar los hechos.

- Asegurar la colaboración de todas las autoridades con la investigación de los hechos, brindando pleno acceso a la información requerida por los funcionarios a cargo de la misma, así como colaborar, en lo pertinente, en la recaudación de la prueba necesaria para investigar los hechos denunciados, esclarecer lo sucedido y determinar el paradero de las víctimas desaparecidas.

- Iniciar las acciones disciplinarias, administrativas o penales, de acuerdo con su legislación interna, de las posibles autoridades del Estado que hayan obstaculizado u obstaculicen la investigación.

- Asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de las víctimas o sus familiares en todas las etapas de la investigación y el juzgamiento de los responsables, además de divulgar públicamente los resultados de las investigaciones.

- Efectuar una búsqueda seria para determinar el paradero de las 24 víctimas aún desaparecidas. Una vez identificadas, sus restos mortales deben ser entregados a sus familiares, previa comprobación genética de filiación, y cubrir los gastos de entierro.

15. CASO GARCÍA Y FAMILIARES

- Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Fondo, Reparaciones y Costas.

HECHOS DEL CASO

Edgar Fernando García tenía 26 años y estaba casado con Nineth Varenca Montenegro Cottom, con quien tuvo una hija. Era maestro de educación primaria y trabajador administrativo de la Industria Centro Americana de Vidrio S.A., donde ocupaba el cargo de Secretario de Actas y Acuerdos del Sindicato de Trabajadores.

Edgar Fernando García, fue baleado y detenido el 18 de febrero de 1984 por miembros de la Brigada de Operaciones Especiales de la extinta Policía Nacional de Guatemala. La familia recibió información de que había sido recluido en centros de detención clandestinos y se le vio con vida hasta el mes de diciembre de ese año.

La detención de Edgar Fernando, fue registrada en un documento de inteligencia militar, conocido como el Diario Militar (ver caso del Diario Militar), en el cual se le señalaba como sindicalista.

La investigación de los hechos estuvo obstaculizada por miembros del Ejército y los juzgados a cargo. En el año 2010 se logró la sanción de los responsables, luego de 30 años de ocurridos los hechos. Sin embargo, aún se desconoce el paradero de Edgar Fernando.

Su desaparición ocurrió durante el conflicto armado que tuvo lugar en Guatemala entre los años 1962 y 1996. En esta época los servicios de inteligencia tuvieron un papel particularmente importante: eran responsables de recolectar y examinar información de aquellas personas consideradas como enemigos internos, con base en la cual se planificaban las operaciones contrainsurgentes, incluyendo desapariciones forzadas.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ESTABLECIDA

Guatemala aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad, a la libertad personal, a las libertades de pensamiento, de expresión, y de asociación, en relación con la obligación general de respetar y garantizar derechos (arts. 3, 4, 5, 7, 13, 16 y 1.1 de la CADH) y la obligación contenida en art. 1.a de la CIDFP, en perjuicio de Edgar García.

Guatemala aceptó parcialmente la violación a los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, en relación a la obligación general de respetar y garantizar derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (arts. 8, 25, 1.1 y 2 de la CADH), en relación con la víctima y sus familiares: Nineth Varenca Montenegro Cottom (esposa), Alejandra García Montenegro (hija) y María Emilia García (madre).

Asimismo, aceptó parcialmente la violación al acceso a la información y a los derechos políticos, en relación con la obligación general de respetar y garantizar derechos (arts. 13.1, 13.2 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de los familiares de la víctima.

La Corte estableció responsabilidad internacional por la violación de los siguientes derechos:

- Al reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la libertad personal, en relación con la obligación de proteger y garantizar derechos (arts. 3, 4.1, 5.1, 5.2, 7 y 1.1 de la CADH) y con el art. 1.a de la CIDFP, en perjuicio de Edgar Fernando García;

- A la libertad de asociación, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos (arts. 16.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Edgar Fernando García;

- A la libertad y seguridad personales, la integridad personal, la vida y el reconocimiento de la personalidad jurídica, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos (arts. 7, 5.1 y 5.2, 4.1, 3 y 1.1 de la CADH) y el art. 1.b) de la CIDFP, en perjuicio de la Edgar Fernando García;

- A las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con la obligación de respetar y garantizar derechos (arts. 8.1, 25.1 y 1.1 de la CADH), y el art. 1.b de la CIDFP, en perjuicio de los familiares de la víctima.

- A la integridad personal, en relación con su obligación de respetar y garantizar los derechos (arts. 5.1, 5.2 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de los familiares de la víctima.

