Preocupantes las declaraciones realizadas por excandidata presidencial peruana contra organizaciones defensoras de derechos humanos y sistema de justicia
Los señalamientos se insertan en un contexto de campañas de larga da taen contra de organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos en el Perú, y de descalificación de la labor de jueces y fiscales que investigan, persiguen y juzgan casos graves de corrupción en el país, que se suman a los ataques a su independencia.
Publicación: 31.Enero.2020

Washington, D.C. 31 de enero 2020.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), condenamos las declaraciones realizadas por la excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori en contra de organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos e instituciones del sistema de justicia. Estas declaraciones fueron emitidas a escasos minutos de ser sentenciada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Perú a 15 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos.

Los señalamientos se insertan en un contexto de campañas de larga data en contra de organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos en el Perú, y de descalificación de la labor de jueces y fiscales que investigan, persiguen y juzgan casos graves de corrupción en el país, que se suman a los ataques a su independencia. Muchas de estas declaraciones podrían tener como destinatario el Instituto de Defensa Legal (IDL) principalmente por el trabajo que resultó en la condena del padre de Keiko Fujimori por graves violaciones a los derechos humanos en el 2009, al igual que por el trabajo de investigación desarrollado por IDL Reporteros y otros periodistas para investigar actos de  corrupción de la ex candidata.

Durante el 2019, el IDL fue objeto de múltiples agresiones físicas y verbales por su trabajo de denuncia de las redes de corrupción que operaban al interior del extinto Consejo Nacional de la Magistratura y de los órganos más altos del sistema de justicia peruano. En esos momentos, el Congreso peruano, de mayoría fujimorista, requirió a periodistas de investigación que revelaran sus fuentes, mientras que dependencias de las Fiscalía promovieron acciones legales para incautar y acceder a documentación y material periodístico.

Del mismo modo, jueces y fiscales especializados, particularmente aquellos que integran el Equipo Especial Lava Jato, han sido objetos de presiones diversas, en razón de su labor de investigación de la ex candidata Fujimori y su entorno cercano. Las declaraciones de Keiko Fujimori, al tratarse de una excandidata presidencial que ocupa una posición de liderazgo con el partido Fuerza Popular y por ser hija de un exmandatario peruano condenado por graves violaciones a los derechos humanos, pueden animar y promover nuevos ataques y amenazas contra organizaciones, defensores y operadoresde justicia. Esto resulta particularmente grave en un contexto de transición y gran polarización, debido a los recientes resultados de las elecciones parlamentarias realizadas el 26 de enero pasado.

Las organizaciones firmantes, conocemos y reconocemos el trabajo y trayectoria de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el Perú, y de los operadores de justicia que realizan su labor de manera independiente, y de su importancia para la defensa del Estado de Derechoy la democracia en el Perú, y exhortamos a las autoridades peruanas a mantenerse atentas a posibles amenazas que surjan, a modo de garantizar la seguridad e independencia en el desempeño de su labor.