Organizaciones rechazamos obstáculos a CICIG y exigimos respeto al estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala
Publicación: 06.Septiembre.2018

Las Américas, 06 de septiembre de 2018.- El pasado 4 de septiembre, se hizo pública la decisión del Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de prohibir el ingreso a territorio nacional, del Comisionado Iván Velásquez Gómez. Esto, en línea con una recomendación del Consejo Nacional de Seguridad, que señalaba que el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), atentaría contra el orden y seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y paz del país.  

Las organizaciones internacionales firmantes rechazamos enérgicamente este grave atentado a la lucha contra la impunidad en Guatemala. Este nuevo ataque a la CICIG, no sólo constituye un rompimiento unilateral de los términos del Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala para el establecimiento de ésta en el país (en adelante, el Acuerdo), sino también, un incumplimiento de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que dejó sin efecto la declaratoria presidencial del Comisionado Velásquez como “persona non grata”, que tenía como fin su expulsión del territorio nacional. Esta decisión desconoce el visado vigente como agente diplomático del Comisionado Velásquez como agente diplomático, cuya renovación se encontraba en trámite al momento de aprobarse esta medida unilateral.

Asimismo, expresamos nuestro profundo rechazo a los indicios de militarización de la seguridad pública, demostrados en el aumento de agentes de seguridad militar, vehículos blindados y otros equipos militares en espacios y vías públicas, que pueden disuadir y amenazar el ejercicio pleno de las libertades ciudadanas y del derecho a la protesta social pacífica de las y los guatemaltecos. A su vez, condenamos las acciones de seguimiento, e intimidación contra defensoras y defensores de derechos humanos que se han verificado en los últimos días.

En este contexto, consideramos fundamental que el Estado guatemalteco garantice el máximo respeto a la independencia de los órganos del sistema de justicia a cargo de la protección de los derechos y libertades básicas. De manera primordial, rechazamos cualquier intento de presión o intimidación sobre los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y el Procurador de los Derechos Humanos, que pueda afectar su capacidad de conocer los casos sometidos a su conocimiento. Urgimos a que se le permita al órgano judicial resolver de forma independiente las acciones promovidas para cuestionar la constitucionalidad de la decisión presidencial, así como cualquier otra medida que atente contra los derechos humanos de la población y obstaculice el anhelo del pueblo guatemalteco a acabar con el flagelo de la impunidad.

En particular, observamos con preocupación la iniciativa 5300 destinada a eliminar las garantías que rodean la figura del antejuicio contra estos funcionarios, que se está discutiendo en el Congreso de la República.
 
Asimismo, hacemos un llamado al Secretario General de Naciones Unidas, para que exija al Estado de Guatemala el respeto estricto de las disposiciones del Acuerdo. Hacemos especial hincapié en los puntos relativos a la garantía de seguridad, continuadad e inmunidades del personal de la CICIG, así como de la inviolabilidad de sus locales, documentos y materiales, que no pueden ser por ello objeto de registro, allanamiento, secuestro, requisición y confiscación.

Por último, las organizaciones firmantes reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento a la labor decidida de la CICIG y su compromiso con el combate a la impunidad en el país. Exhortamos a las autoridades nacionales a adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar el cumplimiento de su mandato y remover los obstáculos que busquen impedirlo, en los términos de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, y respondiendo al deseo del pueblo guatemalteco de construir una democracia sólida y duradera.


Organizaciones firmantes

Abogados sin Fronteras Canadá
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC-USA)
Impunity Watch
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Robert F. Kennedy Human Rights
Washington Office on Latin America (WOLA)