- A la libertad de asociación, en conexión con la obligación de respetar y garantizar derechos (arts. 16.1 y 1.1 de la CADH), en perjuicio de Nineth Varenca Montenegro Cottom y María Emilia García.

REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH, EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Corte Interamericana ordenó:

- Continuar y concluir de manera eficaz y con la mayor diligencia las investigaciones y procesos necesarios, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y, en su caso, sancionar, en un plazo razonable, a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Edgar Fernando García.

- Conducir las investigaciones con la debida diligencia, teniendo en cuenta la complejidad de los hechos y el contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en que ocurrieron, evitando omisiones en la recolección de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación.

- Abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía y de argumentar la prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni el principio non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de la obligación de investigar y sancionar a los responsables.

- Garantizar que las autoridades con competencia realicen las investigaciones que correspondan ex officio, para lo cual deberán asegurar el acceso a todos los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, que estas autoridades tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinentes para investigar los hechos denunciados y llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a Edgar Fernando García.

- Iniciar las acciones disciplinarias, administrativas o penales, de acuerdo con su legislación interna, de las posibles autoridades del Estado que hayan obstaculizado u obstaculicen la investigación debida de los hechos; así como de los responsables de las distintas irregularidades procesales que han contribuido a prolongar la impunidad.

- Asegurar que los distintos órganos del sistema de justicia involucrados en el caso cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar sus tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen en la investigación, entre ellas las víctimas o sus representantes, testigos y operadores de justicia, cuenten con las debidas garantías de seguridad.

- Asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de las víctimas o sus familiares en todas las etapas de la investigación y el juzgamiento de los responsables, además de divulgar públicamente los resultados de los procesos.

- Determinar el paradero de la víctima desaparecida –previa búsqueda por vía judicial y administrativa, seria y adecuada– y entregar sus restos mortales a los familiares una vez se compruebe la filiación genéticamente, además de cubrir los gastos de entierro.

- Impulsar la aprobación de la ley para la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición.

ANEXO 2

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS

DE TRATADOS INTERAMERICANOS

CONVENCIÓN AMERICANA

SOBRE DERECHOS HUMANOS

(“PACTO DE SAN JOSÉ”)

PARTE I

DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS

CAPÍTULO I

ENUMERACIÓN DE DEBERES

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

CAPÍTULO II

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.  En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:

1. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;

2. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél;

3. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y

4. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

1. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

2. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

3. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

4. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

5. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

6. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

7. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

8. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Artículo 10. Derecho a Indemnización

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Artículo 12. Libertad de Conciencia y  de Religión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

1. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

2. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

Artículo 15. Derecho de Reunión

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

Artículo 16. Libertad de Asociación

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

Artículo 17. Protección a la Familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

4. Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

Artículo 18. Derecho al Nombre

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos.  La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.

Artículo 19. Derechos del Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

1. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

2. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

3. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados parte se comprometen:

1. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

2. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y

3. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA

SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

ARTÍCULO I

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a:

1. No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales;

2. Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo;

3. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y

4. Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención.

ARTÍCULO II

Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

ARTÍCULO III

Los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.

Los Estados partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona.

ARTÍCULO IV

Los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas serán considerados delitos en cualquier Estado Parte. En consecuencia, cada Estado Parte adoptará las medidas para establecer su jurisdicción sobre la causa en los siguientes casos:

1. cuando la desaparición forzada de personas o cualesquiera de sus hechos constitutivos hayan sido cometidos en el ámbito de su jurisdicción;

2. cuando el imputado sea nacional de ese Estado;

3. cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.

Todo Estado Parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre dentro de su territorio y no proceda a extraditarlo.

Esta Convención no faculta a un Estado Parte para emprender en el territorio de otro Estado Parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de las funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la otra Parte por su legislación interna.

ARTÍCULO V

La desaparición forzada de personas no será considerada delito político para los efectos de extradición.

La desaparición forzada se considerará incluida entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados partes.

Los Estados partes se comprometen a incluir el delito de desaparición forzada como susceptible de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.

Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado y reciba de otro Estado Parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradición podrá considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente al delito de desaparición forzada.

Los Estados partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dicho delito como susceptible de extradición, con sujeción a las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.

La extradición estará sujeta a las disposiciones previstas en la constitución y demás leyes del Estado requerido.

ARTÍCULO VI

Cuando un Estado Parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiere cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.

ARTÍCULO VII

La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción.

Sin embargo, cuando existiera una norma de carácter fundamental que impidiera la aplicación de lo estipulado en el párrafo anterior, el período de prescripción deberá ser igual al del delito más grave en la legislación interna del respectivo Estado Parte.

