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Raxcacó
Guatemala

El 14 de mayo de 1999, Ronald Raxcacó Reyes fue condenado a pena de muerte, por el secuestro del niño Pedro Alberto de León Wug. La espera de su ejecución durante años, provocó en Raxcacó depresión, ansiedad, dificultades respiratorias, dolor en el pecho, úlcera y gastritis. Pese a quejarse de afecciones relacionadas con la tensión que le producía la espera de la ejecución de su sentencia, no recibió tratamiento médico adecuado ni medicamentos de ningún tipo, ni asistencia psicológica.

A lo largo del cumplimiento de su condena, pasó por al menos tres penales distintos, uno de ellos de máxima seguridad. Durante los traslados, fue víctima de golpes y malos tratos, a manos de los guardas. En una ocasión, las fracturas en su mandíbula, costillas y lesiones en las piernas le impidieron hablar y caminar durante un tiempo. Raxcacó pasó la mayor parte de su tiempo en prisión, en una celda de aproximadamente cuatro por cuatro metros. Sólo podía salir a un patio cementado —que era del mismo tamaño que la celda—, con rejas y malla en el techo, el cual constituía su única entrada de luz natural y ventilación. En la misma celda se encontraban las instalaciones sanitarias, en condiciones altamente deficientes e insalubres.

Raxcacó fue condenado a la pena capital por el secuestro de un niño. A pesar de que la víctima resultó ilesa y de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es clara al señalar que los castigos deben ser proporcionales a los daños cometidos, Guatemala le aplicó a Raxcacó la pena de muerte.

La pena de muerte se ejecutó por última vez en Guatemala en el 2000, año en que se eliminó el recurso de gracia, mecanismo que le permitía a los privados de libertad solicitar el indulto o conmutación de sus sentencias. Sin este recurso, Raxcacó y todos los condenados a muerte quedan dentro de un “limbo jurídico”, porque están formalmente sentenciados pero no se les puede aplicar la pena.

Tanto por los malos tratos recibidos como por la aplicación desproporcionada de la pena de muerte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG) y el Instituto de Defensa Pública Penal (IDPPG), llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual, a su vez, lo mandó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2005.

Impacto del caso:

- Gracias al caso se visibilizaron las terribles condiciones que sufren las personas privadas de libertad en Guatemala.

- Se supendió la ejecución de aquellos condenados a pena de muerte y las sentencias de muerte, vigentes hasta el 2015.

- El Estado de Guatemala no puede aplicar la pena de muerte a nuevos delitos.