Personas con VIH (Cuscul Pivaral y otros) Vs. Guatemala
Guatemala

El caso se refiere a 49 víctimas diagnosticadas con VIH entre 1992 y el 2003. La mayoría de ellas no recibieron atención médica por parte del sistema público de salud hasta el 2006 y cuando se le brindó, ésta fue incompleta, incluso provocando la muerte de algunas de las personas afectadas.

Desde el inicio de la epidemia, más de 70 millones de personas han sido infectadas por el VIH y aproximadamente 35 millones han muerto a causa del virus. En el caso de Guatemala, entre los años 1984 a 1999 hubo 3.294 casos reportados. Para el 2009 se estimó en 67.701 las personas con VIH en el país y en 7.557 las infecciones anuales, es decir, una transmisión diaria de 21 nuevas personas.

Según datos de ONUSIDA, Guatemala, en el 2016, tuvo 2.900 nuevas infecciones por VIH y 1.600 muertes relacionadas con el SIDA, cifra que sigue escalando año tras año desde el 2010. Además, señala que, desde el 2010, las nuevas infecciones de VIH en Guatemala han aumentado un 167% y las muertes relacionadas al sida, un 23%.

Si bien el tratamiento antirretroviral de VIH se anunció en 1996, Guatemala no lo aplicó hasta 1999 y solo al 13% de la población que lo requería y la cifra de personas infectadas aumentó con el pasar del tiempo. Del 2000 al 2003 el Ministerio de Salud brindó servicio de salud a 27 personas y a 370 en el 2005, de 55.000 personas registradas con VIH.

Por otra parte, la limitada acción del Estado se centró en la capital, de modo que el factor geográfico impidió que las personas en condiciones de pobreza, residentes fuera de la capital no pudieren trasladarse a recibir el tratamiento, que consecuentemente elevó la tasa de mortalidad por causas relacionadas con la enfermedad. Además, el desabastecimiento regular obligaba a los y las pacientes a suspender sus terapias antirretrovirales provocando el desarrollo de resistencias a los medicamentos, con el consiguiente impacto en su salud.

Entre los obstáculos para poder mantener abastecido de medicamentos e insumos al Sistema de Salud se encuentran las trabas burocráticas, la corrupción y la protección legal de la Ley de Propiedad Industrial a los medicamentos, que impiden la comercialización con precios inferiores o de medicamentos genéricos, contribuyendo a la incapacidad del Estado de hacer frente a la epidemia.

El 6 de marzo del 2018, tras 15 años de proceso, el caso llegará a la Corte IDH convirtiéndose así en el primero en Centroamérica que trate la falta de atención integral a las personas que viven con HIV.