Política migratoria en Estados Unidos: un boletín para organizaciones mesoamericanas - DICIEMBRE
Publicación: 24.Febrero.2020
Ante un contexto cada vez más complejo para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en la región mesoamericana, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) compartimos una nueva edición de nuestro boletín sobre política migratoria en Estados Unidos.
 
Mediante esta herramienta, presentamos un resumen mensual de las más recientes iniciativas ejecutivas, decisiones judiciales y debates legislativos de Estados Unidos, con el fin de aportar a las estrategias de promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes en Centroamérica y México.
 
En esta edición del boletín, analizamos los siguientes los avances y retrocesos en la política migratoria estadounidense que tuvieron lugar durante el mes de diciembre de 2019:
  1. Estados Unidos propone reglamento sobre los procedimientos de asilo y exclusión de elegibilidad para esa protección. 
  2. Corte de Apelaciones permite la aplicación del reglamento restrictivo sobre asilo a las personas afectadas por ‘metering’
  3. Corte dictamina que la deportación no produce el retiro automático de una apelación de la orden de deportación.

ACCIONES EJECUTIVAS

Aquí resumimos algunas de las actuaciones del Poder Ejecutivo estadounidense llevadas a cabo durante el pasado mes que impactan los derechos humanos de las personas migrantes.

1. Propuesta de reglamento contempla nuevas limitaciones sustanciales y procesales sobre asilo

El 19 de diciembre, el Departamento de Justicia junto con el Departamento de Seguridad Nacional publicaron una propuesta de reglamento que incorporaría nuevas limitaciones sobre la elegibilidad para asilo en Estados Unidos. En concreto, la propuesta de reglamento plantea (1) establecer causales adicionales de exclusión de elegibilidad para asilo para migrantes con ciertos antecedentes penales, (2) clarificar las consecuencias de una condena penal sobre el estatus migratorio y (3) suprimir los reglamentos que permiten una reconsideración de una negativa discrecional de asilo. Entre las nuevas causas adicionales para antecedentes penales, se contempla una exclusión categórica a cualquier persona condenada por un delito mayor, por el tráfico de personas, por un segundo incidente de entrada ilegal, por ciertos delitos menores y por cualquier delito involucrando pandillas, entre otras. Además, la propuesta de reglamento exige que, en caso de que una condena sea vaciada o borrada (vacated o expunged, en inglés), la persona migrante debe demostrar que esa corrección por parte de la corte penal no fue por motivos migratorios. 

A diferencia a otros reglamentos interinos finales que fueron adoptados durante el 2019, las propuestas de reglamento deben pasar por un proceso de notificar al público y recibir observaciones antes de que pueden ser finalizadas e implementadas. Al adoptarse, la propuesta de reglamento tendría consecuencias graves para muchas de las personas que buscan protección internacional en Estados Unidos, especialmente las personas que han sido procesadas anteriormente por la entrada irregular al territorio y aquellas que residen en ese país y han sufrido de criminalización por ser migrantes.  Organizaciones y personas interesadas en presentar observaciones formales a la propuesta de reglamento tienen hasta el 21 de enero de 2020 para hacerlo.

 

LITIGIO Y JURISPRUDENCIA

En esta sección analizamos los procesos pendientes en las cortes estadounidenses con respecto a políticas migratorias, así como las más recientes decisiones que afectan el marco jurídico para las personas migrantes.

2. Corte de Apelaciones levanta temporalmente la suspensión provisional de la aplicación de nuevos reglamentos que limitan el acceso a asilo para personas afectadas por ‘metering’ en la frontera

El 20 de diciembre de 2019, la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito falló a favor del gobierno, accediendo a su petición para levantar temporalmente la suspensión provisional que impedía la implementación del reglamento restrictivo a personas afectadas por la práctica de ‘metering’. Como reportamos en la edición de noviembre de 2019 de este boletín, el 19 de noviembre, una jueza suspendió provisionalmente la aplicación del reglamento que establece la inelegibilidad para asilo a personas que han transitado por un tercer país, con respecto a aquellas personas que han enfrentado ‘metering’, el uso de una lista de espera para poder acceder al procedimiento de asilo, en la frontera entre México y Estados Unidos. 

Al levantar la suspensión provisional, la Corte de Apelaciones permite que, mientras se litiga el fondo de la demanda, el gobierno estadounidense pueda declarar inelegible para recibir asilo a aquellas personas no mexicanas que no lograron formalizar sus solicitudes de asilo antes del 16 de julio – fecha en que entró en vigor el reglamento – debido a la política de ‘metering’. Sin embargo, el levantamiento es temporal, y las partes del proceso seguirán litigando la cuestión de la suspensión provisional en 2020. 

3. Corte establece que la deportación de una persona migrante no puede producir el retiro automático de su apelación administrativa en el caso migratorio

En el marco de la revisión de la decisión administrativa de la Junta de Apelaciones Migratorias, el 27 de diciembre una corte federal estableció que la instancia administrativa interpretó la ley de manera equivocada cuando consideró que la deportación de una persona migrante suponía el retiro automático de una apelación ante ese ente administrativo. 

El caso surge a partir de la deportación de una persona mexicana que vivió en Estados Unidos por 20 años, pero que fue deportado por motivo de sus antecedentes penales. Tras su deportación a México, la persona volvió a entrar a Estados Unidos, y solicitó que se reabriera su solicitud para protección contra la deportación, basado en la figura de cancellation of removal contemplada en la ley estadounidense. Unos días después de que presentó su apelación, fue deportado nuevamente a México. Aunque el gobierno estadounidense intentó argumentar que la deportación constituía el retiro automático de su apelación, la corte federal consideró que la salida involuntaria del país en el marco de una deportación no puede producir el abandono del recurso de apelación. Por lo tanto, ordenó a la instancia administrativa a revisar la apelación. 

La norma, que establece esta decisión judicial – que una deportación no puede producir el retiro automático de una apelación – tiene fuerza como precedente en los Estados del Noveno Circuito: California, Arizona, Nevada, Idaho, Oregón, Washington y Montana.

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