POLÍTICA MIGRATORIA EN ESTADOS UNIDOS: un boletín para organizaciones mesoamericanas - Octubre
Publicación: 07.Noviembre.2019

Ante un contexto cada vez más complejo para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en la región mesoamericana, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) compartimos una nueva edición de nuestro boletín sobre política migratoria en Estados Unidos.

Mediante esta herramienta, presentamos un resumen mensual de las más recientes iniciativas y decisiones judiciales de Estados Unidos acontecidas en octubre, con el fin de aportar a las estrategias de promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes en Centroamérica y México.

En esta edición del boletín, analizamos los siguientes los avances y retrocesos en política migratoria estadounidense que tuvieron lugar durante el mes de octubre de 2019:

1.    DHS extiende el periodo de validez de documentos de TPS, litigio pendiente. 
2.    Múltiples litigios sobre políticas que limitan asilo a la espera de fallos judiciales.
3.    Juez restringe implementación de política que impide  acceso a EEUU para personas sin seguro médico.
4.    Administración Trump estrena revisión acelerada de solicitudes de asilo en El Paso, Texas.
5.    Autoridad migratoria comenzaría implementación de acuerdo con Guatemala en noviembre

LITIGIO Y JURISPRUDENCIA

En esta sección analizamos los procesos pendientes en las cortes estadounidenses con respecto a políticas migratorias, así como las más recientes decisiones que afectan el marco jurídico para las personas migrantes.

1. Departamento de Seguridad Nacional aprueba extensión automática de validez de documentos TPS

En el marco de varios litigios contra las decisiones ejecutivas de terminar el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para personas de múltiples nacionalidades, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha publicado una extensión automática de la vigencia de los documentos asociados con TPS. Personas salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses con TPS, así como personas nacionales de algunos otros países fuera de la región mesoamericana, se ven beneficiados con la  extensión de aproximadamente un año de vigencia de sus documentos, que, en vez de vencer en enero de 2020, tendrán validez hasta el 4 de enero de 2021. Esta nueva fecha aplica a los permisos laborales asociados con el TPS y con algunos otros documentos de la autoridad migratoria.

Aunque la política fue promulgada desde la agencia migratoria, surge tras meses de litigios contra la terminación de TPS para múltiples nacionalidades. En el caso del TPS para El Salvador y Nicaragua, la decisión ponerle fin está sujeta a una suspensión provisional que ha sido apelada por el gobierno estadounidense. En caso de un resultado a favor del gobierno, los documentos de TPS para Nicaragua podrían vencer antes de la fecha prevista en la reciente ampliación. Más información sobre TPS se encuentra disponible aquí.

2. Avances en litigios contra las barreras al asilo

Los distintos litigios que impugnan las barreras impuestas al asilo recientemente en Estados Unidos avanzaron durante octubre, y distintas cortes federales convocaron audiencias para avanzar hacia la resolución de las demandas. A principios del mes, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito celebró una audiencia sobre la suspensión provisional de la política que impide el acceso al asilo para las personas migrantes que crucen la frontera de manera irregular. El gobierno estadounidense presentó un recurso de apelación tras la decisión de la corte de primera de instancia de otorgar una suspensión mientras se adopta una decisión de fondo. En este sentido, la Corte de Apelaciones deberá resolver al respecto.

De la misma manera, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito convocó una audiencia sobre la política ‘Quédate en México’, también conocida como ‘Migrant Protection Protocols’. En ese proceso, el gobierno apeló la suspensión provisional de la política otorgada en abril de este año, pero que fue levantada temporalmente por la misma Corte de Apelaciones en mayo. También se está a la espera que la Corte de Apelaciones resuelva al respecto.

La Corte Federal para el Distrito de Columbia convocó una audiencia a finales de octubre en el marco el litigio impulsado por múltiples organizaciones defensoras respecto a la política coloquialmente llamada  ‘prohibición de asilo por motivo de tránsito por un tercer país’. Al mismo tiempo, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ha convocado audiencia en el proceso adelantado en esa jurisdicción para el mes de diciembre. Organizaciones de la sociedad civil presentaron un escrito de amicus curiae señalando los múltiples impactos negativos de la política. Hasta que haya una decisión de estos tribunales, la decisión de la Corte Suprema estadounidense -tomada en septiembre de este año- sigue en efecto. Esa decisión de alcance nacional, levantó la suspensión de la implementación de la política que había sido otorgada en julio y agosto de este año.

