El 3 y 4 de mayo del 2006, durante una manifestaci\u00f3n p\u00fablica en San Salvador de Atenco, 31 mujeres fueron v\u00edctimas de tortura f\u00edsica, psicol\u00f3gica y sexual, perpetrada por el Estado mexicano tras detenerlas ilegalmente al reprimir la protesta. Los hechos se desarrollan en un contexto de violencia contra la mujer y uso excesivo de la fuerza de parte de las fuerzas policiales en M\u00e9xico. <\/p>\n
Tras las violaciones de derechos vividas durante su detenci\u00f3n, estas mujeres estuvieron arbitrariamente privadas de libertad, una de ellas hasta por dos a\u00f1os y casi cuatro meses. El Estado mexicano fall\u00f3 en investigar el caso, y la tortura de la que fueron v\u00edctimas se mantuvo impune.<\/p>\n
Por esto, en abril del 2008, once de estas mujeres, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agust\u00edn Pro Ju\u00e1rez A.C. (PRODH<\/a>), presentaron la petici\u00f3n ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instituci\u00f3n que declar\u00f3 admisible su caso, y en el 2015 emiti\u00f3 un Informe de Fondo donde recomend\u00f3 al Estado mexicano reparar integralmente los derechos de las mujeres e implementar medidas estructurales que garanticen la no repetici\u00f3n.<\/p>\n Sin embargo, en el 2016 M\u00e9xico a\u00fan hab\u00eda fallado en cumplir estas recomendaciones, y el caso se remiti\u00f3 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), teniendo lugar una audiencia p\u00fablica en noviembre del 2017. <\/p>\n La Corte IDH emiti\u00f3 la sentencia en 2018, donde declar\u00f3 responsable internacionalmente al Estado Mexicano por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las 11 mujeres que sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias; tortura f\u00edsica, psicol\u00f3gica y sexual; y falta de acceso a la justicia, hechos que no se investigaron, juzgaron y sancionaron a las personas responsables del operativo.<\/p>\n