Persiste situación de extrema gravedad en la cárcel venezolana de "la Pica "
Publicación: 28.Agosto.2009

El día de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró audiencia para conocer la crítica situación en la que se encuentran las y los privados de libertad del Internado Judicial de Monagas “la Pica”, en Venezuela. Representantes de los beneficiarios de las medidas estuvieron en la audiencia: Tatiana Rincón del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Carlos Ayala, de la Comisión Andina de Juristas y Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones. También acudieron miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representantes del Estado venezolano.

El pasado 13 de enero el presidente de la Corte IDH, juez Sergio García Ramírez, otorgó medidas provisionales urgentes para proteger la vida e integridad física de los privados de libertad de la cárcel de "la Pica". A pesar de la resolución del alto tribunal tres personas murieron y una resultó herida en este reclusorio después de la resolución de la Corte.

Representantes del Estado informaron durante la audiencia acerca de la implementación de algunas medidas como: las requisas en busca de armas, la capacitación de custodios, la planificación de mejorías en infraestructura del centro penal y la creación de una Comisión Presidencial para Atender la Emergencia Carcelaria. Sin embargo, tampoco estas medidas han sido suficientes para detener la violencia en la Pica. Ya que la última requisa efectuada el 26 de enero, en la cual se decomisaron gran cantidad de armas de fuego e incluso granadas, no impidió que, el cuatro de febrero, Freddy Alexander Díaz muriera víctima de cuatro heridas de bala.

Los representantes de los beneficiarios informaron ante la Corte la extrema inseguridad que se vive en el reclusorio y denunciaron que los pabellones están bajo el control de los internos y que incluso los custodios deben pedir permiso para ingresar. Otros aspectos críticos son el hacinamiento y las condiciones inhumanas en las que se encuentran los y las privadas de libertad. En el área donde permanecen las mujeres los baños no funcionan, no les llega el agua y las reclusas han sido mordidas por ratas.

Tanto la CIDH, como los peticionarios insistieron en que se tiene que desarticular la red de tráfico de armas dentro de la prisión e investigar y sancionar a los responsables, de no ser así las muertes continuarán. Insistieron en que se debe erradicar la violencia. También recomendaron la división de los internos por categorías. A su vez los representantes de los beneficiarios manifestaron su preocupación por las expresiones, de funcionarios públicos, de descalificación dirigidas contra Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones, por haber recurrido ante los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Los representantes calificaron esta intimidación como un abierto incumplimiento a la resolución de la Corte. Y pidieron al tribunal que exhorte al Estado venezolano a abstenerse de atacarlos. Finalmente pidieron que se mantuvieran las medidas y se amplíen para contemplar también las deplorables condiciones de detención en las que se encuentran los beneficiarios.

Durante la audiencia se les entregó a los jueces un texto de agradecimiento por el otorgamiento de las medidas firmado por los reclusos de la Pica. En los próximos días, la Corte deberá emitir una resolución en la que se referirá a los mecanismos concretos de implementación de las medidas provisionales. Vale recordar que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.