CEJIL celebra el fallo de la Corte Suprema Argentina
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebra la reciente decisión de la Corte Suprema de Argentina que anuló las leyes de amnistía, lo cual permitirá la investigación y sanción a los autores de crímenes ocurridos en la última dictadura militar de ese país.
Publicación: 03.Febrero.2010

Washington, D.C. 16 de junio de 2005



El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebra la reciente decisión de la Corte Suprema de Argentina que anuló las leyes de amnistía, lo cual permitirá la investigación y sanción a los autores de crímenes ocurridos en la última dictadura militar de ese país. El alto tribunal declaró la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final por ser contrarias a normas internacionales que hoy tienen jerarquía constitucional. El fallo además estableció la responsabilidad que tiene el Estado argentino de investigar estos crímenes abriendo el camino para terminar con décadas de impunidad.



Este fallo representa sin duda una victoria para el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos debido a que se apega a los lineamientos fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo de la masacre de “Barrios Altos” contra Perú, el cual determinó la incompatibilidad de estas leyes con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En dicha decisión la Corte sostuvo que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar los crímenes cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori, ya que no son susceptibles de ser amnistiados. Asimismo, en sus últimas sentencias la Corte ha reiterado este concepto.



La anulación de las leyes de obediencia debida y punto final representan una decisión histórica y un gran avance en la búsqueda de justicia, verdad y reparación para las víctimas y familiares de las víctimas de la última dictadura en Argentina. Esta medida sienta además un significativo precedente para el resto de los países que aún mantienen vigentes este tipo de leyes como Chile, Uruguay y Brasil y asimismo para aquellos países en que existe un debate sobre la posibilidad de aplicar amnistías u otros excluyentes de responsabilidad que favorecerían a violadores de derechos humanos.


 

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