Perú: preocupación por la vacancia presidencial y la represión de la protesta y detenciones generados por esta crisis política
Publicación: 11.Noviembre.2020

Washington, D.C. 11 de noviembre, 2020.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, expresamos nuestra preocupación por el proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral contra Martín Vizcarra ocurrida el lunes 9 de noviembre, como por los graves episodios de violencia, represión y detención en contra de manifestantes en el Perú luego de la decisión del Congreso de aprobar la vacancia.

Frente al proceso de vacancia presidencial, hacemos un llamado a que se resguarden las instituciones, procesos transparentes y el Estado de derecho, particularmente en una situación de emergencia sanitaria en donde los y las peruanas deben saber que cuentan con instituciones fuertes y transparentes, investidas con representantes idóneos.

Por otro lado, a raíz de la vacancia, se realizaron una serie de protestas a lo largo del país con mayor fuerza en Lima en oposición a la decisión del Congreso peruano que llevó a la vacancia del mandatario y en rechazo a la asunción del presidente del congreso Manuel Merino como nuevo presidente de la República. En tan solo dos días, estas manifestaciones han dejado un saldo de varios heridos y más de 20 personas detenidas incluyendo al trabajador de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Carlos Rodríguez, quien se encontraba haciendo una veeduría de las detenciones llevadas adelante por la Policía.  

Bajo un contexto de crisis política e inestabilidad social acelerada por el COVID-19, las autoridades y las fuerzas de seguridad pública deben asegurar el derecho humano de todos y todas las peruanas de manifestarse pacíficamente. A su vez, todo acto de violencia en contra de quienes salen a protestar debe ser investigado y cuando corresponda, sancionado.  Frente a las personas detenidas, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la defensa y el control judicial inmediato.  Es imperativo que se respeten los derechos humanos bajo cualquier respuesta realizada por parte de las autoridades peruanas y las fuerzas de seguridad pública.