Responsables del genocidio contra el pueblo Ixil siguen sin ser condenados
1.800 personas pertenecientes a la población ixil fueron asesinadas por el Ejército guatemalteco.
Publicación: 11.Mayo.2015
FOTO: Cristina Chiquin

San José, 11 de mayo del 2015.- Ayer se cumplieron dos años de la histórica condena impuesta por el Tribunal A de Mayor Riesgo en contra del exjefe de Estado Efraín Rios Montt, por el genocidio contra del pueblo maya Ixil entre 1982 y 1983. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), aprovecha la ocasión para instar al Estado de Guatemala a cumplir con su obligación de juzgar y sancionar a todos los responsables de dichos actos, y remover los obstáculos que impiden la obtención de justicia en este caso.

El proceso judicial interno en contra de los exgenerales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez —que culminó con la sentencia de 10 de mayo de 2013—, estableció una verdad jurídica y representó el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. Sin embargo, la posterior e ilegal anulación de la sentencia por parte de la Corte de Constitucionalidad —mediante su resolución del 20 de mayo del 2013—, implicó una gran afrenta contra las víctimas y un retroceso grave en términos de la lucha contra la impunidad por las violaciones cometidas durante el conflicto armado interno en Guatemala.

Los hechos denunciados consisten en más de 60 masacres y ataques perpetrados por miembros del Ejército guatemalteco en contra de la población ixil que dejaron como saldo alrededor de 1.800 personas asesinadas, así como numerosas víctimas de desaparición forzada, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Si bien a comienzos de este año se reanudó el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, el mismo nuevamente fue paralizado debido a recursos maliciosamente interpuestos por la defensa de los acusados. Por lo anterior, y considerando la denegación de justicia que persiste más de 30 años después de los hechos, el Estado guatemalteco enfrenta una nueva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue presentada por CEJIL y las organizaciones querellantes a nivel interno: la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Bufete Jurídico por los Derechos Humanos (BDH).

“El pueblo ixil y la sociedad guatemalteca en general, requieren que el Estado resuelva su deuda con las víctimas del genocidio. Hacemos un llamado a las autoridades para que adopten todas las medidas necesarias que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas y la reparación de las graves violaciones sufridas”, manifestó Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México.