Mientras avanzan estos litigios, organizaciones y medios continúan expresando preocupación por cómo se están implementando las políticas. ProPublica, por ejemplo, ha señalado que algunas personas que fueron retornadas a México bajo los ‘Migrant Protection Protocols’ para esperar su trámite de asilo en Estados Unidos ahora están enfrentando una exclusión de elegibilidad de asilo por haber transitado por México, a pesar de que la prohibición de asilo por motivo de tránsito por un tercer país fue adoptada después de su retorno a México. La posible aplicación retroactiva y la confluencia de los efectos de las distintas políticas son cuestiones que requieran más escrutinio y vigilancia. 

3. Organizaciones defensoras logran orden judicial que restringe la implementación de nueva categoría de inadmisibilidad basada en la posibilidad de las personas migranes de acceder a seguro médico

A principios de octubre, el presidente estadounidense promulgó una orden ejecutiva, estableciendo una política para negar admisión al territorio estadounidense a cualquier persona migrante que no proporcione prueba de que posee un seguro médico o los medios económicos suficientes para obtener dicho seguro en un periodo de treinta días tras su entrada al país. Organizaciones defensoras de las personas migrantes recurrieron la política dirigida a suspender la entrada a migrantes que supondrán una “carga financiera” al sistema sanitario estadounidense. En el litigio Doe v. Trump, las organizaciones denunciaron tanto la forma como los contenidos de la proclamación, y exigieron su suspensión provisional. La corte federal otorgó una restricción inmediata de la implementación de la política, mientras avanza en su consideración de una suspensión provisional. La restricción tiene alcance nacional. 

 

4. Programa piloto busca acelerar deportación de solicitantes de asilo que entran a Estados Unidos

Según reportes de múltiples medios de comunicación en octubre de 2019 agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) comenzaron la implementación del programa de Revisión Pronta de Solicitudes de Asilo en la zona de El Paso, como una especie de prueba antes de lanzar el programa a nivel nacional. Bajo este programa, las decisiones sobre las solicitudes de asilo deben de producirse en un plazo de 10 días, un cambio dramático a un proceso que actualmente dura meses o años. 


Si bien la pronta resolución de solicitudes parece ser un objetivo deseable para muchas de las personas solicitantes, la imposición de un límite temporal implica menos tiempo para la preparación de los casos. Las personas solicitantes cuyas solicitudes están sujetas al nuevo programa reciben solo un día para prepararse, pero el proceso de localizar y contactar a representación legal, recibir orientación sobre el proceso y organizar la información necesaria para la audiencia ante un juez suele demorar mucho más. Grupos defensores de los derechos de las personas migrantes han denunciado el programa por violentar el debido proceso, ya que abogados y abogadas no pueden reunirse con sus clientes en las instalaciones de CBP y están obligadas a proporcionar orientación y asistencia a través de llamadas telefónicas de corta duración. 


Aunque todavía no se ha publicado información oficial sobre el programa, el mismo se suma a la serie de medidas adoptadas por la administración Trump para limitar el número de personas refugiadas que llegan a Estados Unidos.

PANORAMA A FUTURO

A continuación, informamos sobre iniciativas o discusiones que pueden modificar el panorama que enfrentamos para la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos.

5. Medios reportan implementación del acuerdo con Guatemala sobre asilo que iniciará durante noviembre

Según fuentes anónimas que proporcionaron información al Washington Post, la administración de Trump estaría finalizando planes para la implementación del acuerdo firmado con Guatemala en julio de este año. Se espera que durante el mes de noviembre, se comenzará la trasferencia a Guatemala de personas que solicitan asilo en Estados Unidos, según los términos del acuerdo relativo a la cooperación respecto al examen de solicitudes de protección. Tras la firma de ese acuerdo a finales de julio, ha habido mucha especulación sobre su alcance, con algunas personas expertas caracterizándolo cómo un acuerdo de tercer país seguro aplicable a toda persona que ha transitado por Guatemala y otras sugiriendo que tendría consecuencias más amplias de permitir el traslado de cualquier persona solicitante de refugio en Estados Unidos a Guatemala. Aunque la Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló que un acuerdo de tercer país seguro debe de ser aprobado por el Congreso de la República, el presidente guatemalteco solicitó la revocatoria de esa decisión, lo cual refleja su intención de avanzar con el acuerdo a pesar de la inconstitucionalidad del proceso a través del cual fue suscrito. La Corte de Constitucionalidad  confirmó su fallo en septiembre de este año.

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