ARTÍCULO VIII

No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. Toda persona que reciba tales órdenes tienen el derecho y el deber de no obedecerlas.

Los Estados partes velarán asimismo por que, en la formación del personal o de los funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley, se imparta la educación necesaria sobre el delito de desaparición forzada de personas.

ARTÍCULO IX

Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar.

Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares.

No se admitirán privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales en tales procesos, sin perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

ARTÍCULO X

En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada de personas. En tales casos, el derecho a procedimientos o recursos judiciales rápidos eficaces se conservará como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva.

En la tramitación de dichos procedimientos o recursos y conforme al derecho interno respectivo, las autoridades judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puede encontrar a las persona desaparecida, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar.

ARTÍCULO XI

Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la autoridad judicial competente.

Los Estados partes establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus detenidos y, conforme a su legislación interna, los pondrán a disposición de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA

PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

Artículo 1. Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizadointencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo.

Artículo 3. Serán responsables del delito de tortura:

1. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.

2. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.

Artículo 4. El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente.

Artículo 5. No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.

Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura.

Artículo 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.

Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción.

Artículo 7. Los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura.

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas similares para evitar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 8. Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado.

Artículo 9. Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura.

Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el derecho que puedan tener la víctima u otras personas de recibir compensación en virtud de legislación nacional existente.

Artículo 10. Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración.

Artículo 11. Los Estados partes tomarán las providencias necesarias para conceder la extradición de toda persona acusada de haber cometido el delito de tortura o condenada por la comisión de ese delito, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales sobre extradición y sus obligaciones internacionales en esta materia.

Artículo 12. Todo Estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención en los siguientes casos:

1. cuando la tortura haya sido cometida en el ámbito de su jurisdicción;

2. cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o

3. cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.

Todo Estado parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en el ámbito de su jurisdicción y no proceda a extraditarlo de conformidad con el artículo 11.

La presente Convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de conformidad con el derecho interno.

Artículo 13. El delito a que se hace referencia en el artículo 2 se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados partes. Los Estados partes se comprometen a incluir el delito de tortura como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.

Todo Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado podrá, si recibe de otro Estado parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradición, considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente al delito de tortura. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido.

Los Estados partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.

No se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de la persona requerida cuando haya presunción fundada de que corre peligro su vida, de que será sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o de que será juzgada por tribunales de excepción o ad hoc en el Estado requirente.

Artículo 14. Cuando un Estado parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.

Artículo 15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como limitación del derecho de asilo, cuando proceda, ni como modificación a las obligaciones de los Estados partes en materia de extradición.

Artículo 16. La presente Convención deja a salvo lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por otras convenciones sobre la materia y por el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del delito de tortura.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCIÓN DE “BELÉM DO PARÁ”)

CAPÍTULO III

DEBERES DE LOS ESTADOS

Artículo 7. Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

1. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

2. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

3. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

4. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

5. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

6. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

7. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces; y

8. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

GLOSARIO

AHPN: Archivo Histórico de la Policía Nacional

CADH: Convención Americana sobre Derechos Humanos

CC: Corte de Constitucionalidad

CEAR: Comisión Especial de Atención a Repatriados, Refugiados y Desplazados

CEH: Comisión para el Esclarecimiento Histórico

CERJ: Consejo de Comunidades Étnicas RunujelJunam

CICIG: Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIDFP: Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

CIPST: Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

CNSAFJ: Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia

CONAVIGUA: Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala

Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos

COPREDEH: Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos

CPR: Comunidades de Población en Resistencia

CSJ: Corte Suprema de Justicia

EGP: Ejército Guerrillero de los Pobres

FAFG: Fundación de Antropología Forense de Guatemala

FAMDEGUA: Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala

INACIF: Instituto Nacional de Ciencias Forenses

INTERPOL: Organización Internacional de Policía Criminal

MP: Ministerio Público

OACNUDH: Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

OEA: Organización de los Estados Americanos

OJ: Organismo Judicial

ORPA: Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas

PAC: Patrullas de Autodefensa Civil

PDH: Procuraduría de los Derechos Humanos

PEA: Procedimiento Especial de Averiguación

PN: Policía Nacional

PNC: Policía Nacional Civil

PNR: Programa Nacional de Resarcimiento

URNG: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

BIBLIOGRAFÍA

ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES

Barrientos Pellecer, César Crisóstomo. El poder judicial de Guatemala frente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CEJIL. Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humanos. Buenos Aires, CEJIL, 2010.

CICIG. Recomendación de Reformas Legales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Recomendación consolidada según Dictamen de la Corte de Constitucionalidad (Exp. Nº 908-2008, del 5 de marzo 2009). 31 de julio de 2009.

