Organizaciones de la sociedad civil instan al organismo regional de derechos humanos a defender DACA y TPS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes del Gobierno de los Estados Unidos escucharon hoy los planteamientos y testimonios de representantes de organizaciones de la sociedad civil acerca del impacto que la cancelación del TPS y la DACA tendrá en los derechos humanos de los beneficiarios de dichos programas.
Publicación: 27.Febrero.2018

Bogotá y Washington, D.C., 27 de febrero del 2018.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representantes del Gobierno de los Estados Unidos escucharon hoy los planteamientos y testimonios de representantes de organizaciones de la sociedad civil acerca del impacto que la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Acción Diferida para la Infancia (DACA) en los Estados Unidos tendrá en los derechos humanos de los beneficiarios de dichos programas.

 

"Luego de 17 años como una residente autorizada para trabajar en los EEUU, estoy viendo cómo cambian las reglas, de la noche a la mañana”, dijo Yanira Arias, gerente de campañas de Alianza Americas y beneficiaria del TPS, quien participó en la audiencia de manera remota, ya que no puede salir de los EEUU. “El TPS está terminando, y yo estoy enfrentando la posibilidad de volver a un país aún más violento que el que abandoné. Mi movilidad, mis oportunidades laborales, mi seguridad personal y el acceso a la salud se verán afectados. No soy sólo yo: cerca de 200.000 otros salvadoreños están en mi misma situación, muchos de ellos con hijos que son ciudadanos norteamericanos. La cancelación de este programa tendrá consecuencias dramáticas a través de las fronteras”.

 

Desde 1991, más de 400.000 personas han recibido TPS, un beneficio provisional que permite que las personas de ciertos países que ya se encuentran dentro de los Estados Unidos vivan y trabajen legalmente. La mayoría de los titulares de TPS son originarios de América Central y el Caribe, muchos de los cuales se convirtieron en beneficiarios de este programa, después de que se encontraran en los EEUU y que sus países de origen hubieran sido afectados por desastres naturales.

 

En el caso del programa de DACA, más de 800.000 jóvenes que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños han recibido protección temporal en contra de la deportación y un permiso de trabajo desde el 15 de junio del 2012, cuando el programa fue anunciado por la Administración anterior.

 

Sin embargo, desde noviembre del 2017, 195.000 salvadoreños, 50.000 haitianos y 2.500 nicaragüenses se han enfrentado a la revocación de su estatus de TPS por parte de la administración actual. Además, una decisión sobre los 61.000 beneficiarios hondureños sigue pendiente. En cuanto al programa DACA, durante la semana del 12 de febrero, ninguno de las propuestas legislativas, algunas de ellas que ofrecían un camino hacia la ciudadanía para los jóvenes, recibió suficientes votos para ser aprobado por el Senado de los EEUU. Hasta el momento, no hay un camino claro para una futura aprobación de estas propuestas.

 

El programa de DACA le otorga a aquellas personas inmigrantes que habitan en los Estados Unidos una protección necesaria -si bien temporal-, para vivir, trabajar y estudiar sin estar en riesgo de  detención o deportación. Aunque el programa no provee una vía directa a la residencia permanente o a la ciudadanía, a la ausencia de una propuesta legislativa, DACA ha sido un resguardo para todas y todos quienes tienen lazos a los Estados Unidos pero sin un un camino hacia la ciudadanía”, señaló Lorella Praeli, directora de campañas y políticas migratorias de la Unión Americana de Libertades Civiles.

 

"Con la terminación de DACA y, de manera similar, con la terminación de TPS, habrán serias implicaciones en materia de las obligaciones de derechos humanos de los Estados Unidos.Por una parte, se les está negando a residentes de largo plazo una la oportunidad de regularizar su estatus migratorio. Por otra, estas personas se verán sujetas a un sistema de detención y deportación que se ve plagado con graves violaciones de los derechos humanos ".

 

A raíz de estos eventos, representantes de las organizaciones convocantes de esta audiencia presentaron información sobre los vínculos desarrollados por los beneficiarios de TPS y DACA a los comisionados y a representantes del gobierno de los EEUU. En ambos casos, los beneficiarios del programa crecieron en los Estados Unidos y construyeron sus vidas dentro de este país. Además, los participantes en la audiencia subrayaron la situación de inseguridad y violencia que muchos titulares de TPS / DACA enfrentarían si regresaran a sus países de origen.

 

"En El Salvador, por ejemplo, existen problemas generalizados con la extorsión, la violencia de pandillas, un estado de derecho debilitado, la corrupción, la impunidad y otros crímenes, que abarcan desde asesinatos extrajudiciales hacia la violencia de género. El Departamento de EE.UU. emitió una advertencia de viajar a El Salvador de nivel 3, aconsejando a sus ciudadanos reconsiderar sus planes de viaje a este país", dijo Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Caribeña y Norteamericana del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). "Éste es sólo un ejemplo de cómo la situación está en los países a los que los titulares de TPS están siendo obligados a regresar 'voluntariamente' y cómo podrían verse afectados sus derechos humanos".

 

Como resultado, los defensores instaron a la Comisión a solicitar al Gobierno de los EEUU a que reconsidere su decisión y renueve el TPS para los países para los cuales fue cancelado así como el programa DACA, hasta que el Congreso apruebe legislación que les permita a los beneficiarios solicitar un visado o permiso de residencia a la luz de su residencia por muchos años en los Estados Unidos; aplicar la legislación y hacer cumplir la ley de una manera que garantice la vida familiar, el debido proceso y en la que se proteja el interés superior de los niños; y emprender todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole necesarias para garantizar que los derechos civiles, sociales, económicos y culturales se garanticen sin discriminación, entre otros puntos.

 

Las organizaciones que participan en la audiencia son American Civil Liberties Union (ACLU), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG) y Alianza Américas.