Problemática de los pueblos indígenas y el trabajo infantil en Centroamérica fueron expuestas ante la CIDH
Publicación: 28.Agosto.2009

Durante el día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en una audiencia, en horas de la mañana, a varios representantes indígenas de Centroamérica, quienes dieron a conocer los problemas que enfrentan los pueblos originarios de esta región. Ese mismo día, pero en la tarde, las organizaciones Marcha Global contra la Explotación Laboral de la Infancia (Marcha Global) y Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI) presentaron ante la CIDH la preocupante situación del trabajo infantil en la región.

En la primera, estuvieron representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) e indígenas del Consejo Indígena de Centroamérica, Centro de Acción Legal - Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS) , quienes informaron a la CIDH sobre el contexto económico y político que caracteriza a la región y cómo les afecta, positiva y negativamente; así también, señalaron las principales problemáticas que deben enfrentar en materia de conservación de sus territorios en salud, educación y acceso a la justicia, entre otros. Hicieron especial referencia a la situación de las mujeres indígenas.

Otro aspecto que fue resaltado en la audiencia fue el irrespeto a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, ya que les imponen represas hidroeléctricas, minas o proyectos turísticos en sus propias tierras sin consultarles. Los estados también negocian tratados de libre comercio o proyectos regionales que afectan su modo de vida, entre ellos señalaron el Plan Puebla Panamá y el tratado de libre comercio de Centroamérica con Estados Unidos.

Finalmente, se refirieron a las iniciativas internacionales para defender los derechos de los pueblos indígenas, pero lamentaron que pese a ellas continúan siendo víctimas de discriminación y exclusión, lo cual se materializa en su vida diaria a través de políticas públicas de los gobiernos, en las relaciones sociales, en los modelos de producción y en la cooperación para el desarrollo. Como ejemplo, resaltaron el hecho de que incluso en algunos países como en El Salvador se niega la existencia de los pueblos indígenas.

La CIDH manifestó su preocupación por la falta de acceso de los indígenas a la vida política de sus países. Al concluir la audiencia, los peticionarios solicitaron a la Comisión elaborar un informe regional continental sobre la situación de los pueblos indígenas que aborde sus problemáticas más agudas y haga las recomendaciones pertinentes.

En la audiencia sobre trabajo infantil, se informó a la CIDH que al menos el 17% de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos con edades entre 5 y 17 años se cuenta oficialmente entre la población trabajadora, lo que representa cerca de 2 millones de personas menores de edad. Las cifras no reflejan el trabajo infantil invisibilizado, como lo es el trabajo doméstico en el propio hogar.

La agricultura ocupa en la región a más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes; el comercio a cerca de 400 mil y las industrias manufactureras aproximadamente a 200 mil. Prácticamente el 70 por ciento de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en actividades relacionadas con la industria manufacturera son guatemaltecos y salvadoreños.

El trabajo infantil y adolescente está asociado a múltiples violaciones de derechos humanos. Y al igual que la exclusión educativa y la pobreza es una manifestación de un problema complejo que debe ser abordado desde una perspectiva integral, para buscar soluciones concretas. Desafortunadamente el trabajo infantil es percibido como una estrategia de subsistencia por las dificultades económicas que enfrentan las familias y no necesariamente como un problema.

En la audiencia, los peticionarios solicitaron a la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH que lleve a cabo un estudio acerca de la normativa nacional e internacional, de la reforma de las instituciones y de la inversión estatal que tienda a la prevención del trabajo infantil y que haga recomendaciones para proteger a toda persona menor de edad de cualquier forma de explotación laboral.