Proyectos de desarrollo afectan derechos humanos en Panamá
Publicación: 28.Marzo.2014

Washington D.C., viernes 28 de marzo del 2014.- El Estado panameño ha promovido en los últimos años reformas legislativas que facilitan la construcción de proyectos llamados de desarrollo (represas, proyectos hidroeléctricos, turísticos y minería) en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas.

La Alianza para la Conservación y el Desarrollo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Movimiento 10 de abril por la defensa del río Tabasará, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones del derecho a la tierra, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, así como a la libertad de expresión, que sufren numerosos pueblos indígenas en Panamá.

Desde el año 2003, Panamá ha flexibilizado su legislación interna para promover la inversión privada en proyectos de desarrollo. Ello ha generado diversos conflictos con comunidades indígenas que reclaman el respeto a su territorio, sin embargo, no existen canales de diálogo que permitan resolver estas controversias, por el contrario, las autoridades panameñas han tenido una respuesta violenta ante las manifestaciones de protesta de quienes se consideran afectados.

Las organizaciones denunciaron que el Estado ha realizado un uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones pacíficas, a la vez, ha criminalizado a los líderes y liderezas de estos movimientos, se han ejecutado detenciones masivas e inclusive cerca de siete personas han sido asesinadas en el marco de estas protestas. Ninguno de estos hechos ha sido investigado.

Weni Bagama, lideresa indígena ngobe del Movimiento 10 de abril por la defensa del río Tabasará, expresó ante la CIDH su preocupación por el permanente asedio policial y la amenaza de desalojo que pesa sobre los miembros de la comarca Ngobe, el cual no les fue consultado pese a que inundará el territorio de varias de las comunidades de la etnia ngobe-bugle.

Otras comunidades que han expresado su descontento estos hechos han sido objeto de represión. Por ejemplo es el caso de la etnia Naso afectada por el proyecto hidroeléctrico Bonyic.

Ante esta situación las comunidades afectadas han interpuesto recursos legales internos que sin embargo no se resuelven. Las organizaciones enfatizaron que no ha habido un esfuerzo concertado de parte de las instituciones del Estado por establecer procesos de diálogo previo a la ocurrencia de conflictos. En términos generales, las respuestas administrativas de estas instituciones han sido tardías, evasivas y contradictorias.

En la audiencia, la CIDH se mostró alarmada por la violencia creciente en las comarcas indígenas  y a la vez, las organizaciones solicitaron que la Comisión realice una visita a Panamá.

Contacto de Prensa

Daniela Araya

506 2280 7473

daraya@cejil.org