Paraguay debe evitar retrocesos y cumplir con su deber de no reclutar menores de edad al servicio militar
Las denuncias se dan a raíz de preocupantes iniciativas impulsadas actualmente por el Estado de reinstalar el Servicio Militar Obligatorio, y la participaciòn de menores.
Publicación: 12.Febrero.2019

Sucre, 12 de febrero, 2018.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Py) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el incumplimiento por parte del Estado paraguayo de su obligación de reparar íntegramente las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de niños reclutados forzosamente al servicio militar. Estas denuncias se dan a raíz de preocupantes iniciativas impulsadas actualmente por el Estado de reinstalar el Servicio Militar Obligatorio, y la participación de menores.

 

Los señalamientos se dieron en el marco del 171 período de sesiones de audiencias de la CIDH en una reunión de revisión del acuerdo de solución amistosa del caso de la desaparición de los niños soldados Cristian Ariel Núñez Lugo y Marcelino Gómez Paredes, dos jóvenes de 14 años desaparecidos hace más de 20 años de un destacamento militar ubicado en el Chaco paraguayo. Ambos habían sido reclutados ilegalmente por las Fuerzas Armadas de la Nación y hasta la fecha se desconoce su paradero.

 

“Paraguay no ha cumplido con la cláusula de búsqueda y justicia del Acuerdo de Solución Amistosa, la cual resulta fundamental tanto para la reparación integral de las víctimas como para impedir que casos como estos vuelvan a ocurrir”, indicó María Noel Leoni, directora del programa del Cono Sur y Bolivia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)  “Por otro lado, el Estado continúa sin brindar asistencia a la salud a las familias de las víctimas, generando graves afectaciones para las mismas, que empeoran a medida que pasa el tiempo”.

 

Como preocupación particular, las partes coincidieron en la falta del Estado de cumplir con las medidas de no repetición. Pese a un marco legislativo que prohíbe el reclutamiento de menores de edad, existe información que evidencia que aún existen niños soldados en Paraguay. Asimismo, las iniciativas y propuestas que actualmente impulsa el Estado para permitir la participación de menores de edad significa un retroceso preocupante en esta materia que va en contra de los compromisos internacionales del Estado.

 

“A pesar de que, como resultado de varios casos impulsados por CEJIL y SERPAJ ante el Sistema Interamericano, la legislación paraguaya prohíbe de forma categórica la admisión de menores de 18 años en el servicio militar, el nuevo ejecutivo levantó una fuerte campaña a inicios de su mandato por el cumplimiento de la ley de servicio militar obligatorio a través de una nueva reglamentación”, indicó Natalia Paola Rodríguez Olmedo, abogada del SERPAJ-PY.  “Basta con reiterar que el reclutamiento de adolescentes menores de edad los expone a abusos, muertes y desapariciones, como sucedió con Marcelino Gómez Paredes, Cristian Ariel Núñez Lugo, Víctor Hugo Maciel, Gerardo Vargas Areco y tantos otros”.

 

En ese sentido, las organizaciones peticionarias exigieron un informe por parte del Estado sobre la cantidad de adolescentes que aún no cumplen los 18 años que han sido reclutados y sobre los esfuerzos que se llevarán a cabo en lo sucesivo para erradicar esta práctica.  Asimismo, referente a la deuda que Paraguay tiene frente al caso de Cristian Ariel Núñez Lugo y Marcelino Gómez, se solicitó que el Estado investigue y sancione de forma inmediata a los responsables de las desapariciones forzadas de los dos adolescentes y que avance de forma definitiva su propuesta de conformar una mesa de trabajo con el Equipo Nacional de Búsqueda y Localización (ENABI), para apoyar la búsqueda de los restos de ambos.  Finalmente, las peticionarias exigieron mayor institucionalización sobre los servicios de salud destinados a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos para poder garantizar que sean accesibles, constantes y adecuados.

 

“Veinte años han pasado desde la desapariciòn forzada de Marcelino y Cristian, y aún no se ha conseguido la justicia y reparación que esperan los familiares. Más aún, se están avanzando procesos y propuestas para perpetuar un sistema de reclutamiento de menores que expondrìa a otros menores a violaciones de derechos, y retrocederìa gravemente sobre avances obtenidos por el Estado paraguayo, contrariando los estàndares internacionales” dijo Marìa Noel Leoni de CEJIL.