Tras cuatro años de la sentencia de la Corte Interamericana sobre caso Araguaia, Brasil sigue sin cumplir
Publicación: 20.Mayo.2014

San José y Rio de Janeiro, martes 20 de mayo del 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Grupo Tortura Nunca Mais de Rio de Janeiro (GTNM-RJ) y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos (CFMDP) representantes de las víctimas del caso Gomes Lund y otros vs. Brasil (conocido como “Guerrilha de Araguaia”) exigen que el Estado de Brasil cumpla a cabalidad con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), así como avance en la remoción de los obstáculos para la obtención de justicia para las víctimas.

El 14 de diciembre del 2010 Brasil fue condenado por la Corte IDH por la desaparición forzada de 69 personas en el marco de las operaciones de las fuerzas armadas brasileñas emprendidas con el objeto de erradicar a los militantes del Partido Comunista do Brasil,  entre 1972 y 1975. En la sentencia se condenó al Estado a llevar a cabo una investigación penal de los hechos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y sancionar a los responsables, entre otras. Ver Sentencia

Después de cerca de 40 años de ocurridos los hechos y casi cuatro años de dictada la sentencia, todavía el Estado brasileño no ha avanzado en el establecimiento de medidas necesarias para brindar información sobre el paradero de los desaparecidos y tampoco ha progresado en las investigaciones que permitan avanzar en la búsqueda de los restos.

Pese al compromiso del Ministerio Público Federal con la denuncia e investigación de los crímenes cometidos en la dictadura, todavía no hay sentencias condenatorias. Las denuncias penales interpuestas contra militares por el secuestro de seis de las víctimas del Araguaia están suspendidas.

Algunos de los obstáculos para la realización de la justicia incluyen la falta de tipificación del crimen de desaparición forzada, la falta de una actitud proactiva de los jueces para superar los obstáculos de la Ley de la Amnistía, la prescripción penal, la ausencia de control de convencionalidad y el desconocimiento del valor de la sentencia de la Corte IDH.

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, mencionó: “a 50 años del golpe militar y cuatro años de la sentencia de la Corte Interamericana, las víctimas aún esperan justicia. El Ministerio Público avanzó una política de investigación penal de las desapariciones forzadas cometidas en la dictadura, pero estos esfuerzos no darán frutos sin un cambio sustancial en la respuesta de la judicatura y del Poder Legislativo. Los jueces y juezas precisan asumir su responsabilidad en el cumplimiento de la sentencia vinculante del caso Araguaia. Por su parte el Congreso debe tipificar la desaparición forzada”.

Lorena Moroni Barroso, de las familiares de las víctimas, añadió: “desde hace 40 años seguimos buscando a nuestros familiares; muchos funcionarios del Estado no han comprendido a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de dar un tratamiento respetuoso a nosotros como familiares de las víctimas y actuar con responsabilidad en las búsquedas de los desaparecidos”.

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