Política migratoria en Estados Unidos: un boletín para organizaciones mesoamericanas - MAYO
Publicación: 05.Junio.2019
En el marco de nuestros esfuerzos por promover los derechos humanos de las personas migrantes en la región mesoamericana, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) compartimos una nueva edición del boletín sobre política migratoria en Estados Unidos.
 
A través de esta herramienta, presentamos un resumen mensual de algunas de las más relevantes iniciativas y decisiones judiciales de la institucionalidad estadounidense, con el fin de aportar a los esfuerzos y las estrategias de promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes.
 
En esta edición del boletín, analizamos los avances y retrocesos en política migratoria estadounidense que tuvieron lugar durante el mes de mayo de 2019. En esta ocasión, abordamos:
 
1. Fallo de la Corte de Apelaciones permite la implementación de política "Quédate en México" a personas solicitantes de asilo.
2. Decisiones judiciales que afectan a personas migrantes.
3. Poder ejecutivo publica su Agenda Reglamentaria develando elementos de su agenda migratoria.
4. Reportes indican que Trump está valorando la posibilidad de desplegar las fuerzas armadas para llevar a cabo deportaciones.
5. Trump amenaza a México con aranceles vinculados con la crisis migratoria.

LITIGIO Y JURISPRUDENCIA

 
En esta sección analizamos las luchas que se están dando en las cortes estadounidenses respecto de la política migratoria, así como las más recientes decisiones que afectan el marco jurídico relativo a las personas migrantes.
 

1. Personas solicitantes de asilo serán sujetas a devolución a México para tramitar sus solicitudes mientras se resuelve por el fondo la demanda que impugnó esta política

En la anterior edición de este boletín, expusimos la adopción por la Administración Trump de la política coloquialmente llamada ‘Quédate en México’ o ‘Permanencia en México’, formalmente denominada los ‘Protocolos para Protección de los Migrantes’, así como el litigio iniciado por organizaciones defensoras de las personas migrantes en su contra. Aunque el juez de una corte federal de primera instancia había suspendido provisionalmente la implementación de esta política –la cual permite devolver a personas solicitantes de asilo al territorio mexicano durante la tramitación de sus solicitudes–, el gobierno estadounidense interpuso un recurso de apelación que eventualmente fue resuelto a su favor. El 7 de mayo, la Corte Federal de Apelaciones para el Noveno Circuito Judicial emitió su fallo, anulando la suspensión provisional y permitiendo que se aplique la política mientras continua el litigio. La decisión se consideró, entre otros aspectos, que la probabilidad de que las personas solicitantes sufrieran daño en México sería reducida por el compromiso del gobierno mexicano de respetar sus obligaciones en materia de derecho internacional y otorgar estatus humanitario y permisos laborales a individuos retornados en el marco de esta política. 

La implementación de la política ‘Quédate en México’ implica múltiples cambios a la tramitación de solicitudes de asilo presentadas en frontera. En primer lugar, las personas que muestran un temor creíble de ser devueltos a sus países de origen ya no entran automáticamente al territorio estadounidense. Anteriormente una determinación positiva de temor creíble llevaba a detención o, antes de una decisión administrativa en abril de 2019, a una liberación condicional, pero siempre en los Estados Unidos. Este cambio tiene consecuencias para la seguridad e integridad de las personas devueltas a México, su acceso a alojamiento, alimentos y otras necesidades básicas, además de a orientación y representación legal.
 
Por otro lado, las y los funcionarios que previamente estaba a cargo de la determinación de si un caso presenta o no un temor creíble de persecución en el país de origen ahora tienen que aplicar un nuevo estándar para concluir si la persona debe o no ser devuelto a México para la tramitación de su solicitud. Las personas funcionarias no han recibido orientación adecuada para asegurar que esas decisiones toman en consideración los diversos riesgos posibles, por el contrario, existen denuncias de presiones internas para devolver a casi todas las personas solicitantes a México. Frente a esta situación, recae sobre la persona solicitante de asilo la obligación de exponer su temor de ser devuelta a México y los motivos correspondientes. En este sentido, resulta indispensable que las personas migrantes, y las organizaciones que les acompañan, estén informadas sobre esta nueva política, sus consecuencias y el funcionamiento del sistema migratorio en general. 

2. Decisiones judiciales que afectan a personas migrantes

Decisión de la Corte de Apelaciones para el Cuarto Circuito: Ruth Jeanette Orellana v. Barr
 
En sentencia del 23 de mayo de 2019, la Corte de Apelaciones de la región que abarca los estados de Maryland, Virginia, Virginia Occidental, Carolina del Norte, Carolina del Sur y el Distrito de Columbia, reafirmó que la existencia de remedios formales para abordar persecución en el país de origen no necesariamente implica la existencia de un recurso efectivo que impediría la elegibilidad para protección internacional. Asimismo, indicó que una persona solicitante de asilo no está obligada a haber persistido en la búsqueda de asistencia a nivel nacional cuando esta hubiese sido fútil o llevado a más abusos. Aplicando estas interpretaciones de los estándares para asilo, la Corte determinó que una mujer salvadoreña que había solicitado asilo con base a su pertenencia a un grupo social particular de ‘mujeres salvadoreñas en relaciones domésticas que son vistas como propiedad’ había demostrado que el gobierno salvadoreño es incapaz o no está dispuesto a protegerla. La Corte basó su conclusión en el testimonio de la solicitante y las pruebas documentales ofrecidas, que reflejaban sus intentos de denunciar los abusos de su marido a la policía y sus esfuerzos de conseguir una orden de protección de las cortes salvadoreñas, así como la falta de respuesta adecuada por parte de estas instituciones del Estado salvadoreño. 
 
