El Salvador otra vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Publicación: 28.Agosto.2009

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), que el 9 de febrero del 2006 presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de El Salvador, por la falta de justicia frente a la ejecución extrajudicial de Ramón Mauricio García Prieto Giralt.

Las organizaciones notificadas actúan como representantes de los familiares de la víctima, Ramón Mauricio, quien fue asesinado el 10 de junio de 1994 por un grupo armado ilegal, vinculado a los organismos de seguridad del Estado.

CEJIL e IDHUCA presentaron este caso ante la CIDH, porque durante varios años la investigación y el juzgamiento del crimen se desarrollaron con afectaciones al derecho de los familiares a conocer la plena verdad sobre el crimen, así como a su derecho de acceder a una justicia efectiva. Ello, a causa de negligencias y omisiones inexcusables del Estado salvadoreño, dentro de las cuales se encuentra la negativa a investigar la autoría intelectual del homicidio.

En julio de 1996, la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador se pronunció sobre este caso señalando varias irregularidades procesales que impidieron avanzar en la línea de investigación acerca de la vinculación de funcionarios oficiales en los hechos. Posteriormente, la misma Procuraduría inició una segunda investigación, la cual incluyó una revisión de todo el proceso judicial, concluyendo en junio de 2005 que había abundantes elementos para presumir que las dos únicas personas condenadas por el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto pertenecían a una estructura armada ilegal, cuya actuación contaba con colaboración o participación directa de autoridades policiales.

CEJIL e IDHUCA también denunciaron ante la Comisión Interamericana que los familiares de Ramón Mauricio García Prieto eran constantemente sometidos a amenazas, intimidaciones e interferencias en su vida privada con el fin de persuadirlos a abandonar su lucha por la justicia, lo cual ameritó que se otorgara a su favor medidas cautelares para garantizar su integridad y su vida.

Ahora que la Comisión presentó su demanda ante la Corte Interamericana, las organizaciones representantes presentarán la suya contra el Estado salvadoreño. Una sentencia condenatoria de la Corte en este caso permitirá que, finalmente, las voces de los familiares de la víctima sean escuchadas y se les otorgue lo que por tantos años han buscado: una justicia total y efectiva, así como el conocimiento pleno de parte de la sociedad salvadoreña sobre la verdad de lo ocurrido a Ramón Mauricio, para que hechos como éste no se repitan. Para ambas organizaciones este caso es paradigmático, pues demuestra que los grupos ilegales armados operaron en El Salvador aún después de concluido el conflicto armado.