CICR. Guatemala: Los familiares de las personas desaparecidas: Un compromiso de todos. Estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre la situación de las familias de las personas desaparecidas a raíz del enfrentamiento armado en Guatemala. S.l. febrero de 2010.

Fundación Myrna Mack. (FMM). Informe a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados. Observaciones, reflexiones y denuncia acerca de los más recientes y graves atentados contra la independencia de magistrados y abogados en Guatemala. Documento de 16 de noviembre de 2013.

Fundación Myrna Mack. (FMM). Informe al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. Informe sobre el cierre de la Dirección de los Archivos de la Paz a la Luz de la Justicia Transicional.

Letona Estrada, Yasmine María. Síntesis de Jurisprudencia Constitucional. Bloque de Constitucional e Inconstitucionalidad por omisión. En, Info CC. Instituto de Justicia Constitucional. Guatemala, agosto 2012, Año 2, Nº 4.

Palma Cámbara, Regina Odilia. El Procedimiento especial de averiguación. Guía de Estudio. Centro de Análisis Forense y ciencias Aplicadas (CAFCA). Guatemala, septiembre de 2013. Documento sin publicar.

DOCUMENTOS E INFORMES DE NACIONES UNIDAS

Manuales

Naciones Unidas. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes(“Protocolo de Estambul”).

Naciones Unidas. Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (“Protocolo de Minnesota”).

Publicaciones

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala. (OACNUDH). Tendencias jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en materia de derechos humanos. Guatemala, 2010.

Informes

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).Sexto informe de labores. Período septiembre 2012 – agosto 2013.

Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Guatemala: Memoria del silencio Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Guatemala: Oficina de servicios para proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), 1ª ed., junio de 1999.

Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina en Guatemala, año 2005. Doc. ONU E/CN.4/2006/10/Add.1, de 1º de febrero de 2006.

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala, año 2012. Doc. ONU A/HRC/22/17/Add.1, de 7 de enero de 2013.

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina en Guatemala, año 2013. Doc. ONU A/HRC/25/19/Add.1, de 13 de enero de 2014.

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Informe del relator especial, Philip Alston, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Misión a Guatemala, 21 a 25 de agosto de 2006. Doc. ONUA/HRC/4/20/Add.2, de 19 de febrero de 2007.

INSTRUMENTOS, DOCUMENTOS Y RESOLUCIONES DEL SISTEMA INTERAMERICANO

Tratados

Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José”), adoptada en la Convención Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos celebrada en San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969.

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada el 09 de junio de 1994.

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada el 09 de diciembre de 1985.

12/09/85

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Mujer (“Convención de Belém do Pará”), adoptada el 09 de junio de 1994.

Reglamento vigente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobado por la Corte el 24 de noviembre de 2009, durante su LXXXV Período Ordinario de Sesiones.

CIDH

Informes temáticos y de país

CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanosen la República de Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.53 Doc. 21 rev. 2, de 13 de octubre de 1981.

CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.61 Doc. 47, de 3 de octubre de 1983.

CIDH. Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanosen la República de Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.66 Doc. 16, de 3 de octubre de 1985.

CIDH. Cuarto Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.83Doc. 16 rev., de 1º de junio de 1993.

CIDH. QuintoInforme sobre la Situación de los Derechos Humanosen Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.111 Doc. 21 rev., de 6 de abril de 2001.

CIDH. Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.118Doc. 5 rev. 1, de 29 diciembre de 2003.

CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas OEA/Ser.L/V/II. Doc.64, de 31 de diciembre de 2011.

CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, de 5 de diciembre de 2013.

Informes sobre casos

CIDH. Caso 10.636. MyrnaMack (Guatemala). Informe de admisibilidad Nº 10/96, de 5 de marzo de 1996.

CIDH. Caso 11.763. Masacre de Plan de Sánchez (Guatemala). Informe de admisibilidad Nº 31/99, de 11 de marzo de 1999.

CIDH. Caso 12.101. Marco Antonio Molina Theissen (Guatemala). Informe de admisibilidad Nº 79/01 de 10 de octubre de 2001.

CIDH. Petición 320-2000. Fermín Ramírez y/o Fermín Ramírez Ordóñez (Guatemala). Informe de admisibilidad Nº 74/02, de 9 de octubre de 2002.

CIDH. Petición 050-02. Ronald Ernesto Raxcacó Reyes (Guatemala). Informe de admisibilidad Nº 73/02, de 9 de octubre de 2002.

CIDH. Petición 12.343. Edgar Fernando García (Guatemala). Informe de admisibilidad Nº 91/06, de 21 de octubre de 2006.

