El 6 de noviembre de 1985, el comando guerrillero Iv\u00e1n Marino Ospina, del grupo M-19, tom\u00f3 el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado en la ciudad de Bogot\u00e1, Colombia.<\/p>\n
El Ej\u00e9rcito ya contaba, desde agosto de ese a\u00f1o, con informaci\u00f3n del servicio de inteligencia que indicaba que el M-19 tomar\u00eda el Palacio. A pesar de ello, dos d\u00edas antes de la toma<\/a>, sin motivo alguno, la seguridad que brindaba la Polic\u00eda Nacional a los jueces y personal que trabajaba en el Palacio de Justicia fue retirada.<\/p>\n Tras la toma, los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Colombia decidieron recuperar el Palacio a trav\u00e9s de un operativo militar y de inteligencia<\/a> que s\u00f3lo cesar\u00eda 27 horas despu\u00e9s. Durante el transcurso del operativo, 12 personas fueron desaparecidas forzosamente, 4 fueron torturadas y un magistrado auxiliar fue desaparecido y luego ejecutado extrajudicialmente por agentes de la fuerza p\u00fablica. M\u00e1s de 90 personas murieron dentro del Palacio, incluyendo civiles y magistrados.<\/p>\n En 1991, las personas familiares de las v\u00edctimas presentaron la primera denuncia ante la CIDH. A partir del a\u00f1o 2000, CEJIL, el Colectivo de Abogados \u201cJos\u00e9 Alvear Restrepo\u201d (CCAJAR) y la Comisi\u00f3n Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP<\/a>), comenzaron a representar a las familias de las personas desaparecidas. <\/p>\n En 2011, la CIDH concluy\u00f3 que el Estado de Colombia es responsable internacionalmente por la violaci\u00f3n de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, a la vida, a la personalidad jur\u00eddica de las v\u00edctimas y remite el caso<\/a> ante la Corte IDH. <\/p>\n