Organizaciones presentan acciones ante Naciones Unidas y CIDH frente a violaciones a derechos humanos de personas migrantes detenidas en México
Las organizaciones solicitan la liberación inmediata y con condiciones adecuadas de las personas que aún se encuentran detenidas, así como la adopción urgente de protocolos para la liberación que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes.
Publicación: 29.Mayo.2020

28 de mayo de 2019.- Ante la grave situación de riesgo que enfrentan las personas migrantes detenidas en México, organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil presentaron una solicitud de acción urgente1 ante el Dr. Felipe González, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, así como información ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)2, con respecto a las condiciones en los centros de detención y la situación de las personas que han sido liberadas sin las medidas necesarias para garantizar sus derechos humanos.

Estas acciones se presentan en un contexto de detención sistemática de personas migrantes, contrario a estándares internacionales de derechos humanos, que, aunado a la pandemia, agrava los riesgos que enfrentan las personas migrantes detenidas y quienes han sido desalojadas de los centros de detención en condiciones precarias. Frente a ello, los derechos de las personas migrantes a la salud, libertad personal e integridad, así como su derecho a buscar y recibir asilo, se ven gravemente impactados.

En sus escritos, las organizaciones denuncian la sistemática violación a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en detención; las precarias condiciones de las estaciones migratorias; y el alto riesgo de contagio por COVID-19 al que se exponen las personas migrantes en estos centros. En dichas estaciones, según han denunciado por años las organizaciones de sociedad civil, las personas migrantes enfrentan mala alimentación, deficiente atención médica, hacinamiento, actos de maltrato físico y psicológico, aislamiento e, incluso, posibles actos de tortura.

Desde el inicio de la pandemia, se han documentado por lo menos cuatro motines y protestas dentro de las estaciones migratorias, en los cuales se evidenció una brutal represión por parte de las autoridades mexicanas, con incidentes de uso excesivo de la fuerza y violencia como forma de castigo. El último de estos casos resultó en la muerte de una persona solicitante de asilo y en por lo menos 14 personas heridas.

Debido a la presión ejercida a las autoridades, así como las distintas acciones legales a nivel nacional, el 26 de abril de 2020 las autoridades mexicanas anunciaron la liberación de la mayoría de las personas migrantes detenidas; sin embargo, las organizaciones denuncian las precarias condiciones en las que las personas fueron desalojadas de las estaciones migratorias y sostienen que muchas de ellas fueron abandonadas en las rutas migratorias o deportadas a sus países de origen, poniendo en riesgo su salud, su integridad y su vida.

Al respecto, medios oficiales han anunciado la liberación de 3.653 personas detenidas de Guatemala, Honduras y El Salvador, es decir, casi la totalidad de las 3.759 personas que se encontraban detenidas en las estaciones migratorias. De acuerdo con las autoridades, fueron devueltas de manera prioritaria personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, familias, mujeres embarazadas y personas con riesgos por enfermedades crónicas.

Esto, según las organizaciones, da cuenta de que las personas detenidas fueron devueltas a sus países sin un análisis sobre su necesidad de protección internacional, violentando con ello el principio de no devolución, bajo el cual los Estados deben abstenerse de devolver a una persona solicitante de protección a un país o territorio donde su vida o su seguridad corran un riesgo real y previsible.

Así, las organizaciones sostienen que las autoridades mexicanas han utilizado la emergencia sanitaria para deportar a las personas que anteriormente se encontraban detenidas o liberarlas en condiciones sumamente precarias, lo cual evidencia el grave riesgo en que se encuentran las personas sujetas a la política de contención, detención y deportación en México.

Ante este contexto, las organizaciones piden al Relator Especial de Naciones Unidas y a la CIDH que soliciten al Estado mexicano:

  • Información sobre posibles nuevos ingresos de personas a las estaciones migratorias, la cantidad de personas detenidas dentro de todas las estaciones del país y las condiciones de detención.
  • La liberación inmediata y con condiciones adecuadas de las personas que aún se encuentran detenidas, en concordancia con el llamado de diversos organismos de derechos humanos.
  • Información sobre las condiciones en las que han sido desalojadas las personas detenidas en los centros de detención migratoria, su paradero y las deportaciones llevadas a cabo.
  • La adopción urgente de protocolos para la liberación de las personas detenidas que garanticen sus derechos humanos, especialmente el de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad. Esto con especial énfasis en los derechos a la salud, a la vivienda, al agua, al derecho a buscar y recibir asilo y el respeto al principio de no devolución.

1El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Asylum Access México, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, FM4 Paso Libre, el Programa de Asuntos Migratorias de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Instituto para las Mujeres en la Migración y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
2Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Asylum Access México, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Programa de Asuntos Migratorias de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).