Año de edición: 2020
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Resistencia Mískitu: una lucha por el territorio y la vida - Actualización a julio de 2020

San José, 30 de septiembre de 2010.- La crisis de derechos humanos llegó a la Costa Atlántica de Nicaragua en 2015, año en el que incrementó la invasión y despojo violento de los territorios indígenas constitucionalmente reconocidos. Desde entonces se han documentado múltiples asesinatos, secuestros, desapariciones, violaciones sexuales y otras agresiones, así como el deplazamiento forzado de las comunidades. El despojo y la violencia perpetrados han derivado en una crisis alimentaria que pone a los pueblos indígenas de Nicaragua al borde del etnocidio.

Frente a esta crisis, en agosto de 2019, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) publicó el informe Resistencia Mískitu: una lucha por el territorio y la vida,  producto del acompañamiento legal que brinda a personas defensoras y a comunidades miskitas en la Costa Caribe de Nicaragua beneficiarias de medidas de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

A un año de su publicación la violencia en la Costa Caribe ha recrudecido; nuevas evidencias sobre los intereses detrás del despojo territorial han sido publicadas; y la pandemia por COVID-19 impacta de manera diferenciada a la población indígena. Mientras tanto, el Estado nicaragüense continúa incumpliendo su responsabilidad de prevenir y sancionar la violencia; así como garantizar la autonomía mískitu a partir del saneamiento territorial.

Así, la actualización del informe de 2018 presenta la información documentada de 2019 a julio de 2020 y hace un llamado a la comunidad nacional e internacional para actuar frente a la situación del Pueblo Mískitu. A continuación, se resumen los principales hallazgos y conclusiones de esta actualización: 

La violencia y el riesgo continúan
  • Recrudecimiento de las agresiones: desde finales de 2018 a la fecha, se han registrado 14 secuestros, 43 actos de hostigamiento y amenazas y 6 agresiones con lesiones graves en las 12 comunidades miskitas beneficiarias de medidas de protección ante el SIDH. Esto representa un total de 12 asesinatos, 23 secuestros, 25 lesiones graves, 2 violaciones sexuales y al menos 49 actos de hostigamiento o amenazas desde 2015.
  • Al menos 10 indígenas han sido asesinados en 2020: ocho de ellos del Pueblo Mayangna y dos, miskitus. En febrero de este año, se documentaron dos agresiones en la comunidad de Wisconsin y Santa Clara, entre ellos, un ataque que resultó en una niña herida de bala en su rostro. 
  • Deterioro de las condiciones para defender derechos indígenas: según registros de CEJUDHCAN, entre 2018 y octubre de 2019, sus integrantes recibieron 41 amenazas directas y 27 amenazas indirectas, lo cual representa un aumento de 53% comparado con los incidentes registrados en 2016.
  • Sin avances en el saneamiento: ninguna de las medidas implementadas por el Estado de Nicaragua ha sido consultada ni acordada con las comunidades ni sus representantes. El Estado aún no ha realizado un diagnóstico con la participación de todas las partes involucradas sobre las causas del conflicto ni ha propuesto soluciones; y el saneamiento, última etapa para el efectivo reconocimiento de la propiedad comunal indígena, continúa pendiente. 
 
Nueva evidencia sobre intereses detrás del despojo
  • El papel del Estado nicaragüense: el informe independiente “Nicaragua’s Failed Revolution: The indigenous struggle for saneamiento” de Oakland Institute confirmó rol activo del Estado nicaragüense en la colonización de la Costa Caribe.
  • Capitales extranjeros detrás del despojo: capitales canadienses, australianos, británicos y colombianos, es industrias de minería, explotación forestal y ganadería son identificadas detrás del arribo de terceros a los territorios indígenas. 
  • Vínculo de funcionarios de alto nivel: el informe señala también los vínculos directos entre las autoridades nicaragüenses y figuras políticas, alcanzando incluso al propio presidente Ortega y su familia, con los distintos negocios en territorios indígenas. 
 
La llegada del SAR-CoV-2 a las comunidades indígenas
  • Alta letalidad del virus: según datos del Observatorio Ciudadano COVID-19, entre el 18 de marzo y el 8 de julio, se reportaron 136 de casos sospechosos de coronavirus en la región y 71 fallecimientos, lo que representaría una tasa de letalidad superior al 50%. 
  • Precaria infraestructura sanitaria: el 98% de los puestos de salud en las comunidades indígenas de los territorios de Wangki Maya y Wangki Twi Tasba Raya no cuentan con infraestructura básica ni servicios sanitarios, según cifras de CEJUDHCAN; capacidad que ya estaría sobrepasada a partir del incremento de cuadros respiratorios en la cabecera regional.
 
Llamado urgente a la comunidad internacional
 
Ante la falta de voluntad del Estado y la agravada situación de riesgo que enfrenta el pueblo mískitu, entre otros, solicitamos: 
  • A la CIDH y la Corte IDH que insistan ante el Estado en el cumplimiento de las medidas de protección otorgadas para garantizar la vida e integridad física de las personas que componen las comunidades beneficiarias. 
  • A la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos aprovechar el consenso alcanzado con la renovada resolución “Promoción y derechos humanos en Nicaragua” para exigir al Estado garantizar el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios. 
  • A las Relatorías de ambos sistemas a utilizar todos los recursos e instrumentos a su alcance en favor del escrutinio internacional sobre la situación de derechos humanos en la Costa Caribe.
  • A las instancias y mecanismos de control previstos en la Unión Europea, los gobiernos de Estados Unidos y de todos aquellos con inversiones en la Costa Caribe, asegurar que su involucramiento no signifique la vulneración de derechos humanos de los pueblos indígenas en Nicaragua.