Esta jurisprudencia puede ser de utilidad para personas solicitantes de asilo cuyos casos se basan en la violencia doméstica, particularmente en El Salvador. La misma tiene carácter vinculante en los estados señalados que componen el distrito judicial del Cuarto Circuito Federal.

PANORAMA A FUTURO

A continuación, presentamos información sobre iniciativas o discusiones que pueden modificar el panorama para la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos.

3. La Agenda Reglamentaria para el semestre incluye numerosas propuestas que afectan a las personas migrantes:

El 22 de mayo, la administración Trump publicó la edición bianual de la Agenda Unificada de Acciones Regulatorias y Desreguladoras, con un capítulo de acciones ejecutivas planteadas desde el Departamento de Seguridad Nacional. De ser adoptadas, estas medidas impactarían de manera significativa a las personas migrantes. Entre ellas, destaca la introducción de un nuevo ‘tipo de inadmisibilidad’, que permitiría que se tome en consideración la probabilidad de que una persona solicitante de residencia u de otras categorías migratorias pueda constituirse una ‘carga pública’ – por depender de la asistencia pública – cómo un factor relevante a la decisión de otorgar o denegar la categoría. A pesar de un estudio que sugiere que este cambio tendría consecuencias graves que afectarían de manera diferenciada a mujeres, niños y niñas y personas de la tercera edad, según la Agenda, la administración espera publicar la versión final de este reglamento en septiembre de 2019. 
 
Con relevancia directa para las personas migrantes que buscan entrar en los Estados Unidos, la Agenda contempla la reglamentación de la detención de migrantes menores de edad, que hasta la fecha ha sido regulado por un acuerdo de solución, conocido como Flores, que limitaba el tiempo y condiciones de detención de personas menores de edad. Este acuerdo resultó indispensable para la terminación de la política de separación familiar en 2018. El reglamento propuesto por la administración Trump eliminaría los efectos de Flores, estableciendo la base para la detención de unidades familiares enteras, incluyendo  a las y los integrantes menores de edad. Aunque las consecuencias sobre los derechos de las personas migrantes han sido claramente expuestas por múltiples organizaciones defensoras de derechos humanos, la Agenda plantea la adopción de este reglamento en septiembre de 2019 a partir de su publicación.
 
La Agenda también avanza muchas de las restricciones planteadas en el memo publicado por la administración a finales de abril de 2019. Estas iniciativas consisten en, entre otras, limitar el acceso al procedimiento de ‘temor creíble’, cambiar los estándares de asilo, regular el acceso de personas solicitantes a permisos laborales y posiblemente cobrar una cuota para solicitar asilo. Las propuestas de reglamentos se publicarán durante el próximo año, dando inicio a un periodo de comentario público antes de que puedan ser finalizados y adoptados. 
 
Dentro del capítulo sobre el Departamento de Justicia, la Agenda también contempla la ampliación de la autoridad del Fiscal General para desviar casos de las cortes migratorias para que él o ella misma emita una decisión administrativa. 

4. Analistas señalan que Trump está valorando desplegar las fuerzas armadas para deportar migrantes:

A partir del anuncio el 21 de mayo de 2019 de un nuevo ‘Plan Migratorio’, algunos medios reportan que el ejecutivo estadounidense está considerando recurrir a la Ley de Insurrección de 1807 para ampliar la capacidad del gobierno de realizar deportaciones de personas migrantes en el país. Esta Ley, con raíces en la fundación del Estado pero que ha sido ampliada a lo largo de más de 200 años, permite el ejecutivo el uso de las fuerzas armadas del país para hacer cumplir cualquier ley nacional cuya aplicación se ve frustrada por ‘obstrucciones ilegales’ en cualquier estado. Aunque esta ley nunca se ha utilizado para propósitos de la aplicación de la ley migratoria, la tendencia de la administración Trump de aprovechar el amplio poder del ejecutivo coloca esta posibilidad sobre la mesa. 

5. Trump anuncia nuevos aranceles a importación mexicana mientras no haya un ‘alivio’ de la crisis migratoria:

El 30 de mayo, el presidente estadounidense invocó poderes excepcionales que permiten al ejecutivo tomar acciones económicas en situaciones de emergencia internacional para establecer un régimen de aranceles contra la importación de productos mexicanos, que entraría en vigor el 10 de junio. Estos impuestos estarían condicionados al “alivio de la crisis de migración ilegal a través de acciones efectivas tomadas por México”, el cual sería medido exclusivamente por el gobierno estadounidense. Según lo anunciado por Trump, se empezará con un arancel de 5 por ciento del valor de los bienes importados, el cual podría ser incrementado a 10 por ciento si “la crisis persiste” al 1 de julio de 2019. Asimismo, se contemplan aumentos mensuales de 5 por ciento si “México todavía no ha tomado acción para reducir dramáticamente o eliminar el número de extranjeros ilegales que cruzan su territorio antes de llegar a los Estados Unidos”, hasta un máximo de 25 por ciento que permanecería en vigor de manera indefinida, hasta que México “ponga fin, substancialmente, al flujo de extranjeros ilegales que vienen desde su territorio”.