CIDH. Petición 95-04. María Isabel Véliz Franco (Guatemala). Informe de admisibilidad Nº 92/06, de 21 de octubre de 2006.

CIDH. Petición 208-05. Florencio ChitayNech y Otros (Guatemala). Informe de admisibilidad Nº 7/07, de 27 de febrero de 2007.

CIDH. Petición 844-05. Comunidad de Río Negro del Pueblo Indígena Maya y sus miembros (Guatemala). Informe de admisibilidad 13/08, de 5 de marzo de 2008.

CIDH. Petición 1420-05. Florentín Gudiel Ramos, Makrina Gudiel Álvarez y Otros (Guatemala). Informe de admisibilidad Nº 109/10, de 8 de septiembre de 2010.

Medidas cautelares

CIDH. Medidas Cautelares 13/12. Miembros del Bufete Jurídico en Derechos Humanos (Guatemala).Medidas otorgadas el2 de mayo de 2012.

CIDH. Medidas Cautelares 125/13. Iris Yassmín Barrios Aguilar y Otros (Guatemala). Medidas otorgadas el 28 de junio de 2013.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Opiniones consultivas

Corte IDH. Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC 11/90, de 10 de agosto de 1990. Serie A Nº 11.

Medidas provisionales

Corte IDH. Medidas provisionales solicitadas respecto de Guatemala. Caso Carpio Nicolle. Resolución de la Corte de 19 de septiembre de 1995.

Corte IDH. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Guatemala. Caso Blake. Resolución de 22 de septiembre de 1995.

Corte IDH. Medidas provisionales respecto de Guatemala. Caso Carpio Nicolle. Resolución de 5 de septiembre de 2001.

Corte IDH. Medidas provisionales solicitadas respecto de Guatemala. Caso Bámaca Velásquez. Resolución de 29 de agosto de 1998.

Corte IDH. Medidas provisionales solicitadas respecto de Guatemala. Caso Bámaca Velásquez. Resolución de 5 de septiembre de 2001.

Corte IDH. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Guatemala. Helen Mack Chang y Otros. Resolución de 26 de agosto de 2002.

Corte IDH. Ampliación de medidas provisionales. Helen Mack Chang y Otros respecto de la República de Guatemala. Resolución de 21 de febrero de 2003.

Corte IDH. Medidas provisionales solicitadas respecto de Guatemala. Caso Bámaca Velásquez. Resolución de 21 de febrero de 2003.

Corte IDH. Medidas provisionales solicitadas respecto de Guatemala. Caso Bámaca Velásquez. Resolución de 20 de noviembre de 2003.

Corte IDH. Solicitud de medidas provisionales respecto de Guatemala. Caso Masacre Plan de Sánchez (Salvador Jerónimo y Otros). Resolución de 8 de septiembre de 2004.

Corte IDH. Medidas provisionales solicitadas respecto de Guatemala. Caso Bámaca Velásquez. Resolución de 11 de marzo de 2005.

Corte IDH. Solicitud de medidas de provisionales respecto de Guatemala, a favor de los integrantes del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP). Caso Masacre Plan de Sánchez. Resolución de 25 de noviembre de 2006.

Corte IDH. Solicitud de medidas provisionales respecto de Guatemala. Caso García y Familiares. Resolución de 1º de septiembre de 2011.

Sentencias

Corte IDH. CasoVelásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C Nº 4.

Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C Nº 5.

Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C Nº 36.

Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C Nº 42.

Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C Nº 48.

Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C Nº 63.

Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C Nº 70.

Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C Nº 71.

Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C Nº 74.

Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C Nº 75.

Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y Otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C Nº 76.

Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala.Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C Nº 77.

Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C Nº 91.

Corte IDH. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C Nº 95.

Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C Nº 99.

Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Nº 101.

Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C Nº 103.

Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 4 de mayo de 2004. Serie C Nº 106.

Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C Nº 108.

Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala.Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C Nº 116.

Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C Nº 117.

Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1º de marzo de 2005. Serie C Nº 120.

Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C Nº 124.

Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C Nº 134.

Corte IDH. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C Nº 136.

Corte IDH. Caso Blanco Romero y Otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C Nº 138.

Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C Nº 140.

Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C Nº 147.

Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C Nº 164.

Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C Nº 167.

Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C Nº 190.

Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre 2009. Serie C Nº 202.

Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211.

Corte IDH. Caso ChitayNech y Otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C Nº 212.

Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C Nº 250.

Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y Otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012. Serie C Nº. 253.

Corte IDH. Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012 Serie C Nº 258.

Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y Otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de agosto de 2013. Serie C Nº 262.

Corte IDH. Caso Véliz Franco y Otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C Nº 277.

