Termina audiencia ante la Corte por el caso Oscar Blanco y otros
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y las organizaciones Comité de Familiares de las víctimas de los sucesos de febrero-marzo de 1989 (COFAVIC) y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, participaron en la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer sobre el caso de las desapariciones forzadas de Oscar Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, ocurridas en diciembre de 1999 en el estado costeño de Vargas en Venezuela.
Publicación: 03.Febrero.2010

San José, Costa Rica, 29 de junio de 2005


El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y las organizaciones Comité de Familiares de las víctimas de los sucesos de febrero-marzo de 1989 (COFAVIC) y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, participaron en la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer sobre el caso de las desapariciones forzadas de Oscar Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, ocurridas en diciembre de 1999 en el estado costeño de Vargas en Venezuela. La Corte se encuentra sesionando en su sede en San José Costa Rica.


La demanda de este caso contra Venezuela fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el mes de junio del 2004. Los representantes de las víctimas presentaron, a su vez, su escrito de demanda en octubre del mismo año. Estas demandas no fueron contestadas por el Estado venezolano. La desaparición forzada de Oscar Blanco, José Francisco Rivas y Roberto Javier Hernández, se produjo en el marco de una gran tragedia natural que originó una gran movilización de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado. En ese contexto se dio una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos, cometidas por agentes del Estado con el pretexto de controlar el orden público. Bajo estas circunstancias miembros del ejército entran con gran violencia a la casa de Oscar Blanco y lo detienen sin presentar ninguna orden judicial. Igual sucede con Javier Hernández, quien es sacado de su casa por agentes de la DISIP, herido con arma de fuego y luego detenido, sin orden judicial. José Francisco Rivas fue detenido, sin orden judicial, por miembros del Ejército cuando se encontraba, junto a su madre, en la puerta de la casa en donde se habían refugiado después de perder su vivienda a causa del desastre natural. Después de ser detenidos por miembros del Ejército y de la DISIP, sus familiares no volvieron a tener noticia ni de ellos ni de su paradero. Los recursos de hábeas corpus que se interpusieron a su favor, fueron rechazados por los jueces. Después de casi seis años de haber sido detenidos y desaparecidos, ninguno de los autores de los hechos ha sido sancionado. Oscar, José Francisco y Roberto Javier continúan sin aparecer, y ni sus familiares ni la sociedad venezolana saben la verdad de lo que sucedió.


En la audiencia se escucharon los testimonios de los familiares de las víctimas y las declaraciones del perito Jorge Rosell. Nélida Fernández, madre de José Rivas Fernández, declaró que “toda persona tiene derecho a un entierro, un lugar donde llevarle una flor o una vela.” Los testimonios escuchados dejaron en evidencia el dolor, la impotencia y la zozobra en la que han vivido los familiares desde que desaparecieron las víctimas. Por su parte Rosell, se refirió a la ineficacia del recurso de hábeas corpus en Venezuela para proteger a las víctimas de desaparición forzada de personas. Se refirió igualmente al problema estructural que presenta el sistema judicial venezolano, debido, entre otros factores, a la inestabilidad en sus cargos de la gran mayoría de fiscales y jueces, lo que afecta su independencia e imparcialidad. El perito dijo ante la Corte que los jueces que fallan en contra de los intereses del Estado corren el riesgo de ser destituidos.


Después de las declaraciones de los testigos y de presentados los alegatos orales de la CIDH y de los representantes de las víctimas, el Estado leyó y entregó un escrito en el que expresaba su allanamiento, es decir aceptaba su responsabilidad, pero controvertía, al mismo, tiempo, los hechos y las violaciones alegados tanto por la CIDH como por los representantes de las víctimas. Los representantes de las víctimas y la CIDH dejaron expresa constancia ante la Corte de que el escrito presentado por el Estado no constituía un allanamiento y pidieron a los jueces continuar con el procedimiento. Después de ser interrogada por el Presidente de la Corte, al respecto, la representación del Estado de Venezuela aceptó que se allanaba a todos los hechos y a todas las pretensiones alegados por la CIDH y por los representantes de las víctimas. La Corte dictó resolución reconociendo el allanamiento y la aceptación de responsabilidad internacional del Estado venezolano.


La Corte dictará sentencia en los próximos meses. Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.




 



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