Pronunciamiento conjunto sobre la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras
26 de setiembre del 2013. – Las organizaciones de derechos humanos firmantes expresamos nuestra preocupación por hechos recientes de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. El pasado viernes 20 de setiembre, la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes, del Juzgado Primero de Letras en el departamento de Intibucá, dictó una medida de prisión preventiva, en contra de Berta Isabel Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el marco de un proceso penal en el que se le acusa de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en perjuicio de la empresa DESA-SINOHYDRO.
Publicación: 27.Septiembre.2013

26 de setiembre del 2013. – Las organizaciones de derechos humanos firmantes expresamos nuestra preocupación por hechos recientes de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

El pasado viernes 20 de setiembre, la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes, del Juzgado Primero de Letras en el departamento de Intibucá, dictó una medida de prisión preventiva, en contra de Berta Isabel Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el marco de un proceso penal en el que se le acusa de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en perjuicio de la empresa DESA-SINOHYDRO.

Hace seis meses la comunidad de Río Blanco en el Departamento de Intibucá inició una protesta pacífica en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca que afectará el cauce del Río Gualcarque y el acceso de los pobladores a este recurso hídrico. La concesión otorgada por las autoridades a la empresa se gestó sin haber realizado la consulta previa a la comunidad indígena. Adicionalmente, es de conocimiento público que existen dos requerimientos penales presentados por la Fiscalía de las Etnias en contra del Alcalde municipal, y del Subsecretario de Recursos Naturales y Ambiente, por el otorgamiento del permiso de construcción y de la licencia ambiental a la empresa, respectivamente.

En el marco de dicho conflicto, las autoridades fiscales acusan a Berta, así como a los defensores Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño, de haber incitado a los pobladores a cometer dichos delitos y causar daños a la empresa.

Además de ordenar la prisión de la defensora, quien es beneficiaria de medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jueza Knight Reyes requirió a los defensores Molina y Gómez presentarse a firmar cada 15 días y no circundar la zona de los hechos. A la vez, ordenó el desalojo de la protesta pacífica.

Las medidas adoptadas se dan en un contexto de persecución en contra de defensores de derechos humanos que han sido denunciados en numerosas ocasiones y motivaron pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos como se menciona a continuación.

Entre los casos recientemente reportados en Honduras en contra de los defensores y las defensoras destacamos:

En el Progreso, Yoro, la defensora Magdalena Morales, lideresa de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, fue acusada por el delito de usurpación en perjuicio de la compañía Azucarera del Norte, S.A. (AZUNOSA) en el marco de un proceso de recuperación de tierras.

Más recientemente se ha conocido que existe una denuncia en contra de los abogados Víctor Fernández y Martín Fernández y de los miembros del Patronato (asociación comunitaria) de la comunidad de Nueva Esperanza por su oposición al proyecto hidroeléctrico “Buena Vista I”.

A estos hechos se suman los asesinatos de tres indígenas tolupanes María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, el 25 de agosto en la tribu de San Francisco Locomapa, Yoro, por su lucha en defensa de bienes naturales y derechos humanos; el asesinato de Tomás García, miembro del COPINH, ocurrido en julio del 2013 y las heridas propinadas a su hijo Allan García de 17 años. Además, persisten las amenazas a muerte realizada a los líderes tolupanes José María Pineda, Consuelo Soto, y Ramón Matute.

La situación de riesgo para la defensa de los derechos humanos en Honduras fue reseñada por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekayya, quien señaló en su informe del año 2012 que en Honduras “en razón de la legítima labor de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales que realizan, hay ciertas categorías de defensores de los derechos humanos expuestos a un peligro especial, como los periodistas, los que se ocupan de cuestiones económicas, sociales y culturales, entre ellos los que se ocupan de cuestiones de los indígenas, garífunas, ambientales y de derechos sobre la tierra”.

Además, la Relatora agregó que “las actividades de los defensores de los derechos humanos están muy expuestas, por lo que ellos y sus familias siguen corriendo el peligro de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, detención y privación de la libertad arbitrarias, amenazas de muerte, agresiones, vigilancia, hostigamiento, estigmatización, desplazamiento, y exilio forzado”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe del año 2012 que en Honduras persisten los ataques, amenazas, y hostigamientos en contra de líderes y lideresas sociales, y defensoras y defensores de derechos humanos. En dicha oportunidad, la CIDH destacó los ataques contra varios miembros del COPIHN, a saber Bonifacio Muñoz, Juan Vásquez y Sotero Chavarría, y las detenciones de Isabel Jorge Chavarría y del niño Allan Chavarría.

La estrategia de criminalización o uso abusivo del poder penal del Estado ha sido un arma en varios países para silenciar y entorpecer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. En relación a aquella, la CIDH en su Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos de las Américas publicado en el año 2011 señaló que “el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento en contra de defensores de derechos humanos, no sólo tiene por efecto amedrentar su labor sino que además puede generar una paralización de su trabajo de defensa de derechos humanos en tanto su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa”.

En efecto, en Honduras, preocupa especialmente que la administración de justicia no proteja el derecho a la consulta, y que por el contrario, los fiscales persigan penalmente a defensores de derechos humanos por manifestarse en defensa de los derechos humanos. A ello se suma, la incapacidad del  Estado de brindar una respuesta efectiva para resolver los conflictos sociales que se generan a partir de la aprobación de diversos proyectos sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada.


Es por lo anterior que las organizaciones firmantes demandamos:


- A las autoridades del Ministerio Público y a los jueces y juezas para que cesen los actos de criminalización en contra de los defensores y defensoras de derechos en el país por manifestarse en defensa de los derechos. A su vez que cumplan con su deber de proteger el derecho a la consulta e investigar las amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos,

- Al Poder Ejecutivo para que apoye la labor de defensa de los derechos mediante el establecimiento de campañas públicas que legitimen a los defensores y su importante rol en la vida democrática,

- A los órganos de protección internacional, como la CIDH, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que den un seguimiento cercano a la situación de Honduras e insistan en el cumplimiento de las recomendaciones que han sido brindadas en el marco de diversos informes,

- A la comunidad internacional para que se mantenga vigilante ante la situación que aqueja Honduras y se condene todo acto que atente contra el derecho a defender derechos humanos.


Organizaciones firmantes:


Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, México

Agenda Política de Mujeres, Costa Rica

Alianza por tus Derechos, Costa Rica

Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, organización regional

Asociación LGTB Arcoiris, Honduras

Casa Alianza, Honduras

Casa del Migrante de Saltillo (frontera con Justicia AC), México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC, México

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, México

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, México

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH), México

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Honduras

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala

Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM), Costa Rica

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), México

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad AC, México

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Honduras

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Honduras

Documenta AC, México

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), Honduras

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), organización internacional

Foro de Mujeres por la Vida, Honduras

Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH), Honduras

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), El Salvador

Jass, Asociadas por lo Justo, organización regional

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Honduras

Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Honduras

Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (OTLA), El Salvador

Protection International, organización internacional

Red Lésbica Cattrachas, Honduras

Red de la no violencia contra las mujeres (REDNOVI), Guatemala

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras

Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)

Red Solidaria Década Contra la Impunidad, México

Rights Action - Derechos en acción, organización regional

Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala

Servicios Legales, Información y Estudios Jurídicos, México

Sin Fronteras IAP, México