Resoluciones de supervisión de cumplimiento

Corte IDH. Caso Escher y Otros Vs. Brasil. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 19 de junio de 2002.

Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 10 de julio de 2007.

Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y Otros) Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 27 de noviembre de 2007.

Caso Claude Reyes y Otros Vs. Chile. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 24 de noviembre de 2008.

Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 22 de enero de 2009.

Corte IDH.Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 27 de enero de 2009.

Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 27 de enero de 2009.

Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 1º de julio de 2009.

Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009.

Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de noviembre de 2009.

Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 18 de noviembre de 2010.

Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 21 de febrero de 2011.

Corte IDH. Caso TiuTojín Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 16 de mayo de 2011.

Corte IDH. Caso LoriBerenson Vs. Perú. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 20 de junio de 2012.

Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 6 de julio de 2011.

Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 4 de septiembre de 2012.

Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 4 de septiembre de 2012.

Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 5 de febrero de 2013.

Corte IDH. AbrillAlosilla y Otros Vs. Perú. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 22 de mayo de 2013.

Corte IDH. Caso ChitayNech y Otros Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 22 de agosto de 2013.

Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 28 de agosto de 2013.

Corte IDH. Caso Supervisión conjunta de 11 casos Vs. Guatemala. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 21 de agosto de 2014.

NORMAS NACIONALES

Leyes

Congreso de la República de Guatemala. Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Decreto Numero 1-86.8 de enero de 1986.

Congreso de la República de Guatemala. Ley para la protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal. Decreto 70-96. 25 de septiembre de 1996.

Congreso de la República de Guatemala. Ley de Reconciliación Nacional (LRN). Decreto Nº 145-96, de 27 de diciembre de 1996.

Congreso de la República de Guatemala. Ley del Régimen Penitenciario. Decreto Número 33-2006, de 7 de septiembre de 2006.

Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 13-2010, de 7 de abril de 2010, mediante el cual se aprueba la Ley Temporal Especial para la Reposición de Inscripciones Registrales.

Congreso de Guatemala. Decreto 29-2010, de 10 de agosto de 2010, que deroga Ley Temporal Especial para la Reposición de Inscripciones Registrales.

Puntos resolutivos

Congreso de la República de Guatemala. Punto Resolutivo 19-04. Declara de urgencia nacional, la búsqueda y localización de los cuarenta y cinco mil guatemaltecos y guatemaltecas que se encuentran detenidos ilegalmente y desaparecidos. 23 de junio de 2004.

Acuerdos

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema de Justicia (CSJ). Acuerdo 37 -2011. Presupuesto de ingresos y egresos del Organismo Judicial para el ejercicio fiscal 2012.

Corte Suprema de Justicia (CSJ). Presupuesto de ingresos y egresos del Organismo Judicial para el ejercicio fiscal 2013. Acuerdo 67-2012.

Corte Suprema de Justicia (CSJ). Acuerdo 65-2013, mediante el cual se Aprueba el Presupuesto del Organismo Judicial para el ejercicio fiscal 2014.

Otros

Acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la URNG, sobre el fortalecimiento del poder civil y la función del Ejército en una sociedad democrática. Ciudad de México, 19 de septiembre de 1996.

Ministerio Público

Ministerio Público. Instrucción General 13-2008, para la investigación del delito de tortura, de fecha 5 de diciembre de 2008.

Ministerio Público. Instrucción General 2-2011, para la investigación y persecución penal de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, de 12 de mayo de 2011.

Ministerio Público. Instrucción general 2-2012, sobre investigación y procesamiento de hechos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado interno, de 30 de marzo de 2012.

RESOLUCIONES NACIONALES

Corte de Constitucionalidad (CC). Expediente 280-90. Gaceta Jurisprudencial Nº 18, de 19 de octubre de 1990.

CC. Expediente 334-95. Gaceta Jurisprudencial Nº 39, de 26 de marzo de 1996.

CC. Expediente 2290-2007. Resolución de 5 de marzo de 2008.

CC. Expediente 548-2010. Resolución de 25 de agosto de 2010.

Centro Nacional de Análisis e Información Judicial del Organismo Judicial de Guatemala. Sumario del Diario de Centroamérica. 529 10/01/2013 Resolución del Ministerio de la Defensa Nacional. Clasifica como reservada, la información relacionada con la Tabla de Organización y Equipo del Ejército de Guatemala, contenida dentro de las Órdenes Generales del Ejército para Oficiales 26-82, 27-82 y 31-82. Sumario de 14 de enero de 2013.

INFORMES DE INSTITUCIONES NACIONALES

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF). Memoria de labores del INACIF. Año 2012.

Ministerio Público de Guatemala. Memoria de labores 2012.

