Paraguay necesita personas probas en la magistratura
Recordamos que según la Constitución Nacional de Paraguay, todas las personas que integran la Corte Suprema de Justicia deben gozar de notoria honorabilidad, entre otros requisitos.
Publicación: 27.Septiembre.2018

Asunción y Buenos Aires, 27 de septiembre de 2018.- El pasado 11 de septiembre el Consejo de la Magistratura de Paraguay anunció la conformación de las ternas para ocupar los cargos que se encuentran vacantes en la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Expresamos nuestra profunda preocupación porque dicha terna incluye a la señora María Elodia Almirón Prujel, cuya conducta en pos de lograr la adopción irregular de un niño, llevaron en 2011 a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a dictar medidas cautelares con el fin de proteger los derechos del niño y garantizar el vínculo con su familia biológica.

Asimismo, estos hechos hacen parte de un caso que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para determinar la responsabilidad internacional de Paraguay por las afectaciones a la integridad, el derecho a la identidad y la protección de la familia, entre otros derechos vulnerados.

En este sentido, recordamos al Estado de Paraguay que, siendo Magistrada de la República, en el año 2009:

  • Almirón interfirió en el proceso de mantenimiento del vínculo del niño con su familia, en detrimento de sus derechos.
  • Almirón solicitó la guarda dentro del plazo en el Centro de Adopciones debía realizar la búsqueda de los familiares biológicos. El plazo mínimo fijado por la ley para dicha búsqueda es de 90 días y durante ese plazo la situación de los niños, niñas y adolescentes no es pública.
  • Almirón realizó el pedido de guarda siendo postulante a adopción, lo cual la legislación prohíbe expresamente.
  • El juzgado fue informado oportunamente de que todos los familiares biológicos fueron hallados y que varios de los mismos solicitaron oficialmente el cuidado del niño y la paralización de los procesos de guarda y adopción. El juzgado desconoció esta información y dispuso la guarda a favor de Almirón.
  • Almirón, a pesar de conocer de la existencia de la familia biológica del niño que solicitaba la guarda, no desistió de su pedido, incumpliendo con la legislación y desconociendo el principio de protección especial e interés superior del niño.
  • El caso debió pasar por múltiples dilaciones y apelaciones, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el niño, por casi 2 años, estuvo impedido de desarrollar vínculos con su familia biológica, cuando las condiciones para reintegración familiar estaban dadas cuando el niño tenía 3 meses de vida, conforme ha informado el equipo técnico del Centro de Adopciones.

El niño recién pudo retomar el contacto y vínculo con su familia biológica, en el año 2011, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado de Paraguay la adopción, de forma inmediata, de las medidas que sean necesarias, adecuadas y efectivas para proteger los derechos a la integridad personal, protección de la familia e identidad del niño, permitiéndole mantener vínculos con su familia biológica, la cual fue obligada a enfrentar 7 juicios en diversos fueros, uno de los cuales sigue pendiente de resolución, precisamente ante la Corte Suprema de Justicia.

Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y la Corte IDH, y el caso que hoy sigue en  trámite ante la CIDH, evidencian cómo la administración de Justicia de Paraguay, incluyendo la propia Corte Suprema, obraron contrariamente a la ley y el derecho internacional. En todos estos hechos, Almirón, siendo Magistrada, fue actora principal.

Recordamos que según la Constitución Nacional de Paraguay, todas las personas que integran la Corte Suprema de Justicia deben gozar de notoria honorabilidad, entre otros requisitos. Hacemos un llamado a que los hechos referidos, que indican que siendo Magistrada la Sra. Almirón no respetó la ley ni los derechos del niño, sean tenidos seriamente en cuenta para descartar su elección al máximo órgano de justicia de Paraguay.