Organizaciones internacionales envían carta pública a presidente Giammattei
La carta trata sobre la Política Pública para la Protección de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en Guatemala.
Publicación: 17.Septiembre.2020

Las Américas, 17 de setiembre de 2020- Las organizaciones Amnistía Internacional, Front Line Defenders Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-D), Asociadas por lo Justo (JASS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), eviamos este día una misiva dirigida al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla. El texto de la carta es el siguiente:

Las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a usted para recordarle la obligación del Estado de Guatemala de dar cumplimiento sin demora a la sentencia “Defensor de Derechos Humanos y Otros vs. Guatemala” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2014 en la cual se ordenó la adopción de una Política Pública para la Protección de las Defensoras y los Defensores de Derechos.

En nuestras organizaciones recibimos información a diario sobre las intimidaciones, asesinatos, estigmatización, detenciones arbitrarias o procesos penales infundados, así como otros ataques, que enfrentan quienes luchan por los derechos humanos, en la capital o en los territorios. Las personas defensoras de derechos humanos viven bajo constante asedio en Guatemala sin que exista una respuesta efectiva para su protección por parte del Estado.

La gran mayoría de las denuncias de ataques quedan en la impunidad debido a que no se tramitan con la eficiencia y celeridad necesarias por el Ministerio Público. Y cuando existen, las pocas medidas de protección preventivas son generalmente implementadas por agentes de la Policía Nacional Civil, que no cuentan con la formación ni la capacidad para responder de manera integral ante estas situaciones de riesgo.

Desafortunadamente, la pandemia del COVID-19 no ha implicado ninguna tregua en la violencia contra quienes defienden los derechos humanos en el país. Al contrario, en los seis primeros meses del año se registraron 677 nuevos ataques, una cifra muy superior a la de años anteriores, incluyendo 10 asesinatos. Este incremento evidencia más que nunca la urgente necesidad de abordar los riesgos que enfrentan las personas defensoras de manera integral e interseccional, a través de una política pública y recursos adecuados para fortalecer la respuesta interinstitucional a la problemática.

Sin embargo, observamos con preocupación que, a seis años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Guatemala sigue sin adoptar la política pública ordenada. Los esfuerzos iniciados desde el 2015 para construir un borrador de política con la participación de múltiples sectores de personas defensoras e instituciones estatales -que posteriormente sería consultado con las personas defensoras a través del país-, quedaron en la incertidumbre ante el reciente anuncio del Gobierno de cerrar la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) - siendo esta la institución responsable de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado - y de reemplazarla por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH).

Aunado a ello, otros espacios de interlocución fundamentales para la protección de las personas defensoras, como la Instancia de Análisis de Ataques Contra Defensores de Derechos Humanos, ya no funcionan.

Señor Presidente, no hay más tiempo que perder. El fortalecimiento de los mecanismos de protección a los derechos humanos y de las instituciones del Estado a cargo de la protección a defensoras y defensores es fundamental para la ampliación del espacio cívico. Urge que Guatemala adopte instrumentos eficaces para reconocer la valiosa labor que realizan las personas defensoras y garantizar sus derechos a la vida y la integridad personal, así como el derecho a defender derechos humanos.

Le solicitamos que, sin demora, dé continuidad al proceso de diseño de la política pública para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, en consulta con comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Además, exhortamos al Estado a dar pleno cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Defensor de Derechos Humanos vs. Guatemala.

Sin otro particular, y a la espera de que Guatemala cuente pronto con una política de protección de personas defensoras que permita continuar con su labor.

Nos despedimos atentamente:

Amnistía Internacional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Front Line Defenders

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-D),

Asociadas por lo Justo (JASS)