Ministerio Público de Guatemala. Memoria de labores 2013.

Organismo Judicial de Guatemala. Memoria de labores 2011-2012.

Organismo Judicial de Guatemala. Memoria de labores 2012-2013.

ENTREVISTAS

Entrevista virtual con Jennifer Harbury, 27 de diciembre de 2013.

Entrevista virtual con Ana Lucrecia Molina Theissen, 30 de diciembre de 2013.

Entrevista con el abogado Edgar Pérez Archila, Ciudad de Guatemala, 17 de enero de 2014.

Entrevista con Aura Elena Farfán, Ciudad de Guatemala, 28 de enero de 2014.

Entrevista con la Dra. Claudia Paz y Paz Bailey, entonces Fiscal General y Jefa del Ministerio Público. Ciudad de Guatemala, 20 de febrero de 2014.

Entrevista con Helen Mack Chang, Ciudad de Guatemala, 11 de marzo de 2014.

NOTAS Y COMUNICADOS DE PRENSA

Notas de prensa

AGN. Blindan seguridad de jueces y magistrados en Guatemala. Nota de 29 de septiembre de 2013.

El País. Guatemala, un buen país para cometer asesinatos. Nota de 28 de agosto de 2006.

El Periódico. Ríos Montt ligado a proceso por la masacre en Las Dos Erres. Nota de 22 de mayo de 2012.

El periódico.Dall’Anese: Urge depuración de los jueces. Nota de 12 de septiembre de 2012.

El Periódico. Amnistía de Ríos Montt regresará a manos de la Sala Primera. Nota de 31 de octubre de 2013.

El Periódico. Presentarán nuevo amparo para revertir elección de magistrados. Nota de 3 de octubre de 2014.

La Hora. Secretario de la Paz rechaza fallo de resarcimiento. Nota de 10 de febrero de 2014.

Noticias de Guatemala. Oficina de protección a testigos enfrenta problemas para operar. Nota de 15 de abril de 2010.

Prensa Libre. Ministerio Público destaca lucha contra la impunidad. Nota de 14 de diciembre de 2012.

Prensa Libre. Descubren tres víctimas más del Diario Militar del conflicto armado. Nota de 22 de marzo de 2012.

Prensa Libre. Defensa restringe información de organización en archivos de 1982. Nota del 14 de enero de 2013.

República.gt. Se integra Consejo del Ministerio Público. Nota de 10 de junio de 2014.

Transparencia Activa. Independencia judicial centroamericana retrocede por injerencia de “poderes fácticos”. Nota de 9 de junio de 2014.

Comunicados de prensa y pronunciamientos

Abogados Sin Fronteras. Jorge Vinicio Sosa Orantes condenado a la pena máxima en Estados Unidos. Nota de 17 de febrero de 2014.

CEJIL. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala avala la impunidad de graves violaciones de derechos humanos.Comunicado de prensade 14 de febrero de 2011.

CEJIL. CEJIL deplora la inminente destitución de la Fiscal General de Guatemala, Comunicado de prensa de 6 de febrero de 2014.

CEJIL. Organizaciones internacionales denuncian irregularidades en procesos de integración de órganos de justicia en Guatemala. Comunicado de prensa de 13 de agosto de 2014.

CEJIL. Corte Interamericana de Derechos Humanos reprende al Estado guatemalteco ante el manifiesto desacato de sus decisiones. Comunicado de prensa de 16 de septiembre de 2014.

CEJIL. Denuncian irregularidades en los procesos de selección judicial en Guatemala. Comunicado de prensa de 7 de octubre de 2014.

CEJIL. Organizaciones internacionales señalan que procesos de selección judicial en Guatemala no respetaron estándares internacionales. Comunicado de prensa de 7 de octubre de 2014.

CEJIL. Llamamiento internacional a anular las elecciones judiciales en Guatemala. Comunicado de prensa de 24 de octubre de 2014.

CEJIL. CEJIL lamenta la resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ante procesos de elecciones judiciales. Comunicado de prensa de 25 de noviembre de 2014.

CIDH. CIDH valora derogación de Acuerdo Gubernativo 370-2012 en Guatemala. Comunicado de Prensa Nº 5/2013, de 18 de enero de 2013.

CIDH. CIDH insta a Guatemala a garantizar transparencia y cumplir estándares mínimos en nombramientos de operadores de justicia. Comunicado de prensa 41/14, de 21 de abril de 2014.

CIDH. CIDH reitera su preocupación por procesos de selección y nombramiento de magistrados y magistradas para Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia en Guatemala. Comunicado de prensa 108/14, de 27 de septiembre de 2014.

