El Salvador tiene el imperativo de desarrollar políticas de seguridad respetuosas de los DDHH
Publicación: 16.Julio.2019

San Salvador, El Salvador, 16 de julio de 2019.- Con el objetivo de promover una discusión sobre políticas públicas de seguridad respetuosas y garantes de los derechos humanos que incluyan controles democráticos en El Salvador, se llevó a cabo el foro titulado “Políticas públicas de seguridad para la garantía de los derechos humanos en El Salvador”.


El evento, organizado por Cristosal, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), The Seattle International Foundation (SIF) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reunió a personas de distintos ámbitos para analizar cómo aportar a la construcción de una sociedad más segura, basada en estándares democráticos y garantes de los derechos humanos.


“Este foro es un espacio que las organizaciones internacionales y la sociedad civil ofrecen para el diálogo con instancias estatales, orientado a la discusión y análisis de la importancia de observancia a la garantía de los derechos humanos en toda iniciativa, política o programa relacionado con seguridad pública sobre la base de la normativa internacional de obligatorio cumplimiento en un Estado de Derecho”, expresó Celia Medrano, directora Regional de Programas de Cristosal.


Para esto, el foro recurrió al análisis histórico y de carácter regional respecto de la percepción de inseguridad y el legítimo reclamo de la población al respecto. “Para analizar el problema de la seguridad en la región, El Salvador debe repasar el recorrido histórico de violencia ejercida contra los grupos más vulnerables. Ésta es una oportunidad de romper con este continuo de violencia, y de implementar políticas a través de procesos transparentes, que permitan la participación de la sociedad civil y abonen a la reconstrucción del tejido social en el país”, expresó Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL para Centroamérica y México.


Tras casi 20 años de políticas de seguridad de “mano dura”, como estrategias para luchar contra la violencia y la criminalidad que sufre El Salvador, la violencia e inseguridad lejos de reducirse sigue en niveles muy preocupantes. Estas políticas han demostrado ser ineficaces y, además, han dado lugar a un aumento general de la violencia letal, la escalada de las violaciones de los derechos humanos, particularmente contra niños y niñas y, en algunos casos, en el fortalecimiento de las redes delictivas.


“Las políticas de seguridad que respeten los derechos humanos son más efectivas y garantizan sostenibilidad en el mediano y largo plazo”, añadió Mirte Postema, representante de SIF. Por su parte, Leonor Arteaga, representante de DPLF sostuvo que “es importante que el Estado de El Salvador atienda los llamados que han hecho grupos locales y organismos internacionales sobre denuncias de abusos policiales, que ya constituyen un patrón de violencia institucional”.


Latinoamérica es considerada desde hace años la región más violenta del mundo, siendo Mesoamérica donde se concentran los mayores índices de violencia. De acuerdo con cifras del reciente Índice Global de Paz 2018, México, Centroamérica y el Caribe, como región, conserva desde hace 8 años los niveles más altos de índice de homicidios, delitos violentos y percepciones de criminalidad.


Al respecto, las y los expertos señalaron que hay caminos pendientes de asumir, como fortalecer una política de investigación criminal efectiva, promover la debida aplicación del derecho penal, y recuperar la institucionalidad.


“Es una obligación de los Estados el diseño e implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana para la garantía de los derechos humanos que propicien la participación ciudadana y que combinen medidas de prevención y de control de la violencia y el delito a partir de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y el fortalecimiento del Estado de derecho”, afirmó Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.


Así también, las personas expositoras coincidieron en que El Salvador aún tiene enormes desafíos pendientes para reconstruir el tejido social y superar la desigualdad, como garantía de que las políticas implementadas superen los obstáculos estructurales que hoy enfrenta el país.