En enero de 1989 un grupo paramilitar secuestr\u00f3 de la comunidad de La Rochela -localizada en el municipio de Simacota, Santander-, a una comisi\u00f3n de 16 funcionarios judiciales que investigaba la responsabilidad de civiles y militares en m\u00faltiples homicidios y desapariciones cometidas en la zona del Magdalena Medio, incluyendo la desaparici\u00f3n de 19 comerciantes que transitaban por la regi\u00f3n. Los paramilitares dispararon al grupo, asesinaron a 12 personas e hirieron a otras tres. El crimen fue el resultado de una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y algunos miembros del Ej\u00e9rcito, y se enmarca dentro de un contexto de violencia contra funcionarios judiciales.<\/p>\n
CEJIL y el Colectivo de Abogados Jos\u00e9 Alvear Restrepo denunciaron el caso ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representaron m\u00e1s tarde a las v\u00edctimas y a sus familiares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.<\/p>\n
En mayo de 2007 la Corte IDH emiti\u00f3 la sentencia del caso, la que consider\u00f3 a Colombia responsable por la violaci\u00f3n de los derechos de las 15 v\u00edctimas y sus familiares. Tambi\u00e9n orden\u00f3 al Estado colombiano investigar en forma diligente la masacre, incluyendo la posibilidad de que altos funcionarios estatales conocieran o deber\u00edan haber conocido el accionar de los paramilitares.<\/p>\n
La Masacre de La Rochela fue uno de los hechos m\u00e1s tr\u00e1gicos ocurridos contra funcionarios judiciales en Colombia pero no constituy\u00f3 un caso aislado. M\u00e1s bien, la masacre de la Rochela representa un ejemplo de una violaci\u00f3n sistem\u00e1tica y recurrente en Colombia en donde los operadores judiciales trabajaban bajo un contexto que buscaba mantener casos de violaciones de derechos humanos en la impunidad. El Grupo de Memoria Hist\u00f3rica de la Comisi\u00f3n Nacional de Reparaci\u00f3n y Reconciliaci\u00f3n ha registrado 22 ataques contra juzgados o fiscal\u00edas y ha registrado y documentado 1.487 hechos de violencia contra funcionarios judiciales, comprendidos entre enero de 1979 y diciembre de 2009. <\/p>\n
Dicho informe describe la muerte de los funcionarios judiciales en la Rochela como una \u201cmasacre del Estado contra el Estado\u201d: Si bien el caso revel\u00f3 como los grupos de autodefensa implicados pactaron apoyo con los cabecillas de los carteles del narcotr\u00e1fico de la zona, con el tiempo se entendi\u00f3 que el modelo paramilitar del Magdalena Medio era una alianza m\u00e1s compleja que inclu\u00eda miembros de organismos de seguridad del Estado activos en la regi\u00f3n. En ese sentido, La Rochela abri\u00f3 de forma dolorosa heridas interna del Estado que se hab\u00edan abierto durante la re-toma del Palacio de Justicia y adem\u00e1s sirvi\u00f3 como advertencia del patr\u00f3n de alianzas criminales que se regar\u00edan por todo el pa\u00eds durante la \u00e9poca.<\/p>\n