CIDH. CIDH culmina 156 Período de Sesiones. Comunicado de prensa 131/14, de 7 de noviembre de 2014.

CIDH. CIDH insta a Guatemala a continuar avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y en la lucha contra la impunidad. Comunicado de prensa Nº 58/14, de 16 de mayo de 2014.

FAMDEGUA. Víctima de la Masacre de las Dos Erres, fue identificada por medio de la prueba de ADN y será inhumada por sus familiares. Comunicado de 21 de noviembre de 2013.

Fundación Myrna Mack. La ausencia de elemental ética política del Congreso de la República. Comunicado de 15 de mayo de 2014.

Guatemala Visible. Convergencia por los Derechos Humanos opuestos a reelección de magistrados.

OACNUDH-Guatemala. ONU Guatemala insta a Comisiones de Postulación a realizar evaluaciones con criterios verificables y quepermitan aplicar criterios de publicidad y auditoría social. Comunicado de prensa de 18 de septiembre de 2014.

Naciones Unidas. Comunicado del SNU y CICIG sobre comisiones de postulación, de8 de mayo de 2014.

Naciones Unidas. Experta de la ONU exhorta a Guatemala a repetirselección de magistrados de forma transparente. Comunicado de prensa de 7 de octubre de 2014.

UNICEF y CICIG. Una generación marcada por la impunidad.

Table of Contents

INICIO

CRÉDITOS

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTOS

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

I. LOS CASOS EN LOS QUE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS HA CONDENADO A GUATEMALA

II. MEDIDAS DE REPARACIÓN ORDENADAS EN MATERIA DE JUSTICIA Y LA OBLIGACIÓN DE REMOVER TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE PERMITAN LA IMPUNIDAD

A. Investigación, enjuiciamiento y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos

B. Prohibición de recurrir a figuras que excluyen la responsabilidad penal

C. Colaboración en la recaudación u obtención de la prueba y sanciones a los responsables de la obstaculización de las investigaciones y procesos

D. Dotar a las instituciones con recursos suficientes y adecuados

E. Capacitación en materia de derechos humanos a personas funcionarias del sistema de justicia

F. Otorgamiento de garantías de seguridad suficientes a los sujetos procesales

G. Determinación del paradero de las víctimas desaparecidas, exhumación de sus restos mortales y entrega a los familiares para que éstos puedan ser inhumados en el lugar de su elección

H. Adopción de medidas administrativas, legislativas o reglamentarias

a. Adopción de medidas dirigidas a la adecuación de normas ya existentes

b. Adopción de medidas dirigidas a la creación de nuevas normas

c. Adopción de distintos tipos de medidas dirigidas a abordar la desaparición forzada y la sustracción y retención ilegal de niños y niñas

d. Medidas dirigidas a crear un registro de personas privadas de libertad

I. La reciente decisión conjunta de la Corte Interamericana

III. LA RESPUESTA DEL ESTADO DE GUATEMALA ANTE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE IDH EN DIVERSOS CASOS

A. Investigación, enjuiciamiento y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos: rol del Ministerio Público y del Organismo Judicial

B. Prohibición de aplicar figuras excluyentes de la responsabilidad penal

C. Colaboración en la recaudación u obtención de la prueba

D. Sanción a los responsables de la obstaculización de las investigaciones y procesos

E. Dotación de las instituciones con recursos suficientes y adecuados a las instituciones encargadas de la investigación, procesamiento y sanción

F. Capacitación en materia de derechos humanos a funcionarios del sistema de justicia

G. Otorgamiento de garantías de seguridad suficientes a los sujetos procesales

H. Determinación del paradero de las víctimas desaparecidas, entrega de sus restos mortales a los familiares y otras medidas estructurales relacionadas con la desaparición forzada de personas

I. Adopción de diversas medidas administrativas, legislativas o reglamentarias para mejorar la protección y garantía de los derechos humanos

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO 1. Reparaciones ordenadas por la Corte IDH en relación con los temas de acceso a la justicia

1. Caso Blake

2. Caso “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros)

3. Caso “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros)

4. Caso Bámaca Velásquez

5. Caso Myrna Mack Chang

6. Caso Maritza Urrutia

7. Caso Masacre en Plan de Sánchez

8. Caso Molina Theissen

9. Caso Carpio Nicolle y otros

10. Caso Tio Tojín

11. Caso de la masacre de las Dos Erre

12. Chitay Nech y otros

13. Caso masacres de Rio Negro

14. Caso Diario Militar (Gudiel Alvarez y otros)

15. Caso García y familiares

ANEXO 2. Disposiciones sustantivas detratados interamericanos

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA