Política migratoria en Estados Unidos: un boletín para organizaciones mesoamericanas - AGOSTO
Publicación: 05.Septiembre.2019
Ante un contexto cada vez más complejo para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en la región mesoamericana, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) compartimos una nueva edición de nuestro boletín sobre política migratoria en Estados Unidos.
 
Mediante esta herramienta, presentamos un resumen mensual de las más recientes iniciativas y decisiones judiciales del Estado norteamericano acontecidas en agosto, con el fin de aportar a las estrategias de promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes en Centroamérica y México.
 
En esta edición del boletín, analizamos los siguientes los avances y retrocesos en política migratoria estadounidense:
  1. Decisión de Corte de Apelaciones permite la implementación provisional en algunos estados del nuevo reglamento que limita elegibilidad para asilo
  2. Reglamento busca eliminar las protecciones para migrantes menores de edad en detención migratoria
  3. Fallo invalida política que impide asilo para personas que cruzaron la frontera de manera irregular

LITIGIO Y JURISPRUDENCIA

En esta sección analizamos los procesos que se están dando en las cortes estadounidenses con respecto a políticas migratorias, así como las más recientes decisiones que afectan el marco jurídico para las personas migrantes.

 

1. Corte de Apelaciones limita la suspensión provisional del nuevo reglamento a su jurisdicción; se implementa el reglamento en otras partes del país

 

Tras la decisión a finales de julio de una corte federal de primera instancia que suspendió provisionalmente la implementación del nuevo reglamento adoptado por la administración Trump a nivel nacional, la Corte de Apelaciones ha decidido limitar el alcance de esa suspensión al territorio bajo su jurisdicción, permitiendo la implementación del reglamento en otros estados del país. 

Con su decisión del 16 de agosto, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito decidió que la suspensión provisional fue justificada, pero consideró que no se justifica el alcance nacional de tal suspensión. Por tanto, la Corte limitó la aplicación geográfica a los estados que componen el Noveno Circuito, dos de los cuales - California y Arizona – tienen frontera con México. Sin embargo, al levantar la aplicación nacional de la suspensión, la decisión de la Corte de Apelaciones permite que la implementación del reglamento avance en los estados fronterizos fuera de su jurisdicción – Nueva México y Texas. De esta manera, la decisión genera una situación de acceso desigual al asilo, dependiendo por cual parte de la frontera una persona migrante intente entrar a Estados Unidos.

Este reglamento, coloquialmente llamado ‘Asylum Ban 3.0’ por las organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes, es una de las más recientes medidas de política migratoria encaminadas a impedir el acceso a protección internacional en Estados Unidos. Como reportamos en la edición de este boletín de julio de 2019, el nuevo reglamento excluye de elegibilidad para asilo a toda persona que entre o intente entrar a los Estados Unidos por la frontera sur, sin haber solicitado protección internacional cuando esta estuviere disponible en al menos un tercer país (no su país de nacionalidad) a través del cual la persona hubiese transitado en camino a los Estados Unidos. Considerando que todos los Estados de la región mesoamericana son parte de los instrumentos de derecho internacional de las personas refugiadas, el paso por México, Guatemala o cualquier otro país centroamericano eliminaría la posibilidad de solicitar asilo en los Estados Unidos.

La suspensión provisional en los estados del Noveno Circuito se aplicaría hasta que haya una decisión sobre el fondo de la demanda en el caso  East Bay Sanctuary Covenant v. Barr. Mientras tanto, las organizaciones que están litigando el caso han interpuesto un recurso en contra de esta reciente decisión de la Corte de Apelaciones, exigiendo que se restituya el alcance nacional de la suspensión provisional. Se espera una decisión al respecto a lo largo del mes de septiembre. A la vez, la administración Trump ha solicitado la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos para poder implementar el reglamento a nivel nacional. 

 

2. Administración publica reglamento para sustituir el acuerdo Flores

El 21 de agosto, el presidente estadounidense y las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciaron la publicación de un reglamento final sobre la detención de personas migrantes menores de edad que suprimiría el marco vigente desde 1997 regido por el acuerdo de solución Flores

El acuerdo Flores fue el resultado de años de litigio sobre las prácticas de detención de niños y niñas migrantes en la ausencia de un reglamento claro por parte del Estado. En 1997, las partes del litigio pactaron los términos del acuerdo que tendría vigencia hasta que el gobierno adoptara un reglamento sobre el tema. El acuerdo estableció procedimientos para el ejercicio de custodia de migrantes menores de edad de manera temporal, los criterios para su pronta liberación y el requisito del uso de establecimientos apropiados para su detención. En los años desde su entrada en vigor, el acuerdo ha sido sujeto a supervisión judicial, y la corte ha interpretado y desarrollado sus términos. Actualmente, el acuerdo Flores aplica a migrantes menores de edad, independientemente de si se clasifican como ‘acompañados’ o ‘no acompañados’, y que tienen el derecho a una audiencia sobre su liberación condicional de custodia. Además, la supervisión judicial del cumplimiento del acuerdo Flores llevó a la corte federal de primera instancia a ordenar que el gobierno no puede detener a menores migrantes por más de veinte días. En este sentido, el acuerdo ha servido como base para declarar las condiciones en centros de detención inadecuadas para niños y niñas migrantes, y para exigir cumplimiento con el plazo máximo de detención. 

Durante años, se ha discutido los contenidos de un posible reglamento que suplantaría el acuerdo Flores, en cumplimiento con los términos del acuerdo. Pero, aunque es el deber del Estado reglamentar esta materia, el reglamento no puede ser inconsistente con el acuerdo. 

El texto del reglamento publicado por la administración en agosto refleja un deterioro marcado de las protecciones para niños y niñas migrantes. Se contempla explícitamente la detención de migrantes menores de edad por más de 20 días y se elimina el requisito de que los centros de detención para niños y niñas cuenten con una licencia estatal para tales fines.

Aunque normalmente el reglamento entraría en vigencia 60 días después de su publicación, las organizaciones litigantes del caso Flores han denunciado el incumplimiento del acuerdo. Esperan una decisión de la corte que invalidaría el reglamento por ser inconsistente con el acuerdo Flores

 

3. Corte invalida la política que prohíbe el asilo para personas migrantes que entraron Estados Unidos de manera irregular

El 2 de agosto, una corte federal de primera instancia falló a favor de las organizaciones que habían demandado una de las primeras políticas de la administración Trump para restringir el acceso a asilo en la frontera sur de Estados Unidos. La política, adoptada en noviembre de 2018 a través de un reglamento y una proclamación presidencial, declaraba que toda persona que había cruzado la frontera terrestre entre Estados Unidos y México sin presentarse en un puerto de entrada oficial era inelegible para asilo en Estados Unidos.

Las organizaciones que iniciaron el litigio argumentaron que la política era inconsistente con el marco legal estadounidense que establece los procedimientos para solicitar asilo. La corte les dio la razón e invalidó el reglamento. Tras su decisión, el gobierno no puede excluir de elegibilidad para asilo a las personas que entraron al territorio estadounidense de manera irregular. Las organizaciones han celebrado la decisión y no se espera que el gobierno apele.

 

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