Pendientes de Honduras tras la condena de asesinos de ecologistas
Publicación: 28.Agosto.2009

San José, Costa Rica

 

El pasado 1 de julio, el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho condenó a cuatro policías por los asesinatos de Heraldo Zúñiga y Roger Ivan Murillo, líderes ambientalistas del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), en Honduras.

Los asesinatos de Zúñiga y Murillo provocaron que en diciembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas de protección para garantizar la vida e integridad personal de otros líderes de MAO, a petición de esta organización y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La Comisión solicitó al Gobierno de Honduras “adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios e informar sobre las medidas adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que las justifican”.

Si bien el Estado de Honduras ha brindado protección personal a los beneficiarios de las medidas cautelares, existe preocupación porque los responsables de proteger a los ambientalistas son policías, siendo que también fueron policías los asesinos de Heraldo Zúñiga y Roger Ivan Murillo.

La sanción penal impuesta por los tribunales hondureños a los cuatro policías asesinos es un avance importante en la justicia del país, pero está pendiente la investigación de la autoría intelectual. También está pendiente la investigación de otras muertes de defensores y defensoras del ambiente, como la de Carlos Luna, Carlos Escaleras y Blanca Jeannette Kawas, entre otros. Estos tres casos son litigados por CEJIL y el ERIC ante la Comisión Interamericana, ya que el Estado hondureño no fue capaz de investigar y sancionar a los responsables de los hechos.

El caso Kawas fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero de este año. En su demanda, la CIDH expuso que,”las defensoras y defensores ambientalistas han sido víctimas de actos de hostigamientos, amenazas, persecuciones y asesinatos por parte de diversos sectores vinculados a la práctica ilegal de explotación de los recursos naturales en Honduras. Esta situación ha sido denunciada en varias instancias internacionales, tanto por organismos internacionales de protección de derechos humanos como por organizaciones no gubernamentales”.

En este caso, la CIDH como medida de reparación solicitó al Estado “adoptar en forma prioritaria una política de erradicación de la violencia contra las defensoras y defensores de los recursos naturales que incluya medidas de prevención y protección”. Así como formular “una política pública de lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos de las defensoras y defensores de los derechos humanos” Ante la omisión del Estado de cumplir con estas directrices, la CIDH decidió enviar el caso a la Corte.

CEJIL espera que la condena de los asesinos de Zúñiga y Murillo sea una muestra de que la justicia hondureña está dando pasos importantes hacia la erradicación de la impunidad; principalmente, porque esta impunidad ha permitido que se genere un contexto de violencia contra los ambientalistas en Honduras, sin que el Estado haya asumido eficazmente medidas de prevención e investigación.

 

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